vanesateijeiroabogada.wordpress.com NOMINADO A MEJOR BLOG JURÍDICO 2010

Es un placer y un honor para mí que mi blog jurídico cuya primera y única ambición es la de acercar el mundo del derecho a la gente de a pie, lega en derecho, haya sido nominado junto a los blogs de otros compañeros de tanta calidad y que tanto empeño han puesto en ellos, al PREMIO AL MEJOR BLOG JURÍDICO 2010 promovido por la página web DERECHO EN RED y la EDITORIAL JURÍDICA BOSCH. (Mil gracias a ellos por la nominación)

Los candidatos para los premios Derecho en Red a la mejor bitácora jurídica 2010 y al mejor post jurídico 2010.

Los candidatos a mejor blog jurídico 2010 son:

1. El Blog de Sevach: www.contencioso.es

2. Derecho Mercantil:  derechomercantilespana.blogspot.com

3. Abonauta:  blogs.lavozdegalica.es/victorsalgado

4. Vanesa Teijeiro Núñez: vanesateijeiroabogada.wordpress.com

5. Derecho e internet: www.derechoeinternet.com

Los candidatos a mejor post jurídico 2010 son:

1.Ser abogado en el Siglo XXI ( I y II)

2.Derecho a la huelga vs estado de alarma

3.Atipicidad de los enlaces

4.Como ganar un juicio contencioso administrativo, 20 reglas de oro

5.El programa Ad-Words ante el Tribunal de la UE

 

Se ha procedido a remitir los candidatos al jurado compuesto en esta ocasión por:

Sergio Carrasco como presidente de Derecho en Red

Santiago Gales representado a Editorial Bosch

Rafael Sánchez Aristi

José Carlos Erdozain

El día 20 de marzo se procederá a la proclamación de los ganadores y el día 29 celebraremos la entrega de premios en la Libreria “Tipos Infames” (San Joaquín, 3) de Madrid.

Enhorabuena y suerte a los nominados!

 

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Publicado 10 marzo 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados

REGISTRO DE CONTRATOS DE SEGUROS DE COBERTURA DE FALLECIMIENTO

El certificado de Contrato de Seguro de Fallecimiento es el documento que acredita si una persona fallecida tenía suscrita alguna póliza. Informa de la entidad aseguradora a la que los beneficiarios deben reclamar la prestación derivada del contrato. Los datos están disponibles en el Registro del Ministerio de Justicia durante un PERIODO DE 5 AÑOS desde la fecha de defunción del asegurado.

CÓMO SOLICITARLO

Se puede solicitar, transcurridos 15 días hábiles desde el fallecimiento, por cualquier persona que aporte el certificado de defunción original expedido por el Registro Civil junto al IMPRESO DE SOLICITUD 790 debidamente cumplimentado y liquidada la correspondiente tasa.

El impreso 790 se puede obtener en:

-Las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.

-Registros Civiles de toda España.

-Oficina Central de Atención al Ciudadano de Justicia (Plaza Jacinto Benavente, 3, 28012, Madrid)

-A través de Internet en http://www.mjusticia.es, en el apartado “trámites personales” de la Sección “Atención al ciudadano”

La liquidación del impreso se puede efectuar en cualquier entidad financiera colaboradora de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. También se puede liquidar por vía telemática si se dispone de certificado digital.

¿QUÉ MÁS HAY QUE SABER?

Solamente se pueden solicitar los certificados relativos a los seguros de vida con cobertura de fallecimiento y seguros de accidente donde esté cubierta la contingencia de la muerte del asegurado, independientemente de si se trata de pólizas individuales o colectivas.

Además, el Ministerio de Justicia:

-Expide certificados solicitados por la Administración desde fuera de España.

-Legaliza los que vana surtir efecto en el extranjero.

-Emite notas informativas a cualquier persona que se acredite con su DNI para saber si su contrato ha sido registrado.

-Autoriza por vía telemática a los notarios que los soliciten a través del sistema de información corporativo del Consejo General del Notariado.

Las Notas Informativas pueden solicitarse también a través del RESEVI on line. Información en http://www.mjusticia.es.

¿Y SI NO SE ESTÁ DE ACUERDO CON ALGÚN DATO REGISTRADO?

