“YA ESTÁ BIEN” DECÁLOGO CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

 

El CGPJ y el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género pusieron en circulación la publicación “Ya está bien”, que pretende concienciar a las mujeres que padecen ataques a su vida, libertad, igualdad y dignidad a manos de sus parejas o exparejas para que se decidan a dar el paso que les permita salir de esa situación.

La idea original de la iniciativa es del Magistrado Enrique Ortolá, titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de Valencia, autor de las 10 frases sobre las bondades de las relaciones libres de violencia que figuran en la publicación y con las que se quiere animar a las mujeres a recurrir a los mecanismos con los que cuenta el sistema legal para su ayuda y protección.

Tu dignidad reclama a alguien que te merezca” o “¡Sal del error! Hay muchas manos tendidas hacia ti“, son algunos de los mensajes de la obra, que se abre con una cita del filósofo alemán Immanuel Kant:”Sólo el hombre y la mujer juntos integran la humanidad“, y con un prólogo del propio Ortolá y de la psicóloga Wanda Cogollos. Las ilustraciones son de Miguel Chordá.

El CGPJ editó 20.000 ejemplares que serán distribuidos en los Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer y en el resto de órganos judiciales con competencias en la materia. Asimismo, esta obra será utilizada en el programa “Educando en Justicia”, orientado a acercar a la Justicia a los más jóvenes mediante actividades en los centros educativos.

Además en el  Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género celebrado el pasado 16 de febrero de 2016, las Instituciones que forman parte de este organismo se ofrecieron a publicitar “Ya está bien” a través de sus respectivas páginas web de manera que llegue al mayor número de personas posible.

También la Fiscalía Especial contra la Violencia sobre la Mujer mostró su disposición por remitir esta publicación a todas las Fiscalías.

El Observatorio está integrad, además de por el CGPJ, que ostenta su presidencia, por los Ministerios de Justicia, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad e Interior, la Fiscalía General del Estado, las CCAA con competencias en materia de justicia, a través de turnos rotativos, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España.

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Publicado 20 abril 2016 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Penal

DESCUBRE CÓMO TE ESTÁ ENGAÑANDO TU COMPAÑÍA DE SEGUROS (daños materiales en accidentes de circulación)

¿Has tenido un accidente con tu vehículo? Seguro que te están engañando

Si dedicas unos minutos a la lectura de este post te podrás librar del clásico engaño que se ha hecho crónico (al menos quitarte la sensación de que no sabes qué esta pasando).

No se trata de la famosa “letra pequeña” que se encontraba en todas las pólizas donde se excluían los daños a indemnizar ya que las condiciones para la cobertura del seguro raramente se podían cumplir, o como las condiciones que publicitaba un anuncio en la TV en referencia a su competencia al mofarse que en la “letra pequeña” incluía los daños por nevadas en el sur de España y los excluía en el norte. No se trata de daños que raramente las compañías tienen que cubrir porque casi nunca se producen, se trata de daños que suceden todos los días, a cientos o miles en toda España.

Los siniestros de los daños ocasionados a terceros en los accidentes entre vehículos, en lugar de cubrir los daños, se sacan de la manga un engaño hábilmente preparado para convencer a la victima. Estos individuos para hacer entrar por el aro a quien es víctima de sufrir unos desperfectos en su vehículo, ocasionados por un tercero, se apoyan en una inventada la legislación vigente que les permite irse de rositas.

Esto explicado así tendría que ser delito pero la materia prima de esas compañías aseguradoras es su servicio jurídico, quien redacta las pólizas y se saca de encima a quien proteste. La otra  los actuarios  además aplican modelos estadísticos y matemáticos para averiguar el riesgo que se produzca un evento con tal de asignar una prima a la póliza y que además la compañía aseguradora obtenga un beneficio. En definitiva, se trata de cobrar las pólizas, a los clientes, y escaquearse en el pago de las coberturas cuando se produce un siniestro (y no hablamos sólo de la compañía contraria, hablamos de tu propia compañía, que va a ganar dinero con tu siniestro)

Podemos describir un caso concreto como los que se producen a cientos cada día ( en este caso real, sucedido en Lugo) .

Por ejemplo tú mismo, tienes un coche que te es necesario para ir a trabajar, tu seguro es a terceros pero para no divagar sería mejor ir a la web de UNESPA la Asociación Empresarial del Seguro a ver que nos dice respecto al seguro del automóvil.

Dice así:¿Qué cubre mi seguro del coche? Todo propietario de un vehículo a motor está obligado a contratar y mantener en vigor una póliza de seguro que cubra la Responsabilidad Civil del conductor que se derive de los daños, tanto personales como materiales, ocasionados a terceras personas como consecuencia de un hecho de la circulación.

Seguro Obligatorio (SOA). Este seguro cubre la responsabilidad civil del conductor frente a terceros, pero no los daños personales ni materiales que el conductor o su coche sufran cuando el conductor sea culpable de ese accidente. Parece que queda claro, lo que llamamos seguro a terceros cubre los daños que le puedas ocasionar a otro y no cubre los propios.

Ahora resulta que un coche colisiona con el tuyo haciendo una rotonda (en España el 80% de la gente no sabe hacer una rotonda, dejo imagen adjunta para tomar nota) porque el vehículo contrario pretende abandonar la rotonda por tu carril, sin cederte el paso, tú que circulas por el carril exterior y tu intención es seguir girando por la rotonda para abandonarla en otra salida de la misma; la cuestión es que el contrario es culpable del accidente. No queda más remedio que hacer el parte del accidente, Y SI TIENES LA SUERTE DE QUE EL CONTRARIO TENGA UNA PÓLIZA EN VIGOR él lo remite a su compañía y tú a la tuya. Tu compañía aseguradora te solicita a qué taller lo vas a llevar a reparar para enviar al perito para evaluar el siniestro.  (en el caso real planteado la compañía tardó 2 meses en hacer esto, mientras tanto el coche en el taller esperando, porque en principio el vehículo contrario no tenía una póliza en vigor y su compañía le reaseguró el vehículo así como por arte de magia, supongo que bajo amenaza porque el conductor del vehículo contrario era administrador solidario de un CONCESIONARIO DE COCHES de coches de Lugo, como en principio no tenía seguro SU ASEGURADORA comenzó rechazando el siniestro y ahí se lió todo)

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Y dejo un consejo: por favor, aprendamos a hacer bien una rotonda

Es a partir de aquí donde empieza el engaño.

Cuando el perito aparece por el taller para evaluar los daños tu entiendes, como cualquiera, que este individuo se presenta para que objetivamente fije un precio de la reparación que deberá pagar la compañía de nuestro contrario que nos ha dado el golpe. Con la peritación se asegura que el taller no le cobre de más y que se atenga al daño ocasionado por la colisión. ¿Parece que queda claro? Pues no, el perito, por llamarlo de alguna manera, es el cómplice necesario y tan solo acude a hacer el paripé perfectamente orquestado para que ninguna compañía pierda un euro.

Veamos el papelón del cómplice: se limita a tomar nota del valor venal que es el valor que aparece en una lista que utiliza el gremio de compra venta de coches usados y que no tiene ningún rigor nada más el que le quieran dar como indicativo y sin ningún valor legal.

A continuación tu compañía te llamara por teléfono y te informará que el perito ha declarado tu vehículo como “siniestro total” por lo que los daños a cubrir se limitan al valor venal y tú ya de entrada te sientes confuso porque no sabes qué es eso, si lo sabes y protestas te dirán que eso es lo que dice la Ley y que no tienes nada que reclamar. (brillante cuando se lo dicen a alguien que no entiende de Leyes)

Lo presentan como “lo tomas o lo dejas” y de poco les sirve que digas que los desperfectos no son de tal magnitud como para que se les declare como un vehículo irrecuperable, que el valor venal, después de comprobar en Internet casas de compraventa de vehículos de segunda mano, no hay ninguno por ese precio, que ese precio es en el caso de que lo quiera vender que no es el caso. Así, con estos argumentos, puedes gastar un cubo de saliva y estos personajes con la lección bien aprendida no se mueven que es la Ley que así lo dice.

Esperan que te canses para salirse con la suya, saben que tu necesitas el coche y acabarás aceptando el cheque con el importe del valor venal, porque estás desesperado.

restitutio in integrum: volver a poner las cosas en su estado anterior

Antes de tomar una decisión es necesario hacer un diagnóstico. Veamos lo que estos individuos de tu compañía se llevan entremanos:  actúan en evidente perjuicio a sus clientes que les han pagado una prima para que actúen frente a la compañía contraria y les resarzan de los daños que ha provocado un tercero.

Tú, que no eres de aquellos que se chupa el dedo, decides plantarles cara y para empezar les solicitas por escrito, por correo electrónico también es válido, que te especifiquen, asimismo por escrito, a que Ley se refieren ya que no la citan en ningún momento.

Recibirás una información para confundirte sobre la base jurídica en la que se apoyan, que irá por este estilo: La Ley a la que se refieren es el Código Civil, concretamente el artículo 1902, que según ellos dice así: “El que por acción u omisión causa daño a otro, causado.” (jajaja)

Pero si vas al artículo 1902 dice algo más: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. “

Omiten lo más importante, que están obligados a reparar el daño y no salirse de rositas indemnizando con un importe que corresponde con el valor venal que se sacan de la manga. No acaba aquí la cosa te soltarán un rollo que va de este palo No obstante informarle que frente al principio de “restitutio in integrum” la jurisprudencia  asentada establece que el resarcimiento de los perjuicios causados  debe ser justo y que éste  no produzca  enriquecimiento al perjudicado  y que no resulte desproporcionado para el responsable. Es por ello que el juez tiene la capacidad para moderarlas”. (quien dijo que el juez les va a dar la razón siempre a ellos? parece que por el hecho de decir “un juez tiene que moderarlos” ya has perdido el juicio, pero de eso nada.)

Encima de que te están robando ya que la indemnización (la del valor venal) no cubre el coste de reparar el vehículo te hablarán de que te estas enriqueciendo. (recordar que tú eres el perjudicado y no el responsable del accidente en este momento se está convirtiendo en algo realmente difícil)

Lo primero que hay que hacer es solicitar al taller, donde esta el coche esperando ser reparado, un presupuesto del arreglo.

Para movernos con claridad será mejor aportar unas cifras que nos servirán de ejemplo. Observarás que tu compañía que te asegura los daños a terceros y te tramita el resarcimiento de los daños que te han producido en ningún momento ha dejado por escrito el resultado del informe del perito tasador (no te canses a la hora de pedirlo, no te lo van a enviar JAMAS), sólo te ha informado verbalmente que el valor venal era de 2.200€ y el coste de la reparación se tasaba en 3.800€ (te recuerdo que es un ejemplo, en este caso real) e incluso cuando lo solicitaste no se te proporcionaron.

Para complementar los números falta añadir el importe del presupuesto que te ha facilitado el taller por la reparación del vehículo: 3.300 €. (Tras preguntar en el concesionario oficial del vehículo de este ejemplo nos confirmaron que el valor venal del vehículo según el GANVAM (Valoración de la asociación nacional de vendedores de vehículos a motor) es de 3.580 € pero el perito decidió por su cuenta tasar el vehículo en una fecha dos meses posterior al del siniestro ( en contra del artículo 26 de la ley de contrato de seguro que habla de que la valoración ha de ser la anterior al siniestro) cuando ya había cambiado el trimestre y cambiado el año y había descendido el valor del vehículo más de un 20%.

