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“YA ESTÁ BIEN” DECÁLOGO CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

 

El CGPJ y el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género pusieron en circulación la publicación “Ya está bien”, que pretende concienciar a las mujeres que padecen ataques a su vida, libertad, igualdad y dignidad a manos de sus parejas o exparejas para que se decidan a dar el paso que les permita salir de esa situación.

La idea original de la iniciativa es del Magistrado Enrique Ortolá, titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de Valencia, autor de las 10 frases sobre las bondades de las relaciones libres de violencia que figuran en la publicación y con las que se quiere animar a las mujeres a recurrir a los mecanismos con los que cuenta el sistema legal para su ayuda y protección.

Tu dignidad reclama a alguien que te merezca” o “¡Sal del error! Hay muchas manos tendidas hacia ti“, son algunos de los mensajes de la obra, que se abre con una cita del filósofo alemán Immanuel Kant:”Sólo el hombre y la mujer juntos integran la humanidad“, y con un prólogo del propio Ortolá y de la psicóloga Wanda Cogollos. Las ilustraciones son de Miguel Chordá.

El CGPJ editó 20.000 ejemplares que serán distribuidos en los Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer y en el resto de órganos judiciales con competencias en la materia. Asimismo, esta obra será utilizada en el programa “Educando en Justicia”, orientado a acercar a la Justicia a los más jóvenes mediante actividades en los centros educativos.

Además en el  Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género celebrado el pasado 16 de febrero de 2016, las Instituciones que forman parte de este organismo se ofrecieron a publicitar “Ya está bien” a través de sus respectivas páginas web de manera que llegue al mayor número de personas posible.

También la Fiscalía Especial contra la Violencia sobre la Mujer mostró su disposición por remitir esta publicación a todas las Fiscalías.

El Observatorio está integrad, además de por el CGPJ, que ostenta su presidencia, por los Ministerios de Justicia, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e Interior, la Fiscalía General del Estado, las CCAA con competencias en materia de justicia, a través de turnos rotativos, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España.

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Publicado 20 abril 2016 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Penal

DESCUBRE CÓMO TE ESTÁ ENGAÑANDO TU COMPAÑÍA DE SEGUROS (daños materiales en accidentes de circulación)

¿Has tenido un accidente con tu vehículo? Seguro que te están engañando

Si dedicas unos minutos a la lectura de este post te podrás librar del clásico engaño que se ha hecho crónico (al menos quitarte la sensación de que no sabes qué esta pasando).

No se trata de la famosa “letra pequeña” que se encontraba en todas las pólizas donde se excluían los daños a indemnizar ya que las condiciones para la cobertura del seguro raramente se podían cumplir, o como las condiciones que publicitaba un anuncio en la TV en referencia a su competencia al mofarse que en la “letra pequeña” incluía los daños por nevadas en el sur de España y los excluía en el norte. No se trata de daños que raramente las compañías tienen que cubrir porque casi nunca se producen, se trata de daños que suceden todos los días, a cientos o miles en toda España.

Los siniestros de los daños ocasionados a terceros en los accidentes entre vehículos, en lugar de cubrir los daños, se sacan de la manga un engaño hábilmente preparado para convencer a la victima. Estos individuos para hacer entrar por el aro a quien es víctima de sufrir unos desperfectos en su vehículo, ocasionados por un tercero, se apoyan en una inventada la legislación vigente que les permite irse de rositas.

Esto explicado así tendría que ser delito pero la materia prima de esas compañías aseguradoras es su servicio jurídico, quien redacta las pólizas y se saca de encima a quien proteste. La otra  los actuarios  además aplican modelos estadísticos y matemáticos para averiguar el riesgo que se produzca un evento con tal de asignar una prima a la póliza y que además la compañía aseguradora obtenga un beneficio. En definitiva, se trata de cobrar las pólizas, a los clientes, y escaquearse en el pago de las coberturas cuando se produce un siniestro (y no hablamos sólo de la compañía contraria, hablamos de tu propia compañía, que va a ganar dinero con tu siniestro)

Podemos describir un caso concreto como los que se producen a cientos cada día ( en este caso real, sucedido en Lugo) .

Por ejemplo tú mismo, tienes un coche que te es necesario para ir a trabajar, tu seguro es a terceros pero para no divagar sería mejor ir a la web de UNESPA la Asociación Empresarial del Seguro a ver que nos dice respecto al seguro del automóvil.

Dice así:¿Qué cubre mi seguro del coche? Todo propietario de un vehículo a motor está obligado a contratar y mantener en vigor una póliza de seguro que cubra la Responsabilidad Civil del conductor que se derive de los daños, tanto personales como materiales, ocasionados a terceras personas como consecuencia de un hecho de la circulación.

Seguro Obligatorio (SOA). Este seguro cubre la responsabilidad civil del conductor frente a terceros, pero no los daños personales ni materiales que el conductor o su coche sufran cuando el conductor sea culpable de ese accidente. Parece que queda claro, lo que llamamos seguro a terceros cubre los daños que le puedas ocasionar a otro y no cubre los propios.

Ahora resulta que un coche colisiona con el tuyo haciendo una rotonda (en España el 80% de la gente no sabe hacer una rotonda, dejo imagen adjunta para tomar nota) porque el vehículo contrario pretende abandonar la rotonda por tu carril, sin cederte el paso, tú que circulas por el carril exterior y tu intención es seguir girando por la rotonda para abandonarla en otra salida de la misma; la cuestión es que el contrario es culpable del accidente. No queda más remedio que hacer el parte del accidente, Y SI TIENES LA SUERTE DE QUE EL CONTRARIO TENGA UNA PÓLIZA EN VIGOR él lo remite a su compañía y tú a la tuya. Tu compañía aseguradora te solicita a qué taller lo vas a llevar a reparar para enviar al perito para evaluar el siniestro.  (en el caso real planteado la compañía tardó 2 meses en hacer esto, mientras tanto el coche en el taller esperando, porque en principio el vehículo contrario no tenía una póliza en vigor y su compañía le reaseguró el vehículo así como por arte de magia, supongo que bajo amenaza porque el conductor del vehículo contrario era administrador solidario de un CONCESIONARIO DE COCHES de coches de Lugo, como en principio no tenía seguro SU ASEGURADORA comenzó rechazando el siniestro y ahí se lió todo)

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Y dejo un consejo: por favor, aprendamos a hacer bien una rotonda

Es a partir de aquí donde empieza el engaño.