Si los datos de un certificado son inexactos, incorrectos, inadecuados o excesivos, el asegurado podrá ejercer el derecho de rectificación y cancelación ante las compañías aseguradoras. El Registro emitirá un nuevo certificado, siempre y cuando en el plazo de 3 MESES desde que se expidió el primero tuviera conocimiento de nuevos datos o modificaciones.

 

Publicado 4 marzo 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Civil

EL ABOGADO Y EL SECRETO PROFESIONAL

El secreto profesional es la obligación legal que tienen ciertas profesiones de mantener en secreto la información que han recibido de sus clientes. Al contrario de lo que ocurre con otros tipos de deberes de confidencialidad,  el secreto profesional se mantiene incluso en un juicio.

Entre estos profesionales, cabe citar como casos más típicos el abogado, el médico, el psicólogo, el periodista o el trabajador social. Sin embargo, también puede haber otros casos de asesores o servicios que tengan ese tipo de obligación, como por ejemplo los asesores fiscales (a veces incluidos dentro de los abogados) o las compañías de seguros.

Violación del secreto profesional:

El secreto profesional se vulnera en los siguientes casos:

  • Se puede producir daño en forma directa, es decir en forma consciente y premeditada.
  • Se vulnera en forma intencional pero indirecta.
  • A través de una confidencia a otra persona.
  • A través de una conversación informal, con ligereza.

El abogado:

¿Puedo estar seguro de que mi Abogado me guardará el secreto de los asuntos que yo le encomiende? ¿Cómo está garantizado para mi como cliente que así lo hará?

Los Abogados tenemos la obligación del secreto profesional sobre todos los asuntos que nos encomienden nuestros clientes. El cómo garantizarlo depende, y en mucho, de la confianza entre usted como cliente y su Abogado, lo cual es un requisito imprescindible que debe darse entre los dos.
El Código Deontológico de la Abogacía Española (es decir el que marca las pautas de ética y de buen comportamineto en nuesto ejercicio profesional), establece entre otras cosas lo siguiente:

Artículo 5.- Secreto profesional.

1. La confianza y confidencialidad en las relaciones entre cliente y Abogado, ínsita en el derecho de aquél a su intimidad y a no declarar en su contra, así como en derechos fundamentales de terceros, impone al abogado el deber y le confiere el derecho de guardar secreto respecto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, sin que pueda ser obligado a declarar sobre los mismos como reconoce el artículo 437.2 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. El deber y derecho al secreto profesional del Abogado comprende las confidencias y propuestas del cliente, las del adversario, las de los compañeros y todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.

3. El Abogado no podrá aportar a los tribunales, ni facilitarle a su cliente las cartas, comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte, salvo expresa autorización del mismo.

4. Las conversaciones mantenidas con los clientes, los contrarios o sus Abogados, de presencia o por cualquier medio telefónico o telemático, no podrán ser grabadas sin previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes y en todo caso quedarán amparadas por el secreto profesional.

5. En caso de ejercicio de la Abogacía en forma colectiva, el deber de secreto se extenderá frente a los demás componentes del colectivo.

6. En todo caso, el Abogado deberá hacer respetar el secreto profesional a su personal y a cualquier otra persona que colabore con él en su actividad profesional.

7. Estos deberes de secreto profesional permanecen incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente, sin que estén limitados en el tiempo.

8. El secreto profesional es un derecho y deber primordial de la Abogacía. En los casos excepcionales de suma gravedad en los que, la obligada preservación del secreto profesional, pudiera causar perjuicios irreparables o flagrantes injusticias, el Decano del Colegio aconsejará al Abogado con la finalidad exclusiva de orientar y, si fuera posible, determinar medios o procedimientos alternativos de solución del problema planteado ponderando los bienes jurídicos en conflicto. Ello no afecta a la libertad del cliente, no sujeto al secreto profesional, pero cuyo consentimiento por sí solo no excusa al Abogado de la preservación del mismo.

Artículo 4.- Confianza e integridad.

1. La relación entre el cliente y su Abogado se fundamenta en la confianza y exige de éste una conducta profesional íntegra, que sea honrada, leal, veraz y diligente.

2. El Abogado, está obligado a no defraudar la confianza de su cliente y a no defender intereses en conflicto con los de aquél.

3. En los casos de ejercicio colectivo de la abogacía o en colaboración con otros profesionales, el Abogado tendrá el derecho y la obligación de rechazar cualquier intervención que pueda resultar contraria a dichos principios de confianza e integridad o implicar conflicto de intereses con clientes de otros miembros del colectivo.

