LA PREVARICACIÓN

La prevaricación es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Creerse con tanta autoridad como para estar por encima de la ley sin ser así.
Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración.
Requisitos

La prevaricación tiene los siguientes requisitos:
La persona que realiza la prevaricación debe ser una autoridad o funcionario.
En el ejercicio de su cargo.
Que la resolución injusta se dicte sabiendo que lo es. Debe existir dolo.

Al igual que ocurre con las negociaciones prohibidas el cohecho, las negociaciones prohibidas, apropiaciones indebidas, estafas o  insolvencias punibles, el tráfico de influencias y la malversación, la investigación de cualquier presunta prevaricación es siempre muy difícil, ciertamente arriesgada, porque los abogados fiscales jueces y magistrados casi nunca están de acuerdo entre sí sobre lo que es prueba necesaria y suficiente, y lo que no lo es, y más aún, en la evidente existencia de muchas denuncias falsas. Lo que la criminología entiende como CIFRA NEGRA, que son los delitos cometidos pero nunca denunciados, en el caso de las prevaricaciones, alcanza límites insospechados.

TÍTULO XIX.
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
CAPÍTULO I.
DE LA PREVARICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y OTROS COMPORTAMIENTOS INJUSTOS.
Artículo 404.

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Artículo 405.

A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Artículo 406.

La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles.


A continuación se citan los artículos relativos a las prevaricaciones, seguidos de algunas noticias ciertamente curiosas.

Noticias sobre prevaricación

LA VERDAD, 01/11/2008
Un jefe de Medio Ambiente, imputado por prevaricación Un Juzgado de León ha citado a declarar como imputado al jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Luis Blanco, tras una denuncia por un supuesto delito de prevaricación ambiental al permitir por omisión la actividad en la mina del Feixolín en Villablino (León).

EL PAÍS, 28/10/2008, MARÍA FABRA
La Fiscalía recusa al presidente de la Audiencia de Castellón
Su sección se contradijo en un caso de corrupción urbanística
La Fiscalía de Castellón ha recusado al presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, en un caso de corrupción urbanística, ante la existencia de dos autos contradictorios dictados por la sección que preside. En esos autos, por una parte se confirma la postura del juzgado sobre la existencia de indicios de un presunto delito de prevaricación mientras que, por otra, se sostiene que el mismo asunto debe sobreseerse. El primer auto, que dio el visto bueno para la apertura de juicio oral y consideró que había indicios de prevaricación, fue dictado por un tribunal que presidía el magistrado Esteban Solaz, cuya recusación también ha pedido la Fiscalía, y el segundo, por un tribunal presidido por el propio Domínguez, que consideró que no había indicios de prevaricación.
El caso se abrió por las licencias otorgadas para construir en Oropesa dos edificios de 600 apartamentos sobre suelo calificado de terciario para cámping.
La Fiscalía pidió la nulidad de ambas resoluciones, por su carácter contradictorio, y ahora ha recusado a ambos magistrados. Sobre la recusación tendrá que decidir el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano. El escrito de la Fiscalía hace referencia a que ambos están ‘contaminados’ para decidir sobre la nulidad. Además, indica que el resto de integrantes de los tribunales también están afectados por causa de imparcialidad objetiva.
El primero de los dos autos contradictorios, dictado en abril, rechazó un recurso presentado por el arquitecto imputado en el caso y decidía la apertura de juicio oral, ya que el caso concurrían ‘los tres elementos que se requieren para la existencia del delito genérico de prevaricación administrativa’. Y hacía referencia al hecho de que las licencias se otorgaron pese a que en el expediente constan los informes en contra de la secretaria municipal, del técnico de la administración general y del propio Colegio de Arquitectos, así como el dictamen del jefe del Servicio Territorial de Urbanismo, que expone la existencia de un escrito del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana que ratificaba que el proyecto no cumplía con el uso permitido en la parcela.
Este primer auto, dictado por el tribunal que presidía Esteban Solaz, difiere del emitido en respuesta al recurso presentado por el ex alcalde y los concejales que aprobaron las licencias, también imputados. En este segundo, con fecha de julio, el presidente de la Audiencia minimiza la legitimidad de los autores e instituciones que elaboraron los informes negativos y destaca el valor del emitido por el arquitecto municipal. Además, sostiene que la construcción de los 600 apartamentos no afecta a la ordenación del territorio, mientras que apunta a que los concejales no tenían conciencia de la ilegalidad. De esta manera, atiende la postura de los ediles de que la decisión municipal adoptada podría considerarse, en todo caso, como un tema administrativo que, por lo tanto, debería dirimir un tribunal de lo contencioso administrativo y no penal.

ABC, 21/03/2007
El fiscal pide para Delgado ocho años de inhabilitación por presunta prevaricación
A. MUÑOZ CÓRDOBA. La vuelta al ruedo público del ex alcalde de Priego, Tomás Delgado, puede ser más breve de lo que él y sus acólitos se podían imaginar.La justicia vuelve a cruzarse en el camino.
La justicia vuelve a cruzarse en el camino del, posiblemente, político más influyente de la comarca y hombre fuerte del PSOE hasta su salida de la Alcaldía en mayo de 2003. El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Priego acaba de dictar un auto ordenando la apertura de juicio oral contra el también ex senador socialista por la comisión de un presunto delito de prevaricación, según informó el letrado cordobés Rafael Valverde que representa a José Castilla Bermúdez.

