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INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

  • Se equipararán a las labores que se realizan en Europa y los procuradores podrán participar en actos de comunicación, embargos y algunos actos de ejecución de resoluciones, siempre bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial.

  • El ciudadano podrá elegir en cada procedimiento que estos actos se realicen por los funcionarios de la Administración de Justicia o por este colectivo.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para aproximar las funciones de los procuradores españoles a las que tienen sus homólogos en el resto de Europa. La principal novedad de la futura Ley es que permitirá al ciudadano elegir quién desea que se ocupe de practicar los actos de comunicación, los embargos y algunos actos de ejecución de la resolución que se dicte al final del proceso: el procurador, bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial, o los funcionarios de la Administración de Justicia, como hasta ahora.

Los procuradores, ya presentes en el Derecho romano o en las Partidas de Alfonso X el Sabio como “personeros”, no han perdido nunca la condición de representante procesal de parte. El Anteproyecto de Ley, que se enmarca en la reforma en profundidad de la Administración de Justicia que se está realizando, persigue desarrollar las funciones de colaboración y auxilio con la Administración de Justicia que ya realizan los procuradores para agilizar y dotar de mayor eficacia los trámites procesales.

Durante la pasada Legislatura, la Ley de Medidas de Agilización Procesal, del 10 de octubre de 2011, ya acentuaba la actuación del procurador como colaborador de la Administración de Justicia en la línea marcada por el Libro Blanco de la Justicia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial.

La nueva norma amplía las atribuciones y obligaciones de los procuradores a todos los actos de comunicación y a determinados actos de ejecución y de cooperación y auxilio de la Administración de Justicia. Será la parte quien decida al principio del procedimiento quién quiere que se encargue de dichos actos, siempre bajo la dirección del secretario judicial y control judicial: funcionarios al servicio de la Administración de Justicia o su procurador, a su costa. Si el ciudadano no especifica nada, se entenderá que se encargarán, como hasta ahora, funcionarios de la Administración de Justicia.

 

Principales líneas de refuerzo

Las principales líneas de refuerzo de las funciones de los procuradores son:

  • Actos de comunicación, garantizando la eficacia de las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos.

  • Posibilidad de realizar embargos de bienes muebles y cuentas corrientes.

  • Incremento de sus funciones en los procesos de ejecución, pues podrán realizar el requerimiento de pago en el domicilio del ejecutado o donde puedan encontrarlo.

  • Posibilidad de encargarse, a través de los Colegios de Procuradores, del depósito y de la administración judicial de los bienes embargados (obligación que corresponde a la Administración que ostente las competencias en materia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia), de acuerdo con las directrices que imparta el secretario judicial.

  • Posibilidad de ser designados como entidad especializada en la subasta de los bienes embargados.

Mientras participen en el ejercicio de funciones públicas, la Ley confiere a los procuradores la condición de agentes de la autoridad, por lo que sus notificaciones producirán plenos efectos cuando el destinatario se encuentre en su domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución, y ya no tendrán que realizar estos actos acompañados de dos testigos.

Juicio verbal y proceso monitorio

La Ley de Enjuiciamiento Civil también se reformará para incluir ciertas demandas de los operadores jurídicos en los juicios verbales para evitar la indefensión sin demorar el proceso. Entre ellas destaca la introducción de la contestación escrita, que hasta ahora sólo estaba prevista para determinados procedimientos especiales. Del mismo modo, siempre que el tribunal lo considere pertinente, se otorga a las partes la posibilidad de renunciar a la celebración del trámite de vista, permitiendo, así, la agilización del procedimiento y que la sentencia pueda ser dictada sin más trámites tras el escrito de contestación a la demanda.

Además, en los procesos monitorios se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2012, en el asunto C-618 Banco Español de Crédito, en la que se declaró que la normativa española no es acorde con el derecho de la Unión Europea en materia de protección de los consumidores, al no permitir que el juez que conoce una demanda en un proceso monitorio examine de oficio el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato. La Ley permitirá ahora un trámite para examinar y controlar la existencia de esas cláusulas abusivas, previa audiencia de las partes.