A nivel internacional se encuentra recogido este secreto en la declaración de Perugia sobre principios deontológicos de la Abogacía de la Comunidad Europea de 16 de septiembre de 1977, donde se afirma  que el secreto profesional es el derecho y deber fundamental y primordial de la profesión ya que forma parte de la naturaleza de la función del abogado al ser depositario de secretos de su cliente y destinatario de comunicaciones confidenciales, siendo esencial el secreto por la confianza que exige el ejercicio de la profesión.

Del mismo modo este derecho y deber se encontraba en el “Código de Deontología de los Abogados de la Comunidad Europea” de 28 de octubre de 1988, asumido por el Consejo general de la Abogacía española, el 22 de septiembre de 1989, donde se afirmaba que “forma parte de la naturaleza misma de la misión del abogado que éste sea depositario de los secretos de su cliente y destinatario de comunicaciones confidenciales. Sin la garantía de la confidencialidad no puede haber confianza.

El secreto profesional está, pues, reconocido como derecho y deber fundamental y primordial del abogado (2.3.1). El abogado debe respetar el secreto de cualquier información confidencial transmitida a él por su cliente o a terceros en el marco de los asuntos de su cliente.

Esta obligación no está limitada en el tiempo. El abogado hará respetar el secreto profesional a su persona y a cualquier persona que colabore con él en su actividad profesional”.

Recientemente, el Conseil Consultatif des Barreaux Européens (CCBE), máximo órgano representativo de la abogacía ante las instituciones de la Unión Europea, en la sesión plenaria celebrada en Lyón el 28 de noviembre de 1998, ha aprobado el nuevo Código Deontológico Europeo, cuya finalidad es la de establecer unas normas de actuación para el abogado en el ejercicio profesional transfronterizo.

Sin embargo con respecto a LOS ABOGADOS DE EMPRESA NO EXISTE EL SECRETO PROFESIONAL

La noticia surgió hace unos cuantos meses y ahora ha sido ratificada con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), dicha sentencia dictamina que las conversaciones dentro de la empresa con un abogado en plantilla, no están sujetas a la confidencialidad de la relación abogado-cliente.

Esta decisión se basa en que un abogado que pertenezca a la plantilla de la empresa, carece de la independencia de un bufete externo, ya que está sometido a la disciplina, política y estrategias que disponga la propia empresa, por lo que éstas limitan su capacidad de actuación.

En el caso tratado, la empresa Akzo Nobel defendía la confidencialidad de dos correos electrónicos enviados a uno de sus abogados en plantilla. La empresa y su filial Akcros Chemicals, habían sido requeridas a aportar pruebas en un proceso abierto contra ellas por un caso de prácticas anticompetitivas.

La Comisión Europea, primero, y ahora el TUE han desestimado el recurso de la empresa que alegaba que esos correos electrónicos no podían constituir una prueba contra ella ya que eran confidenciales, atendiendo al secreto profesional que ampara las comunicaciones entre un letrado y su cliente.

Si embargo, ni la Comisión ni el Tribunal han admitido que dicha confidencialidad pueda ser aplicada en este tipo de casos, independientemente de que el abogado esté colegiado.

Por tanto debemos de considerar que, en el seno de la empresa, la relación entre la propia empresa y un abogado en plantilla no tiene la consideración de relación profesional, sino que es eminentemente laboral, por tanto las comunicaciones entre ambos no son distintas a las mantenidas con cualquier otro empleado.

Publicado 29 octubre 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados

LA NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 23 de la LOPJ Y SU ENGARCE CON EL ARTÍCULO 131 del CÓDIGO PENAL, TRAS LAS REFORMAS OPERADAS EN 2009 y 2010.

A todos nosotros, como operadores jurídicos, no nos pueden resultar ajenas las recientes reformas legislativas que en escasos meses han venido modificando tres cuerpos normativos vitales para todo penalista, a saber: el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ha venido a ser parcialmente modificada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio; y que fue publicada el pasado día 23 de junio de 2010, en el BOE número 152. La Disposición Final 7ª de la Ley establece un periodo de vacatio legis de seis meses a contar desde su publicación, por lo que la misma no entrará en vigor y surtirá efecto hasta la víspera de esta próxima Nochebuena.

Por otro lado, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ha quedado redactada conforme a los términos contenidos en la vigente Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y que se publicó el 4 de noviembre de 2009, en el BOE número 266.

