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DESCUBRE CÓMO TE ESTÁ ENGAÑANDO TU COMPAÑÍA DE SEGUROS (daños materiales en accidentes de circulación)

¿Has tenido un accidente con tu vehículo? Seguro que te están engañando

Si dedicas unos minutos a la lectura de este post te podrás librar del clásico engaño que se ha hecho crónico (al menos quitarte la sensación de que no sabes qué esta pasando).

No se trata de la famosa “letra pequeña” que se encontraba en todas las pólizas donde se excluían los daños a indemnizar ya que las condiciones para la cobertura del seguro raramente se podían cumplir, o como las condiciones que publicitaba un anuncio en la TV en referencia a su competencia al mofarse que en la “letra pequeña” incluía los daños por nevadas en el sur de España y los excluía en el norte. No se trata de daños que raramente las compañías tienen que cubrir porque casi nunca se producen, se trata de daños que suceden todos los días, a cientos o miles en toda España.

Los siniestros de los daños ocasionados a terceros en los accidentes entre vehículos, en lugar de cubrir los daños, se sacan de la manga un engaño hábilmente preparado para convencer a la victima. Estos individuos para hacer entrar por el aro a quien es víctima de sufrir unos desperfectos en su vehículo, ocasionados por un tercero, se apoyan en una inventada la legislación vigente que les permite irse de rositas.

Esto explicado así tendría que ser delito pero la materia prima de esas compañías aseguradoras es su servicio jurídico, quien redacta las pólizas y se saca de encima a quien proteste. La otra  los actuarios  además aplican modelos estadísticos y matemáticos para averiguar el riesgo que se produzca un evento con tal de asignar una prima a la póliza y que además la compañía aseguradora obtenga un beneficio. En definitiva, se trata de cobrar las pólizas, a los clientes, y escaquearse en el pago de las coberturas cuando se produce un siniestro (y no hablamos sólo de la compañía contraria, hablamos de tu propia compañía, que va a ganar dinero con tu siniestro)

Podemos describir un caso concreto como los que se producen a cientos cada día ( en este caso real, sucedido en Lugo) .

Por ejemplo tú mismo, tienes un coche que te es necesario para ir a trabajar, tu seguro es a terceros pero para no divagar sería mejor ir a la web de UNESPA la Asociación Empresarial del Seguro a ver que nos dice respecto al seguro del automóvil.

Dice así:¿Qué cubre mi seguro del coche? Todo propietario de un vehículo a motor está obligado a contratar y mantener en vigor una póliza de seguro que cubra la Responsabilidad Civil del conductor que se derive de los daños, tanto personales como materiales, ocasionados a terceras personas como consecuencia de un hecho de la circulación.

Seguro Obligatorio (SOA). Este seguro cubre la responsabilidad civil del conductor frente a terceros, pero no los daños personales ni materiales que el conductor o su coche sufran cuando el conductor sea culpable de ese accidente. Parece que queda claro, lo que llamamos seguro a terceros cubre los daños que le puedas ocasionar a otro y no cubre los propios.

Ahora resulta que un coche colisiona con el tuyo haciendo una rotonda (en España el 80% de la gente no sabe hacer una rotonda, dejo imagen adjunta para tomar nota) porque el vehículo contrario pretende abandonar la rotonda por tu carril, sin cederte el paso, tú que circulas por el carril exterior y tu intención es seguir girando por la rotonda para abandonarla en otra salida de la misma; la cuestión es que el contrario es culpable del accidente. No queda más remedio que hacer el parte del accidente, Y SI TIENES LA SUERTE DE QUE EL CONTRARIO TENGA UNA PÓLIZA EN VIGOR él lo remite a su compañía y tú a la tuya. Tu compañía aseguradora te solicita a qué taller lo vas a llevar a reparar para enviar al perito para evaluar el siniestro.  (en el caso real planteado la compañía tardó 2 meses en hacer esto, mientras tanto el coche en el taller esperando, porque en principio el vehículo contrario no tenía una póliza en vigor y su compañía le reaseguró el vehículo así como por arte de magia, supongo que bajo amenaza porque el conductor del vehículo contrario era administrador solidario de un CONCESIONARIO DE COCHES de coches de Lugo, como en principio no tenía seguro SU ASEGURADORA comenzó rechazando el siniestro y ahí se lió todo)

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Y dejo un consejo: por favor, aprendamos a circular bien por una rotonda

Es a partir de aquí donde empieza el engaño.

Cuando el perito aparece por el taller para evaluar los daños tu entiendes, como cualquiera, que este individuo se presenta para que objetivamente fije un precio de la reparación que deberá pagar la compañía de nuestro contrario que nos ha dado el golpe. Con la peritación se asegura que el taller no le cobre de más y que se atenga al daño ocasionado por la colisión. ¿Parece que queda claro? Pues no, el perito, por llamarlo de alguna manera, es el cómplice necesario y tan solo acude a hacer el paripé perfectamente orquestado para que ninguna compañía pierda un euro.

Veamos el papelón del cómplice: se limita a tomar nota del valor venal que es el valor que aparece en una lista que utiliza el gremio de compra venta de coches usados y que no tiene ningún rigor nada más el que le quieran dar como indicativo y sin ningún valor legal.