Aquí llegamos al magma del engaño, es su “propio” perito el que determina el coste de la reparación falseando la realidad. ¿Por qué hincha el coste la reparación? El perito facilita un coste sustancialmente más elevado del proporcionado por el taller a tu petición. ¿Su función no era la de determinar el importe de la factura del taller? ¿Hay alguna razón en este proceder? El paripé y el engaño quedan al descubierto, lo que se pretende, por los importes facilitados por el cómplice necesario, el domesticado perito es adaptarse a la Sentencia del Tribunal Supremo del 3 de marzo de 1978 y 9 de julio de 1957 cuando habla que la diferencia entre el valor venal y coste de la reparación NO supere el 100%, la indemnización será el de la reparación del vehículo.

Todo cuadra, en tu caso particular el valor venal que se le da es de 2.200€ entonces el coste de la reparación ya no tiene que ver con los desperfectos del vehículo sino los que “su perito” se saca de la manga con tal que supere el 100%, es decir 3.900€ (supera en  el 100%) y por arte de magia se puede declarar siniestro total y en lugar de cubrir los desperfectos según reza el artículo 1902 del Código Civil, antes citado, se escaquean de pagar los daños poniendo de por medio la Ley.

La causa de que hagan esto es que entre ambas compañías han un suscrito un convenio por el que la compañía culpable paga sólo 800€ y el resto lo paga TU COMPAÑÍA, en este caso que ponemos como ejemplo esta compañía evidentemente no quiere pagar ese exceso, pretende ahorrarse 1.300€ dando el coche por siniestro y diciéndote que es la compañía contraria la que te ofrece la indemnización cuando la compañía contraria ya ni se acuerda del siniestro puesto que ha pagado esos 800€ a tú compañía. (entre ellas funciona perfectamente el HOY POR TI MAÑANA POR MI)

Con lo cual estás vendido desde el principio, nadie te va a ayudar, nadie excepto el abogado que contrates para demandar a la compañía responsable (la contraria, PARECE QUE TU COMPAÑÍA QUE ES LA QUE TE ESTÁ MACHACANDO SE VA A LIBRAR DE TODAS TODAS).

Si por cada accidente, sin importancia, se ahorran mil euros les sale a cuenta montar este tinglado por la vía de la estafa. Cuesta comprender que siendo tu compañía que te cobran una prima por ejercer su labor te engañen con información falsa en tu perjuicio y a favor de la compañía contraria al aplicarte el siniestro total cuando no lo es. Nunca te darán nada por escrito aunque te prometan que te enviarán un mail con la valoración o un burofax con la propuesta de la compañía contraria (mentira, la compañía contraria ya no sabe nada del asunto)

¿Qué hacer?

Por más veces que hables con tu compañía de seguros nunca te dejes convencer, van a dejar que pase el tiempo diciéndote que van a negociar tal o cual cosa para que, mientras tanto tu vehículo esté en el taller parado y tu moral minada para que, desesperado/a, aceptes la ridícula indemnización.

Consulta inmediatamente a un abogado las opciones que tienes.

Todos los abogados de accidentes de tráfico privados sabemos que a las aseguradoras les cuesta pagar las indemnizaciones: diríamos finamente que es parte de su trabajo cobrar lo máximo (dentro de los vaivenes del mercado) por las primas de seguro y pagar lo mínimo por los siniestros. Por lo tanto, cuando en en este despacho iniciamos una reclamación sabemos que la compañía de seguros no nos lo va a poner fácil y que tendremos que pelear hasta el último euro de nuestros clientes. En la mayoría de casos, tras interponer la oportuna demanda, conseguimos que la aseguradora ceda y pague la indemnización correspondiente.

Publicado 16 febrero 2016 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Civil, Tráfico

EL TESTIGO EN EL PROCESO CIVIL

En un post anterior hablábamos del testigo en el proceso penal, a continuación hablaremos del testigo en el proceso civil

Prueba testifical en el proceso civil.

La declaración del testigo se denomina también PRUEBA TESTIFICAL que es una método probatorio que se realiza mediante el interrogatorio de un testigo que ha sido propuesto por el demandante o demandado en un proceso civil.

Esta prueba se practica en la vista oral tras ser admitida en la Audiencia Previa en casos de Procedimientos Ordinarios o en la propia vista en el caso de los Juicios Verbales. Con la práctica de dicha prueba lo que se pretende es la aclaración de los hechos discutidos en el juicio.

El testigo es aquella persona que tenga noticia de los hechos controvertidos discutidos en el proceso, y con las siguientes características:

  • Para que esta prueba sea válida, deberá testificar en presencia del tribunal.
  • El testigo ha de ser tercero y no tener ningún tipo de interés en el proceso, ni por tanto, ser parte en el proceso.
  • La declaración debe referirse a hechos pasados de los que haya tenido conocimiento directo, por haberlos presenciado o indirecto porque se lo han contado.

 

¿PUEDO SER TESTIGO EN UN PROCESO CIVIL?

En primer lugar hay que indicar que tanto demandante como demandado no pueden ser considerados aunque con toda probabilidad son los que tienen un conocimiento más directo de los hechos discutidos pero su declaración NO ES UNA PRUEBA TESTIFICAL SINO QUE ES UN INTERROGATORIO DE PARTE. Es importante hacer esta distinción porque las partes (demandante y demandado) sí pueden mentir en su interrogatorio mientras que los testigos en su declaración testifical no pueden faltar a la verdad pues pueden incurrir en un delito.

Cualquier persona por tanto puede ser testigo en un proceso civil salvo los siguientes casos:

  •  Cuando una persona se halle permanente privados de razón o del uso de sentidos respecto de hechos sobre los que únicamente quepa tener conocimiento pro dichos sentidos.
  • Menores de catorce años, salvo que a juicio del tribunal, el menor posea el discernimiento necesario para conocer y declarar verazmente.
  •  Ser o haber sido cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado civil de la parte que lo haya presentado o de su abogado o procurador o hallarse relacionado con ellos por vínculo de adopción, tutela o análogo. 
  •  Ser dependiente del que lo hubiere propuesto o de su procurador o abogado o estar a su servicio o hallarse ligado con alguno de ellos por cualquier relación de sociedad o intereses.
  • Tener interés directo o indirecto en el asunto de que se trate.
  • Ser amigo íntimo o enemigo de una de las partes o de su abogado o procurador.
  • Haber sido el testigo condenado por falso testimonio.

 

Cuando en un testigo propuesto concurre alguna causa de las mencionadas la parte contraria o el juez, de oficio, deben proponer su TACHA, que se ha de formular en el momento de admisión de la prueba testifical aunque cuando comienza la declaración del testigo éste debe reconocer la causa de tacha al ser preguntado.

 

Derechos y obligaciones del testigo

En referencia a las obligaciones, los testigos tienen el deber de comparecer, en caso contrario se enfrentan a multas desde 180 hasta 600 euros. Además debe de prestar juramento de que a a decir la verdad y de contestar a las preguntas que se le formulen salvo que el tribunal le permita no responder, cuando, por motivo de su estado o profesión tenga el deber de guardar secreto.

El testigo deberá responder por sí mismo de palabra, sin que, en ningún caso, pueda llevar anotadas las respuestas, salvo que se trate de datos de difícil memorización por ejemplo cuando la pregunta se refiera a cuentas, libros o documentos se permitirá que los consulte antes de responder.

Hay que recordar que los testigos no pueden presenciar las declaraciones de otros testigos ni, una vez que hayan terminado de contestar hablar con los testigos que restan por declarar, por ello, los testigos nunca entran en la sala donde se celebra la vista hasta que son llamados de viva voz al interior de la sala y, por la misma razón, no pueden abandonar ésta hasta que haya finalizado la prueba testifical, es decir, hasta que hayan declarado todos los testidos.

Por otro lado, y en referencia a sus derechos, pueden solicitar una indemnización por los gastos y perjuicios ocasionados por su comparecencia, como pueden ser gastos de transporte o alojamiento. El importe de la indemnización lo fijará el secretario judicial mediante decreto que tendrá en cuenta los datos y circunstancias que hubiese aportado el testigo motivando los gastos realizados (por ejemplo aportando facturas).

 

El desarrollo de la prueba testifical

El testigo lo propone la parte a la que interese y deberá identificarlo y, si es posible manifestar un domicilio a efecto de notificaciones. 

El Juez podrá interrogar al testigo por su nombre, apellidos, edad, estado, profesión y domicilio. Posteriormente se le preguntará si tiene interés directo o indirecto en el objeto del proceso o si tiene alguna relación con las partes. Por último se le indicará que tiene la obligación de decir la verdad.

A continuación comienza a preguntar la parte que propuso al testigo y, una vez finalizado dicha parte, le interroga las demás partes si hay más de una.

Cuando los testigos incurran en graves contradicciones entre sí, el tribunal podrá de oficio o a instancia de parte que los testigos que se contradigan se sometan a un careo.

Posteriormente y para poder dictar Sentencia el Juez valora la declaración de los testigos teniendo en consideración la fuerza de su declaración, circunstancias que concurren, las tachas formuladas y los resultados de las demás pruebas practicadas.

Publicado 28 mayo 2014 por VanesaTeijeiroAbogada en Civil, Familia, Procesal

NUEVA TABLA DE SANCIONES POR EXCESO DE VELOCIDAD Y OTRAS NUEVAS NORMAS

La reforma de la Ley de Tráfico de 2014 que entró en vigor el pasado 9 de mayo de 2014 trae importantes novedades entre ellas la introducción de nuevos tramos limitados a 130 km/h en autovías y autopistas y a 20 km/h y 30 km/h en las ciudades.

Los conductores ahora verán como un exceso de tan solo un 1 km/h le podrá acarrear una sanción económica.

Así mismo, se prohíbe la utilización de detectores de radares, esta infracción está sancionada con 200 euros y 3 puntos. En el caso de Inhibidores la sanción será de 6000 euros y 6 puntos.

OTRAS NUEVAS NORMAS

1. El casco ciclista será obligatorio en ciudad para los menores de 16 años. Solo será obligatorio para los menores de 16 años. No llevarlo supondrá una multa de 200 euros, que deberán pagar los tutores legales del menor.

2. Los niños no podrán ir en los asientos delanteros: El nuevo texto prepara el terreno a los cambios previstos en el nuevo Reglamento General de Circulación. Aunque no prohíbe expresamente que los menores viajen en el puesto del copiloto, establece que “se podrá prohibir la ocupación de los asientos delanteros y traseros por los menores en función de su edad o talla”. En la práctica, una vez aprobado el nuevo código de circulación, no podrán viajar en los asientos delanteros los menores que midan menos de 1,35 metros, siempre y cuando todos los asientos traseros no estén ocupados por otros menores que tampoco llegan a esta estatura o que el vehículo carezca de asientos traseros. Hasta ahora, los menores de 12 años pueden viajar en el asiento delanteros si lo hacen con el sistema de retención infantil adecuado.

En el caso de incumplir la norma, las autoridades podrán inmovilizar el vehículo e imponer una sanción de 200 euros. En los taxis, se aplicará la misma regla, pero su incumplimiento es responsabilidad del tutor del menor y no del taxista.

