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DESCUBRE CÓMO TE ESTÁ ENGAÑANDO TU COMPAÑÍA DE SEGUROS (daños materiales en accidentes de circulación)

¿Has tenido un accidente con tu vehículo? Seguro que te están engañando

Si dedicas unos minutos a la lectura de este post te podrás librar del clásico engaño que se ha hecho crónico (al menos quitarte la sensación de que no sabes qué esta pasando).

No se trata de la famosa “letra pequeña” que se encontraba en todas las pólizas donde se excluían los daños a indemnizar ya que las condiciones para la cobertura del seguro raramente se podían cumplir, o como las condiciones que publicitaba un anuncio en la TV en referencia a su competencia al mofarse que en la “letra pequeña” incluía los daños por nevadas en el sur de España y los excluía en el norte. No se trata de daños que raramente las compañías tienen que cubrir porque casi nunca se producen, se trata de daños que suceden todos los días, a cientos o miles en toda España.

Los siniestros de los daños ocasionados a terceros en los accidentes entre vehículos, en lugar de cubrir los daños, se sacan de la manga un engaño hábilmente preparado para convencer a la victima. Estos individuos para hacer entrar por el aro a quien es víctima de sufrir unos desperfectos en su vehículo, ocasionados por un tercero, se apoyan en una inventada la legislación vigente que les permite irse de rositas.

Esto explicado así tendría que ser delito pero la materia prima de esas compañías aseguradoras es su servicio jurídico, quien redacta las pólizas y se saca de encima a quien proteste. La otra  los actuarios  además aplican modelos estadísticos y matemáticos para averiguar el riesgo que se produzca un evento con tal de asignar una prima a la póliza y que además la compañía aseguradora obtenga un beneficio. En definitiva, se trata de cobrar las pólizas, a los clientes, y escaquearse en el pago de las coberturas cuando se produce un siniestro (y no hablamos sólo de la compañía contraria, hablamos de tu propia compañía, que va a ganar dinero con tu siniestro)

Podemos describir un caso concreto como los que se producen a cientos cada día ( en este caso real, sucedido en Lugo) .

Por ejemplo tú mismo, tienes un coche que te es necesario para ir a trabajar, tu seguro es a terceros pero para no divagar sería mejor ir a la web de UNESPA la Asociación Empresarial del Seguro a ver que nos dice respecto al seguro del automóvil.

Dice así:¿Qué cubre mi seguro del coche? Todo propietario de un vehículo a motor está obligado a contratar y mantener en vigor una póliza de seguro que cubra la Responsabilidad Civil del conductor que se derive de los daños, tanto personales como materiales, ocasionados a terceras personas como consecuencia de un hecho de la circulación.

Seguro Obligatorio (SOA). Este seguro cubre la responsabilidad civil del conductor frente a terceros, pero no los daños personales ni materiales que el conductor o su coche sufran cuando el conductor sea culpable de ese accidente. Parece que queda claro, lo que llamamos seguro a terceros cubre los daños que le puedas ocasionar a otro y no cubre los propios.

Ahora resulta que un coche colisiona con el tuyo haciendo una rotonda (en España el 80% de la gente no sabe hacer una rotonda, dejo imagen adjunta para tomar nota) porque el vehículo contrario pretende abandonar la rotonda por tu carril, sin cederte el paso, tú que circulas por el carril exterior y tu intención es seguir girando por la rotonda para abandonarla en otra salida de la misma; la cuestión es que el contrario es culpable del accidente. No queda más remedio que hacer el parte del accidente, Y SI TIENES LA SUERTE DE QUE EL CONTRARIO TENGA UNA PÓLIZA EN VIGOR él lo remite a su compañía y tú a la tuya. Tu compañía aseguradora te solicita a qué taller lo vas a llevar a reparar para enviar al perito para evaluar el siniestro.  (en el caso real planteado la compañía tardó 2 meses en hacer esto, mientras tanto el coche en el taller esperando, porque en principio el vehículo contrario no tenía una póliza en vigor y su compañía le reaseguró el vehículo así como por arte de magia, supongo que bajo amenaza porque el conductor del vehículo contrario era administrador solidario de un CONCESIONARIO DE COCHES de coches de Lugo, como en principio no tenía seguro SU ASEGURADORA comenzó rechazando el siniestro y ahí se lió todo)

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Y dejo un consejo: por favor, aprendamos a circular bien por una rotonda

Es a partir de aquí donde empieza el engaño.

Cuando el perito aparece por el taller para evaluar los daños tu entiendes, como cualquiera, que este individuo se presenta para que objetivamente fije un precio de la reparación que deberá pagar la compañía de nuestro contrario que nos ha dado el golpe. Con la peritación se asegura que el taller no le cobre de más y que se atenga al daño ocasionado por la colisión. ¿Parece que queda claro? Pues no, el perito, por llamarlo de alguna manera, es el cómplice necesario y tan solo acude a hacer el paripé perfectamente orquestado para que ninguna compañía pierda un euro.

Veamos el papelón del cómplice: se limita a tomar nota del valor venal que es el valor que aparece en una lista que utiliza el gremio de compra venta de coches usados y que no tiene ningún rigor nada más el que le quieran dar como indicativo y sin ningún valor legal.

A continuación tu compañía te llamara por teléfono y te informará que el perito ha declarado tu vehículo como “siniestro total” por lo que los daños a cubrir se limitan al valor venal y tú ya de entrada te sientes confuso porque no sabes qué es eso, si lo sabes y protestas te dirán que eso es lo que dice la Ley y que no tienes nada que reclamar. (brillante cuando se lo dicen a alguien que no entiende de Leyes)

Lo presentan como “lo tomas o lo dejas” y de poco les sirve que digas que los desperfectos no son de tal magnitud como para que se les declare como un vehículo irrecuperable, que el valor venal, después de comprobar en Internet casas de compraventa de vehículos de segunda mano, no hay ninguno por ese precio, que ese precio es en el caso de que lo quiera vender que no es el caso. Así, con estos argumentos, puedes gastar un cubo de saliva y estos personajes con la lección bien aprendida no se mueven que es la Ley que así lo dice.

Esperan que te canses para salirse con la suya, saben que tu necesitas el coche y acabarás aceptando el cheque con el importe del valor venal, porque estás desesperado.

restitutio in integrum: volver a poner las cosas en su estado anterior

Antes de tomar una decisión es necesario hacer un diagnóstico. Veamos lo que estos individuos de tu compañía se llevan entremanos:  actúan en evidente perjuicio a sus clientes que les han pagado una prima para que actúen frente a la compañía contraria y les resarzan de los daños que ha provocado un tercero.

Tú, que no eres de aquellos que se chupa el dedo, decides plantarles cara y para empezar les solicitas por escrito, por correo electrónico también es válido, que te especifiquen, asimismo por escrito, a que Ley se refieren ya que no la citan en ningún momento.

