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EL GOBIERNO ENDURECE EL CÓDIGO PENAL Y AMPLÍA LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE (El País.com)

Justicia propone ahora aplicar la pena a delitos de “asesinato agravado”.

VERA GUTIÉRREZ CALVO Madrid 14 SEP 2012 .

El Código Penal español, uno de los más severos de Europa —con penas de hasta 40 años para los delitos más graves— se ha ido endureciendo en las últimas dos décadas por las reformas sucesivas de los Gobiernos del PP y el PSOE, que siempre han ido en la misma dirección: penas más altas. Ayer, Alberto Ruiz-Gallardón dio otro giro de tuerca: su proyecto de reforma del Código Penal no agrava por lo general las penas, pero crea dos figuras nuevas —la prisión permanente revisable (que además se aplicará a más casos de los que él dijo en un principio) y la custodia de seguridad—, amplía el alcance de otra —la libertad vigilada post-pena— y exprime el alcance de otras cuantas.

El resultado es —una vez más, un paso más— el Código Penal más duro de la democracia, en uno de los países con mayor tasa de población reclusa de Europa, según datos de Instituciones Penitenciarias. Ruiz-Gallardón, que presentó el informe con las líneas maestras de ese proyecto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, apeló en dos ocasiones a casos que “han ocurrido en España” y que “en la mente de todos están”; lo hizo al explicar la pena de prisión permanente revisable para asesinatos sumados a agresión sexual y al anunciar que la detención ilegal con desaparición de la víctima será equiparada al homicidio. Negó, sin embargo, que la ley tenga un barniz populista o pretenda dar respuesta a casos recientes de gran impacto social, como el asesinato de Marta del Castillo o la desaparición de los niños José y Ruth Bretón Ortiz. También lo desvinculó de la polémica por la excarcelación del etarra enfermo Iosu Uribetxeberria Bolinaga. “Llevamos meses trabajando en este proyecto”, argumentó.

El texto articulado del nuevo Código Penal aún debe ser cerrado por Justicia, y entonces pasará al Congreso. En cualquier caso, no se aplicará a delitos cometidos antes de su aprobación. Estas son algunas de las novedades anunciadas por el ministro.

» Prisión permanente revisable. Es una pena similar a la cadena perpetua, con la diferencia de que, si el preso demuestra estar reinsertado, puede ser excarcelado a partir de un cierto momento. Ese momento aún está por decidir, pero el plazo mínimo de permanencia en prisión (antes del cual no se podrá revisar la condena) estará “entre los 25 y los 35 años”, dependiendo del tipo de delito y de si es uno o varios cometidos conjuntamente.

El PP, en campaña electoral, apuntó a que esa nueva pena se aplicaría a delitos terroristas y sexuales; después, Ruiz-Gallardón rectificó y anunció en mayo que únicamente iría dirigida a delitos de terrorismo. Ahora ha cambiado de parecer: la prisión permanente revisable será aplicable a homicidios terroristas, magnicidio, genocidio, delitos de lesa humanidad y también a los casos de “asesinato agravado”; en este último supuesto entran los asesinatos de menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables (por razón de discapacidad o de edad), los asesinatos múltiples, los cometidos por organizaciones criminales y los que sean “subsiguientes a un delito contra la libertad sexual”.

En esos casos, el tribunal sentenciador tendrá que aplicar imperativamente la pena de prisión permanente revisable, no otra. Según el tipo de delito, se fijará un plazo mínimo y a partir de ahí se revisará la condena “de oficio, cada dos años”, o a petición del reo cada año. ¿Quién decidirá si el preso está rehabilitado? Ruiz-Gallardón dijo que “el tribunal sentenciador”; fuentes de Justicia matizaron que está en estudio aunque en todo caso será un tribunal colegiado, no el juez de Vigilancia Penitenciaria. Pero también explicaron que, a partir de cierto momento (otro plazo que hay que fijar), el reo podría acogerse al tercer grado penitenciario y a los permisos consecuentes, así que por ahora es imposible saber cuál sería el tiempo mínimo de cumplimiento efectivo en prisión.