Un comentario exhaustivo de las reformas introducidas por las presentes Leyes, conllevaría un análisis pormenorizado de cada uno de sus preceptos, sin pretender ser tan ambiciosa la intención de este breve artículo. Es de destacar, la novedosa inclusión en el Código Penal de tipos penales que obedecen a formas de delincuencia preexistentes y que carecían de tipificación, como por ejemplo: la trata de seres humanos, ubicada en el nuevo Título VII bis, del Libro II, los abusos y agresiones sexuales a menores de trece años, contempladas en el Capítulo  II bis, Título VIII, del Libro II, y la piratería, inserta en el Capítulo  V, Título XXIV, del Libro II.

Por ello, y sin perjuicio de que hagamos unas consideraciones previas que nos ayuden a aterrizar someramente en el contexto socio-político en el que se enmarcan las citadas reformas, nos centraremos únicamente en el análisis de la nueva redacción del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y su engarce con el artículo 131 del Código Penal.

El legislador español, abogando por un paralelo avance en materia de libertad y de seguridad, y queriendo dar cabida a las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España, (especialmente en el ámbito de la armonización jurídica europea), ha llevado a cabo mediante las meritadas reformas estas adaptaciones que pasan a quedar incorporadas en el panorama legislativo español.

Con motivo del Debate del estado de la Nación de 2009, se realizó un cambio en el tratamiento de lo que ha venido en llamarse la «jurisdicción universal», a través de la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para, de un lado, incorporar tipos de delitos que no estaban incluidos y cuya persecución venía amparada en los convenios y costumbre del Derecho Internacional, como son los de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero de otro lado, a nuestro juicio, la reforma ha permitido adaptar y clarificar el precepto de acuerdo con el principio de subsidiariedad y la doctrina emanada del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, define la extensión y límites de la jurisdicción penal española, conociendo los jueces y tribunales españoles de los conflictos penales bajo los siguientes principios: territorialidad, personalidad, real o de protección, justicia mundial o universalidad.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial viene a incidir en el principio de universalidad. Sin perjuicio de lo manifestado, tradicionalmente, los Juzgados Centrales de Instrucción y la Audiencia Nacional han conocido de la instrucción y el enjuiciamiento, respectivamente, de las causas por terrorismo por varios motivos como los que enumeramos a continuación: por el mandato imperativo de la Ley, por la innata complejidad del tipo penal, por la necesidad de preservar la libertad, independencia y seguridad del juzgador en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, para garantizar la aplicación de la justicia, etc, …               A pesar de todo ello, y de que en la actualidad muchas de estas razones/justificaciones no tengan tanta razón de ser como en tiempos anteriores, -tal y como han apuntado recientemente algunos dirigentes políticos o un miembro de la vocalía del CGPJ-, la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, que ha modificado en una perspectiva interesante y sumamente criticable el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no ha suprimido la letra b) del apartado 4, por lo que llegar a pensar,- como algunos hacen-, en la erradicación de los Juzgados Centrales de Instrucción y la Audiencia Nacional, cediéndose así estas competencias a órganos (Juzgados de Instrucción y Audiencias Provinciales) ubicados en País Vasco, continúa siendo una mera quimera y especulación.

De otro lado, y como consecuencia de la reforma del Código Penal, se añade un párrafo cuarto al apartado 4 del artículo 131 del Código Penal, que reza así: “Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona”. De esta manera, el delito de terrorismo, por primera vez, se erige junto con los delitos de lesa humanidad, los de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, como delitos imprescriptibles.

El fundamento de la institución de la prescripción se halla vinculado en gran medida a la falta de necesidad de aplicación de la pena tras el trascurso de cierto tiempo. La reforma se fundamenta en este punto en que tal premisa no puede cumplirse frente a conductas delictivas que presentan las características de los tipos mencionados.

La imprescriptibilidad del delito de terrorismo, -más allá de pretensiones de ciertos grupo minoritarios que con esta reforma pretendían que la comisión del mismo fuese penada con cadena perpetua o incluso pena de muerte-, supone desde luego todo un avance en la persecución de esta lacra que viene acompañando a nuestro país desde decenios. Este adelanto, propiciado por la demanda de una sociedad cada vez más concienciada contra la lucha del terrorismo y sus formas, habría alcanzado plena efectividad desde nuestro punto de vista, si el carácter imprescriptible del terrorismo se hubiese hecho extensible no sólo cuando se causare la muerte de una persona sino también para otros supuestos de ejecución imperfecta; esto es, tentativa y tentativa frustrada de muerte.