3. Multa más alta para el consumo de alcohol. Aumenta de 500 a mil euros la sanción por conducir con una tasa el doble de lo permitida, es decir, a partir de 0,5 miligramos por litro de aire espirado o de 0,30 para conductores noveles y profesionales.

También se duplica la multa a quienes en el plazo de un año previo hubieran dado positivo por alcohol.

4. Sanción a la presencia de drogas en el organismo. La nueva ley suprime la necesidad de demostrar la influencia de las drogas en la conducción, como establece hasta ahora la norma, para poder sancionar por la vía administrativa. Bastará con que una prueba salival, que solo detecta el consumo reciente, demuestre la presencia de drogas en el organismo para imponer una multa, que también asciende de 500 a mil euros. Quedan excluidas las sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con finalidad terapéutica, como la metadona.

5. Pruebas de alcohol y drogas para peatones.  Los viandantes estarán obligados a someterse a un control de drogas y alcohol si cometen una infracción. Hasta el momento, solo es obligatorio si se ven involucrados en un accidente.

6. Las bicicletas podrán circular por debajo de la velocidad mínima establecida.  No obstante, sigue estando prohibido que los ciclistas circulen por autopistas.

7. Solo serán legales los avisadores de radar: ni detectores ni inhibidores. La nueva ley prohíbe expresamente la utilización de detectores de radar e impone a quien la incumpla una sanción de 200 euros y la pérdida de tres puntos de carné. Se mantiene la prohibición de los inhibidores, que lleva aparejada una pena mucho más severa: 6.000 euros de multa y la detracción de seis puntos. Solo serán legales los avisadores de radar, que ofrecen información sobre la ubicación de los cinemómetros en función de bases de datos. Los conductores deberán prestar atención a los navegadores que poseen, ya que muchos incluyen una función de detectores de radar. Bastará con desactivar esta función.

8. Obligatoriedad de matricular en España los vehículos de extranjeros residentes. Hasta ahora, los extranjeros residentes solo deben cumplir las obligaciones tributarias fijadas en la Ley de Impuestos Especiales, pero no es preceptivo que matriculen su coche en España, lo que en la práctica dificulta que sean sancionados o sometidos a controles. La concreción de este artículo se hará en el reglamento.

9. Obras en la vía. Será infracción grave realizar obras en la carretera sin comunicarlo con anterioridad a su inicio “a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico”.

10. Caída de carga en la vía. Será sancionado como infracción grave por “el peligro que genera al resto de usuarios de la vía”.

11. Control en autoescuelas y centros de reconocimiento. Impedir las labores de control en centros de enseñanza y de reconocimiento de conductores será infracción, ante los casos detectados en los que se impide el acceso de miembros de la Consejería de Salud o de la Dirección General de Tráfico.

12. Los agentes podrán multar sin parar al vehículo. Se permitirá no parar ni identificar a un infractor cuando el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia y control de tráfico y carezca de medios para proceder a la persecución del vehículo.

13. El conductor será el responsable si atropella a un animal de caza. Hasta ahora, en los accidentes ocasionados por el atropello de especies cinegéticas, el conductor solo era responsable si había incumplido las normas de circulación. La nueva ley establece que el automovilista será siempre el responsable, a no ser que el siniestro sea consecuencia de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor –animales salvajes mayores que un zorro- llevada a cabo en el mismo día de la cacería o en las 12 horas posteriores a que concluya. Será culpable la Administración solo si “no ha reparado la valla de cerramiento en plazo” o “por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos”. En la práctica, los conductores que sufran un accidente en alguno de los casi 25.000 cotos de caza que hay en España no recibirán ninguna indemnización si mueren o resultan heridos graves. Y si tienen un seguro a terceros, también tendrán que hacerse cargo de los desperfectos en su coche.

14. Se aumenta de 15 a 20 días naturales el plazo para pagar multas con descuento del 50% y para hacer las alegaciones pertinentes.

15. Restricciones a vehículos por motivos medioambientales. Se recoge expresamente la posibilidad de restringir el acceso o la circulación por las vías a determinados vehículos por motivos medioambientales. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente liderará el desarrollo reglamentario necesario.

16. Nuevas causas de inmovilización de vehículos: Además de llevar menores sin un dispositivo de retención adecuado, será causa de inmovilización conducir sin autorización vehículos para los que se exige el permiso C (cuando la masa máxima autorizada exceda de 3500 kilos y no sobrepase los 7.500) o D (autocares).

17. Prohibición de traslado de vehículos inseguros a otros países. Se prohíbe dar de baja definitiva por traslado a otro país vehículos que no cumplen con los requisitos de seguridad y medioambientales reglamentariamente establecidos. Este artículo procede de la aplicación del Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 de la ONU, que insta a desalentar las importaciones y exportaciones de vehículos nuevos o usados que no son lo suficientemente seguros. Cada año, mueren en el mundo por accidente de tráfico 1.300.000 personas.

18. Prioridad para las grúas de auxilio en carretera. Las grúas que acudan a realizar un servicio de auxilio tendrán prioridad de paso y recibirán el tratamiento de vehículos de urgencias. Podrán pararse o estacionarse en vías urbanas durante el tiempo indispensable para retirar vehículos, siempre que no se cree un nuevo peligro ni se cause obstáculo a la circulación.

19. Menos restricciones en la conducción a los enfermos de cáncer. La ley prevé la posibilidad de que el reglamento general de conductores, que Tráfico también pretende reformar en esta legislatura, revise las limitaciones impuestas a la conducción a los enfermos de cáncer. Las personas que padecen esta enfermedad pueden conducir en muy pocos casos, siempre que su médico, que tiene la posibilidad de hacerlo pero no la obligación, lo remita a la Dirección General de Tráfico. Debido a los avances médicos y farmacológicos, el futuro reglamento de conductores aumentará los casos en los que los enfermos de cáncer sí pueden conducir.

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Publicado 22 mayo 2014 por VanesaTeijeiroAbogada en Tráfico

CÓMO CANCELAR LOS ANTECEDENTES PENALES

Es consulta frecuente entre los condenados por Sentencia en el ámbito penal ¿Cuándo podré cancelar los antecedentes penales? Son varias las causas de este interés pero la más frecuente es para poder presentarse a oposiciones sin temer el Certificado de Antecedentes Penales.

 

¿QUÉ SON?

Cuando una Sentencia condenatoria es firme el Juzgado encargado de su ejecución remite al Registro Central de Penados y Rebeldes certificación por la que se hace constar, además de la identificación del penado, el delito y la pena impuesta a la que ha sido condenado y la fecha en la que la Sentencia es FIRME.

Registro Central de Penados y Rebeldes depende del Ministerio de Justicia y en él se inscriben las resoluciones firmes que impongan penas u otras medidas dictadas por los Juzgados Penales.

 

 REQUISITOS

El Artículo 136.1 del Código Penal establece: “Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio, o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, previo informe del Juez o Tribunal sentenciador”

El artículo 136.2 del Código Penal establece para el reconocimiento de ese derecho:

  1. Tener satisfechas las responsabilidades civiles provenientes de la infracción, excepto en los supuestos de insolvencia declarada por el juez o tribunal sentenciador y salvo que hubiera mejorado la situación económica del reo.El transcurso sin delinquir de nuevo de los siguientes plazos, que se contarán a partir del día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso previsto en el artículo 125 será suficiente que el reo se halle al corriente de los pagos fraccionados que le hubieron sido señalados por el juez o tribunal y preste, a juicio de éste, garantía suficiente con respecto a la cantidad aplazada.
  2. Haber transcurrido, sin delinquir de nuevo el culpable, los siguientes plazos
  • 6 meses para las penas leves
  • 2 años para las menos graves que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes
  • 3 años para las restantes penas menos graves
  • 5 años para las penas graves.

Estos plazos se cuentan desde el día siguiente a aquel en que queda extinguida la pena.

En el caso de que se hubiera solicitado la suspensión de una pena privativa de libertad se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión.

SOLICITUD

Los solicitantes deberán cumplimentar una solicitud en la que, necesariamente, harán constar los siguientes datos:nombre y apellidos, filiación, localidad, provincia y fecha de nacimiento, documento acreditativo de su identidad y domicilio que designan a efectos de notificación.

El Código Penal establece en el artículo 136.4  que las inscripciones de antecedentes penales en el Registro Central de Penados “no serán públicas”, por lo que el solicitante deberá acreditar su identidad con la correspondiente documentación en vigor, lo que podrá realizar mediante personación, por correo o a través de representante debidamente acreditado. Dicha documentación es:

  1. Titular español o comunitario: D.N.I. en vigor o fotocopia debidamente compulsada
  2. Tarjeta comunitaria o pasaporte en su caso, ambos en vigor, bien a través de sus originales o fotocopias de los mismos debidamente compulsadas.
  3. Tarjeta  de residencia (N.I.E.), o pasaporte en su caso, todos ellos en vigor, a través de sus originales o fotocopias de los mismos debidamente compulsadas.

 

Si el interesado actuara a través de representante éste deberá acreditar igualmente su identidad, documentándose la representación mediante poder notarial, declaración en comparecencia personal del interesado, o cualquier medio suficiente en derecho que deje constancia fidedigna de tal representación.

En todo caso aunque se actúe o no con representante el interesado deberá igualmente acreditar su identidad.

 

Para la presentación de la solicitud existe un MODELO NORMALIZADO , el cual se puede obtener de la página Web del Ministerio de Justicia (pinchando AQUÍ), aunque sería suficiente un escrito del interesado que contenga los datos necesarios con la petición expresa. 

Para agilizar los trámites es conveniente adjuntar a la solicitud un certificado original o copia compulsada del mismo, expedido por el Juzgado o Tribunal competente, donde consten las fechas de extinción o cumplimiento de cada una de las penas impuestas.

 

  • La solicitud puede ser PRESENCIAL debidamente cumplimentada junto con la documentación que la acompañe se puede presentar:

-En el Registro General del Ministerio de Justicia (Oficina Central de Atención al Ciudadano).

-En cualquiera de las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.

-En cualquiera de los registros a que se refiere el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

-Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero a través de las oficinas diplomáticas y consulares de España, previa presentación del titular en las mismas, quien solicita y autoriza la gestión en la forma convenida entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y el Ministerio de Justicia.

El modelo de presentación lo puedes encontrar aquí: web ministerio de justicia

 

  • También se puede presentar por CORREO la solicitud junto con la copia compulsada de la documentación requerida se puede enviar también por correo certificado a la siguiente dirección:

-Registro Central de Penados (Cancelaciones), C/ San Bernardo nº 21, planta baja, 28015 – MADRID.

 

  • Por otro lado se puede realizar la solicitud por INTERNET  para realizar este trámite por Internet debe acceder a la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia y poseer un certificado o DNI electrónico. (Accede AQUÍ)

 

PLAZO

Según establece el Real Decreto 1879/1994, de 15 de septiembre, el plazo estipulado será de 3 MESES iniciados a instancia de parte. Transcurrido dicho plazo sin interrupciones, se podrá entender estimada la cancelación pretendida cuando no haya habido resolución expresa.

La resolución recaída será notificada por correo a la dirección designada a efecto de notificaciones.