Si el reo no se rehabilita y por tanto su condena no es revisada, estaría toda la vida en prisión, como en una cadena perpetua. Si se le revisa la condena, saldría durante un tiempo en prisión condicional, hasta comprobar que está totalmente reinsertado (para esa libertad condicional tampoco se ha fijado plazo ni condiciones aún), y después ya quedaría definitivamente en libertad. Fuentes de Justicia subrayaron que “casi todos los países europeos” tienen en sus legislaciones la pena de prisión permanente revisable.

» Custodia de seguridad. Es una medida de seguridad, no una pena, pero en la práctica significa añadir hasta 10 años más de prisión (o de internamiento en algún tipo de centro) a un preso que haya cumplido ya su condena. Se aplicará cuando el tribunal sentenciador (la medida debe establecerla en el momento de dictar sentencia, no a posteriori) crea que hay “especial peligrosidad”. Y podrá revocarse en cualquier momento si desaparece esa peligrosidad. Se aplicará a delitos “de especial gravedad”: asesinatos, homicidios, secuestros, agresiones sexuales, delitos con violencia, terrorismo o tráfico de drogas.

A diferencia de la prisión permanente revisable (que será obligatoria en los delitos para los que está pensada), esta medida será discrecional: el tribunal podrá dictarla o no. Fuentes de Justicia explican que habrá dos supuestos: para los delitos más graves, la custodia de seguridad podrá dictarse en la primera condena; para el resto habrá que esperar a que el delincuente reincida para aplicarle esa medida —si el juez quiere— en la segunda condena.

» Libertad vigilada. Esta medida ya se incluyó en el Código Penal aprobado por el Gobierno socialista en 2010, para delitos sexuales y de terrorismo. Ahora se amplía a otros delitos, como los patrimoniales, robos o delitos violentos (por ejemplo con resultado de lesiones). Consiste en que el preso, una vez cumplida su condena en prisión y puesto en libertad, debe someterse a control o vigilancia judicial (con distintos mecanismos, como la obligación de presentarse en el juzgado o la colocación de dispositivos electrónicos) durante un plazo de 10 años. Debe imponerse también en el momento de dictar la sentencia, y puede ser revisada y retirada.

Tanto la custodia de seguridad como la libertad vigilada son medidas “basadas en pronósticos [de peligrosidad], no en hechos”, admiten desde el ministerio. “Pero el pronóstico se hace sobre una situación objetiva previa”, añaden.

» Detención ilegal con desaparición de la víctima. La pena por este delito (ahora, diez años) será equiparada a la de homicidio (de 10 a 15) cuando el autor no diga qué ha hecho con la víctima, pudiendo llegar “hasta a 20 años si las víctimas son menores de 16 años o la detención está relacionada con una agresión sexual”, precisaron fuentes de Justicia.

» Libertad condicional. Si un preso recibe la libertad condicional y, ya en la calle, vuelve a cometer un delito, al regresar a prisión tendrá que cumplir todo lo que le quedaba de pena cuando salió en libertad condicional; con el Código actual, el tiempo que ha pasado fuera de la cárcel se le descuenta de la pena. Por otra parte, los condenados por primera vez a penas de hasta tres años y que muestren una conducta irreprochable tendrán más fácil acceder a la libertad condicional: podrán hacerlo a mitad de condena, frente a los dos tercios actuales.

» Delito continuado. Desaparece esta figura para los casos de delitos sexuales, lo que hará “que vean incrementada la pena”.

» Incendios forestales. Se endurecen las penas: hasta seis años de cárcel (en lugar de cinco años) en casos muy graves, y hasta nueve años si el incendio afecta a espacios naturales protegidos.

» Hurtos y faltas. Los “hurtos sistemáticos”, como los cometidos por carteristas, que ahora son faltas, implicarán prisión de hasta tres años si se cometen con “profesionalidad”. Por otro lado, el ministerio hará una “limpia” para convertir algunas faltas en sanción administrativa y otras en delitos (sin aumentar la pena).

» Delitos económicos. Habrá una nueva regulación de la malversación y una persecución “más eficaz” del fraude y la ocultación de bienes en procesos de quiebras societarias.