A continuación tu compañía te llamara por teléfono y te informará que el perito ha declarado tu vehículo como “siniestro total” por lo que los daños a cubrir se limitan al valor venal y tú ya de entrada te sientes confuso porque no sabes qué es eso, si lo sabes y protestas te dirán que eso es lo que dice la Ley y que no tienes nada que reclamar. (brillante cuando se lo dicen a alguien que no entiende de Leyes)

Lo presentan como “lo tomas o lo dejas” y de poco les sirve que digas que los desperfectos no son de tal magnitud como para que se les declare como un vehículo irrecuperable, que el valor venal, después de comprobar en Internet casas de compraventa de vehículos de segunda mano, no hay ninguno por ese precio, que ese precio es en el caso de que lo quiera vender que no es el caso. Así, con estos argumentos, puedes gastar un cubo de saliva y estos personajes con la lección bien aprendida no se mueven que es la Ley que así lo dice.

Esperan que te canses para salirse con la suya, saben que tu necesitas el coche y acabarás aceptando el cheque con el importe del valor venal, porque estás desesperado.

restitutio in integrum: volver a poner las cosas en su estado anterior

Antes de tomar una decisión es necesario hacer un diagnóstico. Veamos lo que estos individuos de tu compañía se llevan entremanos:  actúan en evidente perjuicio a sus clientes que les han pagado una prima para que actúen frente a la compañía contraria y les resarzan de los daños que ha provocado un tercero.

Tú, que no eres de aquellos que se chupa el dedo, decides plantarles cara y para empezar les solicitas por escrito, por correo electrónico también es válido, que te especifiquen, asimismo por escrito, a que Ley se refieren ya que no la citan en ningún momento.

Recibirás una información para confundirte sobre la base jurídica en la que se apoyan, que irá por este estilo: La Ley a la que se refieren es el Código Civil, concretamente el artículo 1902, que según ellos dice así: “El que por acción u omisión causa daño a otro, causado.” (jajaja)

Pero si vas al artículo 1902 dice algo más: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. “

Omiten lo más importante, que están obligados a reparar el daño y no salirse de rositas indemnizando con un importe que corresponde con el valor venal que se sacan de la manga. No acaba aquí la cosa te soltarán un rollo que va de este palo No obstante informarle que frente al principio de “restitutio in integrum” la jurisprudencia  asentada establece que el resarcimiento de los perjuicios causados  debe ser justo y que éste  no produzca  enriquecimiento al perjudicado  y que no resulte desproporcionado para el responsable. Es por ello que el juez tiene la capacidad para moderarlas”. (quien dijo que el juez les va a dar la razón siempre a ellos? parece que por el hecho de decir “un juez tiene que moderarlos” ya has perdido el juicio, pero de eso nada.)

Encima de que te están robando ya que la indemnización (la del valor venal) no cubre el coste de reparar el vehículo te hablarán de que te estas enriqueciendo. (recordar que tú eres el perjudicado y no el responsable del accidente en este momento se está convirtiendo en algo realmente difícil)

Lo primero que hay que hacer es solicitar al taller, donde esta el coche esperando ser reparado, un presupuesto del arreglo.

Para movernos con claridad será mejor aportar unas cifras que nos servirán de ejemplo. Observarás que tu compañía que te asegura los daños a terceros y te tramita el resarcimiento de los daños que te han producido en ningún momento ha dejado por escrito el resultado del informe del perito tasador (no te canses a la hora de pedirlo, no te lo van a enviar JAMAS), sólo te ha informado verbalmente que el valor venal era de 2.200€ y el coste de la reparación se tasaba en 3.800€ (te recuerdo que es un ejemplo, en este caso real) e incluso cuando lo solicitaste no se te proporcionaron.

Para complementar los números falta añadir el importe del presupuesto que te ha facilitado el taller por la reparación del vehículo: 3.300 €. (Tras preguntar en el concesionario oficial del vehículo de este ejemplo nos confirmaron que el valor venal del vehículo según el GANVAM (Valoración de la asociación nacional de vendedores de vehículos a motor) es de 3.580 € pero el perito decidió por su cuenta tasar el vehículo en una fecha dos meses posterior al del siniestro ( en contra del artículo 26 de la ley de contrato de seguro que habla de que la valoración ha de ser la anterior al siniestro) cuando ya había cambiado el trimestre y cambiado el año y había descendido el valor del vehículo más de un 20%.

Aquí llegamos al magma del engaño, es su “propio” perito el que determina el coste de la reparación falseando la realidad. ¿Por qué hincha el coste la reparación? El perito facilita un coste sustancialmente más elevado del proporcionado por el taller a tu petición. ¿Su función no era la de determinar el importe de la factura del taller? ¿Hay alguna razón en este proceder? El paripé y el engaño quedan al descubierto, lo que se pretende, por los importes facilitados por el cómplice necesario, el domesticado perito es adaptarse a la Sentencia del Tribunal Supremo del 3 de marzo de 1978 y 9 de julio de 1957 cuando habla que la diferencia entre el valor venal y coste de la reparación NO supere el 100%, la indemnización será el de la reparación del vehículo.

Todo cuadra, en tu caso particular el valor venal que se le da es de 2.200€ entonces el coste de la reparación ya no tiene que ver con los desperfectos del vehículo sino los que “su perito” se saca de la manga con tal que supere el 100%, es decir 3.900€ (supera en  el 100%) y por arte de magia se puede declarar siniestro total y en lugar de cubrir los desperfectos según reza el artículo 1902 del Código Civil, antes citado, se escaquean de pagar los daños poniendo de por medio la Ley.