Recibirás una información para confundirte sobre la base jurídica en la que se apoyan, que irá por este estilo: La Ley a la que se refieren es el Código Civil, concretamente el artículo 1902, que según ellos dice así: “El que por acción u omisión causa daño a otro, causado.” (jajaja)

Pero si vas al artículo 1902 dice algo más: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. “

Omiten lo más importante, que están obligados a reparar el daño y no salirse de rositas indemnizando con un importe que corresponde con el valor venal que se sacan de la manga. No acaba aquí la cosa te soltarán un rollo que va de este palo No obstante informarle que frente al principio de “restitutio in integrum” la jurisprudencia  asentada establece que el resarcimiento de los perjuicios causados  debe ser justo y que éste  no produzca  enriquecimiento al perjudicado  y que no resulte desproporcionado para el responsable. Es por ello que el juez tiene la capacidad para moderarlas”. (quien dijo que el juez les va a dar la razón siempre a ellos? parece que por el hecho de decir “un juez tiene que moderarlos” ya has perdido el juicio, pero de eso nada.)

Encima de que te están robando ya que la indemnización (la del valor venal) no cubre el coste de reparar el vehículo te hablarán de que te estas enriqueciendo. (recordar que tú eres el perjudicado y no el responsable del accidente en este momento se está convirtiendo en algo realmente difícil)

Lo primero que hay que hacer es solicitar al taller, donde esta el coche esperando ser reparado, un presupuesto del arreglo.

Para movernos con claridad será mejor aportar unas cifras que nos servirán de ejemplo. Observarás que tu compañía que te asegura los daños a terceros y te tramita el resarcimiento de los daños que te han producido en ningún momento ha dejado por escrito el resultado del informe del perito tasador (no te canses a la hora de pedirlo, no te lo van a enviar JAMAS), sólo te ha informado verbalmente que el valor venal era de 2.200€ y el coste de la reparación se tasaba en 3.800€ (te recuerdo que es un ejemplo, en este caso real) e incluso cuando lo solicitaste no se te proporcionaron.

Para complementar los números falta añadir el importe del presupuesto que te ha facilitado el taller por la reparación del vehículo: 3.300 €. (Tras preguntar en el concesionario oficial del vehículo de este ejemplo nos confirmaron que el valor venal del vehículo según el GANVAM (Valoración de la asociación nacional de vendedores de vehículos a motor) es de 3.580 € pero el perito decidió por su cuenta tasar el vehículo en una fecha dos meses posterior al del siniestro ( en contra del artículo 26 de la ley de contrato de seguro que habla de que la valoración ha de ser la anterior al siniestro) cuando ya había cambiado el trimestre y cambiado el año y había descendido el valor del vehículo más de un 20%.

Aquí llegamos al magma del engaño, es su “propio” perito el que determina el coste de la reparación falseando la realidad. ¿Por qué hincha el coste la reparación? El perito facilita un coste sustancialmente más elevado del proporcionado por el taller a tu petición. ¿Su función no era la de determinar el importe de la factura del taller? ¿Hay alguna razón en este proceder? El paripé y el engaño quedan al descubierto, lo que se pretende, por los importes facilitados por el cómplice necesario, el domesticado perito es adaptarse a la Sentencia del Tribunal Supremo del 3 de marzo de 1978 y 9 de julio de 1957 cuando habla que la diferencia entre el valor venal y coste de la reparación NO supere el 100%, la indemnización será el de la reparación del vehículo.

Todo cuadra, en tu caso particular el valor venal que se le da es de 2.200€ entonces el coste de la reparación ya no tiene que ver con los desperfectos del vehículo sino los que “su perito” se saca de la manga con tal que supere el 100%, es decir 3.900€ (supera en  el 100%) y por arte de magia se puede declarar siniestro total y en lugar de cubrir los desperfectos según reza el artículo 1902 del Código Civil, antes citado, se escaquean de pagar los daños poniendo de por medio la Ley.

La causa de que hagan esto es que entre ambas compañías han un suscrito un convenio por el que la compañía culpable paga sólo 800€ y el resto lo paga TU COMPAÑÍA, en este caso que ponemos como ejemplo esta compañía evidentemente no quiere pagar ese exceso, pretende ahorrarse 1.300€ dando el coche por siniestro y diciéndote que es la compañía contraria la que te ofrece la indemnización cuando la compañía contraria ya ni se acuerda del siniestro puesto que ha pagado esos 800€ a tú compañía. (entre ellas funciona perfectamente el HOY POR TI MAÑANA POR MI)

Con lo cual estás vendido desde el principio, nadie te va a ayudar, nadie excepto el abogado que contrates para demandar a la compañía responsable (la contraria, PARECE QUE TU COMPAÑÍA QUE ES LA QUE TE ESTÁ MACHACANDO SE VA A LIBRAR DE TODAS TODAS).

Si por cada accidente, sin importancia, se ahorran mil euros les sale a cuenta montar este tinglado por la vía de la estafa. Cuesta comprender que siendo tu compañía que te cobran una prima por ejercer su labor te engañen con información falsa en tu perjuicio y a favor de la compañía contraria al aplicarte el siniestro total cuando no lo es. Nunca te darán nada por escrito aunque te prometan que te enviarán un mail con la valoración o un burofax con la propuesta de la compañía contraria (mentira, la compañía contraria ya no sabe nada del asunto)

¿Qué hacer?

Por más veces que hables con tu compañía de seguros nunca te dejes convencer, van a dejar que pase el tiempo diciéndote que van a negociar tal o cual cosa para que, mientras tanto tu vehículo esté en el taller parado y tu moral minada para que, desesperado/a, aceptes la ridícula indemnización.

Consulta inmediatamente a un abogado las opciones que tienes.

Todos los abogados de accidentes de tráfico privados sabemos que a las aseguradoras les cuesta pagar las indemnizaciones: diríamos finamente que es parte de su trabajo cobrar lo máximo (dentro de los vaivenes del mercado) por las primas de seguro y pagar lo mínimo por los siniestros. Por lo tanto, cuando en en este despacho iniciamos una reclamación sabemos que la compañía de seguros no nos lo va a poner fácil y que tendremos que pelear hasta el último euro de nuestros clientes. En la mayoría de casos, tras interponer la oportuna demanda, conseguimos que la aseguradora ceda y pague la indemnización correspondiente.

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Publicado 16 febrero 2016 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Civil, Tráfico

EL TESTIGO EN EL PROCESO CIVIL

En un post anterior hablábamos del testigo en el proceso penal, a continuación hablaremos del testigo en el proceso civil

Prueba testifical en el proceso civil.

La declaración del testigo se denomina también PRUEBA TESTIFICAL que es una método probatorio que se realiza mediante el interrogatorio de un testigo que ha sido propuesto por el demandante o demandado en un proceso civil.