LEA LA REFERENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

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Publicado 17 septiembre 2012 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Penal, Procesal

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EL TESTIGO EN EL PROCESO PENAL

Este post trata sobre el TESTIGO EN EL PROCESO PENAL, para ver el testigo en el Proceso Civil pulsa AQUÍ

Si usted recibió una citación para acudir al Juzgado o Tribunal con objeto de declarar como testigo, este post lo orientará respecto de los pasos que deberá dar y facilitarle una información general respecto del deber de colaboración con la Administración de Justicia que le incumbe a todo ciudadano. Cualquier ampliación o complemento que necesite sobre la presente orientación, no dude en solicitarlo del Juzgado o Tribunal interviniente en el asunto que se trate.

LA CITACIÓN

1.- El juez que dirige la investigación de un delito o de una falta puede acordar su comparecencia ante el Juzgado con el fin de que usted declare sobre los hechos que constituyen su objeto.

2.- Cabe igualmente que la citación se efectúe no durante la fase de investigación, si no en un momento posterior, cuando se deba celebrar ya el correspondiente juicio oral. En tal supuesto, será el Juzgado o Tribunal sentenciador el que efectúe su citación para declarar como testigo.

3.-Tanto en uno como en otro caso, se remitirá a su domicilio o al lugar en el que pueda ser localizado una citación oficial en la que se indicará:

A) La expresión del juez o tribunal al que debe acudir

B) El número del procedimiento y la fecha y clase de resolución en la que se acuerda su citación.

c) Su propio nombre, apellidos y domicilio.

d) El motivo de la citación, que consistirá en la necesidad de declarar en calidad de testigo sobre unos hechos concretos.

e) El lugar, día y hora en que tenga que concurrir al Juzgado.

f) La advertencia de su obligación de comparecer y la prevención de los prejuicios que para usted se pudiesen derivar si no acude.

4.- Es muy importante que acuda al Juzgado o Tribunal el día que se le indica, pues su testimonio contribuirá a aclarar los hechos.

5.-Recuerde que es obligatorio acudir a la llamada de un juez para declarar como testigo.

Para tal fin debe tenerse en cuenta que el artículo 118 de la Constitución dispone que “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.”.

Igualmente, el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “todos lo que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán la obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto sepan sobre lo que se les pregunte si para eso son citados con las formalidades prescritas en la ley.”.

6.- Si le resulta imposible acudir por enfermedad u otro motivo, deberá comunicarlo al Juzgado lo más pronto posible. El juez o magistrado tomará una decisión al respecto que usted deberá acatar.

7.-En algunos casos, y así lo indica la propia Constitución en su artículo 24, bien por razón de parentesco con el implicado o bien por el deber de secreto de su profesión, algunas personas no están obligadas a declarar. No obstante, sí están obligadas a acudir al Juzgado o Tribunal y le corresponde al juez o magistrado dispensarlos de prestar declaración o de no contestar a determinadas preguntas que pueden comprometer a su pariente o el deber de secreto profesional.

8.- Si tiene dificultadas para entender el idioma en el que se desenvuelva el juicio o el interrogatorio, comuníquelo con la mayor brevedad posible al Juzgado con el fin de que pueda asistirlo un intérprete en su declaración.

9.- Tenga en cuenta que si usted no acude al Juzgado o al Tribunal  se podría suspender el juicio o la declaración señalada para esa día y fijarse una nueva fecha para su celebración, a la que le volverían a convocar.

10.- Además, si injustificadamente no acude al llamamiento del juzgado o tribunal se le puede imponer una multa y, si persiste en su negativa, puede incurrir en el delito de denegación de auxilio a la Justicia y en el de desobediencia grave a la autoridad.

 

PASOS QUE CONVIENE SEGUIR AL ACUDIR AL JUZGADO

1.- Lea con atención la citación y si tiene alguna duda llame por teléfono al juzgado o tribunal para que se la aclaren.

2.-Acuda con suficiente antelación al juzgado o tribunal provisto de su DNI y de la propia citación.

3.-Entrega la citación en la secretaría del juzgado o tribunal para que sepan que llegó.

4.- Esté atento, ya que lo llamarán de viva voz por su nombre para entrar en la sala de juicios o en la dependencia donde tenga que prestar declaración.