La causa de que hagan esto es que entre ambas compañías han un suscrito un convenio por el que la compañía culpable paga sólo 800€ y el resto lo paga TU COMPAÑÍA, en este caso que ponemos como ejemplo esta compañía evidentemente no quiere pagar ese exceso, pretende ahorrarse 1.300€ dando el coche por siniestro y diciéndote que es la compañía contraria la que te ofrece la indemnización cuando la compañía contraria ya ni se acuerda del siniestro puesto que ha pagado esos 800€ a tú compañía. (entre ellas funciona perfectamente el HOY POR TI MAÑANA POR MI)

Con lo cual estás vendido desde el principio, nadie te va a ayudar, nadie excepto el abogado que contrates para demandar a la compañía responsable (la contraria, PARECE QUE TU COMPAÑÍA QUE ES LA QUE TE ESTÁ MACHACANDO SE VA A LIBRAR DE TODAS TODAS).

Si por cada accidente, sin importancia, se ahorran mil euros les sale a cuenta montar este tinglado por la vía de la estafa. Cuesta comprender que siendo tu compañía que te cobran una prima por ejercer su labor te engañen con información falsa en tu perjuicio y a favor de la compañía contraria al aplicarte el siniestro total cuando no lo es. Nunca te darán nada por escrito aunque te prometan que te enviarán un mail con la valoración o un burofax con la propuesta de la compañía contraria (mentira, la compañía contraria ya no sabe nada del asunto)

¿Qué hacer?

Por más veces que hables con tu compañía de seguros nunca te dejes convencer, van a dejar que pase el tiempo diciéndote que van a negociar tal o cual cosa para que, mientras tanto tu vehículo esté en el taller parado y tu moral minada para que, desesperado/a, aceptes la ridícula indemnización.

Consulta inmediatamente a un abogado las opciones que tienes.

Todos los abogados de accidentes de tráfico privados sabemos que a las aseguradoras les cuesta pagar las indemnizaciones: diríamos finamente que es parte de su trabajo cobrar lo máximo (dentro de los vaivenes del mercado) por las primas de seguro y pagar lo mínimo por los siniestros. Por lo tanto, cuando en en este despacho iniciamos una reclamación sabemos que la compañía de seguros no nos lo va a poner fácil y que tendremos que pelear hasta el último euro de nuestros clientes. En la mayoría de casos, tras interponer la oportuna demanda, conseguimos que la aseguradora ceda y pague la indemnización correspondiente.

 

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Publicado 16 febrero 2016 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Civil, Tráfico

EL GOBIERNO ENDURECE EL CÓDIGO PENAL Y AMPLÍA LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE (El País.com)

Justicia propone ahora aplicar la pena a delitos de “asesinato agravado”.

VERA GUTIÉRREZ CALVO Madrid 14 SEP 2012 .

El Código Penal español, uno de los más severos de Europa —con penas de hasta 40 años para los delitos más graves— se ha ido endureciendo en las últimas dos décadas por las reformas sucesivas de los Gobiernos del PP y el PSOE, que siempre han ido en la misma dirección: penas más altas. Ayer, Alberto Ruiz-Gallardón dio otro giro de tuerca: su proyecto de reforma del Código Penal no agrava por lo general las penas, pero crea dos figuras nuevas —la prisión permanente revisable (que además se aplicará a más casos de los que él dijo en un principio) y la custodia de seguridad—, amplía el alcance de otra —la libertad vigilada post-pena— y exprime el alcance de otras cuantas.

El resultado es —una vez más, un paso más— el Código Penal más duro de la democracia, en uno de los países con mayor tasa de población reclusa de Europa, según datos de Instituciones Penitenciarias. Ruiz-Gallardón, que presentó el informe con las líneas maestras de ese proyecto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, apeló en dos ocasiones a casos que “han ocurrido en España” y que “en la mente de todos están”; lo hizo al explicar la pena de prisión permanente revisable para asesinatos sumados a agresión sexual y al anunciar que la detención ilegal con desaparición de la víctima será equiparada al homicidio. Negó, sin embargo, que la ley tenga un barniz populista o pretenda dar respuesta a casos recientes de gran impacto social, como el asesinato de Marta del Castillo o la desaparición de los niños José y Ruth Bretón Ortiz. También lo desvinculó de la polémica por la excarcelación del etarra enfermo Iosu Uribetxeberria Bolinaga. “Llevamos meses trabajando en este proyecto”, argumentó.

El texto articulado del nuevo Código Penal aún debe ser cerrado por Justicia, y entonces pasará al Congreso. En cualquier caso, no se aplicará a delitos cometidos antes de su aprobación. Estas son algunas de las novedades anunciadas por el ministro.

» Prisión permanente revisable. Es una pena similar a la cadena perpetua, con la diferencia de que, si el preso demuestra estar reinsertado, puede ser excarcelado a partir de un cierto momento. Ese momento aún está por decidir, pero el plazo mínimo de permanencia en prisión (antes del cual no se podrá revisar la condena) estará “entre los 25 y los 35 años”, dependiendo del tipo de delito y de si es uno o varios cometidos conjuntamente.