Cuando el perito aparece por el taller para evaluar los daños tu entiendes, como cualquiera, que este individuo se presenta para que objetivamente fije un precio de la reparación que deberá pagar la compañía de nuestro contrario que nos ha dado el golpe. Con la peritación se asegura que el taller no le cobre de más y que se atenga al daño ocasionado por la colisión. ¿Parece que queda claro? Pues no, el perito, por llamarlo de alguna manera, es el cómplice necesario y tan solo acude a hacer el paripé perfectamente orquestado para que ninguna compañía pierda un euro.

Veamos el papelón del cómplice: se limita a tomar nota del valor venal que es el valor que aparece en una lista que utiliza el gremio de compra venta de coches usados y que no tiene ningún rigor nada más el que le quieran dar como indicativo y sin ningún valor legal.

A continuación tu compañía te llamara por teléfono y te informará que el perito ha declarado tu vehículo como “siniestro total” por lo que los daños a cubrir se limitan al valor venal y tú ya de entrada te sientes confuso porque no sabes qué es eso, si lo sabes y protestas te dirán que eso es lo que dice la Ley y que no tienes nada que reclamar. (brillante cuando se lo dicen a alguien que no entiende de Leyes)

Lo presentan como “lo tomas o lo dejas” y de poco les sirve que digas que los desperfectos no son de tal magnitud como para que se les declare como un vehículo irrecuperable, que el valor venal, después de comprobar en Internet casas de compraventa de vehículos de segunda mano, no hay ninguno por ese precio, que ese precio es en el caso de que lo quiera vender que no es el caso. Así, con estos argumentos, puedes gastar un cubo de saliva y estos personajes con la lección bien aprendida no se mueven que es la Ley que así lo dice.

Esperan que te canses para salirse con la suya, saben que tu necesitas el coche y acabarás aceptando el cheque con el importe del valor venal, porque estás desesperado.

restitutio in integrum: volver a poner las cosas en su estado anterior

Antes de tomar una decisión es necesario hacer un diagnóstico. Veamos lo que estos individuos de tu compañía se llevan entremanos:  actúan en evidente perjuicio a sus clientes que les han pagado una prima para que actúen frente a la compañía contraria y les resarzan de los daños que ha provocado un tercero.

Tú, que no eres de aquellos que se chupa el dedo, decides plantarles cara y para empezar les solicitas por escrito, por correo electrónico también es válido, que te especifiquen, asimismo por escrito, a que Ley se refieren ya que no la citan en ningún momento.

Recibirás una información para confundirte sobre la base jurídica en la que se apoyan, que irá por este estilo: La Ley a la que se refieren es el Código Civil, concretamente el artículo 1902, que según ellos dice así: “El que por acción u omisión causa daño a otro, causado.” (jajaja)

Pero si vas al artículo 1902 dice algo más: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. “

Omiten lo más importante, que están obligados a reparar el daño y no salirse de rositas indemnizando con un importe que corresponde con el valor venal que se sacan de la manga. No acaba aquí la cosa te soltarán un rollo que va de este palo No obstante informarle que frente al principio de “restitutio in integrum” la jurisprudencia  asentada establece que el resarcimiento de los perjuicios causados  debe ser justo y que éste  no produzca  enriquecimiento al perjudicado  y que no resulte desproporcionado para el responsable. Es por ello que el juez tiene la capacidad para moderarlas”. (quien dijo que el juez les va a dar la razón siempre a ellos? parece que por el hecho de decir “un juez tiene que moderarlos” ya has perdido el juicio, pero de eso nada.)

Encima de que te están robando ya que la indemnización (la del valor venal) no cubre el coste de reparar el vehículo te hablarán de que te estas enriqueciendo. (recordar que tú eres el perjudicado y no el responsable del accidente en este momento se está convirtiendo en algo realmente difícil)

Lo primero que hay que hacer es solicitar al taller, donde esta el coche esperando ser reparado, un presupuesto del arreglo.

Para movernos con claridad será mejor aportar unas cifras que nos servirán de ejemplo. Observarás que tu compañía que te asegura los daños a terceros y te tramita el resarcimiento de los daños que te han producido en ningún momento ha dejado por escrito el resultado del informe del perito tasador (no te canses a la hora de pedirlo, no te lo van a enviar JAMAS), sólo te ha informado verbalmente que el valor venal era de 2.200€ y el coste de la reparación se tasaba en 3.800€ (te recuerdo que es un ejemplo, en este caso real) e incluso cuando lo solicitaste no se te proporcionaron.

Para complementar los números falta añadir el importe del presupuesto que te ha facilitado el taller por la reparación del vehículo: 3.300 €. (Tras preguntar en el concesionario oficial del vehículo de este ejemplo nos confirmaron que el valor venal del vehículo según el GANVAM (Valoración de la asociación nacional de vendedores de vehículos a motor) es de 3.580 € pero el perito decidió por su cuenta tasar el vehículo en una fecha dos meses posterior al del siniestro ( en contra del artículo 26 de la ley de contrato de seguro que habla de que la valoración ha de ser la anterior al siniestro) cuando ya había cambiado el trimestre y cambiado el año y había descendido el valor del vehículo más de un 20%.