Visto en la página de La Moncloa

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Publicado 14 mayo 2013 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Procesal

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INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE DEMARCACIÓN Y PLANTA JUDICIAL

  • Se crean veinte nuevos juzgados y se modifica la planta judicial en ocho provincias.

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la demarcación y planta judicial en un total de ocho provincias, en las que se constituyen veinte nuevos juzgados.

Las modificaciones que introduce este Anteproyecto, en cuya elaboración se ha buscado el consenso con las Comunidades Autónomas, responden a la aparición de nuevas necesidades que conllevan una readaptación para garantizar a los ciudadanos el fácil acceso a los diversos órganos judiciales. Para llevarlo a cabo se tienen en cuenta factores como el número de asuntos registrados, las características propias de la población, las comunicaciones y la configuración de las comarcas naturales. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 prevé que la demarcación y planta judicial deberá revisarse periódicamente.

El Ejecutivo considera que no es posible posponer más tiempo estas reformas para dar una solución a algunas acumulaciones de asuntos que se registran en la actualidad. Además, esta situación podría “comprometer seriamente los logros habidos hasta el momento, la efectividad de las últimas reformas legislativas y la consecución de una estructura judicial óptima.

Como consecuencia de esta reforma emprendida se variará la estructura de algunos partidos judiciales, a la vez que se introducen modificaciones en algunas circunscripciones de lo Penal, lo Social y lo Mercantil. Además, se afrontan cambios en juzgados exclusivos para Violencia sobre la Mujer con el fin de adecuarlos mejor a la nueva realidad.

Modificación de partidos judiciales

Se contempla la creación del partido judicial número 22 en Madrid, dotado con dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que englobará a los municipios de Boadilla del Monte, Brunete, Quijorna y Villanueva de la Cañada, integrados en la actualidad en el partido judicial de Móstoles, con una elevada carga de trabajo.

En la provincia de Las Palmas, el nuevo partido judicial número 9, con un juzgado de Primera Instancia e Instrucción, acogerá a los municipios de Tuineje y Pájara, localidades ambas de gran desarrollo turístico y económico.

En Valencia se crea el partido judicial número 19, al que se destinan dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Lo configurará una serie de municipios valencianos, como Buñol, Cheste o Chiva, entre otros, que forman la comarca de la Hoya de Buñol. Esta medida supone una importante homogeneización social, cultural, histórica y administrativa y facilita en gran medida las comunicaciones con la sede del futuro partido judicial.

En el mismo ámbito de la Comunidad Valenciana se modifica la circunscripción de los partidos judiciales de Castellón, Nules y Villarreal. Se potencia éste último por el incremento de industria y población que está experimentando.

En la provincia de Ávila se crea el partido judicial número 5, dotado con un juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Se adscribirán municipios que conforman la comarca natural de Alberche-Pinares, que no presenta obstáculos orográficos y permite mejores comunicaciones con la capitalidad del futuro partido judicial.

En los cuatro casos citados la capitalidad de los nuevos partidos deberá ser fijada por ley de su correspondiente Comunidad Autónoma.

En Extremadura los partidos judiciales de Cáceres y Coria sufrirán una modificación para paliar los largos desplazamientos y facilitar las comunicaciones con la sede del partido.

Modificación de circunscripciones de juzgados de lo penal y social

En el ámbito de la jurisdicción penal, en Cataluña se modifican las circunscripciones de Barcelona y Vilanova i la Geltrú, incorporando el partido judicial de Gavá a la circunscripción de Barcelona. En la provincia de Alicante, dado el alto índice de litigiosidad de la zona, se crea una nueva circunscripción de este tipo con jurisdicción sobre el partido judicial de Torrevieja.