El PP, en campaña electoral, apuntó a que esa nueva pena se aplicaría a delitos terroristas y sexuales; después, Ruiz-Gallardón rectificó y anunció en mayo que únicamente iría dirigida a delitos de terrorismo. Ahora ha cambiado de parecer: la prisión permanente revisable será aplicable a homicidios terroristas, magnicidio, genocidio, delitos de lesa humanidad y también a los casos de “asesinato agravado”; en este último supuesto entran los asesinatos de menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables (por razón de discapacidad o de edad), los asesinatos múltiples, los cometidos por organizaciones criminales y los que sean “subsiguientes a un delito contra la libertad sexual”.

En esos casos, el tribunal sentenciador tendrá que aplicar imperativamente la pena de prisión permanente revisable, no otra. Según el tipo de delito, se fijará un plazo mínimo y a partir de ahí se revisará la condena “de oficio, cada dos años”, o a petición del reo cada año. ¿Quién decidirá si el preso está rehabilitado? Ruiz-Gallardón dijo que “el tribunal sentenciador”; fuentes de Justicia matizaron que está en estudio aunque en todo caso será un tribunal colegiado, no el juez de Vigilancia Penitenciaria. Pero también explicaron que, a partir de cierto momento (otro plazo que hay que fijar), el reo podría acogerse al tercer grado penitenciario y a los permisos consecuentes, así que por ahora es imposible saber cuál sería el tiempo mínimo de cumplimiento efectivo en prisión.

Si el reo no se rehabilita y por tanto su condena no es revisada, estaría toda la vida en prisión, como en una cadena perpetua. Si se le revisa la condena, saldría durante un tiempo en prisión condicional, hasta comprobar que está totalmente reinsertado (para esa libertad condicional tampoco se ha fijado plazo ni condiciones aún), y después ya quedaría definitivamente en libertad. Fuentes de Justicia subrayaron que “casi todos los países europeos” tienen en sus legislaciones la pena de prisión permanente revisable.

» Custodia de seguridad. Es una medida de seguridad, no una pena, pero en la práctica significa añadir hasta 10 años más de prisión (o de internamiento en algún tipo de centro) a un preso que haya cumplido ya su condena. Se aplicará cuando el tribunal sentenciador (la medida debe establecerla en el momento de dictar sentencia, no a posteriori) crea que hay “especial peligrosidad”. Y podrá revocarse en cualquier momento si desaparece esa peligrosidad. Se aplicará a delitos “de especial gravedad”: asesinatos, homicidios, secuestros, agresiones sexuales, delitos con violencia, terrorismo o tráfico de drogas.

A diferencia de la prisión permanente revisable (que será obligatoria en los delitos para los que está pensada), esta medida será discrecional: el tribunal podrá dictarla o no. Fuentes de Justicia explican que habrá dos supuestos: para los delitos más graves, la custodia de seguridad podrá dictarse en la primera condena; para el resto habrá que esperar a que el delincuente reincida para aplicarle esa medida —si el juez quiere— en la segunda condena.

» Libertad vigilada. Esta medida ya se incluyó en el Código Penal aprobado por el Gobierno socialista en 2010, para delitos sexuales y de terrorismo. Ahora se amplía a otros delitos, como los patrimoniales, robos o delitos violentos (por ejemplo con resultado de lesiones). Consiste en que el preso, una vez cumplida su condena en prisión y puesto en libertad, debe someterse a control o vigilancia judicial (con distintos mecanismos, como la obligación de presentarse en el juzgado o la colocación de dispositivos electrónicos) durante un plazo de 10 años. Debe imponerse también en el momento de dictar la sentencia, y puede ser revisada y retirada.

Tanto la custodia de seguridad como la libertad vigilada son medidas “basadas en pronósticos [de peligrosidad], no en hechos”, admiten desde el ministerio. “Pero el pronóstico se hace sobre una situación objetiva previa”, añaden.

» Detención ilegal con desaparición de la víctima. La pena por este delito (ahora, diez años) será equiparada a la de homicidio (de 10 a 15) cuando el autor no diga qué ha hecho con la víctima, pudiendo llegar “hasta a 20 años si las víctimas son menores de 16 años o la detención está relacionada con una agresión sexual”, precisaron fuentes de Justicia.

» Libertad condicional. Si un preso recibe la libertad condicional y, ya en la calle, vuelve a cometer un delito, al regresar a prisión tendrá que cumplir todo lo que le quedaba de pena cuando salió en libertad condicional; con el Código actual, el tiempo que ha pasado fuera de la cárcel se le descuenta de la pena. Por otra parte, los condenados por primera vez a penas de hasta tres años y que muestren una conducta irreprochable tendrán más fácil acceder a la libertad condicional: podrán hacerlo a mitad de condena, frente a los dos tercios actuales.

» Delito continuado. Desaparece esta figura para los casos de delitos sexuales, lo que hará “que vean incrementada la pena”.

» Incendios forestales. Se endurecen las penas: hasta seis años de cárcel (en lugar de cinco años) en casos muy graves, y hasta nueve años si el incendio afecta a espacios naturales protegidos.

» Hurtos y faltas. Los “hurtos sistemáticos”, como los cometidos por carteristas, que ahora son faltas, implicarán prisión de hasta tres años si se cometen con “profesionalidad”. Por otro lado, el ministerio hará una “limpia” para convertir algunas faltas en sanción administrativa y otras en delitos (sin aumentar la pena).