En definitiva, las reformas aprobadas por las Cortes Generales en menos de un año son tan o más ambiciosas que las anteriores. Sin embargo, el legislador no debe de olvidar que lo que la sociedad pide no es que se legisle al son de las nuevas melodías, sino con criterio, mucho sentido común y prudente acierto.

(Por Victor Manuel Carvajal en LEGAL TODAY.)

 

Publicado 27 julio 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Penal, Procesal

EL NUEVO REGISTRO CIVIL

Se ha enviado a las Cortes Generales el Proyecto de Ley del Registro Civil. Supone un cambio profundo del actual modelo registral. Los libros físicos serán sustituidos por una base de datos electrónica común, de tal manera que el ciudadano podrá realizar sus trámites en cualquiera de las oficinas del país. No tendrá que ir personalmente al Registro, ya que la gran mayoría de los trámites se realizarán directamente por las administraciones públicas, como por ejemplo el envío electrónico de la información necesaria para las inscripciones por parte de los hospitales (nacimientos, defunciones…), de los ayuntamientos (matrimonios), de los juzgados o de las notarías. Por otra parte, las certificaciones podrán solicitarse y recibir por Internet.

El Nuevo Registro se configura como registro individual, con una ficha personal única, donde figurará el historial civil de cada persona desde su nacimiento.

A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, cada inscripción de nacimiento irá acompañada de un Código Personal de Ciudadanía(CPC), correspondiente a una secuencia alfanumérica, que servirá para todos los trámites que el usuario precise realizar con el Registro Civil.

Igualmente, con la nueva Ley dejarán de expedirse Libros de Familia, que serán sustituidos por certificaciones registrales. Éstas podrán solicitarse personalmente o a través de Internet. En todo caso, las administraciones y los funcionarios públicos tendrán acceso a la información registral y no necesitarán pedir certificaciones a los ciudadanos, lo cual comportará una reducción de cargas administrativas y convertirá en algo extraordinario la necesidad de acudir personalmente al Registro.

Por otra parte, la modernización del Registro Civil hace necesaria su desjudicialización,en contra de lo que deseaban los jueces por lo que pasa a configurarse como órgano administrativo, dependiente del Ministerio de Justicia y gestionado por funcionarios públicos, cuyas decisiones, lógicamente, estarán sometidas a control judicial.

Otro aspecto significativo del nuevo Registro Civil es que refuerza el papel de los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, que, en este sentido, actuarán no sólo como receptores y emisores de solicitudes dirigidas al Registro, sino también como actores en la tramitación de expedientes y la celebración de matrimonios civiles.

Por otra parte, se configura, por primera vez en nuestro Derecho, un catálogo de derechos y de obligaciones de los ciudadanos respecto al Registro Civil y se modifica la LEC para aquellos casos en los que los ciudadanos tengan que acudir a los tribunales en un procedimiento judicial sobre su estado civil (filiación, validez matrimonial, etc.), estableciendo un procedimiento sencillo y rápido.

El Consejo de Ministros también ha aprobado un proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley del Registro Civil, por el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar la regulación de las atribuciones de los juzgados y Tribunales en relación con el Registro Civil a la nueva normativa.

Aspectos fundamentales

  • Los libros en los que se registran hechos (nacimientos, matrimonios, fallecimientos, etc.) dan paso a un registro individual para cada persona, vinculado a un Código Personal de Ciudadanía.
  • Se configura como una base de datos única que garantiza la unidad y seguridad de la información y la eficacia en la gestión. Se podrán realizar los trámites en cualquier oficina del Registro Civil del país.
  • Los asientos serán informáticos y la firma electrónica se convierte en elemento esencial en la gestión y custodia del Registro Civil. Los ciudadanos podrán acceder al Registro para solicitar certificaciones, consultar datos e instar expedientes por  Internet.
  • Los centros sanitarios, los ayuntamientos o los órganos judiciales remitirán al Registro Civil por vía informática la documentación necesaria para inscribir los nacimientos, los matrimonios, los divorcios, las defunciones, etc.
  • Los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso a la información que obra en el Registro por lo que no necesitarán solicitar certificaciones a los ciudadanos.
  • Se amplía la relación de actos que han de ser objeto de asiento para acomodarse al Derecho civil autonómico, como las autotutelas, apoderamientos preventivos o especialidades en materia de régimen económico del matrimonio.

