EL DESAHUCIO

CLASES DE DESAHUCIOS DE VIVIENDAS
– Que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas,

– Las que con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca.
– Por precario
Considera la doctrina jurisprudencial requisito esencial para resolución del contrato por falta de pago de las rentas que la deuda sea líquida, vencida y exigible.

COMPETENCIA EN LOS JUICIOS DE DESAHUCIO
El conocimiento de las demandas de resolución del contrato por falta de pago corresponde al Juez de Primera Instancia del lugar en que se halla la finca, artículo.52.1.7 LEC, sin que sean aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita. artículo.54.1 LEC.
La Competencia para el desalojo corresponde, por regla general, a la jurisdicción civil, siendo juez competente para conocer de la misma el que conoció del asunto en primera instancia

CUANTÍA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIO
Cuestión también polémica en estos procedimientos era la relativa a la cuantía que había que hacer constar en las demandas, ya que con la dicción literal de la LEC en el artículo.251.3 LEC en relación con la regla 9ª parecía entenderse que como siempre se reclamaba la posesión del inmueble la cuantía de la demanda debería ser la del valor del inmueble, pese a que la mayoría doctrinal y jurisprudencial estaba aplicando el de la anualidad de la renta. Así las cosas, se resuelve el problema mediante la nueva redacción del artículo.251.9 LEC, operada por la Ley 19/2009 de 23 noviembre 2009 Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios., de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética: “En los juicios sobre arrendamientos de bienes, salvo cuando tengan por objeto reclamaciones de las rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda será el importe de una anualidad de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que ésta aparezca fijada en el contrato”

ENERVACIÓN DE LA ACCIÓN DE DESAHUCIO
La posibilidad de enervación de la acción de desahucio mediante el pago o consignación, se contempla en el artículo.22.4 LEC (modificado por Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios., de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios).
El pago o puesta a disposición del arrendador en el tribunal o notarialmente, podrá realizarse en cualquier momento anterior a la celebración de la vista, y comprenderá las cantidades reclamadas en la demanda y las que se adeuden en el momento de dicho pago enervador del desahucio.

REPRESENTACIÓN PROCESAL-ABOGADO Y PROCURADOR
Será necesaria la intervención de Abogado y Procurador en todos los juicios ordinarios, con independencia de la cuantía, conforme a los artículos 23 y 31 de la LEC, sean viviendas o locales.
Asimismo, en los juicios verbales cuya cuantía exceda de 900 euros, o que así pueda valorarse siguiendo la regla 9.ª del artículo 251.
En la oposición del Monitorio igualmente es necesaria la intervención de estos profesionales si la cuantía es superior a los 900 euros, según lo dispuesto en el artículo 818 de la LEC.
Conforme al artículo 32.5 de la LEC y aunque la intervención de estos profesionales no sea preceptiva, se podrán incluir sus honorarios cuando haya declaración de temeridad o el proceso se esté tramitando en lugar diferente al propio domicilio.
En todo caso, hay que tener presente, a efectos de costas, los límites del artículo 394 de la LEC, por lo que hay que intentar buscar siempre la declaración de temeridad.

DESAHUCIO EXPRESS
Se introduce por modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por Ley 19/2009 de 23 de noviembre (BOE 24 de noviembre), que modifica el artículo 437 apartado 3 de dicha ley, con el contenido siguiente:
Si en la demanda se solicitase el desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas al arrendador, o por expiración legal o contractual del plazo, el demandante podrá anunciar en ella que asume el compromiso de condonar al arrendatario todo o parte de la deuda y de las costas, con expresión de la cantidad concreta, condicionándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del plazo que se indique por el arrendador, que no podrá ser inferior al plazo de quince días desde que se notifique la demanda. Igualmente, podrá interesarse en la demanda que se tenga por solicitada la ejecución del lanzamiento en la fecha y hora que se fije por el Juzgado a los efectos señalados en el apartado 3 del artículo 549.