En Canarias, atendiendo a la especificidad del hecho insular, se crean sendas circunscripciones de lo Penal y de lo Social en Santa Cruz de Tenerife, con jurisdicción sobre los partidos judiciales de Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de la Palma, en la isla de La Palma. En el caso de la provincia de Las Palmas también se crearán circunscripciones de este tipo, con jurisdicción sobre Puerto del Rosario, y el partido número 9, creado por este mismo Anteproyecto, en la isla de Fuerteventura.

También se crearán sendas circunscripciones de juzgados de lo Penal y lo Social en la provincia de Toledo, extendiendo su jurisdicción al partido judicial de Talavera de la Reina. Se regula así una situación que ya se estaba produciendo “de facto”.


Circunscripciones de lo Mercantil

Se crean circunscripciones de lo Mercantil en la provincia de Asturias, con jurisdicción sobre los partidos judiciales de Avilés, Gijón y Villaviciosa, y en la provincia de Pontevedra, con jurisdicción sobre los de Vigo, Cangas, O Porriño, Ponteareas, Tui y Redondela.

En ambos casos la medida se justifica por el elevado volumen de litigiosidad, índice demográfico y existencia de núcleos industriales y mercantiles.

Juzgados de violencia sobre la mujer

Finalmente, el Ejecutivo considera que ha transcurrido un tiempo razonable desde la entrada en funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer para proceder a una necesaria modificación de su jurisdicción en algunos casos, dándole un carácter comarcal, que abarque varios partidos judiciales. Se busca, en todo caso, potenciar estos órganos exclusivos, servidos por jueces especializados en la materia y con dotaciones y equipos adecuados, con la intención de ofrecer un mejor servicio.

En este caso, de la modificación puesta en marcha resultan, en la Comunidad Valenciana, un total de seis circunscripciones: la de Alicante tendrá jurisdicción sobre los partidos judiciales de Alicante y San Vicente del Raspeig; la de Elche, sobre los partidos de Orihuela, Elda, Novelda, Torrevieja y la propia localidad de Elche; la de Valencia, con jurisdicción en la misma capital valenciana, Moncada y Massamagrell; la de Castellón de la Plana, que se extiende a Castellón, Nules y Villarreal; la de Alzira, que engloba los partidos de Gandía, Sueca, Carlet, Xátiva, además de la propia Alzira; y la de Torrente, cuya jurisdicción se extiende a este mismo municipio, Catarroja, Paterna, Quart de Poblet, Mislata y Picassent.

En Andalucía la circunscripción de Algeciras tendrá jurisdicción sobre la misma Algeciras, San Roque y La Línea de la Concepción. En Asturias afecta a Oviedo, con jurisdicción sobre la capital asturiana, además de Avilés, Grado, Siero, Mieres y Langreo.

La demarcación canaria de Santa Cruz de Tenerife extenderá su jurisdicción a los partidos judiciales de esta misma localidad canaria y San Cristóbal de la Laguna. En Santander la jurisdicción alcanzará a Torrelavega, Laredo, Santoña y Medio Cuyedo, además de la propia Santander.

Por último, esta modificación en los juzgados de violencia sobre la mujer alcanza también a Extremadura, con la circunscripción de Badajoz, que extiende su jurisdicción sobre Badajoz, Olivenza y Montijo. En Galicia la circunscripción de Vigo tiene jurisdicción sobre Redondela y la propia Vigo.

Visto en la página de La Moncloa

Publicado 14 mayo 2013 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Procesal

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EL GOBIERNO ENDURECE EL CÓDIGO PENAL Y AMPLÍA LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE (El País.com)

Justicia propone ahora aplicar la pena a delitos de “asesinato agravado”.

VERA GUTIÉRREZ CALVO Madrid 14 SEP 2012 .