Publicado 27 julio 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Civil

LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUÍTA Y EL ABOGADO DE OFICIO

¿Qué es la justicia gratuita?

Es el derecho a litigar de forma gratuita reconocido por la Constitución a aquellos que carecen de recursos económicos.

¿A quiénes se les reconoce este derecho?

Dentro de los límites establecidos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita así como en los tratados y convenios internacionales celebrados por España, se reconoce el derecho a laasistencia jurídica gratuita a:

  • Los ciudadanos españoles, a los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y a los extranjeros que residan legalmente en España, siempre que acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar.
  • Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la SeguridadSocial.
  • Las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones cuando carezcan de recursos económicos para litigar.
  • En el orden jurisdiccional social, se reconoce tanto a los trabajadores como a losbeneficiarios del sistema de Seguridad Social.
  • En el orden jurisdiccional penal, a los extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos, aunque no residan legalmente en España.
  • En el orden contencioso-administrativo así como en la vía administrativa previa, a los ciudadanos extranjeros que carezcan de recursos aunque no residan legalmente en territorio español, en todos aquellos procesos relativos a su solicitud de asilo.

La carencia de recursos económicos

Se entiende que carecen de recursos económicos suficientes aquellas personas cuyos recursos e ingresos y los de su familia, no superan el doble del SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL.

Para comprobar si el solicitante carece de recursos económicos suficientes, se tendrán en cuenta las rentas que perciba, los bienes que posea, sus circunstancias, así como todos aquellos signos externos que puedan manifestar su capacidad económica real (como nivel de vida, vehículos… etc.)

Por tanto, se podrá negar el derecho a aquellas personas que, siendo su nivel de ingresos inferior al salario mínimo interprofesional, poseen propiedades, o de su nivel de vida se deducen unos recursos económicos que le permiten asumir los gastos de la defensa de sus intereses en un juicio.

¿Qué comprende el derecho de asistencia jurídica gratuita?

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones:

  • El asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso para quienes pretendan ejercitar sus derechos ante los Juzgados y Tribunales.
  • La asistencia al detenido o preso que no hubiera designado abogado, para cualquier diligencia policial que no provenga de un procedimiento penal en curso, en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional.
  • La defensa y representacióngratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea obligatoria o, cuando aunque no lo sea, se requiera por el Juzgado o Tribunal para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
  • La inserción gratuita de anuncios o edictos en periódicos oficiales, durante la tramitación del procedimiento.
  • El beneficiario del derecho está exento del pago de los depósitos necesarios cuando éstos se exigen con carácter previo a la interposición de los recursos.
  • La asistencia pericial gratuita en el proceso.
  • Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los términos previstos en el Reglamento Notarial.
  • A una reducción del 80 % de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales, cuando tengan relación directa con el proceso y sean solicitados por el órgano judicial que está tramitando el procedimiento.
  • A una reducción del 80 % de los derechos que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el juzgado o tribunal que esté conociendo del procedimiento.El solicitante no tendrá que abonar los derechos arancelarios si los ingresos que percibe son inferiores al salario mínimo interprofesional.

El derecho a la justicia gratuita debe ser reconocido en cada procedimiento judicial, lo que supone que la concesión de este beneficio se agota cuando termina el procedimiento para el que ha sido otorgado.

Por otro lado, no se reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita al actor o demandante, una vez presentada la demanda, o al demandado después de haber presentado su contestación, salvo que cuando realicen la petición, en su solicitud, acrediten ante la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita que las circunstancias y condiciones necesarias para obtener el beneficio de asistencia jurídica gratuita se han originado después de que se presentase esta demanda o, en su caso, contestación.

¿Qué es la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita?

Es el órgano responsable de reconocer el derecho a recibir asistencia jurídica gratuita dentro del territorio en el que tiene competencia.

Existe una Comisión en cada capital de provincia, en las ciudades de Ceuta y Melilla y en cada isla en la que existan uno o más partidos judiciales.

¿Quiénes componen las comisiones de asistencia jurídica gratuita?

Están presididas por un miembro del Ministerio Fiscal, designado por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Provincial correspondiente, y las integranademás el Decano del Colegio de Abogados y el del Colegio de Procuradores, o el Abogado o el Procurador que ellos designen, y dos miembros nombrados por las Administraciones Públicas de las que dependen, actuando uno de ellos como Secretario.