» Delitos económicos. Habrá una nueva regulación de la malversación y una persecución “más eficaz” del fraude y la ocultación de bienes en procesos de quiebras societarias.

LEA LA REFERENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Publicado 17 septiembre 2012 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Penal, Procesal

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NUEVA REGULACIÓN DEL ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

El Ministerio de Justicia acaba de dar a conocer el contenido de los Anteproyectos que reformarán la regulación del arbitraje y la mediación en España, con el fin de potenciar estos métodos extrajudiciales de resolución de conflictos para evitar, con ello, el colapso de juzgados y tribunales.

Tras más de un mes desde su aprobación en Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia publicó hace unos días en su página web el Anteproyecto de Ley de Mediación y el de reforma de la Ley de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje institucional en la Administración General del Estado para iniciar la fase de consulta pública. Un tercer texto complementario modifica, además, la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar la competencia de los juzgados y tribunales en estas materias.

La reforma de la ley.

La reforma planteada en la regulación del arbitraje modifica esta herramienta extrajudicial de resolución de conflictos para potenciarla y convertirla en una solución alternativa cuasijurisdiccional. El principal objetivo es fortalecer la institución con mejoras que añaden seguridad jurídica.

Para mejorar la eficacia, una de las medidas tomadas por Justicia ha sido restringir el arbitraje en equidad, sin que ello afecte al ámbito específico del arbitraje de consumo, que cuenta con una regulación propia. El nuevo texto dice que “los árbitros sólo decidirán en equidad si las partes les han autorizado expresamente para ello y se tratare de un arbitraje internacional”. Se suprime, por tanto, el arbitraje de equidad en los arbitrajes internos.

En este sentido, la regulación de la mediación propicia que este tipo de arbitraje se traslade a dicha institución, donde el acuerdo descansa en las partes y encuentra su lugar la figura del amigable componedor.

Arbitraje para la Administración.

La nueva regulación aborda una ampliación del arbitraje a las controversias administrativas de carácter jurídico que se susciten entre organismos de la Administración General del Estado añadiendo una disposición adicional segunda a la Ley de Arbitraje de 2003.

Se crea a tal efecto una Comisión Delegada para la Resolución de Controversias Administrativas, con el objetivo de evitar que se trasladen al ámbito jurisdiccional conflictos intra-administrativos que pueden ser resueltos mediante un sistema alternativo de resolución de controversias específico.

En la misma línea, se da una nueva redacción al artículo 77 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, estableciendo la necesidad de que el juez o tribunal someta necesariamente a las partes la posibilidad de un acuerdo transaccional para buscar vías más eficaces que permitan alcanzar acuerdos en los recursos contencioso-administrativos.

Elección de árbitros.

Además, la nueva redacción dispone un nuevo modelo para la elección de los árbitros, de tal forma que su designación sea institucional para fomentar su imparcialidad. Con la modificación que se plantea se reconoce la arbitrabilidad de las impugnaciones de acuerdos sociales y, en pro de una mayor seguridad y transparencia, se exige unanimidad y la presencia de instituciones arbitrales.

Para ello se modifica el artículo 14 de la Ley relativo al arbitraje institucional. Se añade un tercer apartado en el que se dispone lo siguiente: “Las instituciones arbitrales velarán por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros y garantizarán la transparencia e independencia de éstos desde su designación”.

También se modifica el artículo 13 en cuanto a la capacidad para ser árbitro, de tal forma que “en los arbitrajes internos, cuando se hayan de resolver por tres árbitros, se requerirá que uno de ellos tenga la condición de abogado en ejercicio”.

En cuanto a las incompatibilidades, un nuevo apartado en el artículo 17 establece que “salvo que las partes expresamente acuerden otra cosa, el árbitro no podrá haber intervenido como mediador para resolver el mismo conflicto entre aquéllas”.

Además, el nuevo texto también exige a los árbitros, o a las instituciones arbitrales en su nombre, la contratación de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Una obligación que no afectará a las entidades públicas ni al sistema arbitral de consumo.

Cambios en las sociedades anónimas.

Los conflictos que se planteen entre empresas también se verán afectados por la reforma. Así, se modifican los artículos 119 y 122 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Entre otras medidas, los estatutos sociales originarios podrán establecer que la impugnación de los acuerdos sociales por los socios o administradores quede sometida a la decisión de uno o varios árbitros de Derecho, encomendándose la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a una institución arbitral.

Además, la introducción en los estatutos sociales de una cláusula de sumisión a arbitraje para la impugnación de los acuerdos sociales requerirá el acuerdo de todos los socios.

Procesos concursales.

Por otro lado, ligada a la reforma de la Ley de Arbitraje se encuentra la reforma del artículo 52.1 de la Ley Concursal. La nueva redacción se adapta a las soluciones comunitarias en la materia y elimina la incoherencia existente hasta la fecha entre los dos apartados del artículo 52.

Se pretende con ella mantener la vigencia del convenio arbitral siempre que se proyecte sobre meras acciones civiles que, pese a que pudieran llegar a tener trascendencia patrimonial sobre el deudor concursal, podrían haberse planteado con independencia de la declaración del concurso. Es el caso, entre otras, de las acciones relativas a la existencia, validez o cuantía de un crédito, las destinadas al cobro de deudas a favor del deudor, las acciones reivindicatorias de propiedad sobre bienes de un tercero en posesión del deudor concursal, los litigios relativos a planes de reorganización concluidos entre el deudor y sus acreedores antes de la declaración de apertura.