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POSIBILIDAD DE PAGO O CONSIGNACIÓN DE RENTAS
Conforme al TRLAU , en los arrendamientos de vivienda cualquiera que sea su renta, y en los de locales de negocio cuya renta anual no excediera de 12.000 ptas, el arrendatario podrá rehabilitar el contrato y evitar el lanzamiento si hasta el momento mismo en que fuera a practicarse paga o pone a disposición del actor el principal que debiera en dicho instante, mas el 25% del mismo, y los intereses legales. Existe posibilidad de realizar este pago o consignación incluso ante el mismo encargado de realizar la diligencia de lanzamiento.
Tras la entrada en vigor de la LAU , desapareció esta posibilidad, en tanto que su título.5 LAU título.5 LAU, relativo a los procesos arrendaticios, resultaba aplicable a los litigios relativos a los contratos de arrendamiento de finca urbana subsistentes a la fecha de su entrada en vigor. disposición transitoria.6 LAU disposición transitoria.6 LAU

La nueva LEC ha derogado expresamente este Titulo V de la LAU , y al no prever nada al respecto debe entenderse desparecida dicha posibilidad contemplada en el TRLAU

PLAZOS PARA DESALOJAR EL INMUEBLE
Firme la sentencia que declare haber lugar al desahucio, y recibidos los autos en el Juzgado a quo en el caso de apelación, se procederá, a instancia del actor, a su ejecución, mandando el Juez que se perciba de lanzamiento al demandado si no desaloja la finca en los siguientes términos:

– Un mes, si se trata de vivienda habitual y habitan en ella, con efecto, el ejecutado o quienes de él dependan. De existir motivo fundado, podrá prorrogarse dicho plazo un mes más.

Transcurridos dichos plazos, se procederá de inmediato al lanzamiento, fijándose la fecha de éste en la resolución inicial o en la que acuerde la prórroga.

– Si el inmueble estuviera ocupado por terceras personas distintas de las anteriormente señaladas, el tribunal, tan pronto como conozca su existencia, les notificará el despacho de la ejecución o la pendencia de ésta, para que, en el plazo de diez días, presenten al tribunal los títulos que justifiquen su situación.

El ejecutante o adquirente podrá pedir al tribunal el lanzamiento de quienes considere ocupantes de mero hecho o sin título suficiente. De esta petición se dará traslado a las personas designadas por el ejecutante, prosiguiendo las actuaciones conforme a lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo.675 LEC.

DESAHUCIO POR PRECARIO
Al juicio de precario se refiere actualmente el artículo.250.1.2 LEC , que se refiere a los juicios en los que se pretenda la plena recuperación de la posesión de una finca cedida en precario. Este juicio, según el artículo citado, se tramitará por las reglas del juicio verbal
Respecto a los requisitos del procedimiento, tradicionalmente se ha incluido entre los mismos la práctica del requerimiento previo al precarista con un mes de antelación instando la desocupación de la finca. Requerimiento cuya prueba corresponde aportar al actor, por lo que conviene realizar por conducto notarial.
Con la nueva LEC la mayoría de la doctrina, ante el silencio de la Ley, es reacia a admitir como requisito para interponer la demanda de desahucio por precario la existencia de un requerimiento previo. No obstante, no son pocos los autores que si bien son partidarios de la no exigibilidad de este requisito, si consideran que sería positivo requerir al precarista, con el fin de agilizar los trámites de recuperación de la posesión.
Además de la debatida cuestión del requerimiento previo, para la prosperabilidad de la acción de desahucio se requerirá la concurrencia de los siguientes requisitos:

– Que la persona que ejercite la acción tenga la posesión mediata de la finca como propietaria, usufructuaria o por cualquier otro título que le dé derecho a disfrutarla.
– La posesión material carente de título y sin pago de merced por el demandado. Es decir, que la persona o personas demandadas disfruten o tengan la posesión inmediata del inmueble sin título legitimador de clase alguna, sin pagar renta o merced arrendaticia, de manera que si en las actuaciones procesales quedase acreditada la existencia real de título válido y eficaz a favor de los ocupantes amparador de la posesión detentada, la acción ejercitada no podría prosperar puesto que éstos perderían el carácter de precaristas siendo al que alega éste a quien compete adverarlo por la presunción iuris tantum de onerosidad de la relaciones de las partes.