Aquí llegamos al magma del engaño, es su “propio” perito el que determina el coste de la reparación falseando la realidad. ¿Por qué hincha el coste la reparación? El perito facilita un coste sustancialmente más elevado del proporcionado por el taller a tu petición. ¿Su función no era la de determinar el importe de la factura del taller? ¿Hay alguna razón en este proceder? El paripé y el engaño quedan al descubierto, lo que se pretende, por los importes facilitados por el cómplice necesario, el domesticado perito es adaptarse a la Sentencia del Tribunal Supremo del 3 de marzo de 1978 y 9 de julio de 1957 cuando habla que la diferencia entre el valor venal y coste de la reparación NO supere el 100%, la indemnización será el de la reparación del vehículo.

Todo cuadra, en tu caso particular el valor venal que se le da es de 2.200€ entonces el coste de la reparación ya no tiene que ver con los desperfectos del vehículo sino los que “su perito” se saca de la manga con tal que supere el 100%, es decir 3.900€ (supera en  el 100%) y por arte de magia se puede declarar siniestro total y en lugar de cubrir los desperfectos según reza el artículo 1902 del Código Civil, antes citado, se escaquean de pagar los daños poniendo de por medio la Ley.

La causa de que hagan esto es que entre ambas compañías han un suscrito un convenio por el que la compañía culpable paga sólo 800€ y el resto lo paga TU COMPAÑÍA, en este caso que ponemos como ejemplo esta compañía evidentemente no quiere pagar ese exceso, pretende ahorrarse 1.300€ dando el coche por siniestro y diciéndote que es la compañía contraria la que te ofrece la indemnización cuando la compañía contraria ya ni se acuerda del siniestro puesto que ha pagado esos 800€ a tú compañía. (entre ellas funciona perfectamente el HOY POR TI MAÑANA POR MI)

Con lo cual estás vendido desde el principio, nadie te va a ayudar, nadie excepto el abogado que contrates para demandar a la compañía responsable (la contraria, PARECE QUE TU COMPAÑÍA QUE ES LA QUE TE ESTÁ MACHACANDO SE VA A LIBRAR DE TODAS TODAS).

Si por cada accidente, sin importancia, se ahorran mil euros les sale a cuenta montar este tinglado por la vía de la estafa. Cuesta comprender que siendo tu compañía que te cobran una prima por ejercer su labor te engañen con información falsa en tu perjuicio y a favor de la compañía contraria al aplicarte el siniestro total cuando no lo es. Nunca te darán nada por escrito aunque te prometan que te enviarán un mail con la valoración o un burofax con la propuesta de la compañía contraria (mentira, la compañía contraria ya no sabe nada del asunto)

¿Qué hacer?

Por más veces que hables con tu compañía de seguros nunca te dejes convencer, van a dejar que pase el tiempo diciéndote que van a negociar tal o cual cosa para que, mientras tanto tu vehículo esté en el taller parado y tu moral minada para que, desesperado/a, aceptes la ridícula indemnización.

Consulta inmediatamente a un abogado las opciones que tienes.

Todos los abogados de accidentes de tráfico privados sabemos que a las aseguradoras les cuesta pagar las indemnizaciones: diríamos finamente que es parte de su trabajo cobrar lo máximo (dentro de los vaivenes del mercado) por las primas de seguro y pagar lo mínimo por los siniestros. Por lo tanto, cuando en en este despacho iniciamos una reclamación sabemos que la compañía de seguros no nos lo va a poner fácil y que tendremos que pelear hasta el último euro de nuestros clientes. En la mayoría de casos, tras interponer la oportuna demanda, conseguimos que la aseguradora ceda y pague la indemnización correspondiente.

Publicado 16 febrero 2016 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Civil, Tráfico

EL TESTIGO EN EL PROCESO CIVIL

En un post anterior hablábamos del testigo en el proceso penal, a continuación hablaremos del testigo en el proceso civil

Prueba testifical en el proceso civil.

La declaración del testigo se denomina también PRUEBA TESTIFICAL que es una método probatorio que se realiza mediante el interrogatorio de un testigo que ha sido propuesto por el demandante o demandado en un proceso civil.

Esta prueba se practica en la vista oral tras ser admitida en la Audiencia Previa en casos de Procedimientos Ordinarios o en la propia vista en el caso de los Juicios Verbales. Con la práctica de dicha prueba lo que se pretende es la aclaración de los hechos discutidos en el juicio.

El testigo es aquella persona que tenga noticia de los hechos controvertidos discutidos en el proceso, y con las siguientes características:

  • Para que esta prueba sea válida, deberá testificar en presencia del tribunal.
  • El testigo ha de ser tercero y no tener ningún tipo de interés en el proceso, ni por tanto, ser parte en el proceso.
  • La declaración debe referirse a hechos pasados de los que haya tenido conocimiento directo, por haberlos presenciado o indirecto porque se lo han contado.

 

¿PUEDO SER TESTIGO EN UN PROCESO CIVIL?

En primer lugar hay que indicar que tanto demandante como demandado no pueden ser considerados aunque con toda probabilidad son los que tienen un conocimiento más directo de los hechos discutidos pero su declaración NO ES UNA PRUEBA TESTIFICAL SINO QUE ES UN INTERROGATORIO DE PARTE. Es importante hacer esta distinción porque las partes (demandante y demandado) sí pueden mentir en su interrogatorio mientras que los testigos en su declaración testifical no pueden faltar a la verdad pues pueden incurrir en un delito.

Cualquier persona por tanto puede ser testigo en un proceso civil salvo los siguientes casos:

  •  Cuando una persona se halle permanente privados de razón o del uso de sentidos respecto de hechos sobre los que únicamente quepa tener conocimiento pro dichos sentidos.
  • Menores de catorce años, salvo que a juicio del tribunal, el menor posea el discernimiento necesario para conocer y declarar verazmente.
  •  Ser o haber sido cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado civil de la parte que lo haya presentado o de su abogado o procurador o hallarse relacionado con ellos por vínculo de adopción, tutela o análogo. 
  •  Ser dependiente del que lo hubiere propuesto o de su procurador o abogado o estar a su servicio o hallarse ligado con alguno de ellos por cualquier relación de sociedad o intereses.
  • Tener interés directo o indirecto en el asunto de que se trate.
  • Ser amigo íntimo o enemigo de una de las partes o de su abogado o procurador.
  • Haber sido el testigo condenado por falso testimonio.