Esta prueba se practica en la vista oral tras ser admitida en la Audiencia Previa en casos de Procedimientos Ordinarios o en la propia vista en el caso de los Juicios Verbales. Con la práctica de dicha prueba lo que se pretende es la aclaración de los hechos discutidos en el juicio.

El testigo es aquella persona que tenga noticia de los hechos controvertidos discutidos en el proceso, y con las siguientes características:

  • Para que esta prueba sea válida, deberá testificar en presencia del tribunal.
  • El testigo ha de ser tercero y no tener ningún tipo de interés en el proceso, ni por tanto, ser parte en el proceso.
  • La declaración debe referirse a hechos pasados de los que haya tenido conocimiento directo, por haberlos presenciado o indirecto porque se lo han contado.

 

¿PUEDO SER TESTIGO EN UN PROCESO CIVIL?

En primer lugar hay que indicar que tanto demandante como demandado no pueden ser considerados aunque con toda probabilidad son los que tienen un conocimiento más directo de los hechos discutidos pero su declaración NO ES UNA PRUEBA TESTIFICAL SINO QUE ES UN INTERROGATORIO DE PARTE. Es importante hacer esta distinción porque las partes (demandante y demandado) sí pueden mentir en su interrogatorio mientras que los testigos en su declaración testifical no pueden faltar a la verdad pues pueden incurrir en un delito.

Cualquier persona por tanto puede ser testigo en un proceso civil salvo los siguientes casos:

  •  Cuando una persona se halle permanente privados de razón o del uso de sentidos respecto de hechos sobre los que únicamente quepa tener conocimiento pro dichos sentidos.
  • Menores de catorce años, salvo que a juicio del tribunal, el menor posea el discernimiento necesario para conocer y declarar verazmente.
  •  Ser o haber sido cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado civil de la parte que lo haya presentado o de su abogado o procurador o hallarse relacionado con ellos por vínculo de adopción, tutela o análogo. 
  •  Ser dependiente del que lo hubiere propuesto o de su procurador o abogado o estar a su servicio o hallarse ligado con alguno de ellos por cualquier relación de sociedad o intereses.
  • Tener interés directo o indirecto en el asunto de que se trate.
  • Ser amigo íntimo o enemigo de una de las partes o de su abogado o procurador.
  • Haber sido el testigo condenado por falso testimonio.

 

Cuando en un testigo propuesto concurre alguna causa de las mencionadas la parte contraria o el juez, de oficio, deben proponer su TACHA, que se ha de formular en el momento de admisión de la prueba testifical aunque cuando comienza la declaración del testigo éste debe reconocer la causa de tacha al ser preguntado.

 

Derechos y obligaciones del testigo

En referencia a las obligaciones, los testigos tienen el deber de comparecer, en caso contrario se enfrentan a multas desde 180 hasta 600 euros. Además debe de prestar juramento de que a a decir la verdad y de contestar a las preguntas que se le formulen salvo que el tribunal le permita no responder, cuando, por motivo de su estado o profesión tenga el deber de guardar secreto.

El testigo deberá responder por sí mismo de palabra, sin que, en ningún caso, pueda llevar anotadas las respuestas, salvo que se trate de datos de difícil memorización por ejemplo cuando la pregunta se refiera a cuentas, libros o documentos se permitirá que los consulte antes de responder.

Hay que recordar que los testigos no pueden presenciar las declaraciones de otros testigos ni, una vez que hayan terminado de contestar hablar con los testigos que restan por declarar, por ello, los testigos nunca entran en la sala donde se celebra la vista hasta que son llamados de viva voz al interior de la sala y, por la misma razón, no pueden abandonar ésta hasta que haya finalizado la prueba testifical, es decir, hasta que hayan declarado todos los testidos.

Por otro lado, y en referencia a sus derechos, pueden solicitar una indemnización por los gastos y perjuicios ocasionados por su comparecencia, como pueden ser gastos de transporte o alojamiento. El importe de la indemnización lo fijará el secretario judicial mediante decreto que tendrá en cuenta los datos y circunstancias que hubiese aportado el testigo motivando los gastos realizados (por ejemplo aportando facturas).

 

El desarrollo de la prueba testifical

El testigo lo propone la parte a la que interese y deberá identificarlo y, si es posible manifestar un domicilio a efecto de notificaciones. 

El Juez podrá interrogar al testigo por su nombre, apellidos, edad, estado, profesión y domicilio. Posteriormente se le preguntará si tiene interés directo o indirecto en el objeto del proceso o si tiene alguna relación con las partes. Por último se le indicará que tiene la obligación de decir la verdad.

A continuación comienza a preguntar la parte que propuso al testigo y, una vez finalizado dicha parte, le interroga las demás partes si hay más de una.

Cuando los testigos incurran en graves contradicciones entre sí, el tribunal podrá de oficio o a instancia de parte que los testigos que se contradigan se sometan a un careo.

Posteriormente y para poder dictar Sentencia el Juez valora la declaración de los testigos teniendo en consideración la fuerza de su declaración, circunstancias que concurren, las tachas formuladas y los resultados de las demás pruebas practicadas.

Publicado 28 mayo 2014 por VanesaTeijeiroAbogada en Civil, Familia, Procesal

CÓMO CANCELAR LOS ANTECEDENTES PENALES

Es consulta frecuente entre los condenados por Sentencia en el ámbito penal ¿Cuándo podré cancelar los antecedentes penales? Son varias las causas de este interés pero la más frecuente es para poder presentarse a oposiciones sin temer el Certificado de Antecedentes Penales.

 

¿QUÉ SON?

Cuando una Sentencia condenatoria es firme el Juzgado encargado de su ejecución remite al Registro Central de Penados y Rebeldes certificación por la que se hace constar, además de la identificación del penado, el delito y la pena impuesta a la que ha sido condenado y la fecha en la que la Sentencia es FIRME.

Registro Central de Penados y Rebeldes depende del Ministerio de Justicia y en él se inscriben las resoluciones firmes que impongan penas u otras medidas dictadas por los Juzgados Penales.

 

 REQUISITOS

El Artículo 136 del Código Penal establece:

1. Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos:

a) Seis meses para las penas leves.

b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.

c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.

d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.

e) Diez años para las penas graves.

2. Los plazos a que se refiere el apartado anterior se contarán desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena, pero si ello ocurriese mediante la remisión condicional, el plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este beneficio. En este caso, se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión.

3. Las penas impuestas a las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del artículo 129 se cancelarán en el plazo que corresponda, de acuerdo con la regla prevista en el apartado 1 de este artículo, salvo que se hubiese acordado la disolución o la prohibición definitiva de actividades. En estos casos, se cancelarán las anotaciones transcurridos cincuenta años computados desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia.

4. Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes no serán públicas. Durante su vigencia solo se emitirán certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la ley. En todo caso, se librarán las que soliciten los jueces o tribunales, se refieran o no a inscripciones canceladas, haciendo constar expresamente esta última circunstancia.