Canarias 7 jue, 15/03/2007
EFE Las Palmas de Gran Canaria
Caso Eólico: El fiscal mantiene la acusación contra siete imputados, entre ellos Celso Perdomo. Solicitó el sobreseimiento de las actuaciones para Jesús González, Francisco Sánchez Ortega y Héctor Carrasco
El fiscal anticorrupción Luis del Río pidió hoy al juez Miguel Angel Parramón que mantenga las imputaciones contra siete de los implicados en el “caso eólico”, entre ellos el principal acusado Celso Perdomo, ex director general de Industria del Gobierno de Canarias.
Durante la comparecencia judicial de los diez imputados celebrada hoy, el fiscal solicitó también el sobreseimiento de las actuaciones para Jesús González, tesorero de la Caja Insular de Ahorros; y los empresarios Francisco Sánchez Ortega y Héctor Carrasco, que habían sido también imputados en esta causa sobre supuestas irregularidades en la convocatoria de un concurso sobre energía eólica.
Los abogados de los siete implicados para los que el fiscal mantiene los cargos solicitaron el sobreseimiento, así como la práctica de nuevas pruebas.
A las peticiones del fiscal se adhirieron las acusaciones particulares que ejercen el Gobierno canario y la empresa Clean Electric, que fue la que presentó el recurso contencioso administrativo contra el citado concurso que posteriormente fue declarado nulo.
Las acusaciones populares ejercidas por PP, PSOE y el empresario que denunció el caso, no comparecieron ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo titular tiene un plazo de cinco días para resolver las cuestiones planteadas.
Según el acta de la comparecencia, a la que tuvo acceso Efe, el fiscal considera que Perdomo se valió de la información que tenía por su cargo y facilitó información que no debía ser divulgada a diversas personas que tenían interés en el concurso convocado por el Gobierno de Canarias para la asignación de potencia eólica.
Perdomo, según el acta, remitió diversos correos electrónicos en los que facilitaba información relativa al concurso como un borrador de la orden del mismo, relación de terrenos y contactos públicos y privados para la instalación de parques eólicos.
Además, cuando se convocó el concurso eólico Perdomo mantuvo múltiples contactos con diversas personas que representaban a varias sociedades para favorecerles en la adjudicación de parque eólicos a cambio de obtener dinero.
Así, el ex director general de Industria contactó con el empresario Enrique Guzmán, imputado en la causa, y con los empresarios José Ignacio Esquivel Astelarra y José Luis de Santiago Gorrochategui, que representaban los intereses de otra sociedad, de la que era secretario Alfredo Briganti, todos ellos también imputados.
El fiscal sostiene también que Perdomo, una vez que cesó en su cargo, contactó con el jefe de área de la Consejería de Industria Honorato López, también imputado, con el fin de que favoreciera los proyectos de esos empresarios a cambio de ser compensado económicamente.
Según el fiscal, el ex director general de Industria recibió diversos pagos de las personas citadas, y su novia, Mónica Quintana, también imputada en la causa, participó activamente en las labores de intermediación lucrativa efectuadas por Perdomo en favor de esas sociedades mercantiles para el cobro de cantidades.
El fiscal sostiene además que Perdomo cuando era director de Industria actuó de acuerdo con Quintana y, con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito adquirió diversos libros para uso personal con dinero de la Consejería de Industria.
Los cargos que se le imputan al ex director general de Industria son los de prevaricación, revelación de información, tráfico de influencias, malversación de dinero público y cohecho, mientras que a su novia sólo los tres últimos.
A Honorato López se le atribuyen delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información, mientras que a los otros cuatro imputados cohecho y tráfico de influencias.

INFORMACIÓN, jue, 15/03/2007
Vega Baja, TORREVIEJA, E.DE GEA
Mateo tacha de «gajes del oficio» su imputación por supuesta prevaricación
El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, calificó ayer como de un «gaje del oficio» la citación por la cual tendrá que declarar hoy ante el Juzgado de Instrucción número 2 de esta ciudad en calidad de imputado por un supuesto delito continuado de prevaricación, por los pagos realizados mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Europa Press, 14/03/2007
CASTILLA LA MANCHA .- PSOE Toledo destaca la ‘honestidad’ del alcalde de Carranque, imputado por un presunto delito de prevaricación
TOLEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS)
La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Toledo destacó hoy su “respaldo” al alcalde de Carranque, Alejandro Pompa Mingo, imputado por un presunto delito de prevaricación, “cuya honestidad en el desempeño de sus funciones está fuera de toda duda, ya que sus acciones han estado siempre encaminadas a conseguir el bien común de los vecinos de la localidad”.