 

Cuando en un testigo propuesto concurre alguna causa de las mencionadas la parte contraria o el juez, de oficio, deben proponer su TACHA, que se ha de formular en el momento de admisión de la prueba testifical aunque cuando comienza la declaración del testigo éste debe reconocer la causa de tacha al ser preguntado.

 

Derechos y obligaciones del testigo

En referencia a las obligaciones, los testigos tienen el deber de comparecer, en caso contrario se enfrentan a multas desde 180 hasta 600 euros. Además debe de prestar juramento de que a a decir la verdad y de contestar a las preguntas que se le formulen salvo que el tribunal le permita no responder, cuando, por motivo de su estado o profesión tenga el deber de guardar secreto.

El testigo deberá responder por sí mismo de palabra, sin que, en ningún caso, pueda llevar anotadas las respuestas, salvo que se trate de datos de difícil memorización por ejemplo cuando la pregunta se refiera a cuentas, libros o documentos se permitirá que los consulte antes de responder.

Hay que recordar que los testigos no pueden presenciar las declaraciones de otros testigos ni, una vez que hayan terminado de contestar hablar con los testigos que restan por declarar, por ello, los testigos nunca entran en la sala donde se celebra la vista hasta que son llamados de viva voz al interior de la sala y, por la misma razón, no pueden abandonar ésta hasta que haya finalizado la prueba testifical, es decir, hasta que hayan declarado todos los testidos.

Por otro lado, y en referencia a sus derechos, pueden solicitar una indemnización por los gastos y perjuicios ocasionados por su comparecencia, como pueden ser gastos de transporte o alojamiento. El importe de la indemnización lo fijará el secretario judicial mediante decreto que tendrá en cuenta los datos y circunstancias que hubiese aportado el testigo motivando los gastos realizados (por ejemplo aportando facturas).

 

El desarrollo de la prueba testifical

El testigo lo propone la parte a la que interese y deberá identificarlo y, si es posible manifestar un domicilio a efecto de notificaciones. 

El Juez podrá interrogar al testigo por su nombre, apellidos, edad, estado, profesión y domicilio. Posteriormente se le preguntará si tiene interés directo o indirecto en el objeto del proceso o si tiene alguna relación con las partes. Por último se le indicará que tiene la obligación de decir la verdad.

A continuación comienza a preguntar la parte que propuso al testigo y, una vez finalizado dicha parte, le interroga las demás partes si hay más de una.

Cuando los testigos incurran en graves contradicciones entre sí, el tribunal podrá de oficio o a instancia de parte que los testigos que se contradigan se sometan a un careo.

Posteriormente y para poder dictar Sentencia el Juez valora la declaración de los testigos teniendo en consideración la fuerza de su declaración, circunstancias que concurren, las tachas formuladas y los resultados de las demás pruebas practicadas.

Publicado 28 mayo 2014 por VanesaTeijeiroAbogada en Civil, Familia, Procesal

NUEVA TABLA DE SANCIONES POR EXCESO DE VELOCIDAD Y OTRAS NUEVAS NORMAS

La reforma de la Ley de Tráfico de 2014 que entró en vigor el pasado 9 de mayo de 2014 trae importantes novedades entre ellas la introducción de nuevos tramos limitados a 130 km/h en autovías y autopistas y a 20 km/h y 30 km/h en las ciudades.

Los conductores ahora verán como un exceso de tan solo un 1 km/h le podrá acarrear una sanción económica.

Así mismo, se prohíbe la utilización de detectores de radares, esta infracción está sancionada con 200 euros y 3 puntos. En el caso de Inhibidores la sanción será de 6000 euros y 6 puntos.

OTRAS NUEVAS NORMAS

1. El casco ciclista será obligatorio en ciudad para los menores de 16 años. Solo será obligatorio para los menores de 16 años. No llevarlo supondrá una multa de 200 euros, que deberán pagar los tutores legales del menor.

2. Los niños no podrán ir en los asientos delanteros: El nuevo texto prepara el terreno a los cambios previstos en el nuevo Reglamento General de Circulación. Aunque no prohíbe expresamente que los menores viajen en el puesto del copiloto, establece que “se podrá prohibir la ocupación de los asientos delanteros y traseros por los menores en función de su edad o talla”. En la práctica, una vez aprobado el nuevo código de circulación, no podrán viajar en los asientos delanteros los menores que midan menos de 1,35 metros, siempre y cuando todos los asientos traseros no estén ocupados por otros menores que tampoco llegan a esta estatura o que el vehículo carezca de asientos traseros. Hasta ahora, los menores de 12 años pueden viajar en el asiento delanteros si lo hacen con el sistema de retención infantil adecuado.

En el caso de incumplir la norma, las autoridades podrán inmovilizar el vehículo e imponer una sanción de 200 euros. En los taxis, se aplicará la misma regla, pero su incumplimiento es responsabilidad del tutor del menor y no del taxista.

3. Multa más alta para el consumo de alcohol. Aumenta de 500 a mil euros la sanción por conducir con una tasa el doble de lo permitida, es decir, a partir de 0,5 miligramos por litro de aire espirado o de 0,30 para conductores noveles y profesionales.

También se duplica la multa a quienes en el plazo de un año previo hubieran dado positivo por alcohol.

4. Sanción a la presencia de drogas en el organismo. La nueva ley suprime la necesidad de demostrar la influencia de las drogas en la conducción, como establece hasta ahora la norma, para poder sancionar por la vía administrativa. Bastará con que una prueba salival, que solo detecta el consumo reciente, demuestre la presencia de drogas en el organismo para imponer una multa, que también asciende de 500 a mil euros. Quedan excluidas las sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con finalidad terapéutica, como la metadona.