5.- Si fue citado para testificar en un juicio, no puede entrar en la sala de audiencias hasta que sea llamado de manera expresa.

6.-Evite entrar en relación con otras personas citadas para el mismo asunto, con el fin de evitar que su testimonio se desvirtúe con datos o valoraciones de otros intervinientes. En el propio juzgado o tribunal le indicarán el lugar donde tiene que esperar hasta que llegue el momento de entrar en la sala de juicios o en la dependencia donde tenga que declarar.

7.-Tenga en cuenta que el comienzo del juicio o acto de declaración para el que fue citado puede atrasarse, ya que suele haber otro señalamientos y es muy “difícil” calcular el tiempo que se invierte en cada uno.

8. El juicio o acto de declaración para el que fue citado también puede tardar tiempo en celebrarse, incluso es posible que sea preciso continuarlo al día siguiente o en otra fecha.

 

LA DECLARACIÓN EN EL JUZGADO ANTES DEL JUICIO.

En algunos supuestos el juez encargado de la investigación de un delito puede acordar que se preste declaración como testigo ante el juzgado con carácter previo a la celebración el juicio con  el fin de determinar con mayor precisión el hecho investigado y las circunstancias en al que ocurrió.

En tal caso, si comparecencia tendrá lugar en la sede del juzgado ante el juez y no en la sala de juicios.

Su declaración se practicará en forma separada respecto de otros testigos o personas implicadas en el proceso y tendrá carácter secreto, estando obligados a guardarlo todos cuantos asistan al acto.

A declaración comenzará expresando el testigo sus circunstancias de identidad y las relaciones o vínculos que lo unan con los demás intervinientes en el proceso. A continuación, y sin interrupción, efectuará su propio relato sobre los hechos aclarando por petición del juez, las dudas, contradicciones o inseguridades que se adviertan en su versión. Después se le formularán las preguntas que el juez considere oportunas sobre tales hechos.

Su declaración se recogerá por escrito en un documento que el testigo tiene derecho a leer antes de firmarlo.

LA DECLARACIÓN EN JUICIO.

EL TRIBUNAL

Cuando lo llamen por su nombre, deberá entrar en la sala y colocarse en el lugar que le indique el funcionario judicial.

Frente a usted, en un lugar más elevado, denominado estrado, estará el juez o los varios componentes del órgano judicial.

Si se trata de un Juzgado, en el estrado se encontrará únicamente con un juez asistido por el secretario judicial.

Si, por la contra, se trata de un tribunal, como es por ejemplo, la Audiencia Provincial, actúan normalmente 3 magistrados, uno de los cuales desempeña la labor de presidente. Junto con los magistrados, se encontrará el secretario judicial.

A la derecha del juez o tribunal, se encuentra el fiscal y los abogados de la acusación si la hubiera.

A la izquierda del juez o tribunal se encontrará el abogado o los abogados defensores del inculpado o de los inculpados..

En los casos en que se trate de un juicio con jurado, estarán presentes el presidente del tribunal y nueve jurados, además del fiscal y de los abogados.

EL ACTO DE LA DECLARACIÓN

1.-Le pedirán sus datos personales

2.-Será interrogado sobre si tiene interés en la causa, si lo une alguna relación de parentesco o de amistad o de cualquier otra clase con alguna de las partes. Posteriormente se le formularán preguntas sobre los hechos objeto del juicio, el fiscal y los abogados que participen en el acto, así como, si es el caso, el propio juez o magistrado que presida el Tribunal.

3.-Se le advertirá de que deberá decir la verdad sobre los hechos por los que sea interrogado. Tenga en cuenta que el falso testimonio es un delito.

4.- Deberá contestar a las preguntas de viva voz. No está permitido leer contestaciones por escrito, aunque sí que podrá consultar notas sobre datos de difícil memorización.

5.- El juez o magistrado velará porque no se le formulen preguntas poco claras, innecesarias por referirse a cuestiones ajenas con el objeto del proceso o que estén orientadas a que declare en un determinado sentido.

6.- No puede negarse a declarar y de hacerlo será sancionado con una multa. Si persiste en su negativa podrá incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad.