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Publicado 27 septiembre 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Arrendamientos Urbanos, Civil, Desahucio, Procesal

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VIOLENCIA DE GÉNERO/MALTRATO A LA MUJER

CONSEJOS

En el caso de haber sufrido una agresión o amenaza, debes personarte ante cualquier Comisaría de Policía o Cuartel de la Guardia Civil para proceder a efectuar la denuncia del agresor y solicitar una orden de protección urgente.

También tienes que conocer que cuando estés en peligro o conjuntamente con tus hijos puedes abandonar el domicilio sin incumplir el deber de convivencia, siempre que en el plazo de 30 días solicites unas medidas provisionalísimas o presentes demanda de separación.

 

MEDIDAS PROVISIONALES

Previstas para los casos de urgencia y necesidad, la Ley te faculta para solicitarlas personalmente del juez de Familia sin necesidad de Abogado ni de Procurador.

Contienen la autorización para vivir separados, medidas sobre la custodia de los hijos, disposición de la vivienda y auxilios económicos.

 

LA DEMANDA POR MALTRATO

Se interpone por medio de Abogado y ProcuradorSi careces de recursos económicos y has solicitado asistencia jurídica gratuitaencontrarás asesoramiento en el Colegio de Abogados, con la finalidad de orientar y encauzar tus pretensiones.

Al abandonar el domicilio procura llevar contigo, además de tus enseres particulares:

• El libro de familia
• DNI/NIE propio y el de tus hijos
• Cartilla de la seguridad social
• Nómina de la persona con la que convives o copia de la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Fisicas (IRPF)
• Facturas y documentos que acrediten los gastos del sostenimiento familiar.

Las Comunidades Autónomas, en virtud de las competencias establecidas en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía son las responsables, en su ámbito geográfico, para llevar a cabo las políticas dirigidas a las mujeres.

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), que realizan actividades en favor de las mujeres como redes permanentes de información han desempeñado y siguen desempeñando un papel importante en el proceso dinamizador del principio de igualdad de oportunidades, colaborando activamente en la difusión de los derechos de la mujer y su participación en la sociedad, así como en la dinámica de sensibilización social, factor básico para conseguir una sociedad igualitaria.

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Publicado 27 septiembre 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Familia, Penal, Procesal

NUEVA REGULACIÓN DEL ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

El Ministerio de Justicia acaba de dar a conocer el contenido de los Anteproyectos que reformarán la regulación del arbitraje y la mediación en España, con el fin de potenciar estos métodos extrajudiciales de resolución de conflictos para evitar, con ello, el colapso de juzgados y tribunales.

Tras más de un mes desde su aprobación en Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia publicó hace unos días en su página web el Anteproyecto de Ley de Mediación y el de reforma de la Ley de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje institucional en la Administración General del Estado para iniciar la fase de consulta pública. Un tercer texto complementario modifica, además, la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar la competencia de los juzgados y tribunales en estas materias.

La reforma de la ley.

La reforma planteada en la regulación del arbitraje modifica esta herramienta extrajudicial de resolución de conflictos para potenciarla y convertirla en una solución alternativa cuasijurisdiccional. El principal objetivo es fortalecer la institución con mejoras que añaden seguridad jurídica.

Para mejorar la eficacia, una de las medidas tomadas por Justicia ha sido restringir el arbitraje en equidad, sin que ello afecte al ámbito específico del arbitraje de consumo, que cuenta con una regulación propia. El nuevo texto dice que “los árbitros sólo decidirán en equidad si las partes les han autorizado expresamente para ello y se tratare de un arbitraje internacional”. Se suprime, por tanto, el arbitraje de equidad en los arbitrajes internos.

En este sentido, la regulación de la mediación propicia que este tipo de arbitraje se traslade a dicha institución, donde el acuerdo descansa en las partes y encuentra su lugar la figura del amigable componedor.

Arbitraje para la Administración.