HERALDO DE ARAGÓN, sáb, 10/03/2007, L. FACI Zaragoza
La alcaldesa de Tarazona declarará como imputada por presunta prevaricación. Ana Cristina Vera (PSOE) deberá testificar tras la denuncia de vecinos de La Faceda. Uno de los procesos judiciales abiertos contra el Ayuntamiento de Tarazona por presuntas irregularidades urbanísticas en La Faceda llevará a la alcaldesa, Ana Cristina Vera (PSOE), a declarar como imputada por presunta prevaricación. El 2 de abril, la también diputada autonómica testificará en el Juzgado de Instrucción nº1 de Tarazona. Éste supone un nuevo capítulo en la polémica promoción de viviendas en el mencionado barrio, que se inició hace años con las quejas de los vecinos por el sinfín de desperfectos en los pisos y que continuó con una sentencia desfavorable al Consistorio por el incumplimiento del planeamiento del sector. El fallo fue recurrido por la corporación municipal.

Diario de Mallorca, vie, 09/03/2007, MARISA GOÑI. PALMA.
El Govern paralizó la denuncia de una posible prevaricación en Andratx detectada en 2005
SECUENCIA DE UNA CASA DENUNCIADA. Un agente de medio ambiente detectó en 2004 el pintado de los cimientos de una nueva casa en una finca de Andratx, con una antigua y pequeña construcción. Comprobó que la obra tenía licencia de ampliación, que no se ajustaba a los trabajos realizados y apuntó que el Ayuntamiento podía haber incurrido en prevaricación al concederla. En 2005 constató que las obras seguían. Su denuncia, con fotografías que reproduce este diario, se retuvo en la Conselleria, según denunció CCOO.
La conselleria de Medio Ambiente paralizó durante más de un año el envío a la Fiscalía de la denuncia de un agente de su departamento, que alertó de una posible prevaricación administrativa del ayuntamiento de Andratx por unas obras realizadas en el municipio. Se trata de una nueva casa que se levantó en el Camí de So na Vidala, en una zona protegida como Área Natural de Especial Interés (ANEI).
La obra la promovió la empresa con una licencia municipal para reforma y ampliación. Un agente de medio ambiente visitó la zona y levantó un acta de inspección en septiembre de 2004. Constató que no había placa de obras y advirtió que en realidad se estaba construyendo una nueva vivienda unifamiliar aislada, desplazada de la pequeña construcción antigua de la finca, y que suponía una ampliación de la superficie edificada de más del 500%. Cinco meses después, el 18 de febrero de 2005 el agente volvió y vio que continuaban las obras, que ya se había colocado la placa de obras, donde decía que la ordenanza aplicable era la de Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP). El 23 de febrero de 2005 elaboró un oficio de denuncia, cuya portadilla ya recogía una “posible infracción del artículo 320 del Código Penal”, el relativo a prevaricación administrativa. “La licencia otorgada para construir en ARIP no es correcta y el ayuntamiento de Andratx es presumiblemente infractor del artículo 320 del Código Penal (prevaricación) por otorgar una licencia de obras que permite construir en ANEI una vivienda unifamiliar”, apuntó el funcionario, que además identificó al propietario de la parcela. En las conclusiones, además de la prevaricación, señaló que los hechos podrían constituir una infracción de la Ley de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las áreas de especial protección y de sus modificaciones, en especial de las Directrices de Ordenación del territorio (DOT), que prohíben construcciones de viviendas unifamiliares en ANEI.
Un año después de realizarse este oficio de denuncia, en concreto en abril del pasado año, Francesc Lillo, responsable del departamento de Medio Ambiente de CCOO, escribió una carta al fiscal del ramo, Adrián Salazar, informándole de ésta y otras cinco denuncias de los agentes de Medio Ambiente que la Conselleria no hacía llegar a la Fiscalía. Esta era la segunda carta, que incidía sobre los mismos hechos denunciados en otra anterior de abril de 2005. Salazar admitió el pasado diciembre que el Govern no le remitía las denuncias y que se buscaron vías alternativas para que llegara la información a la Fiscalía. El despliegue de la ´Operación Voramar´ activó la colaboración y la Conselleria envió la documentación de varios casos retenidos durante meses en instancias autonómicas.

Enchufe - cargo de confianza

PREVARICACIÓN POR OMISIÓN
Existe también delito de prevaricación en comisión por omisión, según la Sentencia del Tribunal Supremo STS 674/1998, de 9 de junio, de la que fue ponente el actual Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y en la que puede leerse “…ha de recordarse que la sentencia de esta Sala de 2 de Julio de 1997, recogiendo lo ya expresado por las sentencias de 28 de Octubre de 1993, 29 de Octubre de 1994 y 27 de Diciembre de 1995, así como por el acuerdo de unificación de criterios adoptado por el Pleno en su reunión del 30 de Junio de 1997, estima que cabe incurrir en responsabilidad por prevaricación en comisión por omisión, cuando es imperativo realizar una determinada actuación administrativa, y su omisión tiene efectos equivalentes a una denegación”.

 

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Publicado 21 septiembre 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Penal

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