7.- Si no entiende o no habla el idioma en el que se le hacen las preguntas comuníquelo inmediatamente. En tal caso, se nombrará un intérprete para que lo asista en la declaración.

8.- Si fuese necesario que declare en otra ocasión el juez o magistrado lo advertirá de que deberá que dar a disposición del juzgado o tribunal y que deberá comunicar cualquier cambio de domicilio.

9.-Finalmente, debe firmar en el acta.

ABONO DE LOS GASTOS CAUSADOS

Tiene usted derecho al abono de los gastos que le ocasiones el desplazamiento al juzgado o tribunal y el importe del sueldo perdido. Conserve o solicite los justificantes necesarios.

En la secretaría del órgano judicial o en las oficinas de atención al ciudadano lo informarán sobre los trámites que debe seguir y le facilitarán un impreso o le indicarán donde puede obtenerlo.

En el citado impreso, dirigido ala Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia u órgano similar de la correspondiente comunidad autónoma, deberá indicar sus datos personales y los de la entidad bancaria en la que desea que se le ingrese el importe que reclama y tendrá que adjuntar los justificantes de los gastos por desplazamiento.

Respecto de los demás gastos (estancia en hotel, comidas, sueldo sin pagar, etc.) haga constar su existencia en la secretaría del juzgado o tribunal, con el fin de que se indiquen como gastos del procedimiento y se incluyan en la tasación de costas como un concepto más, y su pago se le impondrá, de ser el caso, a quien resulte condenado a su pago.

PROTECCIÓN DE LOS TESTIGOS.

En ciertos casos excepcionales, cuando el juez aprecie que por motivo de su declaración el testigo o sus familiares más próximos pueden correr un peligro grave, está facultado para adoptar medidas de protección de tal persona, de sus familiares o de sus bienes. Si usted considera que, por cualquier circunstancia, su intervención como testigo puede traerle un riesgo grave, póngalo en conocimiento del juzgado o tribunal inmediatamente.

Estas medidas de protección pueden consistir en asegurarse de que no figures en las diligencia el nombre, los apellidos, el domicilio o lugar de trabajo y  la profesión del testigo protegido, ni cualquier otro dato que permita su identificación. En ese caso, se le designará una clave. También pueden adoptarse medidas que impidan su identificación visual.

Publicado 14 noviembre 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Penal, Procesal

LA NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 23 de la LOPJ Y SU ENGARCE CON EL ARTÍCULO 131 del CÓDIGO PENAL, TRAS LAS REFORMAS OPERADAS EN 2009 y 2010.

A todos nosotros, como operadores jurídicos, no nos pueden resultar ajenas las recientes reformas legislativas que en escasos meses han venido modificando tres cuerpos normativos vitales para todo penalista, a saber: el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ha venido a ser parcialmente modificada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio; y que fue publicada el pasado día 23 de junio de 2010, en el BOE número 152. La Disposición Final 7ª de la Ley establece un periodo de vacatio legis de seis meses a contar desde su publicación, por lo que la misma no entrará en vigor y surtirá efecto hasta la víspera de esta próxima Nochebuena.

Por otro lado, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ha quedado redactada conforme a los términos contenidos en la vigente Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y que se publicó el 4 de noviembre de 2009, en el BOE número 266.

Un comentario exhaustivo de las reformas introducidas por las presentes Leyes, conllevaría un análisis pormenorizado de cada uno de sus preceptos, sin pretender ser tan ambiciosa la intención de este breve artículo. Es de destacar, la novedosa inclusión en el Código Penal de tipos penales que obedecen a formas de delincuencia preexistentes y que carecían de tipificación, como por ejemplo: la trata de seres humanos, ubicada en el nuevo Título VII bis, del Libro II, los abusos y agresiones sexuales a menores de trece años, contempladas en el Capítulo  II bis, Título VIII, del Libro II, y la piratería, inserta en el Capítulo  V, Título XXIV, del Libro II.

Por ello, y sin perjuicio de que hagamos unas consideraciones previas que nos ayuden a aterrizar someramente en el contexto socio-político en el que se enmarcan las citadas reformas, nos centraremos únicamente en el análisis de la nueva redacción del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y su engarce con el artículo 131 del Código Penal.