La nueva regulación aborda una ampliación del arbitraje a las controversias administrativas de carácter jurídico que se susciten entre organismos de la Administración General del Estado añadiendo una disposición adicional segunda a la Ley de Arbitraje de 2003.

Se crea a tal efecto una Comisión Delegada para la Resolución de Controversias Administrativas, con el objetivo de evitar que se trasladen al ámbito jurisdiccional conflictos intra-administrativos que pueden ser resueltos mediante un sistema alternativo de resolución de controversias específico.

En la misma línea, se da una nueva redacción al artículo 77 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, estableciendo la necesidad de que el juez o tribunal someta necesariamente a las partes la posibilidad de un acuerdo transaccional para buscar vías más eficaces que permitan alcanzar acuerdos en los recursos contencioso-administrativos.

Elección de árbitros.

Además, la nueva redacción dispone un nuevo modelo para la elección de los árbitros, de tal forma que su designación sea institucional para fomentar su imparcialidad. Con la modificación que se plantea se reconoce la arbitrabilidad de las impugnaciones de acuerdos sociales y, en pro de una mayor seguridad y transparencia, se exige unanimidad y la presencia de instituciones arbitrales.

Para ello se modifica el artículo 14 de la Ley relativo al arbitraje institucional. Se añade un tercer apartado en el que se dispone lo siguiente: “Las instituciones arbitrales velarán por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros y garantizarán la transparencia e independencia de éstos desde su designación”.

También se modifica el artículo 13 en cuanto a la capacidad para ser árbitro, de tal forma que “en los arbitrajes internos, cuando se hayan de resolver por tres árbitros, se requerirá que uno de ellos tenga la condición de abogado en ejercicio”.

En cuanto a las incompatibilidades, un nuevo apartado en el artículo 17 establece que “salvo que las partes expresamente acuerden otra cosa, el árbitro no podrá haber intervenido como mediador para resolver el mismo conflicto entre aquéllas”.

Además, el nuevo texto también exige a los árbitros, o a las instituciones arbitrales en su nombre, la contratación de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Una obligación que no afectará a las entidades públicas ni al sistema arbitral de consumo.

Cambios en las sociedades anónimas.

Los conflictos que se planteen entre empresas también se verán afectados por la reforma. Así, se modifican los artículos 119 y 122 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Entre otras medidas, los estatutos sociales originarios podrán establecer que la impugnación de los acuerdos sociales por los socios o administradores quede sometida a la decisión de uno o varios árbitros de Derecho, encomendándose la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a una institución arbitral.

Además, la introducción en los estatutos sociales de una cláusula de sumisión a arbitraje para la impugnación de los acuerdos sociales requerirá el acuerdo de todos los socios.

Procesos concursales.

Por otro lado, ligada a la reforma de la Ley de Arbitraje se encuentra la reforma del artículo 52.1 de la Ley Concursal. La nueva redacción se adapta a las soluciones comunitarias en la materia y elimina la incoherencia existente hasta la fecha entre los dos apartados del artículo 52.

Se pretende con ella mantener la vigencia del convenio arbitral siempre que se proyecte sobre meras acciones civiles que, pese a que pudieran llegar a tener trascendencia patrimonial sobre el deudor concursal, podrían haberse planteado con independencia de la declaración del concurso. Es el caso, entre otras, de las acciones relativas a la existencia, validez o cuantía de un crédito, las destinadas al cobro de deudas a favor del deudor, las acciones reivindicatorias de propiedad sobre bienes de un tercero en posesión del deudor concursal, los litigios relativos a planes de reorganización concluidos entre el deudor y sus acreedores antes de la declaración de apertura.

Nueva Ley de Mediación.

Hasta el momento, en el ordenamiento jurídico español no existe una norma que ponga en conexión la mediación y su ejercicio con el ámbito de la jurisdicción, lo que ha supuesto limitar su eficacia real. Por este motivo, el Ministerio de Justicia ha presentado el Anteproyecto de Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles.