 DIFERENCIA CON LOS ANTECEDENTES POLICIALES

Por otro lado es importante diferenciar los antecedentes penales de los ANTECEDENTES POLICIALES, puesto que cancelar los antecedentes penales no supone la cancelación de los policiales de manera que se podrían tener antecedentes policiales pero no penales.

Los antecedentes policiales derivan de los hechos tipificados en el vigente Código Penal como delitos o faltas o de aquellos otros de carácter administrativo que han dado lugar por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la instrucción de diligencias y su posterior remisión a las Autoridades Judiciales o Administrativas.

En el Cuerpo Nacional de Policía los antecedentes policiales desfavorables se recogen en el fichero conocido como “PERPOL”.

En la Guardia Civil los antecedentes policiales se recogen en el fichero “INTPOL”.

Por tanto si alguna vez ha sido usted detenido o identificado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la presunta comisión de una falta, delito o infracción administrativa, es posible que sus datos aparezcan en una base de datos policial y que por lo tanto usted tenga antecedentes policiales.

Si tras su identificación o detención por la Policía por la presunta comisión de un delito o falta fuera dictada Sentencia absolutoria o se archivara el asunto, puede solicitar su cancelación desde la firmeza de la Sentencia o desde el Auto de archivo.

Si consta en alguno de los registros mencionados anteriormente que se puede comprobar mediante solicitud deberá rellenar el correspondiente modelo de cancelación, el cual será diferente dependiendo de si aparece en el registro de la Policía Nacional (Más INFO AQUÍ) o en el de la Guardia Civil (Más INFO AQUÍ).

 

Publicado 22 mayo 2014 por VanesaTeijeiroAbogada en Penal

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

  • Se equipararán a las labores que se realizan en Europa y los procuradores podrán participar en actos de comunicación, embargos y algunos actos de ejecución de resoluciones, siempre bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial.

  • El ciudadano podrá elegir en cada procedimiento que estos actos se realicen por los funcionarios de la Administración de Justicia o por este colectivo.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para aproximar las funciones de los procuradores españoles a las que tienen sus homólogos en el resto de Europa. La principal novedad de la futura Ley es que permitirá al ciudadano elegir quién desea que se ocupe de practicar los actos de comunicación, los embargos y algunos actos de ejecución de la resolución que se dicte al final del proceso: el procurador, bajo las órdenes del secretario judicial y control judicial, o los funcionarios de la Administración de Justicia, como hasta ahora.

Los procuradores, ya presentes en el Derecho romano o en las Partidas de Alfonso X el Sabio como “personeros”, no han perdido nunca la condición de representante procesal de parte. El Anteproyecto de Ley, que se enmarca en la reforma en profundidad de la Administración de Justicia que se está realizando, persigue desarrollar las funciones de colaboración y auxilio con la Administración de Justicia que ya realizan los procuradores para agilizar y dotar de mayor eficacia los trámites procesales.

Durante la pasada Legislatura, la Ley de Medidas de Agilización Procesal, del 10 de octubre de 2011, ya acentuaba la actuación del procurador como colaborador de la Administración de Justicia en la línea marcada por el Libro Blanco de la Justicia elaborado por el Consejo General del Poder Judicial.

La nueva norma amplía las atribuciones y obligaciones de los procuradores a todos los actos de comunicación y a determinados actos de ejecución y de cooperación y auxilio de la Administración de Justicia. Será la parte quien decida al principio del procedimiento quién quiere que se encargue de dichos actos, siempre bajo la dirección del secretario judicial y control judicial: funcionarios al servicio de la Administración de Justicia o su procurador, a su costa. Si el ciudadano no especifica nada, se entenderá que se encargarán, como hasta ahora, funcionarios de la Administración de Justicia.

 

Principales líneas de refuerzo

Las principales líneas de refuerzo de las funciones de los procuradores son:

  • Actos de comunicación, garantizando la eficacia de las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos.

  • Posibilidad de realizar embargos de bienes muebles y cuentas corrientes.

  • Incremento de sus funciones en los procesos de ejecución, pues podrán realizar el requerimiento de pago en el domicilio del ejecutado o donde puedan encontrarlo.

  • Posibilidad de encargarse, a través de los Colegios de Procuradores, del depósito y de la administración judicial de los bienes embargados (obligación que corresponde a la Administración que ostente las competencias en materia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia), de acuerdo con las directrices que imparta el secretario judicial.

  • Posibilidad de ser designados como entidad especializada en la subasta de los bienes embargados.

Mientras participen en el ejercicio de funciones públicas, la Ley confiere a los procuradores la condición de agentes de la autoridad, por lo que sus notificaciones producirán plenos efectos cuando el destinatario se encuentre en su domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución, y ya no tendrán que realizar estos actos acompañados de dos testigos.

Juicio verbal y proceso monitorio

La Ley de Enjuiciamiento Civil también se reformará para incluir ciertas demandas de los operadores jurídicos en los juicios verbales para evitar la indefensión sin demorar el proceso. Entre ellas destaca la introducción de la contestación escrita, que hasta ahora sólo estaba prevista para determinados procedimientos especiales. Del mismo modo, siempre que el tribunal lo considere pertinente, se otorga a las partes la posibilidad de renunciar a la celebración del trámite de vista, permitiendo, así, la agilización del procedimiento y que la sentencia pueda ser dictada sin más trámites tras el escrito de contestación a la demanda.

Además, en los procesos monitorios se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio de 2012, en el asunto C-618 Banco Español de Crédito, en la que se declaró que la normativa española no es acorde con el derecho de la Unión Europea en materia de protección de los consumidores, al no permitir que el juez que conoce una demanda en un proceso monitorio examine de oficio el carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de demora contenida en un contrato. La Ley permitirá ahora un trámite para examinar y controlar la existencia de esas cláusulas abusivas, previa audiencia de las partes.

Visto en la página de La Moncloa

Publicado 14 mayo 2013 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Procesal

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INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE DEMARCACIÓN Y PLANTA JUDICIAL

  • Se crean veinte nuevos juzgados y se modifica la planta judicial en ocho provincias.

El Consejo de Ministros ha recibido un Informe del Ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley por el que se modifica la demarcación y planta judicial en un total de ocho provincias, en las que se constituyen veinte nuevos juzgados.

Las modificaciones que introduce este Anteproyecto, en cuya elaboración se ha buscado el consenso con las Comunidades Autónomas, responden a la aparición de nuevas necesidades que conllevan una readaptación para garantizar a los ciudadanos el fácil acceso a los diversos órganos judiciales. Para llevarlo a cabo se tienen en cuenta factores como el número de asuntos registrados, las características propias de la población, las comunicaciones y la configuración de las comarcas naturales. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 prevé que la demarcación y planta judicial deberá revisarse periódicamente.

El Ejecutivo considera que no es posible posponer más tiempo estas reformas para dar una solución a algunas acumulaciones de asuntos que se registran en la actualidad. Además, esta situación podría “comprometer seriamente los logros habidos hasta el momento, la efectividad de las últimas reformas legislativas y la consecución de una estructura judicial óptima.

Como consecuencia de esta reforma emprendida se variará la estructura de algunos partidos judiciales, a la vez que se introducen modificaciones en algunas circunscripciones de lo Penal, lo Social y lo Mercantil. Además, se afrontan cambios en juzgados exclusivos para Violencia sobre la Mujer con el fin de adecuarlos mejor a la nueva realidad.

Modificación de partidos judiciales

Se contempla la creación del partido judicial número 22 en Madrid, dotado con dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción, que englobará a los municipios de Boadilla del Monte, Brunete, Quijorna y Villanueva de la Cañada, integrados en la actualidad en el partido judicial de Móstoles, con una elevada carga de trabajo.

En la provincia de Las Palmas, el nuevo partido judicial número 9, con un juzgado de Primera Instancia e Instrucción, acogerá a los municipios de Tuineje y Pájara, localidades ambas de gran desarrollo turístico y económico.

En Valencia se crea el partido judicial número 19, al que se destinan dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Lo configurará una serie de municipios valencianos, como Buñol, Cheste o Chiva, entre otros, que forman la comarca de la Hoya de Buñol. Esta medida supone una importante homogeneización social, cultural, histórica y administrativa y facilita en gran medida las comunicaciones con la sede del futuro partido judicial.

En el mismo ámbito de la Comunidad Valenciana se modifica la circunscripción de los partidos judiciales de Castellón, Nules y Villarreal. Se potencia éste último por el incremento de industria y población que está experimentando.

En la provincia de Ávila se crea el partido judicial número 5, dotado con un juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Se adscribirán municipios que conforman la comarca natural de Alberche-Pinares, que no presenta obstáculos orográficos y permite mejores comunicaciones con la capitalidad del futuro partido judicial.

En los cuatro casos citados la capitalidad de los nuevos partidos deberá ser fijada por ley de su correspondiente Comunidad Autónoma.

En Extremadura los partidos judiciales de Cáceres y Coria sufrirán una modificación para paliar los largos desplazamientos y facilitar las comunicaciones con la sede del partido.

Modificación de circunscripciones de juzgados de lo penal y social

En el ámbito de la jurisdicción penal, en Cataluña se modifican las circunscripciones de Barcelona y Vilanova i la Geltrú, incorporando el partido judicial de Gavá a la circunscripción de Barcelona. En la provincia de Alicante, dado el alto índice de litigiosidad de la zona, se crea una nueva circunscripción de este tipo con jurisdicción sobre el partido judicial de Torrevieja.

En Canarias, atendiendo a la especificidad del hecho insular, se crean sendas circunscripciones de lo Penal y de lo Social en Santa Cruz de Tenerife, con jurisdicción sobre los partidos judiciales de Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de la Palma, en la isla de La Palma. En el caso de la provincia de Las Palmas también se crearán circunscripciones de este tipo, con jurisdicción sobre Puerto del Rosario, y el partido número 9, creado por este mismo Anteproyecto, en la isla de Fuerteventura.

También se crearán sendas circunscripciones de juzgados de lo Penal y lo Social en la provincia de Toledo, extendiendo su jurisdicción al partido judicial de Talavera de la Reina. Se regula así una situación que ya se estaba produciendo “de facto”.


Circunscripciones de lo Mercantil

Se crean circunscripciones de lo Mercantil en la provincia de Asturias, con jurisdicción sobre los partidos judiciales de Avilés, Gijón y Villaviciosa, y en la provincia de Pontevedra, con jurisdicción sobre los de Vigo, Cangas, O Porriño, Ponteareas, Tui y Redondela.

En ambos casos la medida se justifica por el elevado volumen de litigiosidad, índice demográfico y existencia de núcleos industriales y mercantiles.

Juzgados de violencia sobre la mujer

Finalmente, el Ejecutivo considera que ha transcurrido un tiempo razonable desde la entrada en funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer para proceder a una necesaria modificación de su jurisdicción en algunos casos, dándole un carácter comarcal, que abarque varios partidos judiciales. Se busca, en todo caso, potenciar estos órganos exclusivos, servidos por jueces especializados en la materia y con dotaciones y equipos adecuados, con la intención de ofrecer un mejor servicio.