5. En los casos en que, a pesar de cumplirse los requisitos establecidos en este artículo para la cancelación, ésta no se haya producido, el juez o tribunal, acreditadas tales circunstancias, no tendrá en cuenta dichos antecedentes.

SOLICITUD

Los solicitantes deberán cumplimentar una solicitud en la que, necesariamente, harán constar los siguientes datos:nombre y apellidos, filiación, localidad, provincia y fecha de nacimiento, documento acreditativo de su identidad y domicilio que designan a efectos de notificación.

El Código Penal establece en el artículo 136.4  que las inscripciones de antecedentes penales en el Registro Central de Penados “no serán públicas”, por lo que el solicitante deberá acreditar su identidad con la correspondiente documentación en vigor, lo que podrá realizar mediante personación, por correo o a través de representante debidamente acreditado. Dicha documentación es:

  1. Titular español o comunitario: D.N.I. en vigor o fotocopia debidamente compulsada
  2. Tarjeta comunitaria o pasaporte en su caso, ambos en vigor, bien a través de sus originales o fotocopias de los mismos debidamente compulsadas.
  3. Tarjeta  de residencia (N.I.E.), o pasaporte en su caso, todos ellos en vigor, a través de sus originales o fotocopias de los mismos debidamente compulsadas.

 

Si el interesado actuara a través de representante éste deberá acreditar igualmente su identidad, documentándose la representación mediante poder notarial, declaración en comparecencia personal del interesado, o cualquier medio suficiente en derecho que deje constancia fidedigna de tal representación.

En todo caso aunque se actúe o no con representante el interesado deberá igualmente acreditar su identidad.

 

Para la presentación de la solicitud existe un MODELO NORMALIZADO , el cual se puede obtener de la página Web del Ministerio de Justicia (pinchando AQUÍ), aunque sería suficiente un escrito del interesado que contenga los datos necesarios con la petición expresa. 

Para agilizar los trámites es conveniente adjuntar a la solicitud un certificado original o copia compulsada del mismo, expedido por el Juzgado o Tribunal competente, donde consten las fechas de extinción o cumplimiento de cada una de las penas impuestas.

 

  • La solicitud puede ser PRESENCIAL debidamente cumplimentada junto con la documentación que la acompañe se puede presentar:

-En el Registro General del Ministerio de Justicia (Oficina Central de Atención al Ciudadano).

-En cualquiera de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.

-En cualquiera de los registros a que se refiere el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

-Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero a través de las oficinas diplomáticas y consulares de España, previa presentación del titular en las mismas, quien solicita y autoriza la gestión en la forma convenida entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y el Ministerio de Justicia.

El modelo de presentación lo puedes encontrar aquí: web ministerio de justicia

 

  • También se puede presentar por CORREO la solicitud junto con la copia compulsada de la documentación requerida se puede enviar también por correo certificado a la siguiente dirección:

-Registro Central de Penados (Cancelaciones), C/ San Bernardo nº 21, planta baja, 28015 – MADRID.

 

  • Por otro lado se puede realizar la solicitud por INTERNET  para realizar este trámite por Internet debe acceder a la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia y poseer un certificado o DNI electrónico. (Accede AQUÍ)

 

PLAZO

Según establece el Real Decreto 1879/1994, de 15 de septiembre, el plazo estipulado será de 3 MESES iniciados a instancia de parte. Transcurrido dicho plazo sin interrupciones, se podrá entender estimada la cancelación pretendida cuando no haya habido resolución expresa.

La resolución recaída será notificada por correo a la dirección designada a efecto de notificaciones.


 DIFERENCIA CON LOS ANTECEDENTES POLICIALES

Por otro lado es importante diferenciar los antecedentes penales de los ANTECEDENTES POLICIALES, puesto que cancelar los antecedentes penales no supone la cancelación de los policiales de manera que se podrían tener antecedentes policiales pero no penales.

Los antecedentes policiales derivan de los hechos tipificados en el vigente Código Penal como delitos o faltas o de aquellos otros de carácter administrativo que han dado lugar por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la instrucción de diligencias y su posterior remisión a las Autoridades Judiciales o Administrativas.

En el Cuerpo Nacional de Policía los antecedentes policiales desfavorables se recogen en el fichero conocido como “PERPOL”.

En la Guardia Civil los antecedentes policiales se recogen en el fichero “INTPOL”.

Por tanto si alguna vez ha sido usted detenido o identificado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la presunta comisión de una falta, delito o infracción administrativa, es posible que sus datos aparezcan en una base de datos policial y que por lo tanto usted tenga antecedentes policiales.

Si tras su identificación o detención por la Policía por la presunta comisión de un delito o falta fuera dictada Sentencia absolutoria o se archivara el asunto, puede solicitar su cancelación desde la firmeza de la Sentencia o desde el Auto de archivo.

Si consta en alguno de los registros mencionados anteriormente que se puede comprobar mediante solicitud deberá rellenar el correspondiente modelo de cancelación, el cual será diferente dependiendo de si aparece en el registro de la Policía Nacional (Más INFO AQUÍ) o en el de la Guardia Civil (Más INFO AQUÍ).

 

Responsabilidad civil para cancelar los antecedentes penales en el actual Código Penal:

El código penal anterior exigía en el artículo 136.2 que tenía que estar satisfecha la responsabilidad civil para poder cancelar los antecedentes penales, esto ha cambiado con la reforma del anterior Código Penal:

El actual artículo 136 del Código Penal (en vigor desde el 1 de julio de 2015) ha suprimido el requisito del pago de la responsabilidad civil para la cancelación de los antecedentes penales. Si leéis el artículo comprobaréis que ya no se hace mención al cumplimiento del mismo, por lo tanto ya no se requiere que el condenado previamente tenga abonada la responsabilidad civil o que se haya declarado su insolvencia.

El apartado VI del “Preámbulo” de la Ley Orgáncia 1/2015, por la que se aprueba las modificaciones del Código Penal, dice literalmente: ” Con la reforma, se modifica el artículo 136 del Código Penal para facilitar el procedimiento de cancelación de los antecedentes penales, suprimiendo la exigencia del informe del juez o tribunal sentenciador y el requisito de la constancia del pago de la responsabilidad civil o la insolvencia del penado“.

 

Régimen transitorio o qué sucede con los cumplimientos de códigos penales anteriores:

Si tenemos en cuenta que el actual texto del Código Penal es más beneficioso para el reo en este sentido, considero que habría de suprimirse la exigencia de pago de la responsabilidad civil para cancelar los antecedentes penales en aquellos expedientes que estén a fecha de hoy en vigor aunque los hechos se cometieran bajo el antiguo Código Penal, aunque no deja de ser mi opinión, y evidentemente habrá que estar a los criterios del Registro Central de Penados y de los Tribunales que pronto empezarán a conocerse.