La nueva Ley que quiere aprobar el Gobierno establece la mediación para asuntos civiles y mercantiles en conflictos nacionales o transfronterizos, excluyendo expresamente la mediación laboral, penal y en materia de consumo. Para ello, las instituciones y servicios de mediación establecidas o reconocidas por las diversas Administraciones podrán asumir las funciones de mediación.

Someterse a la mediación será voluntario, excepto en los procesos de reclamación de cantidad inferiores a 6.000 euros, en los que se exigirá haber iniciado el proceso a través de una sesión informativa gratuita como requisito previo para acudir a los Tribunales. No obstante, nadie estará obligado a concluir un acuerdo ni a mantenerse en el procedimiento de mediación.

Entre las líneas básicas de la norma destaca que la solicitud de inicio de la mediación interrumpirá la prescripción o caducidad de acciones judiciales; el procedimiento garantizará la confidencialidad y la imparcialidad del mediador entre las partes, sin que éste pueda imponer solución o medida concreta alguna; y se fijará un plazo máximo para la mediación de dos meses, ampliable a otro más. Para evitar que la mediación pueda producir efectos jurídicos no deseados y eliminar posibles desincentivos, se regula la suspensión de la prescripción frente a la regla general de su interrupción.

Esta Ley, que se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes, engarza de manera instrumental la mediación con el Derecho civil, mercantil y el Derecho procesal, con el propósito de ofrecer una regulación mínima y común aplicable a todo el territorio del Estado, y siempre que al resultado de la mediación se le quiera otorgar fuerza jurídica vinculante.

El acuerdo de mediación se reconoce en el texto como título ejecutivo, cuya ejecución podrá instarse directamente ante los tribunales siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la ley.

Normativa europea.

La Ley incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Pero la transposición en España va un paso más allá. Mientras la Directiva 2008/52/CE se limita a establecer unas normas mínimas para fomentar la mediación en los litigios transfronterizos en asuntos civiles y mercantiles, la regulación de la Ley española conforma un régimen general aplicable a toda mediación que tenga lugar en nuetro país, y pretenda tener un régimen jurídico vinculante, si bien circunscrita al ámbito de los asuntos civiles y mercantiles.

Para impulsar esta herramienta, la Ley exige el inicio de la mediación en determinados casos en los que se exige como requisito necesario y previo para acudir a los tribunales o a otro procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos. En particular, así lo hace en el ámbito de las reclamaciones de cantidad, a cuyo fin se modifican las leyes procesales pertinentes.

Procedimiento.

Es un procedimiento sencillo y flexible que permite que sean los sujetos implicados en la mediación los que determinen libremente sus líneas fundamentales. La ley se limita a establecer aquellos requisitos imprescindibles para dar validez al acuerdo que las partes puedan alcanzar, siempre bajo la premisa de que alcanzar un acuerdo no es algo obligatorio, pues, a veces, como enseña la práctica, no es extraño que la mediación persiga simplemente mejorar relaciones. La ley regula también una acción de anulación contra aquel acuerdo de mediación que incurra en determinados vicios.

Estatuto mínimo del mediador.

La actividad de mediación se despliega en múltiples ámbitos profesionales y sociales, requiriendo habilidades que en muchos casos dependen de la propia naturaleza del conflicto. Por eso, el mediador ha de tener una formación general que le permita desempeñar esa tarea y sobre todo ofrecer garantía inequívoca a las partes por la responsabilidad civil en que pudiese incurrir.

La nueva norma contiene el estatuto mínimo del mediador al que se le exige al menos estar en posesión del título de grado universitario de carácter oficial o extranjero convalidado, y disponer de un seguro de responsabilidad civil. La ley persigue que la mediación tenga un coste razonable y que éste no resulte desproporcionado cuando hayan tenido que intervenir varios mediadores en un mismo procedimiento. Además, y para garantizar su imparcialidad, se determinan las circunstancias que el mediador ha de comunicar a las partes, siguiéndose en esto el modelo del Código de conducta europeo para mediadores.