Nueva Ley de Mediación.

Hasta el momento, en el ordenamiento jurídico español no existe una norma que ponga en conexión la mediación y su ejercicio con el ámbito de la jurisdicción, lo que ha supuesto limitar su eficacia real. Por este motivo, el Ministerio de Justicia ha presentado el Anteproyecto de Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles.

La nueva Ley que quiere aprobar el Gobierno establece la mediación para asuntos civiles y mercantiles en conflictos nacionales o transfronterizos, excluyendo expresamente la mediación laboral, penal y en materia de consumo. Para ello, las instituciones y servicios de mediación establecidas o reconocidas por las diversas Administraciones podrán asumir las funciones de mediación.

Someterse a la mediación será voluntario, excepto en los procesos de reclamación de cantidad inferiores a 6.000 euros, en los que se exigirá haber iniciado el proceso a través de una sesión informativa gratuita como requisito previo para acudir a los Tribunales. No obstante, nadie estará obligado a concluir un acuerdo ni a mantenerse en el procedimiento de mediación.

Entre las líneas básicas de la norma destaca que la solicitud de inicio de la mediación interrumpirá la prescripción o caducidad de acciones judiciales; el procedimiento garantizará la confidencialidad y la imparcialidad del mediador entre las partes, sin que éste pueda imponer solución o medida concreta alguna; y se fijará un plazo máximo para la mediación de dos meses, ampliable a otro más. Para evitar que la mediación pueda producir efectos jurídicos no deseados y eliminar posibles desincentivos, se regula la suspensión de la prescripción frente a la regla general de su interrupción.

Esta Ley, que se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes, engarza de manera instrumental la mediación con el Derecho civil, mercantil y el Derecho procesal, con el propósito de ofrecer una regulación mínima y común aplicable a todo el territorio del Estado, y siempre que al resultado de la mediación se le quiera otorgar fuerza jurídica vinculante.

El acuerdo de mediación se reconoce en el texto como título ejecutivo, cuya ejecución podrá instarse directamente ante los tribunales siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la ley.

Normativa europea.

La Ley incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Pero la transposición en España va un paso más allá. Mientras la Directiva 2008/52/CE se limita a establecer unas normas mínimas para fomentar la mediación en los litigios transfronterizos en asuntos civiles y mercantiles, la regulación de la Ley española conforma un régimen general aplicable a toda mediación que tenga lugar en nuetro país, y pretenda tener un régimen jurídico vinculante, si bien circunscrita al ámbito de los asuntos civiles y mercantiles.

Para impulsar esta herramienta, la Ley exige el inicio de la mediación en determinados casos en los que se exige como requisito necesario y previo para acudir a los tribunales o a otro procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos. En particular, así lo hace en el ámbito de las reclamaciones de cantidad, a cuyo fin se modifican las leyes procesales pertinentes.

Procedimiento.

Es un procedimiento sencillo y flexible que permite que sean los sujetos implicados en la mediación los que determinen libremente sus líneas fundamentales. La ley se limita a establecer aquellos requisitos imprescindibles para dar validez al acuerdo que las partes puedan alcanzar, siempre bajo la premisa de que alcanzar un acuerdo no es algo obligatorio, pues, a veces, como enseña la práctica, no es extraño que la mediación persiga simplemente mejorar relaciones. La ley regula también una acción de anulación contra aquel acuerdo de mediación que incurra en determinados vicios.

Estatuto mínimo del mediador.

La actividad de mediación se despliega en múltiples ámbitos profesionales y sociales, requiriendo habilidades que en muchos casos dependen de la propia naturaleza del conflicto. Por eso, el mediador ha de tener una formación general que le permita desempeñar esa tarea y sobre todo ofrecer garantía inequívoca a las partes por la responsabilidad civil en que pudiese incurrir.

La nueva norma contiene el estatuto mínimo del mediador al que se le exige al menos estar en posesión del título de grado universitario de carácter oficial o extranjero convalidado, y disponer de un seguro de responsabilidad civil. La ley persigue que la mediación tenga un coste razonable y que éste no resulte desproporcionado cuando hayan tenido que intervenir varios mediadores en un mismo procedimiento. Además, y para garantizar su imparcialidad, se determinan las circunstancias que el mediador ha de comunicar a las partes, siguiéndose en esto el modelo del Código de conducta europeo para mediadores.

Además, se crea el Registro de mediadores y de instituciones de mediación cuya gestión corresponde al Ministerio de Justicia de forma integrada con los que puedan crear las comunidades autónomas, en los términos que se desarrolle reglamentariamente. Dicho registro será público e incluirá la información precisa y relevante sobre las instituciones de mediación existentes en España y las incidencias relativas a su funcionamiento con especial mención a las recusaciones e impugnaciones de acuerdos de mediación gestionadas por ellas. De igual modo, deberá incluir información relativa a los mediadores, incluyendo su experiencia y formación, que operen en España, tanto si actúan dentro de una institución de mediación como si lo hacen al margen de las mismas, el tipo de mediación que lleven a cabo y el seguro de responsabilidad del que han de disponer.

La mediación que consista en una reclamación de cantidad que no exceda de 300 euros se desarrollará por medios electrónicos, salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes.

La Ley Orgánica del Poder Judicial.