 

Publicado 22 mayo 2014 por VanesaTeijeiroAbogada en Penal

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

  • Se equipararán a las labores que se realizan en Europa y los procuradores podrán participar en actos de comunicación, embargos y algunos actos de ejecución de resoluciones, siempre bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial.

  • El ciudadano podrá elegir en cada procedimiento que estos actos se realicen por los funcionarios de la Administración de Justicia o por este colectivo.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para aproximar las funciones de los procuradores españoles a las que tienen sus homólogos en el resto de Europa. La principal novedad de la futura Ley es que permitirá al ciudadano elegir quién desea que se ocupe de practicar los actos de comunicación, los embargos y algunos actos de ejecución de la resolución que se dicte al final del proceso: el procurador, bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial, o los funcionarios de la Administración de Justicia, como hasta ahora.

Los procuradores, ya presentes en el Derecho romano o en las Partidas de Alfonso X el Sabio como “personeros”, no han perdido nunca la condición de representante procesal de parte. El Anteproyecto de Ley, que se enmarca en la reforma en profundidad de la Administración de Justicia que se está realizando, persigue desarrollar las funciones de colaboración y auxilio con la Administración de Justicia que ya realizan los procuradores para agilizar y dotar de mayor eficacia los trámites procesales.

Durante la pasada Legislatura, la Ley de Medidas de Agilización Procesal, del 10 de octubre de 2011, ya acentuaba la actuación del procurador como colaborador de la Administración de Justicia en la línea marcada por el Libro Blanco de la Justicia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial.

La nueva norma amplía las atribuciones y obligaciones de los procuradores a todos los actos de comunicación y a determinados actos de ejecución y de cooperación y auxilio de la Administración de Justicia. Será la parte quien decida al principio del procedimiento quién quiere que se encargue de dichos actos, siempre bajo la dirección del secretario judicial y control judicial: funcionarios al servicio de la Administración de Justicia o su procurador, a su costa. Si el ciudadano no especifica nada, se entenderá que se encargarán, como hasta ahora, funcionarios de la Administración de Justicia.

 

Principales líneas de refuerzo

Las principales líneas de refuerzo de las funciones de los procuradores son:

  • Actos de comunicación, garantizando la eficacia de las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos.

  • Posibilidad de realizar embargos de bienes muebles y cuentas corrientes.

  • Incremento de sus funciones en los procesos de ejecución, pues podrán realizar el requerimiento de pago en el domicilio del ejecutado o donde puedan encontrarlo.

  • Posibilidad de encargarse, a través de los Colegios de Procuradores, del depósito y de la administración judicial de los bienes embargados (obligación que corresponde a la Administración que ostente las competencias en materia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia), de acuerdo con las directrices que imparta el secretario judicial.

  • Posibilidad de ser designados como entidad especializada en la subasta de los bienes embargados.

Mientras participen en el ejercicio de funciones públicas, la Ley confiere a los procuradores la condición de agentes de la autoridad, por lo que sus notificaciones producirán plenos efectos cuando el destinatario se encuentre en su domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución, y ya no tendrán que realizar estos actos acompañados de dos testigos.

Juicio verbal y proceso monitorio

La Ley de Enjuiciamiento Civil también se reformará para incluir ciertas demandas de los operadores jurídicos en los juicios verbales para evitar la indefensión sin demorar el proceso. Entre ellas destaca la introducción de la contestación escrita, que hasta ahora sólo estaba prevista para determinados procedimientos especiales. Del mismo modo, siempre que el tribunal lo considere pertinente, se otorga a las partes la posibilidad de renunciar a la celebración del trámite de vista, permitiendo, así, la agilización del procedimiento y que la sentencia pueda ser dictada sin más trámites tras el escrito de contestación a la demanda.

Además, en los procesos monitorios se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2012, en el asunto C-618 Banco Español de Crédito, en la que se declaró que la normativa española no es acorde con el derecho de la Unión Europea en materia de protección de los consumidores, al no permitir que el juez que conoce una demanda en un proceso monitorio examine de oficio el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato. La Ley permitirá ahora un trámite para examinar y controlar la existencia de esas cláusulas abusivas, previa audiencia de las partes.

Visto en la página de La Moncloa

Publicado 14 mayo 2013 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Procesal

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EL GOBIERNO ENDURECE EL CÓDIGO PENAL Y AMPLÍA LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE (El País.com)

Justicia propone ahora aplicar la pena a delitos de “asesinato agravado”.

VERA GUTIÉRREZ CALVO Madrid 14 SEP 2012 .

El Código Penal español, uno de los más severos de Europa —con penas de hasta 40 años para los delitos más graves— se ha ido endureciendo en las últimas dos décadas por las reformas sucesivas de los Gobiernos del PP y el PSOE, que siempre han ido en la misma dirección: penas más altas. Ayer, Alberto Ruiz-Gallardón dio otro giro de tuerca: su proyecto de reforma del Código Penal no agrava por lo general las penas, pero crea dos figuras nuevas —la prisión permanente revisable (que además se aplicará a más casos de los que él dijo en un principio) y la custodia de seguridad—, amplía el alcance de otra —la libertad vigilada post-pena— y exprime el alcance de otras cuantas.

El resultado es —una vez más, un paso más— el Código Penal más duro de la democracia, en uno de los países con mayor tasa de población reclusa de Europa, según datos de Instituciones Penitenciarias. Ruiz-Gallardón, que presentó el informe con las líneas maestras de ese proyecto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, apeló en dos ocasiones a casos que “han ocurrido en España” y que “en la mente de todos están”; lo hizo al explicar la pena de prisión permanente revisable para asesinatos sumados a agresión sexual y al anunciar que la detención ilegal con desaparición de la víctima será equiparada al homicidio. Negó, sin embargo, que la ley tenga un barniz populista o pretenda dar respuesta a casos recientes de gran impacto social, como el asesinato de Marta del Castillo o la desaparición de los niños José y Ruth Bretón Ortiz. También lo desvinculó de la polémica por la excarcelación del etarra enfermo Iosu Uribetxeberria Bolinaga. “Llevamos meses trabajando en este proyecto”, argumentó.

El texto articulado del nuevo Código Penal aún debe ser cerrado por Justicia, y entonces pasará al Congreso. En cualquier caso, no se aplicará a delitos cometidos antes de su aprobación. Estas son algunas de las novedades anunciadas por el ministro.

» Prisión permanente revisable. Es una pena similar a la cadena perpetua, con la diferencia de que, si el preso demuestra estar reinsertado, puede ser excarcelado a partir de un cierto momento. Ese momento aún está por decidir, pero el plazo mínimo de permanencia en prisión (antes del cual no se podrá revisar la condena) estará “entre los 25 y los 35 años”, dependiendo del tipo de delito y de si es uno o varios cometidos conjuntamente.