La solicitud de asistencia jurídica gratuita

Puede realizarse:

  • A instancias del propio interesado.
  • A petición del juez o tribunal en el curso de un procedimiento: Si, según el procedimiento de que se trate, el órgano judicial que está conociendo del proceso estima que, por las circunstancias o la urgencia del caso, es necesario asegurar inmediatamente los derechos de defensa y representación de las partes, y alguna de ellas manifiesta que carece de recursos económicos, dictará una resolución (auto) requiriendo a los Colegios profesionales para que nombren a un abogado y un procurador de oficio.

En ambos casos, la solicitud del derecho a la asistencia jurídica gratuita se tramitará de la misma forma:

a) El procedimiento

Los interesados deben solicitar que les sea reconocido en derecho a la asistencia jurídica gratuita en el Colegio deAbogados del lugar en que se encuentre el Juzgado que vaya a conocer del asunto o ante el Juzgado de su domicilio.

En el caso de que sean varios los demandantes, la solicitud debe formularseindividualmente.

b) Los requisitos de la solicitud

En la solicitud se deben hacer constar los datos que reflejen la situación económica del solicitante y de su familia, sus circunstancias personales, la pretensión que quiere ejercitarse y contra quiénes se dirige. También deben acompañarse los documentosacrediten la situación económica que se alega.

Si el Colegio de Abogados aprecia que existen deficiencias en la solicitud o que la documentación que se ha presentado es insuficiente, debe requerir al solicitante que, en el plazo de 10 días, subsane la solicitud. Si no lo hace, se archivará la petición.

c) Las designaciones provisionales

Si de la solicitud y de los documentos que se aportaron se desprende que el solicitante se encuentra entre las personas que pueden ser beneficiarias de la concesión de la justicia gratuita, el Colegio de Abogados procederá a la designación provisional de abogado y, en su caso, de procurador.

En el caso de que el Colegio de Abogados estime que el peticionario no cumple lascondiciones para que se le conceda el derecho a litigar de forma gratuita, o que la acción que pretende ejercitar es insostenible o no tiene fundamento, deberá notificar al solicitante que no va a realizar el nombramiento del abogado y del procurador de oficio.

El Colegio de Abogados debe remitir el expediente correspondiente así como las designaciones provisionales o la denegación de las mismas a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que las verifique y resuelva.

La Comisión podrá comprobar si los datos económicos que el solicitante ha manifestado en la solicitud son o no ajustados a la realidad y para ello podrá requerir información a la Administración Tributaria e incluso, en los casos en los que se considere necesario, preguntar a aquella parte contra la que se presenten dirigir las actuaciones, sobre lasituación económica real del solicitante.

d) La resolución

Realizadas las comprobaciones, la Comisión dictará resolución reconociendo o denegando el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

En el caso de que se conceda el derecho, se confirmarán las designaciones provisionalesde abogado y procurador que, en su caso, se hubiesen efectuado.

La resolución debe notificarse al solicitante, al Colegio de Abogados y, en su caso, al Colegio de Procuradores, a las partes interesadas y al Juzgado o Tribunal que esté conociendo del proceso, o al Juez Decano de la localidad si el proceso no se hubiese iniciado aún.

Si la Comisión no se pronuncia sobre la petición de asistencia en un plazo de 30 díasdesde que terminase la instrucción del expediente con las comprobaciones oportunas, se entenderá que se concede el derecho a litigar de forma gratuita.

e) La impugnación de la resolución

Las resoluciones que se pronuncien sobre la concesión del derecho a la asistencia jurídica gratuita pueden ser impugnadas en el plazo de 5 días ante el Secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita quien remitirá el expediente al Juzgado correspondiente para que resuelva.

El Juez o Tribunal citará a una comparecencia a las partes y al Abogado del Estado o al Letrado de la Comunidad Autónoma de la que dependa la Comisión.

Se puede practicar la prueba que se considere necesaria y el procedimiento finaliza con una resolución (auto) en la que deberá mantener o revocar la resolución que se impugna.

Contra este auto no podrá interponerse ningún tipo de recurso.

El juez también podrá sancionar con una multa de hasta 50.000 Ptas. (300,51 €) a quien hubiese actuado abusando de su derecho a solicitar la concesión del beneficio de asistencia jurídica gratuita.