El legislador español, abogando por un paralelo avance en materia de libertad y de seguridad, y queriendo dar cabida a las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España, (especialmente en el ámbito de la armonización jurídica europea), ha llevado a cabo mediante las meritadas reformas estas adaptaciones que pasan a quedar incorporadas en el panorama legislativo español.

Con motivo del Debate del estado de la Nación de 2009, se realizó un cambio en el tratamiento de lo que ha venido en llamarse la «jurisdicción universal», a través de la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para, de un lado, incorporar tipos de delitos que no estaban incluidos y cuya persecución venía amparada en los convenios y costumbre del Derecho Internacional, como son los de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero de otro lado, a nuestro juicio, la reforma ha permitido adaptar y clarificar el precepto de acuerdo con el principio de subsidiariedad y la doctrina emanada del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, define la extensión y límites de la jurisdicción penal española, conociendo los jueces y tribunales españoles de los conflictos penales bajo los siguientes principios: territorialidad, personalidad, real o de protección, justicia mundial o universalidad.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial viene a incidir en el principio de universalidad. Sin perjuicio de lo manifestado, tradicionalmente, los Juzgados Centrales de Instrucción y la Audiencia Nacional han conocido de la instrucción y el enjuiciamiento, respectivamente, de las causas por terrorismo por varios motivos como los que enumeramos a continuación: por el mandato imperativo de la Ley, por la innata complejidad del tipo penal, por la necesidad de preservar la libertad, independencia y seguridad del juzgador en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, para garantizar la aplicación de la justicia, etc, …               A pesar de todo ello, y de que en la actualidad muchas de estas razones/justificaciones no tengan tanta razón de ser como en tiempos anteriores, -tal y como han apuntado recientemente algunos dirigentes políticos o un miembro de la vocalía del CGPJ-, la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, que ha modificado en una perspectiva interesante y sumamente criticable el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no ha suprimido la letra b) del apartado 4, por lo que llegar a pensar,- como algunos hacen-, en la erradicación de los Juzgados Centrales de Instrucción y la Audiencia Nacional, cediéndose así estas competencias a órganos (Juzgados de Instrucción y Audiencias Provinciales) ubicados en País Vasco, continúa siendo una mera quimera y especulación.

De otro lado, y como consecuencia de la reforma del Código Penal, se añade un párrafo cuarto al apartado 4 del artículo 131 del Código Penal, que reza así: “Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona”. De esta manera, el delito de terrorismo, por primera vez, se erige junto con los delitos de lesa humanidad, los de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, como delitos imprescriptibles.

El fundamento de la institución de la prescripción se halla vinculado en gran medida a la falta de necesidad de aplicación de la pena tras el trascurso de cierto tiempo. La reforma se fundamenta en este punto en que tal premisa no puede cumplirse frente a conductas delictivas que presentan las características de los tipos mencionados.

La imprescriptibilidad del delito de terrorismo, -más allá de pretensiones de ciertos grupo minoritarios que con esta reforma pretendían que la comisión del mismo fuese penada con cadena perpetua o incluso pena de muerte-, supone desde luego todo un avance en la persecución de esta lacra que viene acompañando a nuestro país desde decenios. Este adelanto, propiciado por la demanda de una sociedad cada vez más concienciada contra la lucha del terrorismo y sus formas, habría alcanzado plena efectividad desde nuestro punto de vista, si el carácter imprescriptible del terrorismo se hubiese hecho extensible no sólo cuando se causare la muerte de una persona sino también para otros supuestos de ejecución imperfecta; esto es, tentativa y tentativa frustrada de muerte.

En definitiva, las reformas aprobadas por las Cortes Generales en menos de un año son tan o más ambiciosas que las anteriores. Sin embargo, el legislador no debe de olvidar que lo que la sociedad pide no es que se legisle al son de las nuevas melodías, sino con criterio, mucho sentido común y prudente acierto.

(Por Victor Manuel Carvajal en LEGAL TODAY.)

 

Publicado 27 julio 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Penal, Procesal

JUICIOS RÁPIDOS.

Introducción

La experiencia cotidiana de muchos Juzgados de Instrucción demuestra que un amplio número de conductas aparentemente delictivas es susceptible de una investigación relativamente sencilla. Con este objetivo surgen los juicios rápidos que pretenden lograr una celeridad en los procesos.