5. Pruebas de alcohol y drogas para peatones.  Los viandantes estarán obligados a someterse a un control de drogas y alcohol si cometen una infracción. Hasta el momento, solo es obligatorio si se ven involucrados en un accidente.

6. Las bicicletas podrán circular por debajo de la velocidad mínima establecida.  No obstante, sigue estando prohibido que los ciclistas circulen por autopistas.

7. Solo serán legales los avisadores de radar: ni detectores ni inhibidores. La nueva ley prohíbe expresamente la utilización de detectores de radar e impone a quien la incumpla una sanción de 200 euros y la pérdida de tres puntos de carné. Se mantiene la prohibición de los inhibidores, que lleva aparejada una pena mucho más severa: 6.000 euros de multa y la detracción de seis puntos. Solo serán legales los avisadores de radar, que ofrecen información sobre la ubicación de los cinemómetros en función de bases de datos. Los conductores deberán prestar atención a los navegadores que poseen, ya que muchos incluyen una función de detectores de radar. Bastará con desactivar esta función.

8. Obligatoriedad de matricular en España los vehículos de extranjeros residentes. Hasta ahora, los extranjeros residentes solo deben cumplir las obligaciones tributarias fijadas en la Ley de Impuestos Especiales, pero no es preceptivo que matriculen su coche en España, lo que en la práctica dificulta que sean sancionados o sometidos a controles. La concreción de este artículo se hará en el reglamento.

9. Obras en la vía. Será infracción grave realizar obras en la carretera sin comunicarlo con anterioridad a su inicio “a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico”.

10. Caída de carga en la vía. Será sancionado como infracción grave por “el peligro que genera al resto de usuarios de la vía”.

11. Control en autoescuelas y centros de reconocimiento. Impedir las labores de control en centros de enseñanza y de reconocimiento de conductores será infracción, ante los casos detectados en los que se impide el acceso de miembros de la Consejería de Salud o de la Dirección General de Tráfico.

12. Los agentes podrán multar sin parar al vehículo. Se permitirá no parar ni identificar a un infractor cuando el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia y control de tráfico y carezca de medios para proceder a la persecución del vehículo.

13. El conductor será el responsable si atropella a un animal de caza. Hasta ahora, en los accidentes ocasionados por el atropello de especies cinegéticas, el conductor solo era responsable si había incumplido las normas de circulación. La nueva ley establece que el automovilista será siempre el responsable, a no ser que el siniestro sea consecuencia de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor –animales salvajes mayores que un zorro- llevada a cabo en el mismo día de la cacería o en las 12 horas posteriores a que concluya. Será culpable la Administración solo si “no ha reparado la valla de cerramiento en plazo” o “por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos”. En la práctica, los conductores que sufran un accidente en alguno de los casi 25.000 cotos de caza que hay en España no recibirán ninguna indemnización si mueren o resultan heridos graves. Y si tienen un seguro a terceros, también tendrán que hacerse cargo de los desperfectos en su coche.

14. Se aumenta de 15 a 20 días naturales el plazo para pagar multas con descuento del 50% y para hacer las alegaciones pertinentes.

15. Restricciones a vehículos por motivos medioambientales. Se recoge expresamente la posibilidad de restringir el acceso o la circulación por las vías a determinados vehículos por motivos medioambientales. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente liderará el desarrollo reglamentario necesario.

16. Nuevas causas de inmovilización de vehículos: Además de llevar menores sin un dispositivo de retención adecuado, será causa de inmovilización conducir sin autorización vehículos para los que se exige el permiso C (cuando la masa máxima autorizada exceda de 3500 kilos y no sobrepase los 7.500) o D (autocares).

17. Prohibición de traslado de vehículos inseguros a otros países. Se prohíbe dar de baja definitiva por traslado a otro país vehículos que no cumplen con los requisitos de seguridad y medioambientales reglamentariamente establecidos. Este artículo procede de la aplicación del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 de la ONU, que insta a desalentar las importaciones y exportaciones de vehículos nuevos o usados que no son lo suficientemente seguros. Cada año, mueren en el mundo por accidente de tráfico 1.300.000 personas.

18. Prioridad para las grúas de auxilio en carretera. Las grúas que acudan a realizar un servicio de auxilio tendrán prioridad de paso y recibirán el tratamiento de vehículos de urgencias. Podrán pararse o estacionarse en vías urbanas durante el tiempo indispensable para retirar vehículos, siempre que no se cree un nuevo peligro ni se cause obstáculo a la circulación.

19. Menos restricciones en la conducción a los enfermos de cáncer. La ley prevé la posibilidad de que el reglamento general de conductores, que Tráfico también pretende reformar en esta legislatura, revise las limitaciones impuestas a la conducción a los enfermos de cáncer. Las personas que padecen esta enfermedad pueden conducir en muy pocos casos, siempre que su médico, que tiene la posibilidad de hacerlo pero no la obligación, lo remita a la Dirección General de Tráfico. Debido a los avances médicos y farmacológicos, el futuro reglamento de conductores aumentará los casos en los que los enfermos de cáncer sí pueden conducir.

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Publicado 22 mayo 2014 por VanesaTeijeiroAbogada en Tráfico

CÓMO CANCELAR LOS ANTECEDENTES PENALES

Es consulta frecuente entre los condenados por Sentencia en el ámbito penal ¿Cuándo podré cancelar los antecedentes penales? Son varias las causas de este interés pero la más frecuente es para poder presentarse a oposiciones sin temer el Certificado de Antecedentes Penales.

 

¿QUÉ SON?

Cuando una Sentencia condenatoria es firme el Juzgado encargado de su ejecución remite al Registro Central de Penados y Rebeldes certificación por la que se hace constar, además de la identificación del penado, el delito y la pena impuesta a la que ha sido condenado y la fecha en la que la Sentencia es FIRME.