En este caso, de la modificación puesta en marcha resultan, en la Comunidad Valenciana, un total de seis circunscripciones: la de Alicante tendrá jurisdicción sobre los partidos judiciales de Alicante y San Vicente del Raspeig; la de Elche, sobre los partidos de Orihuela, Elda, Novelda, Torrevieja y la propia localidad de Elche; la de Valencia, con jurisdicción en la misma capital valenciana, Moncada y Massamagrell; la de Castellón de la Plana, que se extiende a Castellón, Nules y Villarreal; la de Alzira, que engloba los partidos de Gandía, Sueca, Carlet, Xátiva, además de la propia Alzira; y la de Torrente, cuya jurisdicción se extiende a este mismo municipio, Catarroja, Paterna, Quart de Poblet, Mislata y Picassent.

En Andalucía la circunscripción de Algeciras tendrá jurisdicción sobre la misma Algeciras, San Roque y La Línea de la Concepción. En Asturias afecta a Oviedo, con jurisdicción sobre la capital asturiana, además de Avilés, Grado, Siero, Mieres y Langreo.

La demarcación canaria de Santa Cruz de Tenerife extenderá su jurisdicción a los partidos judiciales de esta misma localidad canaria y San Cristóbal de la Laguna. En Santander la jurisdicción alcanzará a Torrelavega, Laredo, Santoña y Medio Cuyedo, además de la propia Santander.

Por último, esta modificación en los juzgados de violencia sobre la mujer alcanza también a Extremadura, con la circunscripción de Badajoz, que extiende su jurisdicción sobre Badajoz, Olivenza y Montijo. En Galicia la circunscripción de Vigo tiene jurisdicción sobre Redondela y la propia Vigo.

Visto en la página de La Moncloa

Publicado 14 mayo 2013 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Procesal

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EL GOBIERNO ENDURECE EL CÓDIGO PENAL Y AMPLÍA LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE (El País.com)

Justicia propone ahora aplicar la pena a delitos de “asesinato agravado”.

VERA GUTIÉRREZ CALVO Madrid 14 SEP 2012 .

El Código Penal español, uno de los más severos de Europa —con penas de hasta 40 años para los delitos más graves— se ha ido endureciendo en las últimas dos décadas por las reformas sucesivas de los Gobiernos del PP y el PSOE, que siempre han ido en la misma dirección: penas más altas. Ayer, Alberto Ruiz-Gallardón dio otro giro de tuerca: su proyecto de reforma del Código Penal no agrava por lo general las penas, pero crea dos figuras nuevas —la prisión permanente revisable (que además se aplicará a más casos de los que él dijo en un principio) y la custodia de seguridad—, amplía el alcance de otra —la libertad vigilada post-pena— y exprime el alcance de otras cuantas.

El resultado es —una vez más, un paso más— el Código Penal más duro de la democracia, en uno de los países con mayor tasa de población reclusa de Europa, según datos de Instituciones Penitenciarias. Ruiz-Gallardón, que presentó el informe con las líneas maestras de ese proyecto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, apeló en dos ocasiones a casos que “han ocurrido en España” y que “en la mente de todos están”; lo hizo al explicar la pena de prisión permanente revisable para asesinatos sumados a agresión sexual y al anunciar que la detención ilegal con desaparición de la víctima será equiparada al homicidio. Negó, sin embargo, que la ley tenga un barniz populista o pretenda dar respuesta a casos recientes de gran impacto social, como el asesinato de Marta del Castillo o la desaparición de los niños José y Ruth Bretón Ortiz. También lo desvinculó de la polémica por la excarcelación del etarra enfermo Iosu Uribetxeberria Bolinaga. “Llevamos meses trabajando en este proyecto”, argumentó.

El texto articulado del nuevo Código Penal aún debe ser cerrado por Justicia, y entonces pasará al Congreso. En cualquier caso, no se aplicará a delitos cometidos antes de su aprobación. Estas son algunas de las novedades anunciadas por el ministro.

» Prisión permanente revisable. Es una pena similar a la cadena perpetua, con la diferencia de que, si el preso demuestra estar reinsertado, puede ser excarcelado a partir de un cierto momento. Ese momento aún está por decidir, pero el plazo mínimo de permanencia en prisión (antes del cual no se podrá revisar la condena) estará “entre los 25 y los 35 años”, dependiendo del tipo de delito y de si es uno o varios cometidos conjuntamente.

El PP, en campaña electoral, apuntó a que esa nueva pena se aplicaría a delitos terroristas y sexuales; después, Ruiz-Gallardón rectificó y anunció en mayo que únicamente iría dirigida a delitos de terrorismo. Ahora ha cambiado de parecer: la prisión permanente revisable será aplicable a homicidios terroristas, magnicidio, genocidio, delitos de lesa humanidad y también a los casos de “asesinato agravado”; en este último supuesto entran los asesinatos de menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables (por razón de discapacidad o de edad), los asesinatos múltiples, los cometidos por organizaciones criminales y los que sean “subsiguientes a un delito contra la libertad sexual”.

En esos casos, el tribunal sentenciador tendrá que aplicar imperativamente la pena de prisión permanente revisable, no otra. Según el tipo de delito, se fijará un plazo mínimo y a partir de ahí se revisará la condena “de oficio, cada dos años”, o a petición del reo cada año. ¿Quién decidirá si el preso está rehabilitado? Ruiz-Gallardón dijo que “el tribunal sentenciador”; fuentes de Justicia matizaron que está en estudio aunque en todo caso será un tribunal colegiado, no el juez de Vigilancia Penitenciaria. Pero también explicaron que, a partir de cierto momento (otro plazo que hay que fijar), el reo podría acogerse al tercer grado penitenciario y a los permisos consecuentes, así que por ahora es imposible saber cuál sería el tiempo mínimo de cumplimiento efectivo en prisión.

Si el reo no se rehabilita y por tanto su condena no es revisada, estaría toda la vida en prisión, como en una cadena perpetua. Si se le revisa la condena, saldría durante un tiempo en prisión condicional, hasta comprobar que está totalmente reinsertado (para esa libertad condicional tampoco se ha fijado plazo ni condiciones aún), y después ya quedaría definitivamente en libertad. Fuentes de Justicia subrayaron que “casi todos los países europeos” tienen en sus legislaciones la pena de prisión permanente revisable.

» Custodia de seguridad. Es una medida de seguridad, no una pena, pero en la práctica significa añadir hasta 10 años más de prisión (o de internamiento en algún tipo de centro) a un preso que haya cumplido ya su condena. Se aplicará cuando el tribunal sentenciador (la medida debe establecerla en el momento de dictar sentencia, no a posteriori) crea que hay “especial peligrosidad”. Y podrá revocarse en cualquier momento si desaparece esa peligrosidad. Se aplicará a delitos “de especial gravedad”: asesinatos, homicidios, secuestros, agresiones sexuales, delitos con violencia, terrorismo o tráfico de drogas.

A diferencia de la prisión permanente revisable (que será obligatoria en los delitos para los que está pensada), esta medida será discrecional: el tribunal podrá dictarla o no. Fuentes de Justicia explican que habrá dos supuestos: para los delitos más graves, la custodia de seguridad podrá dictarse en la primera condena; para el resto habrá que esperar a que el delincuente reincida para aplicarle esa medida —si el juez quiere— en la segunda condena.

» Libertad vigilada. Esta medida ya se incluyó en el Código Penal aprobado por el Gobierno socialista en 2010, para delitos sexuales y de terrorismo. Ahora se amplía a otros delitos, como los patrimoniales, robos o delitos violentos (por ejemplo con resultado de lesiones). Consiste en que el preso, una vez cumplida su condena en prisión y puesto en libertad, debe someterse a control o vigilancia judicial (con distintos mecanismos, como la obligación de presentarse en el juzgado o la colocación de dispositivos electrónicos) durante un plazo de 10 años. Debe imponerse también en el momento de dictar la sentencia, y puede ser revisada y retirada.

Tanto la custodia de seguridad como la libertad vigilada son medidas “basadas en pronósticos [de peligrosidad], no en hechos”, admiten desde el ministerio. “Pero el pronóstico se hace sobre una situación objetiva previa”, añaden.

» Detención ilegal con desaparición de la víctima. La pena por este delito (ahora, diez años) será equiparada a la de homicidio (de 10 a 15) cuando el autor no diga qué ha hecho con la víctima, pudiendo llegar “hasta a 20 años si las víctimas son menores de 16 años o la detención está relacionada con una agresión sexual”, precisaron fuentes de Justicia.

» Libertad condicional. Si un preso recibe la libertad condicional y, ya en la calle, vuelve a cometer un delito, al regresar a prisión tendrá que cumplir todo lo que le quedaba de pena cuando salió en libertad condicional; con el Código actual, el tiempo que ha pasado fuera de la cárcel se le descuenta de la pena. Por otra parte, los condenados por primera vez a penas de hasta tres años y que muestren una conducta irreprochable tendrán más fácil acceder a la libertad condicional: podrán hacerlo a mitad de condena, frente a los dos tercios actuales.

» Delito continuado. Desaparece esta figura para los casos de delitos sexuales, lo que hará “que vean incrementada la pena”.

» Incendios forestales. Se endurecen las penas: hasta seis años de cárcel (en lugar de cinco años) en casos muy graves, y hasta nueve años si el incendio afecta a espacios naturales protegidos.

» Hurtos y faltas. Los “hurtos sistemáticos”, como los cometidos por carteristas, que ahora son faltas, implicarán prisión de hasta tres años si se cometen con “profesionalidad”. Por otro lado, el ministerio hará una “limpia” para convertir algunas faltas en sanción administrativa y otras en delitos (sin aumentar la pena).

» Delitos económicos. Habrá una nueva regulación de la malversación y una persecución “más eficaz” del fraude y la ocultación de bienes en procesos de quiebras societarias.

LEA LA REFERENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Publicado 17 septiembre 2012 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Penal, Procesal

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EL TESTIGO EN EL PROCESO PENAL

Este post trata sobre el TESTIGO EN EL PROCESO PENAL, para ver el testigo en el Proceso Civil pulsa AQUÍ

Si usted recibió una citación para acudir al Juzgado o Tribunal con objeto de declarar como testigo, este post lo orientará respecto de los pasos que deberá dar y facilitarle una información general respecto del deber de colaboración con la Administración de Justicia que le incumbe a todo ciudadano. Cualquier ampliación o complemento que necesite sobre la presente orientación, no dude en solicitarlo del Juzgado o Tribunal interviniente en el asunto que se trate.

LA CITACIÓN

1.- El juez que dirige la investigación de un delito o de una falta puede acordar su comparecencia ante el Juzgado con el fin de que usted declare sobre los hechos que constituyen su objeto.

2.- Cabe igualmente que la citación se efectúe no durante la fase de investigación, si no en un momento posterior, cuando se deba celebrar ya el correspondiente juicio oral. En tal supuesto, será el Juzgado o Tribunal sentenciador el que efectúe su citación para declarar como testigo.

3.-Tanto en uno como en otro caso, se remitirá a su domicilio o al lugar en el que pueda ser localizado una citación oficial en la que se indicará:

A) La expresión del juez o tribunal al que debe acudir

B) El número del procedimiento y la fecha y clase de resolución en la que se acuerda su citación.

c) Su propio nombre, apellidos y domicilio.

d) El motivo de la citación, que consistirá en la necesidad de declarar en calidad de testigo sobre unos hechos concretos.

e) El lugar, día y hora en que tenga que concurrir al Juzgado.

f) La advertencia de su obligación de comparecer y la prevención de los prejuicios que para usted se pudiesen derivar si no acude.