El PP, en campaña electoral, apuntó a que esa nueva pena se aplicaría a delitos terroristas y sexuales; después, Ruiz-Gallardón rectificó y anunció en mayo que únicamente iría dirigida a delitos de terrorismo. Ahora ha cambiado de parecer: la prisión permanente revisable será aplicable a homicidios terroristas, magnicidio, genocidio, delitos de lesa humanidad y también a los casos de “asesinato agravado”; en este último supuesto entran los asesinatos de menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables (por razón de discapacidad o de edad), los asesinatos múltiples, los cometidos por organizaciones criminales y los que sean “subsiguientes a un delito contra la libertad sexual”.

En esos casos, el tribunal sentenciador tendrá que aplicar imperativamente la pena de prisión permanente revisable, no otra. Según el tipo de delito, se fijará un plazo mínimo y a partir de ahí se revisará la condena “de oficio, cada dos años”, o a petición del reo cada año. ¿Quién decidirá si el preso está rehabilitado? Ruiz-Gallardón dijo que “el tribunal sentenciador”; fuentes de Justicia matizaron que está en estudio aunque en todo caso será un tribunal colegiado, no el juez de Vigilancia Penitenciaria. Pero también explicaron que, a partir de cierto momento (otro plazo que hay que fijar), el reo podría acogerse al tercer grado penitenciario y a los permisos consecuentes, así que por ahora es imposible saber cuál sería el tiempo mínimo de cumplimiento efectivo en prisión.

Si el reo no se rehabilita y por tanto su condena no es revisada, estaría toda la vida en prisión, como en una cadena perpetua. Si se le revisa la condena, saldría durante un tiempo en prisión condicional, hasta comprobar que está totalmente reinsertado (para esa libertad condicional tampoco se ha fijado plazo ni condiciones aún), y después ya quedaría definitivamente en libertad. Fuentes de Justicia subrayaron que “casi todos los países europeos” tienen en sus legislaciones la pena de prisión permanente revisable.

» Custodia de seguridad. Es una medida de seguridad, no una pena, pero en la práctica significa añadir hasta 10 años más de prisión (o de internamiento en algún tipo de centro) a un preso que haya cumplido ya su condena. Se aplicará cuando el tribunal sentenciador (la medida debe establecerla en el momento de dictar sentencia, no a posteriori) crea que hay “especial peligrosidad”. Y podrá revocarse en cualquier momento si desaparece esa peligrosidad. Se aplicará a delitos “de especial gravedad”: asesinatos, homicidios, secuestros, agresiones sexuales, delitos con violencia, terrorismo o tráfico de drogas.

A diferencia de la prisión permanente revisable (que será obligatoria en los delitos para los que está pensada), esta medida será discrecional: el tribunal podrá dictarla o no. Fuentes de Justicia explican que habrá dos supuestos: para los delitos más graves, la custodia de seguridad podrá dictarse en la primera condena; para el resto habrá que esperar a que el delincuente reincida para aplicarle esa medida —si el juez quiere— en la segunda condena.

» Libertad vigilada. Esta medida ya se incluyó en el Código Penal aprobado por el Gobierno socialista en 2010, para delitos sexuales y de terrorismo. Ahora se amplía a otros delitos, como los patrimoniales, robos o delitos violentos (por ejemplo con resultado de lesiones). Consiste en que el preso, una vez cumplida su condena en prisión y puesto en libertad, debe someterse a control o vigilancia judicial (con distintos mecanismos, como la obligación de presentarse en el juzgado o la colocación de dispositivos electrónicos) durante un plazo de 10 años. Debe imponerse también en el momento de dictar la sentencia, y puede ser revisada y retirada.

Tanto la custodia de seguridad como la libertad vigilada son medidas “basadas en pronósticos [de peligrosidad], no en hechos”, admiten desde el ministerio. “Pero el pronóstico se hace sobre una situación objetiva previa”, añaden.

» Detención ilegal con desaparición de la víctima. La pena por este delito (ahora, diez años) será equiparada a la de homicidio (de 10 a 15) cuando el autor no diga qué ha hecho con la víctima, pudiendo llegar “hasta a 20 años si las víctimas son menores de 16 años o la detención está relacionada con una agresión sexual”, precisaron fuentes de Justicia.

» Libertad condicional. Si un preso recibe la libertad condicional y, ya en la calle, vuelve a cometer un delito, al regresar a prisión tendrá que cumplir todo lo que le quedaba de pena cuando salió en libertad condicional; con el Código actual, el tiempo que ha pasado fuera de la cárcel se le descuenta de la pena. Por otra parte, los condenados por primera vez a penas de hasta tres años y que muestren una conducta irreprochable tendrán más fácil acceder a la libertad condicional: podrán hacerlo a mitad de condena, frente a los dos tercios actuales.

» Delito continuado. Desaparece esta figura para los casos de delitos sexuales, lo que hará “que vean incrementada la pena”.

» Incendios forestales. Se endurecen las penas: hasta seis años de cárcel (en lugar de cinco años) en casos muy graves, y hasta nueve años si el incendio afecta a espacios naturales protegidos.

» Hurtos y faltas. Los “hurtos sistemáticos”, como los cometidos por carteristas, que ahora son faltas, implicarán prisión de hasta tres años si se cometen con “profesionalidad”. Por otro lado, el ministerio hará una “limpia” para convertir algunas faltas en sanción administrativa y otras en delitos (sin aumentar la pena).

» Delitos económicos. Habrá una nueva regulación de la malversación y una persecución “más eficaz” del fraude y la ocultación de bienes en procesos de quiebras societarias.

LEA LA REFERENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Publicado 17 septiembre 2012 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Penal, Procesal

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EL TESTIGO EN EL PROCESO PENAL

Este post trata sobre el TESTIGO EN EL PROCESO PENAL, para ver el testigo en el Proceso Civil pulsa AQUÍ

Si usted recibió una citación para acudir al Juzgado o Tribunal con objeto de declarar como testigo, este post lo orientará respecto de los pasos que deberá dar y facilitarle una información general respecto del deber de colaboración con la Administración de Justicia que le incumbe a todo ciudadano. Cualquier ampliación o complemento que necesite sobre la presente orientación, no dude en solicitarlo del Juzgado o Tribunal interviniente en el asunto que se trate.

LA CITACIÓN

1.- El juez que dirige la investigación de un delito o de una falta puede acordar su comparecencia ante el Juzgado con el fin de que usted declare sobre los hechos que constituyen su objeto.

2.- Cabe igualmente que la citación se efectúe no durante la fase de investigación, si no en un momento posterior, cuando se deba celebrar ya el correspondiente juicio oral. En tal supuesto, será el Juzgado o Tribunal sentenciador el que efectúe su citación para declarar como testigo.

3.-Tanto en uno como en otro caso, se remitirá a su domicilio o al lugar en el que pueda ser localizado una citación oficial en la que se indicará:

A) La expresión del juez o tribunal al que debe acudir

B) El número del procedimiento y la fecha y clase de resolución en la que se acuerda su citación.

c) Su propio nombre, apellidos y domicilio.

d) El motivo de la citación, que consistirá en la necesidad de declarar en calidad de testigo sobre unos hechos concretos.

e) El lugar, día y hora en que tenga que concurrir al Juzgado.

f) La advertencia de su obligación de comparecer y la prevención de los prejuicios que para usted se pudiesen derivar si no acude.