Una de las principales novedades que aporta la reforma de las herramientas extrajudiciales de resolución de conflictos es el cambio en la asignación de los órganos judiciales competentes en relación con el arbitraje . Serán las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) las que nombren a los árbitros judiciales, y la competencia para conocer el exequátur de los laudos extranjeros se atribuye a las Salas de lo Civil de los TSJ. Los tribunales de instancia atenderán el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras y las solicitudes de homologación y ejecución de acuerdos de mediación, incluidos los extranjeros, cuando se trate de títulos ejecutivos de su especialidad.

De todo ello se encarga el Anteproyecto de Ley complementario que retocará la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fuente: Almudena Vigil Hochleitner www.eleconomista.es

 

Publicado 15 junio 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Consumo, Procesal

vanesateijeiroabogada.wordpress.com NOMINADO A MEJOR BLOG JURÍDICO 2010

Es un placer y un honor para mí que mi blog jurídico cuya primera y única ambición es la de acercar el mundo del derecho a la gente de a pie, lega en derecho, haya sido nominado junto a los blogs de otros compañeros de tanta calidad y que tanto empeño han puesto en ellos, al PREMIO AL MEJOR BLOG JURÍDICO 2010 promovido por la página web DERECHO EN RED y la EDITORIAL JURÍDICA BOSCH. (Mil gracias a ellos por la nominación)

Los candidatos para los premios Derecho en Red a la mejor bitácora jurídica 2010 y al mejor post jurídico 2010.

Los candidatos a mejor blog jurídico 2010 son:

1. El Blog de Sevach: www.contencioso.es

2. Derecho Mercantil:  derechomercantilespana.blogspot.com

3. Abonauta:  blogs.lavozdegalica.es/victorsalgado

4. Vanesa Teijeiro Núñez: vanesateijeiroabogada.wordpress.com

5. Derecho e internet: www.derechoeinternet.com

Los candidatos a mejor post jurídico 2010 son:

1.Ser abogado en el Siglo XXI ( I y II)

2.Derecho a la huelga vs estado de alarma

3.Atipicidad de los enlaces

4.Como ganar un juicio contencioso administrativo, 20 reglas de oro

5.El programa Ad-Words ante el Tribunal de la UE

 

Se ha procedido a remitir los candidatos al jurado compuesto en esta ocasión por:

Sergio Carrasco como presidente de Derecho en Red

Santiago Gales representado a Editorial Bosch

Rafael Sánchez Aristi

José Carlos Erdozain

El día 20 de marzo se procederá a la proclamación de los ganadores y el día 29 celebraremos la entrega de premios en la Libreria “Tipos Infames” (San Joaquín, 3) de Madrid.

Enhorabuena y suerte a los nominados!

 

Publicado 10 marzo 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados

EL ABOGADO Y EL SECRETO PROFESIONAL

El secreto profesional es la obligación legal que tienen ciertas profesiones de mantener en secreto la información que han recibido de sus clientes. Al contrario de lo que ocurre con otros tipos de deberes de confidencialidad,  el secreto profesional se mantiene incluso en un juicio.

Entre estos profesionales, cabe citar como casos más típicos el abogado, el médico, el psicólogo, el periodista o el trabajador social. Sin embargo, también puede haber otros casos de asesores o servicios que tengan ese tipo de obligación, como por ejemplo los asesores fiscales (a veces incluidos dentro de los abogados) o las compañías de seguros.

Violación del secreto profesional:

El secreto profesional se vulnera en los siguientes casos:

  • Se puede producir daño en forma directa, es decir en forma consciente y premeditada.
  • Se vulnera en forma intencional pero indirecta.
  • A través de una confidencia a otra persona.
  • A través de una conversación informal, con ligereza.

El abogado:

¿Puedo estar seguro de que mi Abogado me guardará el secreto de los asuntos que yo le encomiende? ¿Cómo está garantizado para mi como cliente que así lo hará?

Los Abogados tenemos la obligación del secreto profesional sobre todos los asuntos que nos encomienden nuestros clientes. El cómo garantizarlo depende, y en mucho, de la confianza entre usted como cliente y su Abogado, lo cual es un requisito imprescindible que debe darse entre los dos.
El Código Deontológico de la Abogacía Española (es decir el que marca las pautas de ética y de buen comportamineto en nuesto ejercicio profesional), establece entre otras cosas lo siguiente:

Artículo 5.- Secreto profesional.

1. La confianza y confidencialidad en las relaciones entre cliente y Abogado, ínsita en el derecho de aquél a su intimidad y a no declarar en su contra, así como en derechos fundamentales de terceros, impone al abogado el deber y le confiere el derecho de guardar secreto respecto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, sin que pueda ser obligado a declarar sobre los mismos como reconoce el artículo 437.2 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. El deber y derecho al secreto profesional del Abogado comprende las confidencias y propuestas del cliente, las del adversario, las de los compañeros y todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.

3. El Abogado no podrá aportar a los tribunales, ni facilitarle a su cliente las cartas, comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte, salvo expresa autorización del mismo.

4. Las conversaciones mantenidas con los clientes, los contrarios o sus Abogados, de presencia o por cualquier medio telefónico o telemático, no podrán ser grabadas sin previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes y en todo caso quedarán amparadas por el secreto profesional.

5. En caso de ejercicio de la Abogacía en forma colectiva, el deber de secreto se extenderá frente a los demás componentes del colectivo.