4.- Es muy importante que acuda al Juzgado o Tribunal el día que se le indica, pues su testimonio contribuirá a aclarar los hechos.

5.-Recuerde que es obligatorio acudir a la llamada de un juez para declarar como testigo.

Para tal fin debe tenerse en cuenta que el artículo 118 de la Constitución dispone que “Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.”.

Igualmente, el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “todos lo que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán la obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto sepan sobre lo que se les pregunte si para eso son citados con las formalidades prescritas en la ley.”.

6.- Si le resulta imposible acudir por enfermedad u otro motivo, deberá comunicarlo al Juzgado lo más pronto posible. El juez o magistrado tomará una decisión al respecto que usted deberá acatar.

7.-En algunos casos, y así lo indica la propia Constitución en su artículo 24, bien por razón de parentesco con el implicado o bien por el deber de secreto de su profesión, algunas personas no están obligadas a declarar. No obstante, sí están obligadas a acudir al Juzgado o Tribunal y le corresponde al juez o magistrado dispensarlos de prestar declaración o de no contestar a determinadas preguntas que pueden comprometer a su pariente o el deber de secreto profesional.

8.- Si tiene dificultadas para entender el idioma en el que se desenvuelva el juicio o el interrogatorio, comuníquelo con la mayor brevedad posible al Juzgado con el fin de que pueda asistirlo un intérprete en su declaración.

9.- Tenga en cuenta que si usted no acude al Juzgado o al Tribunal  se podría suspender el juicio o la declaración señalada para esa día y fijarse una nueva fecha para su celebración, a la que le volverían a convocar.

10.- Además, si injustificadamente no acude al llamamiento del juzgado o tribunal se le puede imponer una multa y, si persiste en su negativa, puede incurrir en el delito de denegación de auxilio a la Justicia y en el de desobediencia grave a la autoridad.

 

PASOS QUE CONVIENE SEGUIR AL ACUDIR AL JUZGADO

1.- Lea con atención la citación y si tiene alguna duda llame por teléfono al juzgado o tribunal para que se la aclaren.

2.-Acuda con suficiente antelación al juzgado o tribunal provisto de su DNI y de la propia citación.

3.-Entrega la citación en la secretaría del juzgado o tribunal para que sepan que llegó.

4.- Esté atento, ya que lo llamarán de viva voz por su nombre para entrar en la sala de juicios o en la dependencia donde tenga que prestar declaración.

5.- Si fue citado para testificar en un juicio, no puede entrar en la sala de audiencias hasta que sea llamado de manera expresa.

6.-Evite entrar en relación con otras personas citadas para el mismo asunto, con el fin de evitar que su testimonio se desvirtúe con datos o valoraciones de otros intervinientes. En el propio juzgado o tribunal le indicarán el lugar donde tiene que esperar hasta que llegue el momento de entrar en la sala de juicios o en la dependencia donde tenga que declarar.

7.-Tenga en cuenta que el comienzo del juicio o acto de declaración para el que fue citado puede atrasarse, ya que suele haber otro señalamientos y es muy “difícil” calcular el tiempo que se invierte en cada uno.

8. El juicio o acto de declaración para el que fue citado también puede tardar tiempo en celebrarse, incluso es posible que sea preciso continuarlo al día siguiente o en otra fecha.

 

LA DECLARACIÓN EN EL JUZGADO ANTES DEL JUICIO.

En algunos supuestos el juez encargado de la investigación de un delito puede acordar que se preste declaración como testigo ante el juzgado con carácter previo a la celebración el juicio con  el fin de determinar con mayor precisión el hecho investigado y las circunstancias en al que ocurrió.

En tal caso, si comparecencia tendrá lugar en la sede del juzgado ante el juez y no en la sala de juicios.

Su declaración se practicará en forma separada respecto de otros testigos o personas implicadas en el proceso y tendrá carácter secreto, estando obligados a guardarlo todos cuantos asistan al acto.

A declaración comenzará expresando el testigo sus circunstancias de identidad y las relaciones o vínculos que lo unan con los demás intervinientes en el proceso. A continuación, y sin interrupción, efectuará su propio relato sobre los hechos aclarando por petición del juez, las dudas, contradicciones o inseguridades que se adviertan en su versión. Después se le formularán las preguntas que el juez considere oportunas sobre tales hechos.

Su declaración se recogerá por escrito en un documento que el testigo tiene derecho a leer antes de firmarlo.

LA DECLARACIÓN EN JUICIO.

EL TRIBUNAL

Cuando lo llamen por su nombre, deberá entrar en la sala y colocarse en el lugar que le indique el funcionario judicial.

Frente a usted, en un lugar más elevado, denominado estrado, estará el juez o los varios componentes del órgano judicial.

Si se trata de un Juzgado, en el estrado se encontrará únicamente con un juez asistido por el secretario judicial.

Si, por la contra, se trata de un tribunal, como es por ejemplo, la Audiencia Provincial, actúan normalmente 3 magistrados, uno de los cuales desempeña la labor de presidente. Junto con los magistrados, se encontrará el secretario judicial.

A la derecha del juez o tribunal, se encuentra el fiscal y los abogados de la acusación si la hubiera.

A la izquierda del juez o tribunal se encontrará el abogado o los abogados defensores del inculpado o de los inculpados..

En los casos en que se trate de un juicio con jurado, estarán presentes el presidente del tribunal y nueve jurados, además del fiscal y de los abogados.

EL ACTO DE LA DECLARACIÓN

1.-Le pedirán sus datos personales

2.-Será interrogado sobre si tiene interés en la causa, si lo une alguna relación de parentesco o de amistad o de cualquier otra clase con alguna de las partes. Posteriormente se le formularán preguntas sobre los hechos objeto del juicio, el fiscal y los abogados que participen en el acto, así como, si es el caso, el propio juez o magistrado que presida el Tribunal.

3.-Se le advertirá de que deberá decir la verdad sobre los hechos por los que sea interrogado. Tenga en cuenta que el falso testimonio es un delito.

4.- Deberá contestar a las preguntas de viva voz. No está permitido leer contestaciones por escrito, aunque sí que podrá consultar notas sobre datos de difícil memorización.

5.- El juez o magistrado velará porque no se le formulen preguntas poco claras, innecesarias por referirse a cuestiones ajenas con el objeto del proceso o que estén orientadas a que declare en un determinado sentido.

6.- No puede negarse a declarar y de hacerlo será sancionado con una multa. Si persiste en su negativa podrá incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad.

7.- Si no entiende o no habla el idioma en el que se le hacen las preguntas comuníquelo inmediatamente. En tal caso, se nombrará un intérprete para que lo asista en la declaración.

8.- Si fuese necesario que declare en otra ocasión el juez o magistrado lo advertirá de que deberá que dar a disposición del juzgado o tribunal y que deberá comunicar cualquier cambio de domicilio.

9.-Finalmente, debe firmar en el acta.

ABONO DE LOS GASTOS CAUSADOS

Tiene usted derecho al abono de los gastos que le ocasiones el desplazamiento al juzgado o tribunal y el importe del sueldo perdido. Conserve o solicite los justificantes necesarios.

En la secretaría del órgano judicial o en las oficinas de atención al ciudadano lo informarán sobre los trámites que debe seguir y le facilitarán un impreso o le indicarán donde puede obtenerlo.

En el citado impreso, dirigido ala Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia u órgano similar de la correspondiente comunidad autónoma, deberá indicar sus datos personales y los de la entidad bancaria en la que desea que se le ingrese el importe que reclama y tendrá que adjuntar los justificantes de los gastos por desplazamiento.

Respecto de los demás gastos (estancia en hotel, comidas, sueldo sin pagar, etc.) haga constar su existencia en la secretaría del juzgado o tribunal, con el fin de que se indiquen como gastos del procedimiento y se incluyan en la tasación de costas como un concepto más, y su pago se le impondrá, de ser el caso, a quien resulte condenado a su pago.

PROTECCIÓN DE LOS TESTIGOS.

En ciertos casos excepcionales, cuando el juez aprecie que por motivo de su declaración el testigo o sus familiares más próximos pueden correr un peligro grave, está facultado para adoptar medidas de protección de tal persona, de sus familiares o de sus bienes. Si usted considera que, por cualquier circunstancia, su intervención como testigo puede traerle un riesgo grave, póngalo en conocimiento del juzgado o tribunal inmediatamente.

Estas medidas de protección pueden consistir en asegurarse de que no figures en las diligencia el nombre, los apellidos, el domicilio o lugar de trabajo y  la profesión del testigo protegido, ni cualquier otro dato que permita su identificación. En ese caso, se le designará una clave. También pueden adoptarse medidas que impidan su identificación visual.

Publicado 14 noviembre 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Penal, Procesal

VIOLENCIA DOMÉSTICA- TURNO DE OFICIO ESPECIALIZADO.

EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR

La violencia ejercida en el ámbito familiar o doméstico es un grave problema que provoca en la víctima no sólo lesiones de carácter físico o psíquico e incluso la muerte, si no también a desintegración del grupo familiar, además de graves secuelas para el desenvolvimiento integral de sus miembros.

Esto exige una rápida respuesta por parte de los poderes públicos, pero también y sobre todo por parte de la propia víctima y de sus familiares o personas con las que convive para impedir que tal situación persista o se agrave por el miedo o vergüenza, que es lo más habitual con el paso del tiempo.

 Para paliar este grave problema la Consellería de Xustiza, Interior y Administración Local y el Consello da Avogacía Galega, han desenvuelto una acción integral y coordinada para luchar contra estos hechos, constituyeron en cada uno de las siete Colegios de Abogados de Galicia un turno de oficio especializado para asesorar y asumir la defensa de estas víctimas, siempre de modo gratuito.

¿QUÉ TIPO DE ACCIONES PUEDEN SER CONSIDERADAS AGRESIONES SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN?

Cualquiera tipo de víctima que sea objeto de violencia o malos tratos de obra o de palabra, sean o no causantes de lesiones y con independencia de que estos hechos sean aislados o habituales.

¿QUIENES SÓN LAS PERSONAS PROTEGIDAS POR ESTE TURNO DE OFICIO ESPECÍFICO?

Son de forma genérica todas aquellas personas que pertenezcan o perteneciesen a la familia del/dela agresor/a o convivan o convivieran con el/ella: ala mujer o marido,-o ex mujer o ex marido-, cualquiera persona unida a el/ella por análoga relación de afectividad aunque no conviviesen, los descendientes o sus ascendientes de cualquiera de aquellos, con independencia de que lo sean por naturaleza o por adopción, así como los menores o incapaces que con ellos convivan.

¿QUÉ HACER CUANDO SOMOS OBJETO DE ESTE TIPO DE AGRESIONES?

En el caso de que se tengan lesiones lo primero será acudir al centro de atención primaria u hospital más próximo a nuestro domicilio

En todo caso, se acudirá a la Comisaría de Policía, Cuartel de de la Guardia Civil o de la Policía Local, también más próximo a nuestra residencia, para interponer una denuncia y solicitar en cualquiera de esos centros que llamen al Colegio de de Abogados o que, en su caso, al abogado de guardia para que asista judicialmente a la víctima de la violencia doméstica, quien podrá solicitar la adopción de la orden de protección ante el órgano encargado de dictarla, el Juzgado de Instrucción, o bien ante el Ministerio Fiscal, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios sociales e instituciones asistenciales dependientes de las administraciones públicas,  los asistentes sociales de los Ayuntamientos y el Servicio Gallego de Promoción de la Igualdad del hombre y de la mujer (o análogo en otra Comunidad Autónoma), organismo este último al que a su vez  le deberá ser notificada por el Juzgado su adopción

¿QUÉ TIPO DE PROTECCIÓN ESTÁN OBLIGADOS A PRESTAR LOS COLEGIOS DE ABOGADOS?