4.- Es muy importante que acuda al Juzgado o Tribunal el día que se le indica, pues su testimonio contribuirá a aclarar los hechos.

5.-Recuerde que es obligatorio acudir a la llamada de un juez para declarar como testigo.

Para tal fin debe tenerse en cuenta que el artículo 118 de la Constitución dispone que “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.”.

Igualmente, el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “todos lo que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán la obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto sepan sobre lo que se les pregunte si para eso son citados con las formalidades prescritas en la ley.”.

6.- Si le resulta imposible acudir por enfermedad u otro motivo, deberá comunicarlo al Juzgado lo más pronto posible. El juez o magistrado tomará una decisión al respecto que usted deberá acatar.

7.-En algunos casos, y así lo indica la propia Constitución en su artículo 24, bien por razón de parentesco con el implicado o bien por el deber de secreto de su profesión, algunas personas no están obligadas a declarar. No obstante, sí están obligadas a acudir al Juzgado o Tribunal y le corresponde al juez o magistrado dispensarlos de prestar declaración o de no contestar a determinadas preguntas que pueden comprometer a su pariente o el deber de secreto profesional.

8.- Si tiene dificultadas para entender el idioma en el que se desenvuelva el juicio o el interrogatorio, comuníquelo con la mayor brevedad posible al Juzgado con el fin de que pueda asistirlo un intérprete en su declaración.

9.- Tenga en cuenta que si usted no acude al Juzgado o al Tribunal  se podría suspender el juicio o la declaración señalada para esa día y fijarse una nueva fecha para su celebración, a la que le volverían a convocar.

10.- Además, si injustificadamente no acude al llamamiento del juzgado o tribunal se le puede imponer una multa y, si persiste en su negativa, puede incurrir en el delito de denegación de auxilio a la Justicia y en el de desobediencia grave a la autoridad.

 

PASOS QUE CONVIENE SEGUIR AL ACUDIR AL JUZGADO

1.- Lea con atención la citación y si tiene alguna duda llame por teléfono al juzgado o tribunal para que se la aclaren.

2.-Acuda con suficiente antelación al juzgado o tribunal provisto de su DNI y de la propia citación.

3.-Entrega la citación en la secretaría del juzgado o tribunal para que sepan que llegó.

4.- Esté atento, ya que lo llamarán de viva voz por su nombre para entrar en la sala de juicios o en la dependencia donde tenga que prestar declaración.

5.- Si fue citado para testificar en un juicio, no puede entrar en la sala de audiencias hasta que sea llamado de manera expresa.

6.-Evite entrar en relación con otras personas citadas para el mismo asunto, con el fin de evitar que su testimonio se desvirtúe con datos o valoraciones de otros intervinientes. En el propio juzgado o tribunal le indicarán el lugar donde tiene que esperar hasta que llegue el momento de entrar en la sala de juicios o en la dependencia donde tenga que declarar.

7.-Tenga en cuenta que el comienzo del juicio o acto de declaración para el que fue citado puede atrasarse, ya que suele haber otro señalamientos y es muy “difícil” calcular el tiempo que se invierte en cada uno.

8. El juicio o acto de declaración para el que fue citado también puede tardar tiempo en celebrarse, incluso es posible que sea preciso continuarlo al día siguiente o en otra fecha.

 

LA DECLARACIÓN EN EL JUZGADO ANTES DEL JUICIO.

En algunos supuestos el juez encargado de la investigación de un delito puede acordar que se preste declaración como testigo ante el juzgado con carácter previo a la celebración el juicio con  el fin de determinar con mayor precisión el hecho investigado y las circunstancias en al que ocurrió.

En tal caso, si comparecencia tendrá lugar en la sede del juzgado ante el juez y no en la sala de juicios.

Su declaración se practicará en forma separada respecto de otros testigos o personas implicadas en el proceso y tendrá carácter secreto, estando obligados a guardarlo todos cuantos asistan al acto.

A declaración comenzará expresando el testigo sus circunstancias de identidad y las relaciones o vínculos que lo unan con los demás intervinientes en el proceso. A continuación, y sin interrupción, efectuará su propio relato sobre los hechos aclarando por petición del juez, las dudas, contradicciones o inseguridades que se adviertan en su versión. Después se le formularán las preguntas que el juez considere oportunas sobre tales hechos.

Su declaración se recogerá por escrito en un documento que el testigo tiene derecho a leer antes de firmarlo.

LA DECLARACIÓN EN JUICIO.

EL TRIBUNAL

Cuando lo llamen por su nombre, deberá entrar en la sala y colocarse en el lugar que le indique el funcionario judicial.

Frente a usted, en un lugar más elevado, denominado estrado, estará el juez o los varios componentes del órgano judicial.

Si se trata de un Juzgado, en el estrado se encontrará únicamente con un juez asistido por el secretario judicial.

Si, por la contra, se trata de un tribunal, como es por ejemplo, la Audiencia Provincial, actúan normalmente 3 magistrados, uno de los cuales desempeña la labor de presidente. Junto con los magistrados, se encontrará el secretario judicial.

A la derecha del juez o tribunal, se encuentra el fiscal y los abogados de la acusación si la hubiera.

A la izquierda del juez o tribunal se encontrará el abogado o los abogados defensores del inculpado o de los inculpados..

En los casos en que se trate de un juicio con jurado, estarán presentes el presidente del tribunal y nueve jurados, además del fiscal y de los abogados.

EL ACTO DE LA DECLARACIÓN

1.-Le pedirán sus datos personales

2.-Será interrogado sobre si tiene interés en la causa, si lo une alguna relación de parentesco o de amistad o de cualquier otra clase con alguna de las partes. Posteriormente se le formularán preguntas sobre los hechos objeto del juicio, el fiscal y los abogados que participen en el acto, así como, si es el caso, el propio juez o magistrado que presida el Tribunal.

3.-Se le advertirá de que deberá decir la verdad sobre los hechos por los que sea interrogado. Tenga en cuenta que el falso testimonio es un delito.

4.- Deberá contestar a las preguntas de viva voz. No está permitido leer contestaciones por escrito, aunque sí que podrá consultar notas sobre datos de difícil memorización.

5.- El juez o magistrado velará porque no se le formulen preguntas poco claras, innecesarias por referirse a cuestiones ajenas con el objeto del proceso o que estén orientadas a que declare en un determinado sentido.

6.- No puede negarse a declarar y de hacerlo será sancionado con una multa. Si persiste en su negativa podrá incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad.

7.- Si no entiende o no habla el idioma en el que se le hacen las preguntas comuníquelo inmediatamente. En tal caso, se nombrará un intérprete para que lo asista en la declaración.