Además, se crea el Registro de mediadores y de instituciones de mediación cuya gestión corresponde al Ministerio de Justicia de forma integrada con los que puedan crear las comunidades autónomas, en los términos que se desarrolle reglamentariamente. Dicho registro será público e incluirá la información precisa y relevante sobre las instituciones de mediación existentes en España y las incidencias relativas a su funcionamiento con especial mención a las recusaciones e impugnaciones de acuerdos de mediación gestionadas por ellas. De igual modo, deberá incluir información relativa a los mediadores, incluyendo su experiencia y formación, que operen en España, tanto si actúan dentro de una institución de mediación como si lo hacen al margen de las mismas, el tipo de mediación que lleven a cabo y el seguro de responsabilidad del que han de disponer.

La mediación que consista en una reclamación de cantidad que no exceda de 300 euros se desarrollará por medios electrónicos, salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes.

La Ley Orgánica del Poder Judicial.

Una de las principales novedades que aporta la reforma de las herramientas extrajudiciales de resolución de conflictos es el cambio en la asignación de los órganos judiciales competentes en relación con el arbitraje . Serán las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) las que nombren a los árbitros judiciales, y la competencia para conocer el exequátur de los laudos extranjeros se atribuye a las Salas de lo Civil de los TSJ. Los tribunales de instancia atenderán el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras y las solicitudes de homologación y ejecución de acuerdos de mediación, incluidos los extranjeros, cuando se trate de títulos ejecutivos de su especialidad.

De todo ello se encarga el Anteproyecto de Ley complementario que retocará la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fuente: Almudena Vigil Hochleitner www.eleconomista.es

 

Publicado 15 junio 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Consumo, Procesal

CONSUMO-RESPUESTAS EN UN MINUTO Y GRATIS

Diario ABC-Madrid

Así serán los servicios de atención al cliente:

Aunque aún está pendiente de su trámite parlamentario el Consejo de Ministros dio el primer paso para que las grandes compañías eliminen los contestadores automáticos que atienden las líneas telefónicas dedicadas a reclamaciones y quejas  de los consumidores. La Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente obliga a las empresas “de interés general” a establecer líneas de teléfono gratuitas para atender estos servicios y cualquier tipo de información, avería o incidencia. La medida afecta a las entidades suministradoras de telefoía, agua, gas y electricidad; a las de servicios de transporte, asistenciales y sanitarios; a los medios audiovisuales y a las entidades de servicios financieros y de seguros.

Según el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, este texto “sale al paso de una situación que todo el mundo conoce” y sufre con compañías cuyos servicios de atención al cliente y de reclamaciones “dejan mucho que desear”. A partir de ahora, estas compañías pondrán empeño en facilitar un servicio más ágil y rápido. Por ello, responderán las llamadas en menos de un minuto evitando así las largas esperas que colman la paciencia de muchos consumidores cuando reclaman. Y no aprovecharán la oportunidad para ofrecer productos y ofertas comerciales. En estas empresas que prestan servicios básicos (telefonía, electricidad, gas y agua) se cuidará al cliente durante las 24 horas y los 365 días del año.

ADIÓS A LA LETRA PEQUEÑA.

La nueva Ley también acaba con la letra pequeña y las cláusulas “draconianas” que existen en algunos contratos con estas empresas. Se las obliga a que los documentos que firme el cliente sean transparentes y claros.

La Ley obliga a que en el plazo de un mes la empresa responda a cualquier queja. El texto incide también en la necesidad de mejorar la calidad de los servicios de atención al consumidor, sobre las que se realizará un seguimiento con una puntuación. Por ejemplo, establece que toda queja tenga asignado un número o clave indentificativa de tal manera que se tenga constancia en todo momento del estado de su tramitación.

 

Publicado 4 abril 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Consumo

VIOLENCIA DE GENERO-PREVENCIÓN

¿SABÍAS QUE?:

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 1:

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados de razón y conciencia”.

Artículo 3:

“Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona”.

Artículo 5:

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Declaración de Beijing relativa a la Violencia contra las Mujeres:

La expresión “violencia contra las mujeres” se refiere a todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño de naturaleza física, sexual o psicológica que incluya amenazas, coerción, o privación arbitraria de la libertad para las mujeres.