El Código Penal español, uno de los más severos de Europa —con penas de hasta 40 años para los delitos más graves— se ha ido endureciendo en las últimas dos décadas por las reformas sucesivas de los Gobiernos del PP y el PSOE, que siempre han ido en la misma dirección: penas más altas. Ayer, Alberto Ruiz-Gallardón dio otro giro de tuerca: su proyecto de reforma del Código Penal no agrava por lo general las penas, pero crea dos figuras nuevas —la prisión permanente revisable (que además se aplicará a más casos de los que él dijo en un principio) y la custodia de seguridad—, amplía el alcance de otra —la libertad vigilada post-pena— y exprime el alcance de otras cuantas.

El resultado es —una vez más, un paso más— el Código Penal más duro de la democracia, en uno de los países con mayor tasa de población reclusa de Europa, según datos de Instituciones Penitenciarias. Ruiz-Gallardón, que presentó el informe con las líneas maestras de ese proyecto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, apeló en dos ocasiones a casos que “han ocurrido en España” y que “en la mente de todos están”; lo hizo al explicar la pena de prisión permanente revisable para asesinatos sumados a agresión sexual y al anunciar que la detención ilegal con desaparición de la víctima será equiparada al homicidio. Negó, sin embargo, que la ley tenga un barniz populista o pretenda dar respuesta a casos recientes de gran impacto social, como el asesinato de Marta del Castillo o la desaparición de los niños José y Ruth Bretón Ortiz. También lo desvinculó de la polémica por la excarcelación del etarra enfermo Iosu Uribetxeberria Bolinaga. “Llevamos meses trabajando en este proyecto”, argumentó.

El texto articulado del nuevo Código Penal aún debe ser cerrado por Justicia, y entonces pasará al Congreso. En cualquier caso, no se aplicará a delitos cometidos antes de su aprobación. Estas son algunas de las novedades anunciadas por el ministro.

» Prisión permanente revisable. Es una pena similar a la cadena perpetua, con la diferencia de que, si el preso demuestra estar reinsertado, puede ser excarcelado a partir de un cierto momento. Ese momento aún está por decidir, pero el plazo mínimo de permanencia en prisión (antes del cual no se podrá revisar la condena) estará “entre los 25 y los 35 años”, dependiendo del tipo de delito y de si es uno o varios cometidos conjuntamente.

El PP, en campaña electoral, apuntó a que esa nueva pena se aplicaría a delitos terroristas y sexuales; después, Ruiz-Gallardón rectificó y anunció en mayo que únicamente iría dirigida a delitos de terrorismo. Ahora ha cambiado de parecer: la prisión permanente revisable será aplicable a homicidios terroristas, magnicidio, genocidio, delitos de lesa humanidad y también a los casos de “asesinato agravado”; en este último supuesto entran los asesinatos de menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables (por razón de discapacidad o de edad), los asesinatos múltiples, los cometidos por organizaciones criminales y los que sean “subsiguientes a un delito contra la libertad sexual”.

En esos casos, el tribunal sentenciador tendrá que aplicar imperativamente la pena de prisión permanente revisable, no otra. Según el tipo de delito, se fijará un plazo mínimo y a partir de ahí se revisará la condena “de oficio, cada dos años”, o a petición del reo cada año. ¿Quién decidirá si el preso está rehabilitado? Ruiz-Gallardón dijo que “el tribunal sentenciador”; fuentes de Justicia matizaron que está en estudio aunque en todo caso será un tribunal colegiado, no el juez de Vigilancia Penitenciaria. Pero también explicaron que, a partir de cierto momento (otro plazo que hay que fijar), el reo podría acogerse al tercer grado penitenciario y a los permisos consecuentes, así que por ahora es imposible saber cuál sería el tiempo mínimo de cumplimiento efectivo en prisión.

Si el reo no se rehabilita y por tanto su condena no es revisada, estaría toda la vida en prisión, como en una cadena perpetua. Si se le revisa la condena, saldría durante un tiempo en prisión condicional, hasta comprobar que está totalmente reinsertado (para esa libertad condicional tampoco se ha fijado plazo ni condiciones aún), y después ya quedaría definitivamente en libertad. Fuentes de Justicia subrayaron que “casi todos los países europeos” tienen en sus legislaciones la pena de prisión permanente revisable.