Registro Central de Penados y Rebeldes depende del Ministerio de Justicia y en él se inscriben las resoluciones firmes que impongan penas u otras medidas dictadas por los Juzgados Penales.

 

 REQUISITOS

El Artículo 136.1 del Código Penal establece: “Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio, o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, previo informe del Juez o Tribunal sentenciador”

El artículo 136.2 del Código Penal establece para el reconocimiento de ese derecho:

  1. Tener satisfechas las responsabilidades civiles provenientes de la infracción, excepto en los supuestos de insolvencia declarada por el juez o tribunal sentenciador y salvo que hubiera mejorado la situación económica del reo.El transcurso sin delinquir de nuevo de los siguientes plazos, que se contarán a partir del día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso previsto en el artículo 125 será suficiente que el reo se halle al corriente de los pagos fraccionados que le hubieron sido señalados por el juez o tribunal y preste, a juicio de éste, garantía suficiente con respecto a la cantidad aplazada.
  2. Haber transcurrido, sin delinquir de nuevo el culpable, los siguientes plazos
  • 6 meses para las penas leves
  • 2 años para las menos graves que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes
  • 3 años para las restantes penas menos graves
  • 5 años para las penas graves.

Estos plazos se cuentan desde el día siguiente a aquel en que queda extinguida la pena.

En el caso de que se hubiera solicitado la suspensión de una pena privativa de libertad se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión.

SOLICITUD

Los solicitantes deberán cumplimentar una solicitud en la que, necesariamente, harán constar los siguientes datos:nombre y apellidos, filiación, localidad, provincia y fecha de nacimiento, documento acreditativo de su identidad y domicilio que designan a efectos de notificación.

El Código Penal establece en el artículo 136.4  que las inscripciones de antecedentes penales en el Registro Central de Penados “no serán públicas”, por lo que el solicitante deberá acreditar su identidad con la correspondiente documentación en vigor, lo que podrá realizar mediante personación, por correo o a través de representante debidamente acreditado. Dicha documentación es:

  1. Titular español o comunitario: D.N.I. en vigor o fotocopia debidamente compulsada
  2. Tarjeta comunitaria o pasaporte en su caso, ambos en vigor, bien a través de sus originales o fotocopias de los mismos debidamente compulsadas.
  3. Tarjeta  de residencia (N.I.E.), o pasaporte en su caso, todos ellos en vigor, a través de sus originales o fotocopias de los mismos debidamente compulsadas.

 

Si el interesado actuara a través de representante éste deberá acreditar igualmente su identidad, documentándose la representación mediante poder notarial, declaración en comparecencia personal del interesado, o cualquier medio suficiente en derecho que deje constancia fidedigna de tal representación.

En todo caso aunque se actúe o no con representante el interesado deberá igualmente acreditar su identidad.

 

Para la presentación de la solicitud existe un MODELO NORMALIZADO , el cual se puede obtener de la página Web del Ministerio de Justicia (pinchando AQUÍ), aunque sería suficiente un escrito del interesado que contenga los datos necesarios con la petición expresa. 

Para agilizar los trámites es conveniente adjuntar a la solicitud un certificado original o copia compulsada del mismo, expedido por el Juzgado o Tribunal competente, donde consten las fechas de extinción o cumplimiento de cada una de las penas impuestas.

 

  • La solicitud puede ser PRESENCIAL debidamente cumplimentada junto con la documentación que la acompañe se puede presentar:

-En el Registro General del Ministerio de Justicia (Oficina Central de Atención al Ciudadano).

-En cualquiera de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.

-En cualquiera de los registros a que se refiere el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

-Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero a través de las oficinas diplomáticas y consulares de España, previa presentación del titular en las mismas, quien solicita y autoriza la gestión en la forma convenida entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y el Ministerio de Justicia.

El modelo de presentación lo puedes encontrar aquí: web ministerio de justicia

 

  • También se puede presentar por CORREO la solicitud junto con la copia compulsada de la documentación requerida se puede enviar también por correo certificado a la siguiente dirección:

-Registro Central de Penados (Cancelaciones), C/ San Bernardo nº 21, planta baja, 28015 – MADRID.

 

  • Por otro lado se puede realizar la solicitud por INTERNET  para realizar este trámite por Internet debe acceder a la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia y poseer un certificado o DNI electrónico. (Accede AQUÍ)

 

PLAZO

Según establece el Real Decreto 1879/1994, de 15 de septiembre, el plazo estipulado será de 3 MESES iniciados a instancia de parte. Transcurrido dicho plazo sin interrupciones, se podrá entender estimada la cancelación pretendida cuando no haya habido resolución expresa.

La resolución recaída será notificada por correo a la dirección designada a efecto de notificaciones.


 DIFERENCIA CON LOS ANTECEDENTES POLICIALES

Por otro lado es importante diferenciar los antecedentes penales de los ANTECEDENTES POLICIALES, puesto que cancelar los antecedentes penales no supone la cancelación de los policiales de manera que se podrían tener antecedentes policiales pero no penales.

Los antecedentes policiales derivan de los hechos tipificados en el vigente Código Penal como delitos o faltas o de aquellos otros de carácter administrativo que han dado lugar por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la instrucción de diligencias y su posterior remisión a las Autoridades Judiciales o Administrativas.

En el Cuerpo Nacional de Policía los antecedentes policiales desfavorables se recogen en el fichero conocido como “PERPOL”.

En la Guardia Civil los antecedentes policiales se recogen en el fichero “INTPOL”.

Por tanto si alguna vez ha sido usted detenido o identificado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la presunta comisión de una falta, delito o infracción administrativa, es posible que sus datos aparezcan en una base de datos policial y que por lo tanto usted tenga antecedentes policiales.