SI LA PAREJA CON LA QUE ESTÁS ACTUALMENTE

-Te falta al respeto continuamente.

-Menosprecia tu aspecto o tus opiniones.

-monta escándalos en público o en privado por lo que dijiste o por como actuaste.

-Controla y vigila todas las actividades y movimientos que tu haces.

-Es celoso.

-Provoca deliberadamente discusiones violentas donde te insulta y te falta al respeto.

-Controla la economía familiar sin contar con tu opinión.

-No está de acuerdo con que trabajes o desenvuelvas cualquier actividad laboral.

-Busca artimañas para tener relaciones sexuales cuando no quieres.

-Te quita autoridad delante de tus hijas y/o hijos.

-Amenaza con abandonarte si no haces lo que él desea.

-Te amenaza tanto a ti como a vuestras hijas y/o hijos.

-Te dio algún golpe, empujón o amenaza con hacerlo.

TEN EN CUENTA QUE:

Estás en riesgo o estás sufriendo violencia de género.

La violencia comienza por conductas con las que aquí se describen y que indican una situación de clara desigualdad.

Las consecuencias son que:

-Tu integridad física puede verse seriamente afectada.

-También psicológicamente te puedes ver muy afectada: miedo, tensión, ansiedad, desmotivación, depresión, etc.

-Tus hijas y /o hijos también se pueden ver afectados y pueden sufrir graves secuelas; piensa que puede provocarles transtornos de la conducta, del aprendizaje, etc.

Debes tener en cuenta que puedes denunciar aunque no sufrieses lesiones físicas.

Recuerda: nada justifica la violencia ni legitima la agresión. Es un delito grave que atenta contra tu persona.

TELÉFONOS DE INTERÉS

-Atención a las mujeres: 016 (no aparece registrado en la factura telefónica), (900 400 273- Xunta de Galicia.)

-Guardia Civil: 062

-Policía Nacional: 091

-Policía Local: 092

-Bomberos: 080

-Emergencias: 112

-Uergencias: 061

-Programa de hombres (Xunta de Galicia): 981 54 53 66

TIENES DERECHO A DENUNCIARLO, LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SE PRODUCE EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO PRIVADO, SIN NINGÚN TESTIGO; POR ESO ESTÁ EN TI ROMPER TU SILENCIO. HABLA CON PERSONAS DE TU CONFIANZA O BIEN CON PROFESIONALES.

 Y AQUÍ

Publicado 23 marzo 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Familia, Penal

LIBRE ELECCIÓN DE NOMBRE

LIBERTAD DE ELECCIÓN:

Casi todos los nombres son hoy posibles. Lola, Concha, Pepe o Manola han deja de ser sólo apelativos familiares para convertirse en nombres propios que se inscriben como tales en el Registro Civil.


LOS PADRES TIENEN UNA AMPLIA LIBERTAD Y EN EL REGISTRO SE INSCRIBIRÁ EL NOMBRE ELEGIDO.

Solamente serán rechazados aquellos nombres que infrinjan algunas de las prohibiciones establecidas en la legislación.

LIMITACIONES:

-No pueden imponerse más de dos nombres simples o de uno compuestoo. En este caso, los dos nombres se unirán por medio de un guión.

-El nombre no puede perjudicar objetivamente a la persona. Por ello, se excluyen los que resulten, por sí o en combinación con los apellidos, deshonrosos, humillantes, denigrantes, etc.

-No se admiten los nombres que hagan confusa la identificación (por ejemplo, un apellido convertido en nombre).

-Tampoco se admiten los que induzcan en su conjunto a error sobre el sexto (Juan a una mujer o Juana a un hombre).

-No se puede atribuir a un hermano el nombre de otro hermano vivo.

EXTRANJEROS QUE ADQUIEREN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

En la inscripción de nacimiento se tiene que consignar el nombre que aparezca en la certificación extranjera, salvo que se pruebe la utilización habitual de un nombre distinto.