» Custodia de seguridad. Es una medida de seguridad, no una pena, pero en la práctica significa añadir hasta 10 años más de prisión (o de internamiento en algún tipo de centro) a un preso que haya cumplido ya su condena. Se aplicará cuando el tribunal sentenciador (la medida debe establecerla en el momento de dictar sentencia, no a posteriori) crea que hay “especial peligrosidad”. Y podrá revocarse en cualquier momento si desaparece esa peligrosidad. Se aplicará a delitos “de especial gravedad”: asesinatos, homicidios, secuestros, agresiones sexuales, delitos con violencia, terrorismo o tráfico de drogas.

A diferencia de la prisión permanente revisable (que será obligatoria en los delitos para los que está pensada), esta medida será discrecional: el tribunal podrá dictarla o no. Fuentes de Justicia explican que habrá dos supuestos: para los delitos más graves, la custodia de seguridad podrá dictarse en la primera condena; para el resto habrá que esperar a que el delincuente reincida para aplicarle esa medida —si el juez quiere— en la segunda condena.

» Libertad vigilada. Esta medida ya se incluyó en el Código Penal aprobado por el Gobierno socialista en 2010, para delitos sexuales y de terrorismo. Ahora se amplía a otros delitos, como los patrimoniales, robos o delitos violentos (por ejemplo con resultado de lesiones). Consiste en que el preso, una vez cumplida su condena en prisión y puesto en libertad, debe someterse a control o vigilancia judicial (con distintos mecanismos, como la obligación de presentarse en el juzgado o la colocación de dispositivos electrónicos) durante un plazo de 10 años. Debe imponerse también en el momento de dictar la sentencia, y puede ser revisada y retirada.

Tanto la custodia de seguridad como la libertad vigilada son medidas “basadas en pronósticos [de peligrosidad], no en hechos”, admiten desde el ministerio. “Pero el pronóstico se hace sobre una situación objetiva previa”, añaden.

» Detención ilegal con desaparición de la víctima. La pena por este delito (ahora, diez años) será equiparada a la de homicidio (de 10 a 15) cuando el autor no diga qué ha hecho con la víctima, pudiendo llegar “hasta a 20 años si las víctimas son menores de 16 años o la detención está relacionada con una agresión sexual”, precisaron fuentes de Justicia.

» Libertad condicional. Si un preso recibe la libertad condicional y, ya en la calle, vuelve a cometer un delito, al regresar a prisión tendrá que cumplir todo lo que le quedaba de pena cuando salió en libertad condicional; con el Código actual, el tiempo que ha pasado fuera de la cárcel se le descuenta de la pena. Por otra parte, los condenados por primera vez a penas de hasta tres años y que muestren una conducta irreprochable tendrán más fácil acceder a la libertad condicional: podrán hacerlo a mitad de condena, frente a los dos tercios actuales.

» Delito continuado. Desaparece esta figura para los casos de delitos sexuales, lo que hará “que vean incrementada la pena”.

» Incendios forestales. Se endurecen las penas: hasta seis años de cárcel (en lugar de cinco años) en casos muy graves, y hasta nueve años si el incendio afecta a espacios naturales protegidos.

» Hurtos y faltas. Los “hurtos sistemáticos”, como los cometidos por carteristas, que ahora son faltas, implicarán prisión de hasta tres años si se cometen con “profesionalidad”. Por otro lado, el ministerio hará una “limpia” para convertir algunas faltas en sanción administrativa y otras en delitos (sin aumentar la pena).

» Delitos económicos. Habrá una nueva regulación de la malversación y una persecución “más eficaz” del fraude y la ocultación de bienes en procesos de quiebras societarias.

LEA LA REFERENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Publicado 17 septiembre 2012 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Penal, Procesal

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