Si tras su identificación o detención por la Policía por la presunta comisión de un delito o falta fuera dictada Sentencia absolutoria o se archivara el asunto, puede solicitar su cancelación desde la firmeza de la Sentencia o desde el Auto de archivo.

Si consta en alguno de los registros mencionados anteriormente que se puede comprobar mediante solicitud deberá rellenar el correspondiente modelo de cancelación, el cual será diferente dependiendo de si aparece en el registro de la Policía Nacional (Más INFO AQUÍ) o en el de la Guardia Civil (Más INFO AQUÍ).

 

Publicado 22 mayo 2014 por VanesaTeijeiroAbogada en Penal

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

  • Se equipararán a las labores que se realizan en Europa y los procuradores podrán participar en actos de comunicación, embargos y algunos actos de ejecución de resoluciones, siempre bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial.

  • El ciudadano podrá elegir en cada procedimiento que estos actos se realicen por los funcionarios de la Administración de Justicia o por este colectivo.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para aproximar las funciones de los procuradores españoles a las que tienen sus homólogos en el resto de Europa. La principal novedad de la futura Ley es que permitirá al ciudadano elegir quién desea que se ocupe de practicar los actos de comunicación, los embargos y algunos actos de ejecución de la resolución que se dicte al final del proceso: el procurador, bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial, o los funcionarios de la Administración de Justicia, como hasta ahora.

Los procuradores, ya presentes en el Derecho romano o en las Partidas de Alfonso X el Sabio como “personeros”, no han perdido nunca la condición de representante procesal de parte. El Anteproyecto de Ley, que se enmarca en la reforma en profundidad de la Administración de Justicia que se está realizando, persigue desarrollar las funciones de colaboración y auxilio con la Administración de Justicia que ya realizan los procuradores para agilizar y dotar de mayor eficacia los trámites procesales.

Durante la pasada Legislatura, la Ley de Medidas de Agilización Procesal, del 10 de octubre de 2011, ya acentuaba la actuación del procurador como colaborador de la Administración de Justicia en la línea marcada por el Libro Blanco de la Justicia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial.

La nueva norma amplía las atribuciones y obligaciones de los procuradores a todos los actos de comunicación y a determinados actos de ejecución y de cooperación y auxilio de la Administración de Justicia. Será la parte quien decida al principio del procedimiento quién quiere que se encargue de dichos actos, siempre bajo la dirección del secretario judicial y control judicial: funcionarios al servicio de la Administración de Justicia o su procurador, a su costa. Si el ciudadano no especifica nada, se entenderá que se encargarán, como hasta ahora, funcionarios de la Administración de Justicia.

 

Principales líneas de refuerzo

Las principales líneas de refuerzo de las funciones de los procuradores son:

  • Actos de comunicación, garantizando la eficacia de las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos.

  • Posibilidad de realizar embargos de bienes muebles y cuentas corrientes.

  • Incremento de sus funciones en los procesos de ejecución, pues podrán realizar el requerimiento de pago en el domicilio del ejecutado o donde puedan encontrarlo.

  • Posibilidad de encargarse, a través de los Colegios de Procuradores, del depósito y de la administración judicial de los bienes embargados (obligación que corresponde a la Administración que ostente las competencias en materia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia), de acuerdo con las directrices que imparta el secretario judicial.

  • Posibilidad de ser designados como entidad especializada en la subasta de los bienes embargados.

Mientras participen en el ejercicio de funciones públicas, la Ley confiere a los procuradores la condición de agentes de la autoridad, por lo que sus notificaciones producirán plenos efectos cuando el destinatario se encuentre en su domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución, y ya no tendrán que realizar estos actos acompañados de dos testigos.

Juicio verbal y proceso monitorio

La Ley de Enjuiciamiento Civil también se reformará para incluir ciertas demandas de los operadores jurídicos en los juicios verbales para evitar la indefensión sin demorar el proceso. Entre ellas destaca la introducción de la contestación escrita, que hasta ahora sólo estaba prevista para determinados procedimientos especiales. Del mismo modo, siempre que el tribunal lo considere pertinente, se otorga a las partes la posibilidad de renunciar a la celebración del trámite de vista, permitiendo, así, la agilización del procedimiento y que la sentencia pueda ser dictada sin más trámites tras el escrito de contestación a la demanda.

Además, en los procesos monitorios se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2012, en el asunto C-618 Banco Español de Crédito, en la que se declaró que la normativa española no es acorde con el derecho de la Unión Europea en materia de protección de los consumidores, al no permitir que el juez que conoce una demanda en un proceso monitorio examine de oficio el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato. La Ley permitirá ahora un trámite para examinar y controlar la existencia de esas cláusulas abusivas, previa audiencia de las partes.

Visto en la página de La Moncloa

Publicado 14 mayo 2013 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Procesal

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INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE DEMARCACIÓN Y PLANTA JUDICIAL

  • Se crean veinte nuevos juzgados y se modifica la planta judicial en ocho provincias.

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la demarcación y planta judicial en un total de ocho provincias, en las que se constituyen veinte nuevos juzgados.

Las modificaciones que introduce este Anteproyecto, en cuya elaboración se ha buscado el consenso con las Comunidades Autónomas, responden a la aparición de nuevas necesidades que conllevan una readaptación para garantizar a los ciudadanos el fácil acceso a los diversos órganos judiciales. Para llevarlo a cabo se tienen en cuenta factores como el número de asuntos registrados, las características propias de la población, las comunicaciones y la configuración de las comarcas naturales. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 prevé que la demarcación y planta judicial deberá revisarse periódicamente.

El Ejecutivo considera que no es posible posponer más tiempo estas reformas para dar una solución a algunas acumulaciones de asuntos que se registran en la actualidad. Además, esta situación podría “comprometer seriamente los logros habidos hasta el momento, la efectividad de las últimas reformas legislativas y la consecución de una estructura judicial óptima.