Qué son

Los juicios rápidos y juicios inmediatos de faltas regulados en la Ley 38/2002 y la Ley Orgánica 8/2002, ambas de 24 de octubre, son procesos de corta duración que tienen como objetivo evitar demoras en la tramitación de asuntos por infracciones penales de menor gravedad, ofreciendo una protección más directa y ágil a las víctimas

Tipos

En el caso de tratarse de delitos, existe un proceso especial para el enjuiciamiento rápido de los mismos, que en ciertos casos permite su enjuiciamiento inmediato. Asimismo y con respecto a las faltas se crea el procedimiento para el enjuiciamiento inmediato de determinadas faltas (hurtos flagrantes, lesiones, amenazas, coacciones, injurias o vejaciones injustas de carácter leve entre personas con relaciones de parentesco o análogas).

Características

1.- Estos nuevos procedimientos se basan en la concentración de actuaciones ante el Juzgado de Guardia, de manera que en un corto periodo de tiempo las faltas deben ser enjuiciadas y los delitos han de quedar íntegramente instruidos y preparados para el juicio, que tendrá lugar dentro de un plazo máximo de quince días.

2.- Aceleración, no solo de la investigación y enjuiciamiento de los delitos, sino también el enjuiciamiento inmediato de las faltas. En aquellos casos en que se aplican estos procedimientos, la Policía Judicial y la Administración de Justicia deben llevar a cabo actuaciones rápidas en la investigación, reuniendo todas las pruebas necesarias para que el delito o la falta se puedan enjuiciar con celeridad, y asegurando a la vez que el denunciado en todo momento conozca sus derechos, esté asistido legalmente, y en definitiva, pueda desarrollar una completa defensa.

3.- Se trata de una nueva forma de actuar de la Policía Judicial y la Administración de Justicia, de aplicación en todos los Juzgados de España, donde destaca el reforzamiento de las actuaciones de la Policía Judicial.

4.- Fortalecimiento de la protección y defensa de las víctimas con información obligatoria y más exhaustiva de sus derechos.

Ámbito de aplicación

A continuación vamos a ver el ámbito de aplicación de los juicios rápidos para determinados delitos (1) y de los juicios inmediatos de faltas (2) :

1.- Enjuiciamiento rápido de determinados delitos

Cuándo se aplica:
Sólo se conocerán por el trámite de los juicios rápidos, los procesos penales relativos a delitos que se incoen en las siguientes condiciones:

Que se trate de delitos castigados con pena privativa de libertad que no excedan de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía.
Que el proceso se inicie por atestado policial en el que el denunciado esté identificado y detenido (para su puesta a disposición del Juzgado) o haya podido estar citado ante el Juzgado de Guardia, y, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:
1. Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.
2. Que se trate de alguno de los siguientes delitos tipificados en el Código Penal:
Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las siguientes personas: quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.
Delitos de hurto.
Delitos de robo.
Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.
Delitos contra la seguridad del tráfico.
Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.
Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal.
Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.
3. Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla.

Cuándo no se aplica:
A la investigación y enjuiciamiento de aquellos delitos que fueran conexos con otro u otros delitos no enumerados anteriormente.
En aquellos casos que sea procedente acordar el secreto de las actuaciones.

2.- Enjuiciamiento inmediato de faltas
Cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de falta de:

Lesiones no constitutitas de delito y supuestos en que se golpee o maltrate de obra a otro sin causarle lesión. (Art. 617 C.P.)
Amenazas, coacciones, injurias o vejaciones injustas de carácter leve (Art. 620 C.P.), siempre y cuando el ofendido sea alguna de las siguientes personas: sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.
Hurto, cuando sea flagrante, cuyo enjuiciamiento corresponda al Juzgado de Instrucción al que se debe entregar el atestado o a otro del mismo partido judicial. (Art. 623.1 C.P.)
Estos hechos también se podrán denunciar directamente ante el Juzgado de Guardia, el cual valorará si se dan las circunstancias para la celebración inmediata de juicio rápido de faltas.

 

Publicado 1 febrero 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Penal, Procesal

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