8.- Si fuese necesario que declare en otra ocasión el juez o magistrado lo advertirá de que deberá que dar a disposición del juzgado o tribunal y que deberá comunicar cualquier cambio de domicilio.

9.-Finalmente, debe firmar en el acta.

ABONO DE LOS GASTOS CAUSADOS

Tiene usted derecho al abono de los gastos que le ocasiones el desplazamiento al juzgado o tribunal y el importe del sueldo perdido. Conserve o solicite los justificantes necesarios.

En la secretaría del órgano judicial o en las oficinas de atención al ciudadano lo informarán sobre los trámites que debe seguir y le facilitarán un impreso o le indicarán donde puede obtenerlo.

En el citado impreso, dirigido ala Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia u órgano similar de la correspondiente comunidad autónoma, deberá indicar sus datos personales y los de la entidad bancaria en la que desea que se le ingrese el importe que reclama y tendrá que adjuntar los justificantes de los gastos por desplazamiento.

Respecto de los demás gastos (estancia en hotel, comidas, sueldo sin pagar, etc.) haga constar su existencia en la secretaría del juzgado o tribunal, con el fin de que se indiquen como gastos del procedimiento y se incluyan en la tasación de costas como un concepto más, y su pago se le impondrá, de ser el caso, a quien resulte condenado a su pago.

PROTECCIÓN DE LOS TESTIGOS.

En ciertos casos excepcionales, cuando el juez aprecie que por motivo de su declaración el testigo o sus familiares más próximos pueden correr un peligro grave, está facultado para adoptar medidas de protección de tal persona, de sus familiares o de sus bienes. Si usted considera que, por cualquier circunstancia, su intervención como testigo puede traerle un riesgo grave, póngalo en conocimiento del juzgado o tribunal inmediatamente.

Estas medidas de protección pueden consistir en asegurarse de que no figures en las diligencia el nombre, los apellidos, el domicilio o lugar de trabajo y  la profesión del testigo protegido, ni cualquier otro dato que permita su identificación. En ese caso, se le designará una clave. También pueden adoptarse medidas que impidan su identificación visual.

Publicado 14 noviembre 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Penal, Procesal

VIOLENCIA DOMÉSTICA- TURNO DE OFICIO ESPECIALIZADO.

EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR

La violencia ejercida en el ámbito familiar o doméstico es un grave problema que provoca en la víctima no sólo lesiones de carácter físico o psíquico e incluso la muerte, si no también a desintegración del grupo familiar, además de graves secuelas para el desenvolvimiento integral de sus miembros.

Esto exige una rápida respuesta por parte de los poderes públicos, pero también y sobre todo por parte de la propia víctima y de sus familiares o personas con las que convive para impedir que tal situación persista o se agrave por el miedo o vergüenza, que es lo más habitual con el paso del tiempo.

 Para paliar este grave problema la Consellería de Xustiza, Interior y Administración Local y el Consello da Avogacía Galega, han desenvuelto una acción integral y coordinada para luchar contra estos hechos, constituyeron en cada uno de las siete Colegios de Abogados de Galicia un turno de oficio especializado para asesorar y asumir la defensa de estas víctimas, siempre de modo gratuito.

¿QUÉ TIPO DE ACCIONES PUEDEN SER CONSIDERADAS AGRESIONES SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN?

Cualquiera tipo de víctima que sea objeto de violencia o malos tratos de obra o de palabra, sean o no causantes de lesiones y con independencia de que estos hechos sean aislados o habituales.

¿QUIENES SÓN LAS PERSONAS PROTEGIDAS POR ESTE TURNO DE OFICIO ESPECÍFICO?

Son de forma genérica todas aquellas personas que pertenezcan o perteneciesen a la familia del/dela agresor/a o convivan o convivieran con el/ella: ala mujer o marido,-o ex mujer o ex marido-, cualquiera persona unida a el/ella por análoga relación de afectividad aunque no conviviesen, los descendientes o sus ascendientes de cualquiera de aquellos, con independencia de que lo sean por naturaleza o por adopción, así como los menores o incapaces que con ellos convivan.

¿QUÉ HACER CUANDO SOMOS OBJETO DE ESTE TIPO DE AGRESIONES?

En el caso de que se tengan lesiones lo primero será acudir al centro de atención primaria u hospital más próximo a nuestro domicilio

En todo caso, se acudirá a la Comisaría de Policía, Cuartel de de la Guardia Civil o de la Policía Local, también más próximo a nuestra residencia, para interponer una denuncia y solicitar en cualquiera de esos centros que llamen al Colegio de de Abogados o que, en su caso, al abogado de guardia para que asista judicialmente a la víctima de la violencia doméstica, quien podrá solicitar la adopción de la orden de protección ante el órgano encargado de dictarla, el Juzgado de Instrucción, o bien ante el Ministerio Fiscal, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sociales e instituciones asistenciales dependientes de las administraciones públicas,  los asistentes sociales de los Ayuntamientos y el Servicio Gallego de Promoción de la Igualdad del hombre y de la mujer (o análogo en otra Comunidad Autónoma), organismo este último al que a su vez  le deberá ser notificada por el Juzgado su adopción

¿QUÉ TIPO DE PROTECCIÓN ESTÁN OBLIGADOS A PRESTAR LOS COLEGIOS DE ABOGADOS?

El Colegio que corresponda deberá designar un/una letrado/a especializado/a en este tipo de violencias para asistir a la víctima en alguno de los siguientes aspectos:

                1.-Asesorándola en el ejercicio de las posibilidades legales de actuación que se previenen en el ordenamiento jurídico, y asistiéndola mediante la realización de la actuaciones necesarias, para que el/la juez/a de instrucción decrete las medidas que procedan.

                2.-Asumiendo la asistencia letrada en los juicios de faltas, cuando la intervención de abogado no sea requerida por el juez/a, en relación con los hechos que tengan su origen en la violencia doméstica.

                3.-Designando de forma inmediata abogado/a para la asistencia letrada de las víctimas de violencia doméstica en procesos penales y civiles en materia de familia, sin necesidad de que se acredite con carácter previo que el/la solicitante reúna los requisitos exigidos para obtener el  reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

A CORUÑA

Federico de Tapia, 11, bajo, 15005, A Coruña, tel. 981126090

FERROL

Pazo de Xustiza, rúa A Coruña, s/n, bajo derecha, 15041 Ferrol, tel. 981354705

LUGO

Pascual Veiga, 2, 27002, Lugo tel.982221997

OURENSE

Concello, 22 Entresuelo, 32003, Ourense, tel. 988370746

PONTEVEDRA

Avda. Reina Victoria, 9, 36001 Pontevedra, tel. 986896866

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Eduardo Pondal, 4, bajo, 15702, Santiago, tel.981581713

VIGO

Plaza de América, portal2-1º, 36211, Vigo, tel. 986208200


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