6. En todo caso, el Abogado deberá hacer respetar el secreto profesional a su personal y a cualquier otra persona que colabore con él en su actividad profesional.

7. Estos deberes de secreto profesional permanecen incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente, sin que estén limitados en el tiempo.

8. El secreto profesional es un derecho y deber primordial de la Abogacía. En los casos excepcionales de suma gravedad en los que, la obligada preservación del secreto profesional, pudiera causar perjuicios irreparables o flagrantes injusticias, el Decano del Colegio aconsejará al Abogado con la finalidad exclusiva de orientar y, si fuera posible, determinar medios o procedimientos alternativos de solución del problema planteado ponderando los bienes jurídicos en conflicto. Ello no afecta a la libertad del cliente, no sujeto al secreto profesional, pero cuyo consentimiento por sí solo no excusa al Abogado de la preservación del mismo.

Artículo 4.- Confianza e integridad.

1. La relación entre el cliente y su Abogado se fundamenta en la confianza y exige de éste una conducta profesional íntegra, que sea honrada, leal, veraz y diligente.

2. El Abogado, está obligado a no defraudar la confianza de su cliente y a no defender intereses en conflicto con los de aquél.

3. En los casos de ejercicio colectivo de la abogacía o en colaboración con otros profesionales, el Abogado tendrá el derecho y la obligación de rechazar cualquier intervención que pueda resultar contraria a dichos principios de confianza e integridad o implicar conflicto de intereses con clientes de otros miembros del colectivo.

A nivel internacional se encuentra recogido este secreto en la declaración de Perugia sobre principios deontológicos de la Abogacía de la Comunidad Europea de 16 de septiembre de 1977, donde se afirma  que el secreto profesional es el derecho y deber fundamental y primordial de la profesión ya que forma parte de la naturaleza de la función del abogado al ser depositario de secretos de su cliente y destinatario de comunicaciones confidenciales, siendo esencial el secreto por la confianza que exige el ejercicio de la profesión.

Del mismo modo este derecho y deber se encontraba en el “Código de Deontología de los Abogados de la Comunidad Europea” de 28 de octubre de 1988, asumido por el Consejo general de la Abogacía española, el 22 de septiembre de 1989, donde se afirmaba que “forma parte de la naturaleza misma de la misión del abogado que éste sea depositario de los secretos de su cliente y destinatario de comunicaciones confidenciales. Sin la garantía de la confidencialidad no puede haber confianza.

El secreto profesional está, pues, reconocido como derecho y deber fundamental y primordial del abogado (2.3.1). El abogado debe respetar el secreto de cualquier información confidencial transmitida a él por su cliente o a terceros en el marco de los asuntos de su cliente.

Esta obligación no está limitada en el tiempo. El abogado hará respetar el secreto profesional a su persona y a cualquier persona que colabore con él en su actividad profesional”.

Recientemente, el Conseil Consultatif des Barreaux Européens (CCBE), máximo órgano representativo de la abogacía ante las instituciones de la Unión Europea, en la sesión plenaria celebrada en Lyón el 28 de noviembre de 1998, ha aprobado el nuevo Código Deontológico Europeo, cuya finalidad es la de establecer unas normas de actuación para el abogado en el ejercicio profesional transfronterizo.

Sin embargo con respecto a LOS ABOGADOS DE EMPRESA NO EXISTE EL SECRETO PROFESIONAL

La noticia surgió hace unos cuantos meses y ahora ha sido ratificada con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), dicha sentencia dictamina que las conversaciones dentro de la empresa con un abogado en plantilla, no están sujetas a la confidencialidad de la relación abogado-cliente.

Esta decisión se basa en que un abogado que pertenezca a la plantilla de la empresa, carece de la independencia de un bufete externo, ya que está sometido a la disciplina, política y estrategias que disponga la propia empresa, por lo que éstas limitan su capacidad de actuación.

En el caso tratado, la empresa Akzo Nobel defendía la confidencialidad de dos correos electrónicos enviados a uno de sus abogados en plantilla. La empresa y su filial Akcros Chemicals, habían sido requeridas a aportar pruebas en un proceso abierto contra ellas por un caso de prácticas anticompetitivas.

La Comisión Europea, primero, y ahora el TUE han desestimado el recurso de la empresa que alegaba que esos correos electrónicos no podían constituir una prueba contra ella ya que eran confidenciales, atendiendo al secreto profesional que ampara las comunicaciones entre un letrado y su cliente.

Si embargo, ni la Comisión ni el Tribunal han admitido que dicha confidencialidad pueda ser aplicada en este tipo de casos, independientemente de que el abogado esté colegiado.

Por tanto debemos de considerar que, en el seno de la empresa, la relación entre la propia empresa y un abogado en plantilla no tiene la consideración de relación profesional, sino que es eminentemente laboral, por tanto las comunicaciones entre ambos no son distintas a las mantenidas con cualquier otro empleado.

Publicado 29 octubre 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados

EL ABOGADO

“El Abogado no es vidente, ni brujo, ni mago, no consulta el Tarot, ni tiene la bola de cristal. Recuerde que los pleitos los resuelve una tercera persona llamada Juez, no su abogado. Y los jueces suelen resolver caso similares de maneras distintas.” (Richard Piglia)

Publicado 28 mayo 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados

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