Los efectos de la concesión de la asistencia jurídica gratuita

Destacan, entre otros, los siguientes:

  • El reconocimiento del derecho implica la realización o la confirmación de lasdesignaciones de abogado y de procurador efectuadas provisionalmente por los Colegios profesionales.
  • En ningún caso pueden actuar de forma simultánea un abogado designado de oficio y un procurador libremente elegido, o viceversa, salvo que el profesional que no sea designado de oficio renuncie por escrito a percibir sus honorarios ante el Colegio profesional al que pertenezca.
  • Si la Comisión desestima la pretensión, las designaciones profesionales se revocarány el solicitante deberá abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención del abogado y del procurador.Así, aunque el abogado y el procurador sean nombrados de oficio, existe la obligación de satisfacer los honorarios que se deriven de su intervención profesional, salvo que se reconozca expresamente el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
  • La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso.Sin embargo, para evitar que el transcurso de los plazos pueda perjudicar a cualquiera de las partes, el juez, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, podrá decretar que se suspenda el procedimiento hasta que se decida sobre la concesión del derecho a la asistencia gratuita o se produzca la designación de abogado y procurador de oficio, en los casos en los que ésta fuera obligatoria o necesaria para asegurar la igualdad de las partes en el procedimiento.
  • Si la petición fuese desestimada y se apreciase por el juez o tribunal que se formuló con mala fe para dilatar los plazos del procedimiento, éste podrá acordar que se computen los plazos estrictamente independientemente de los perjuicios que ello le ocasione.

¿Puede renunciarse a la designación de abogado y procurador efectuada de oficio?

Quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita pueden renunciar a la designación de abogado y procurador de oficio, sin que ello suponga la pérdida de los demás beneficios que conlleva este derecho.

Esta renuncia debe comunicarse tanto al abogado y procurador designados de oficio como a sus Colegios profesionales y a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

¿Puede revocarse la concesión del derecho a la asistencia jurídica gratuita?

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita revocará el derecho cuando, en su solicitud, el interesado hubiese manifestado datos que son erróneos o falsos o incluso los hubiese ocultado, si éstos datos fueron determinantes para que se le concediera la asistencia jurídica gratuita.

En estos casos, el solicitante estará obligado a pagar los honorarios de abogado yprocurador devengados desde la concesión del derecho, así como el coste de todos los servicios de los que se hubiese beneficiado por el reconocimiento del mismo, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que, en su caso, le sean exigibles.

El pronunciamiento en costas contenido en la Sentencia

La sentencia que ponga fin al procedimiento judicial, podrá contener cualquiera de los siguientes pronunciamientos con relación a las costas causadas en el mismo:

  • Si el pronunciamiento sobre costas es favorable a la persona que tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, la parte condenada a su pago por la Sentencia deberá abonarlas. En este caso, el beneficiario no puede apropiarse de esta cantidad sino que está obligado a ponerla a disposición de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
  • Si el condenado a pagar las costas del procedimiento es el beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita, sólo estará obligado a pagar estas costas además de los gastos que haya ocasionado su defensa, si en el plazo de tres años contados a partir de la terminación del proceso, mejora su situación económica.
  • Si la sentencia que pone fin al procedimiento judicial no se pronuncia expresamente sobre las costas y el beneficiario del derecho a la justicia gratuita vence en el juicio, está obligado a pagar los gastos que originó su defensa siempre que éstos no superen la tercera parte de lo que él obtuvo en la sentencia.
  • Si, en los casos en los que corresponda, la sentencia aprueba a favor del beneficiario de la justicia gratuita alguna cantidad en concepto de “litisexpensas“, esto es, para cubrir los gastos del juicio, el letrado y el procurador que hayan intervenido, pueden solicitar el pago de sus honorarios con el límite de la cantidad reconocida en esta Sentencia.

El cálculo de los honorarios y derechos del abogado y del procurador, se realizará según las normas de honorarios y aranceles vigentes para cada colegio profesional en el momento en que se tramita el proceso judicial.

 

EL ABOGADO

“El Abogado no es vidente, ni brujo, ni mago, no consulta el Tarot, ni tiene la bola de cristal. Recuerde que los pleitos los resuelve una tercera persona llamada Juez, no su abogado. Y los jueces suelen resolver caso similares de maneras distintas.” (Richard Piglia)

Publicado 28 mayo 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados

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