Si el nombre que consta en la certificación extranjera o el usado habitualmente está incluido en alguna de las limitaciones establecidas deberá ser sustituido, conforme a las normas españolas, por el elegido por el interesado o su representante legal y, en último término, por uno impuesto de oficio.

En el caso de nombres propios que consten en el sistema de escritura distinto al nuestro (chino, japonés, árabe, ect.) se consignarán mediante su transcripción o transliteración, de manera que se consiga una adaptación gráfica y una equivalencia fonética. También en nombres propios escritos con caracteres latinos cabría hacer adaptaciones ortográficas a petición del interesado para facilitar su escritura y fonética.

CAMBIO DE NOMBRE PROPIO:

También es posible cambiar el nombre:

-Cuando lo solicite el interesado por usar habitualmente un nombre distinto del que consta en la inscripción de nacimiento o por otra justa causa.

-Cuando el nombre se hubiese impuesto con infracción de las normas establecidas.

-Cuando se trate de la traducción de un nombre extranjero.

-Cuando se trate de la traducción o adaptación gráfica o fonética a las lenguas españolas.

-Cuando se rectifique la mención registral del sexo.

Por el contrario, no procede el cambio de nombre propio por fata de  justa causa, cuando se pretendes cambios insignificantes de nombres propios (Esther por Ester, Débora por Déborah, Cristina por Kristina, Vanesa por Vanessa, o a la inversa) Sólo son admisibles estos cambios cuando tienen por fin corregir ortográficamente el nombre propio incorrectamente inscrito.

REQUISITOS COMUNES A TODOS LOS CAMBIOS DE NOMBRE:

-Ha de concurrir justa causa y no seguirse perjuicio para terceras personas.

-El cambio de nombre se realiza, previo exprediente, por el encargado del Registro Civil del domicilio del interesado.

-En el caso de que la causa del cambio se el uso de nombre distinto del inscrito y no resulte probado el uso habitual de ese nombre, corresponde la competencia al Ministro de Justicia y, por delegación, a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

La inscripción del cambio de nombre se realiza en el Registro donde conste la inscripción de nacimiento. Puede solicitarse en el Registro Civil del domicilio del interesado para que se remita al lugar de nacimiento. 

 

Publicado 23 marzo 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Civil

vanesateijeiroabogada.wordpress.com NOMINADO A MEJOR BLOG JURÍDICO 2010

Es un placer y un honor para mí que mi blog jurídico cuya primera y única ambición es la de acercar el mundo del derecho a la gente de a pie, lega en derecho, haya sido nominado junto a los blogs de otros compañeros de tanta calidad y que tanto empeño han puesto en ellos, al PREMIO AL MEJOR BLOG JURÍDICO 2010 promovido por la página web DERECHO EN RED y la EDITORIAL JURÍDICA BOSCH. (Mil gracias a ellos por la nominación)

Los candidatos para los premios Derecho en Red a la mejor bitácora jurídica 2010 y al mejor post jurídico 2010.

Los candidatos a mejor blog jurídico 2010 son:

1. El Blog de Sevach: www.contencioso.es

2. Derecho Mercantil:  derechomercantilespana.blogspot.com

3. Abonauta:  blogs.lavozdegalica.es/victorsalgado

4. Vanesa Teijeiro Núñez: vanesateijeiroabogada.wordpress.com

5. Derecho e internet: www.derechoeinternet.com

Los candidatos a mejor post jurídico 2010 son:

1.Ser abogado en el Siglo XXI ( I y II)

2.Derecho a la huelga vs estado de alarma

3.Atipicidad de los enlaces

4.Como ganar un juicio contencioso administrativo, 20 reglas de oro

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Se ha procedido a remitir los candidatos al jurado compuesto en esta ocasión por:

Sergio Carrasco como presidente de Derecho en Red

Santiago Gales representado a Editorial Bosch

Rafael Sánchez Aristi

José Carlos Erdozain

El día 20 de marzo se procederá a la proclamación de los ganadores y el día 29 celebraremos la entrega de premios en la Libreria “Tipos Infames” (San Joaquín, 3) de Madrid.

Enhorabuena y suerte a los nominados!


Publicado 10 marzo 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados

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