El Colegio que corresponda deberá designar un/una letrado/a especializado/a en este tipo de violencias para asistir a la víctima en alguno de los siguientes aspectos:

                1.-Asesorándola en el ejercicio de las posibilidades legales de actuación que se previenen en el ordenamiento jurídico, y asistiéndola mediante la realización de la actuaciones necesarias, para que el/la juez/a de instrucción decrete las medidas que procedan.

                2.-Asumiendo la asistencia letrada en los juicios de faltas, cuando la intervención de abogado no sea requerida por el juez/a, en relación con los hechos que tengan su origen en la violencia doméstica.

                3.-Designando de forma inmediata abogado/a para la asistencia letrada de las víctimas de violencia doméstica en procesos penales y civiles en materia de familia, sin necesidad de que se acredite con carácter previo que el/la solicitante reúna los requisitos exigidos para obtener el  reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

A CORUÑA

Federico de Tapia, 11, bajo, 15005, A Coruña, tel. 981126090

FERROL

Pazo de Xustiza, rúa A Coruña, s/n, bajo derecha, 15041 Ferrol, tel. 981354705

LUGO

Pascual Veiga, 2, 27002, Lugo tel.982221997

OURENSE

Concello, 22 Entresuelo, 32003, Ourense, tel. 988370746

PONTEVEDRA

Avda. Reina Victoria, 9, 36001 Pontevedra, tel. 986896866

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Eduardo Pondal, 4, bajo, 15702, Santiago, tel.981581713

VIGO

Plaza de América, portal2-1º, 36211, Vigo, tel. 986208200


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EL DESAHUCIO

CLASES DE DESAHUCIOS DE VIVIENDAS
– Que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas,

– Las que con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca.
– Por precario
Considera la doctrina jurisprudencial requisito esencial para resolución del contrato por falta de pago de las rentas que la deuda sea líquida, vencida y exigible.

COMPETENCIA EN LOS JUICIOS DE DESAHUCIO
El conocimiento de las demandas de resolución del contrato por falta de pago corresponde al Juez de Primera Instancia del lugar en que se halla la finca, artículo.52.1.7 LEC, sin que sean aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita. artículo.54.1 LEC.
La Competencia para el desalojo corresponde, por regla general, a la jurisdicción civil, siendo juez competente para conocer de la misma el que conoció del asunto en primera instancia

CUANTÍA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIO
Cuestión también polémica en estos procedimientos era la relativa a la cuantía que había que hacer constar en las demandas, ya que con la dicción literal de la LEC en el artículo.251.3 LEC en relación con la regla 9ª parecía entenderse que como siempre se reclamaba la posesión del inmueble la cuantía de la demanda debería ser la del valor del inmueble, pese a que la mayoría doctrinal y jurisprudencial estaba aplicando el de la anualidad de la renta. Así las cosas, se resuelve el problema mediante la nueva redacción del artículo.251.9 LEC, operada por la Ley 19/2009 de 23 noviembre 2009 Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios., de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética: “En los juicios sobre arrendamientos de bienes, salvo cuando tengan por objeto reclamaciones de las rentas o cantidades debidas, la cuantía de la demanda será el importe de una anualidad de renta, cualquiera que sea la periodicidad con que ésta aparezca fijada en el contrato”

ENERVACIÓN DE LA ACCIÓN DE DESAHUCIO
La posibilidad de enervación de la acción de desahucio mediante el pago o consignación, se contempla en el artículo.22.4 LEC (modificado por Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios., de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios).
El pago o puesta a disposición del arrendador en el tribunal o notarialmente, podrá realizarse en cualquier momento anterior a la celebración de la vista, y comprenderá las cantidades reclamadas en la demanda y las que se adeuden en el momento de dicho pago enervador del desahucio.

REPRESENTACIÓN PROCESAL-ABOGADO Y PROCURADOR
Será necesaria la intervención de Abogado y Procurador en todos los juicios ordinarios, con independencia de la cuantía, conforme a los artículos 23 y 31 de la LEC, sean viviendas o locales.
Asimismo, en los juicios verbales cuya cuantía exceda de 900 euros, o que así pueda valorarse siguiendo la regla 9.ª del artículo 251.
En la oposición del Monitorio igualmente es necesaria la intervención de estos profesionales si la cuantía es superior a los 900 euros, según lo dispuesto en el artículo 818 de la LEC.
Conforme al artículo 32.5 de la LEC y aunque la intervención de estos profesionales no sea preceptiva, se podrán incluir sus honorarios cuando haya declaración de temeridad o el proceso se esté tramitando en lugar diferente al propio domicilio.
En todo caso, hay que tener presente, a efectos de costas, los límites del artículo 394 de la LEC, por lo que hay que intentar buscar siempre la declaración de temeridad.

DESAHUCIO EXPRESS
Se introduce por modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por Ley 19/2009 de 23 de noviembre (BOE 24 de noviembre), que modifica el artículo 437 apartado 3 de dicha ley, con el contenido siguiente:
Si en la demanda se solicitase el desahucio de finca urbana por falta de pago de las rentas o cantidades debidas al arrendador, o por expiración legal o contractual del plazo, el demandante podrá anunciar en ella que asume el compromiso de condonar al arrendatario todo o parte de la deuda y de las costas, con expresión de la cantidad concreta, condicionándolo al desalojo voluntario de la finca dentro del plazo que se indique por el arrendador, que no podrá ser inferior al plazo de quince días desde que se notifique la demanda. Igualmente, podrá interesarse en la demanda que se tenga por solicitada la ejecución del lanzamiento en la fecha y hora que se fije por el Juzgado a los efectos señalados en el apartado 3 del artículo 549.

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POSIBILIDAD DE PAGO O CONSIGNACIÓN DE RENTAS
Conforme al TRLAU , en los arrendamientos de vivienda cualquiera que sea su renta, y en los de locales de negocio cuya renta anual no excediera de 12.000 ptas, el arrendatario podrá rehabilitar el contrato y evitar el lanzamiento si hasta el momento mismo en que fuera a practicarse paga o pone a disposición del actor el principal que debiera en dicho instante, mas el 25% del mismo, y los intereses legales. Existe posibilidad de realizar este pago o consignación incluso ante el mismo encargado de realizar la diligencia de lanzamiento.
Tras la entrada en vigor de la LAU , desapareció esta posibilidad, en tanto que su título.5 LAU título.5 LAU, relativo a los procesos arrendaticios, resultaba aplicable a los litigios relativos a los contratos de arrendamiento de finca urbana subsistentes a la fecha de su entrada en vigor. disposición transitoria.6 LAU disposición transitoria.6 LAU

La nueva LEC ha derogado expresamente este Titulo V de la LAU , y al no prever nada al respecto debe entenderse desparecida dicha posibilidad contemplada en el TRLAU

PLAZOS PARA DESALOJAR EL INMUEBLE
Firme la sentencia que declare haber lugar al desahucio, y recibidos los autos en el Juzgado a quo en el caso de apelación, se procederá, a instancia del actor, a su ejecución, mandando el Juez que se perciba de lanzamiento al demandado si no desaloja la finca en los siguientes términos:

– Un mes, si se trata de vivienda habitual y habitan en ella, con efecto, el ejecutado o quienes de él dependan. De existir motivo fundado, podrá prorrogarse dicho plazo un mes más.

Transcurridos dichos plazos, se procederá de inmediato al lanzamiento, fijándose la fecha de éste en la resolución inicial o en la que acuerde la prórroga.

– Si el inmueble estuviera ocupado por terceras personas distintas de las anteriormente señaladas, el tribunal, tan pronto como conozca su existencia, les notificará el despacho de la ejecución o la pendencia de ésta, para que, en el plazo de diez días, presenten al tribunal los títulos que justifiquen su situación.

El ejecutante o adquirente podrá pedir al tribunal el lanzamiento de quienes considere ocupantes de mero hecho o sin título suficiente. De esta petición se dará traslado a las personas designadas por el ejecutante, prosiguiendo las actuaciones conforme a lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo.675 LEC.

DESAHUCIO POR PRECARIO
Al juicio de precario se refiere actualmente el artículo.250.1.2 LEC , que se refiere a los juicios en los que se pretenda la plena recuperación de la posesión de una finca cedida en precario. Este juicio, según el artículo citado, se tramitará por las reglas del juicio verbal
Respecto a los requisitos del procedimiento, tradicionalmente se ha incluido entre los mismos la práctica del requerimiento previo al precarista con un mes de antelación instando la desocupación de la finca. Requerimiento cuya prueba corresponde aportar al actor, por lo que conviene realizar por conducto notarial.
Con la nueva LEC la mayoría de la doctrina, ante el silencio de la Ley, es reacia a admitir como requisito para interponer la demanda de desahucio por precario la existencia de un requerimiento previo. No obstante, no son pocos los autores que si bien son partidarios de la no exigibilidad de este requisito, si consideran que sería positivo requerir al precarista, con el fin de agilizar los trámites de recuperación de la posesión.
Además de la debatida cuestión del requerimiento previo, para la prosperabilidad de la acción de desahucio se requerirá la concurrencia de los siguientes requisitos:

– Que la persona que ejercite la acción tenga la posesión mediata de la finca como propietaria, usufructuaria o por cualquier otro título que le dé derecho a disfrutarla.
– La posesión material carente de título y sin pago de merced por el demandado. Es decir, que la persona o personas demandadas disfruten o tengan la posesión inmediata del inmueble sin título legitimador de clase alguna, sin pagar renta o merced arrendaticia, de manera que si en las actuaciones procesales quedase acreditada la existencia real de título válido y eficaz a favor de los ocupantes amparador de la posesión detentada, la acción ejercitada no podría prosperar puesto que éstos perderían el carácter de precaristas siendo al que alega éste a quien compete adverarlo por la presunción iuris tantum de onerosidad de la relaciones de las partes.

Publicado 27 septiembre 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Arrendamientos Urbanos, Civil, Desahucio, Procesal

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VIOLENCIA DE GÉNERO/MALTRATO A LA MUJER

CONSEJOS

En el caso de haber sufrido una agresión o amenaza, debes personarte ante cualquier Comisaría de Policía o Cuartel de la Guardia Civil para proceder a efectuar la denuncia del agresor y solicitar una orden de protección urgente.

También tienes que conocer que cuando estés en peligro o conjuntamente con tus hijos puedes abandonar el domicilio sin incumplir el deber de convivencia, siempre que en el plazo de 30 días solicites unas medidas provisionalísimas o presentes demanda de separación.

 

MEDIDAS PROVISIONALES

Previstas para los casos de urgencia y necesidad, la Ley te faculta para solicitarlas personalmente del juez de Familia sin necesidad de Abogado ni de Procurador.

Contienen la autorización para vivir separados, medidas sobre la custodia de los hijos, disposición de la vivienda y auxilios económicos.