Como consecuencia de esta reforma emprendida se variará la estructura de algunos partidos judiciales, a la vez que se introducen modificaciones en algunas circunscripciones de lo Penal, lo Social y lo Mercantil. Además, se afrontan cambios en juzgados exclusivos para Violencia sobre la Mujer con el fin de adecuarlos mejor a la nueva realidad.

Modificación de partidos judiciales

Se contempla la creación del partido judicial número 22 en Madrid, dotado con dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que englobará a los municipios de Boadilla del Monte, Brunete, Quijorna y Villanueva de la Cañada, integrados en la actualidad en el partido judicial de Móstoles, con una elevada carga de trabajo.

En la provincia de Las Palmas, el nuevo partido judicial número 9, con un juzgado de Primera Instancia e Instrucción, acogerá a los municipios de Tuineje y Pájara, localidades ambas de gran desarrollo turístico y económico.

En Valencia se crea el partido judicial número 19, al que se destinan dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Lo configurará una serie de municipios valencianos, como Buñol, Cheste o Chiva, entre otros, que forman la comarca de la Hoya de Buñol. Esta medida supone una importante homogeneización social, cultural, histórica y administrativa y facilita en gran medida las comunicaciones con la sede del futuro partido judicial.

En el mismo ámbito de la Comunidad Valenciana se modifica la circunscripción de los partidos judiciales de Castellón, Nules y Villarreal. Se potencia éste último por el incremento de industria y población que está experimentando.

En la provincia de Ávila se crea el partido judicial número 5, dotado con un juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Se adscribirán municipios que conforman la comarca natural de Alberche-Pinares, que no presenta obstáculos orográficos y permite mejores comunicaciones con la capitalidad del futuro partido judicial.

En los cuatro casos citados la capitalidad de los nuevos partidos deberá ser fijada por ley de su correspondiente Comunidad Autónoma.

En Extremadura los partidos judiciales de Cáceres y Coria sufrirán una modificación para paliar los largos desplazamientos y facilitar las comunicaciones con la sede del partido.

Modificación de circunscripciones de juzgados de lo penal y social

En el ámbito de la jurisdicción penal, en Cataluña se modifican las circunscripciones de Barcelona y Vilanova i la Geltrú, incorporando el partido judicial de Gavá a la circunscripción de Barcelona. En la provincia de Alicante, dado el alto índice de litigiosidad de la zona, se crea una nueva circunscripción de este tipo con jurisdicción sobre el partido judicial de Torrevieja.

En Canarias, atendiendo a la especificidad del hecho insular, se crean sendas circunscripciones de lo Penal y de lo Social en Santa Cruz de Tenerife, con jurisdicción sobre los partidos judiciales de Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de la Palma, en la isla de La Palma. En el caso de la provincia de Las Palmas también se crearán circunscripciones de este tipo, con jurisdicción sobre Puerto del Rosario, y el partido número 9, creado por este mismo Anteproyecto, en la isla de Fuerteventura.

También se crearán sendas circunscripciones de juzgados de lo Penal y lo Social en la provincia de Toledo, extendiendo su jurisdicción al partido judicial de Talavera de la Reina. Se regula así una situación que ya se estaba produciendo “de facto”.


Circunscripciones de lo Mercantil

Se crean circunscripciones de lo Mercantil en la provincia de Asturias, con jurisdicción sobre los partidos judiciales de Avilés, Gijón y Villaviciosa, y en la provincia de Pontevedra, con jurisdicción sobre los de Vigo, Cangas, O Porriño, Ponteareas, Tui y Redondela.

En ambos casos la medida se justifica por el elevado volumen de litigiosidad, índice demográfico y existencia de núcleos industriales y mercantiles.

Juzgados de violencia sobre la mujer

Finalmente, el Ejecutivo considera que ha transcurrido un tiempo razonable desde la entrada en funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer para proceder a una necesaria modificación de su jurisdicción en algunos casos, dándole un carácter comarcal, que abarque varios partidos judiciales. Se busca, en todo caso, potenciar estos órganos exclusivos, servidos por jueces especializados en la materia y con dotaciones y equipos adecuados, con la intención de ofrecer un mejor servicio.

En este caso, de la modificación puesta en marcha resultan, en la Comunidad Valenciana, un total de seis circunscripciones: la de Alicante tendrá jurisdicción sobre los partidos judiciales de Alicante y San Vicente del Raspeig; la de Elche, sobre los partidos de Orihuela, Elda, Novelda, Torrevieja y la propia localidad de Elche; la de Valencia, con jurisdicción en la misma capital valenciana, Moncada y Massamagrell; la de Castellón de la Plana, que se extiende a Castellón, Nules y Villarreal; la de Alzira, que engloba los partidos de Gandía, Sueca, Carlet, Xátiva, además de la propia Alzira; y la de Torrente, cuya jurisdicción se extiende a este mismo municipio, Catarroja, Paterna, Quart de Poblet, Mislata y Picassent.

En Andalucía la circunscripción de Algeciras tendrá jurisdicción sobre la misma Algeciras, San Roque y La Línea de la Concepción. En Asturias afecta a Oviedo, con jurisdicción sobre la capital asturiana, además de Avilés, Grado, Siero, Mieres y Langreo.

La demarcación canaria de Santa Cruz de Tenerife extenderá su jurisdicción a los partidos judiciales de esta misma localidad canaria y San Cristóbal de la Laguna. En Santander la jurisdicción alcanzará a Torrelavega, Laredo, Santoña y Medio Cuyedo, además de la propia Santander.

Por último, esta modificación en los juzgados de violencia sobre la mujer alcanza también a Extremadura, con la circunscripción de Badajoz, que extiende su jurisdicción sobre Badajoz, Olivenza y Montijo. En Galicia la circunscripción de Vigo tiene jurisdicción sobre Redondela y la propia Vigo.

Visto en la página de La Moncloa

Publicado 14 mayo 2013 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Procesal

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