 

LA DEMANDA POR MALTRATO

Se interpone por medio de Abogado y ProcuradorSi careces de recursos económicos y has solicitado asistencia jurídica gratuitaencontrarás asesoramiento en el Colegio de Abogados, con la finalidad de orientar y encauzar tus pretensiones.

Al abandonar el domicilio procura llevar contigo, además de tus enseres particulares:

• El libro de familia
• DNI/NIE propio y el de tus hijos
• Cartilla de la seguridad social
• Nómina de la persona con la que convives o copia de la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Fisicas (IRPF)
• Facturas y documentos que acrediten los gastos del sostenimiento familiar.

Las Comunidades Autónomas, en virtud de las competencias establecidas en la Constitución y en sus respectivos Estatutos de Autonomía son las responsables, en su ámbito geográfico, para llevar a cabo las políticas dirigidas a las mujeres.

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), que realizan actividades en favor de las mujeres como redes permanentes de información han desempeñado y siguen desempeñando un papel importante en el proceso dinamizador del principio de igualdad de oportunidades, colaborando activamente en la difusión de los derechos de la mujer y su participación en la sociedad, así como en la dinámica de sensibilización social, factor básico para conseguir una sociedad igualitaria.

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Publicado 27 septiembre 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Familia, Penal, Procesal

NUEVA REGULACIÓN DEL ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

El Ministerio de Justicia acaba de dar a conocer el contenido de los Anteproyectos que reformarán la regulación del arbitraje y la mediación en España, con el fin de potenciar estos métodos extrajudiciales de resolución de conflictos para evitar, con ello, el colapso de juzgados y tribunales.

Tras más de un mes desde su aprobación en Consejo de Ministros, el Ministerio de Justicia publicó hace unos días en su página web el Anteproyecto de Ley de Mediación y el de reforma de la Ley de Arbitraje y de Regulación del Arbitraje institucional en la Administración General del Estado para iniciar la fase de consulta pública. Un tercer texto complementario modifica, además, la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar la competencia de los juzgados y tribunales en estas materias.

La reforma de la ley.

La reforma planteada en la regulación del arbitraje modifica esta herramienta extrajudicial de resolución de conflictos para potenciarla y convertirla en una solución alternativa cuasijurisdiccional. El principal objetivo es fortalecer la institución con mejoras que añaden seguridad jurídica.

Para mejorar la eficacia, una de las medidas tomadas por Justicia ha sido restringir el arbitraje en equidad, sin que ello afecte al ámbito específico del arbitraje de consumo, que cuenta con una regulación propia. El nuevo texto dice que “los árbitros sólo decidirán en equidad si las partes les han autorizado expresamente para ello y se tratare de un arbitraje internacional”. Se suprime, por tanto, el arbitraje de equidad en los arbitrajes internos.

En este sentido, la regulación de la mediación propicia que este tipo de arbitraje se traslade a dicha institución, donde el acuerdo descansa en las partes y encuentra su lugar la figura del amigable componedor.

Arbitraje para la Administración.

La nueva regulación aborda una ampliación del arbitraje a las controversias administrativas de carácter jurídico que se susciten entre organismos de la Administración General del Estado añadiendo una disposición adicional segunda a la Ley de Arbitraje de 2003.

Se crea a tal efecto una Comisión Delegada para la Resolución de Controversias Administrativas, con el objetivo de evitar que se trasladen al ámbito jurisdiccional conflictos intra-administrativos que pueden ser resueltos mediante un sistema alternativo de resolución de controversias específico.

En la misma línea, se da una nueva redacción al artículo 77 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, estableciendo la necesidad de que el juez o tribunal someta necesariamente a las partes la posibilidad de un acuerdo transaccional para buscar vías más eficaces que permitan alcanzar acuerdos en los recursos contencioso-administrativos.

Elección de árbitros.

Además, la nueva redacción dispone un nuevo modelo para la elección de los árbitros, de tal forma que su designación sea institucional para fomentar su imparcialidad. Con la modificación que se plantea se reconoce la arbitrabilidad de las impugnaciones de acuerdos sociales y, en pro de una mayor seguridad y transparencia, se exige unanimidad y la presencia de instituciones arbitrales.

Para ello se modifica el artículo 14 de la Ley relativo al arbitraje institucional. Se añade un tercer apartado en el que se dispone lo siguiente: “Las instituciones arbitrales velarán por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros y garantizarán la transparencia e independencia de éstos desde su designación”.

También se modifica el artículo 13 en cuanto a la capacidad para ser árbitro, de tal forma que “en los arbitrajes internos, cuando se hayan de resolver por tres árbitros, se requerirá que uno de ellos tenga la condición de abogado en ejercicio”.

En cuanto a las incompatibilidades, un nuevo apartado en el artículo 17 establece que “salvo que las partes expresamente acuerden otra cosa, el árbitro no podrá haber intervenido como mediador para resolver el mismo conflicto entre aquéllas”.

Además, el nuevo texto también exige a los árbitros, o a las instituciones arbitrales en su nombre, la contratación de un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Una obligación que no afectará a las entidades públicas ni al sistema arbitral de consumo.

Cambios en las sociedades anónimas.

Los conflictos que se planteen entre empresas también se verán afectados por la reforma. Así, se modifican los artículos 119 y 122 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Entre otras medidas, los estatutos sociales originarios podrán establecer que la impugnación de los acuerdos sociales por los socios o administradores quede sometida a la decisión de uno o varios árbitros de Derecho, encomendándose la administración del arbitraje y la designación de los árbitros a una institución arbitral.

Además, la introducción en los estatutos sociales de una cláusula de sumisión a arbitraje para la impugnación de los acuerdos sociales requerirá el acuerdo de todos los socios.

Procesos concursales.

Por otro lado, ligada a la reforma de la Ley de Arbitraje se encuentra la reforma del artículo 52.1 de la Ley Concursal. La nueva redacción se adapta a las soluciones comunitarias en la materia y elimina la incoherencia existente hasta la fecha entre los dos apartados del artículo 52.

Se pretende con ella mantener la vigencia del convenio arbitral siempre que se proyecte sobre meras acciones civiles que, pese a que pudieran llegar a tener trascendencia patrimonial sobre el deudor concursal, podrían haberse planteado con independencia de la declaración del concurso. Es el caso, entre otras, de las acciones relativas a la existencia, validez o cuantía de un crédito, las destinadas al cobro de deudas a favor del deudor, las acciones reivindicatorias de propiedad sobre bienes de un tercero en posesión del deudor concursal, los litigios relativos a planes de reorganización concluidos entre el deudor y sus acreedores antes de la declaración de apertura.

Nueva Ley de Mediación.

Hasta el momento, en el ordenamiento jurídico español no existe una norma que ponga en conexión la mediación y su ejercicio con el ámbito de la jurisdicción, lo que ha supuesto limitar su eficacia real. Por este motivo, el Ministerio de Justicia ha presentado el Anteproyecto de Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles.

La nueva Ley que quiere aprobar el Gobierno establece la mediación para asuntos civiles y mercantiles en conflictos nacionales o transfronterizos, excluyendo expresamente la mediación laboral, penal y en materia de consumo. Para ello, las instituciones y servicios de mediación establecidas o reconocidas por las diversas Administraciones podrán asumir las funciones de mediación.

Someterse a la mediación será voluntario, excepto en los procesos de reclamación de cantidad inferiores a 6.000 euros, en los que se exigirá haber iniciado el proceso a través de una sesión informativa gratuita como requisito previo para acudir a los Tribunales. No obstante, nadie estará obligado a concluir un acuerdo ni a mantenerse en el procedimiento de mediación.

Entre las líneas básicas de la norma destaca que la solicitud de inicio de la mediación interrumpirá la prescripción o caducidad de acciones judiciales; el procedimiento garantizará la confidencialidad y la imparcialidad del mediador entre las partes, sin que éste pueda imponer solución o medida concreta alguna; y se fijará un plazo máximo para la mediación de dos meses, ampliable a otro más. Para evitar que la mediación pueda producir efectos jurídicos no deseados y eliminar posibles desincentivos, se regula la suspensión de la prescripción frente a la regla general de su interrupción.

Esta Ley, que se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes, engarza de manera instrumental la mediación con el Derecho civil, mercantil y el Derecho procesal, con el propósito de ofrecer una regulación mínima y común aplicable a todo el territorio del Estado, y siempre que al resultado de la mediación se le quiera otorgar fuerza jurídica vinculante.

El acuerdo de mediación se reconoce en el texto como título ejecutivo, cuya ejecución podrá instarse directamente ante los tribunales siempre que se cumplan los requisitos exigidos en la ley.

Normativa europea.

La Ley incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Pero la transposición en España va un paso más allá. Mientras la Directiva 2008/52/CE se limita a establecer unas normas mínimas para fomentar la mediación en los litigios transfronterizos en asuntos civiles y mercantiles, la regulación de la Ley española conforma un régimen general aplicable a toda mediación que tenga lugar en nuetro país, y pretenda tener un régimen jurídico vinculante, si bien circunscrita al ámbito de los asuntos civiles y mercantiles.

Para impulsar esta herramienta, la Ley exige el inicio de la mediación en determinados casos en los que se exige como requisito necesario y previo para acudir a los tribunales o a otro procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos. En particular, así lo hace en el ámbito de las reclamaciones de cantidad, a cuyo fin se modifican las leyes procesales pertinentes.

Procedimiento.

Es un procedimiento sencillo y flexible que permite que sean los sujetos implicados en la mediación los que determinen libremente sus líneas fundamentales. La ley se limita a establecer aquellos requisitos imprescindibles para dar validez al acuerdo que las partes puedan alcanzar, siempre bajo la premisa de que alcanzar un acuerdo no es algo obligatorio, pues, a veces, como enseña la práctica, no es extraño que la mediación persiga simplemente mejorar relaciones. La ley regula también una acción de anulación contra aquel acuerdo de mediación que incurra en determinados vicios.

Estatuto mínimo del mediador.

La actividad de mediación se despliega en múltiples ámbitos profesionales y sociales, requiriendo habilidades que en muchos casos dependen de la propia naturaleza del conflicto. Por eso, el mediador ha de tener una formación general que le permita desempeñar esa tarea y sobre todo ofrecer garantía inequívoca a las partes por la responsabilidad civil en que pudiese incurrir.

La nueva norma contiene el estatuto mínimo del mediador al que se le exige al menos estar en posesión del título de grado universitario de carácter oficial o extranjero convalidado, y disponer de un seguro de responsabilidad civil. La ley persigue que la mediación tenga un coste razonable y que éste no resulte desproporcionado cuando hayan tenido que intervenir varios mediadores en un mismo procedimiento. Además, y para garantizar su imparcialidad, se determinan las circunstancias que el mediador ha de comunicar a las partes, siguiéndose en esto el modelo del Código de conducta europeo para mediadores.

Además, se crea el Registro de mediadores y de instituciones de mediación cuya gestión corresponde al Ministerio de Justicia de forma integrada con los que puedan crear las comunidades autónomas, en los términos que se desarrolle reglamentariamente. Dicho registro será público e incluirá la información precisa y relevante sobre las instituciones de mediación existentes en España y las incidencias relativas a su funcionamiento con especial mención a las recusaciones e impugnaciones de acuerdos de mediación gestionadas por ellas. De igual modo, deberá incluir información relativa a los mediadores, incluyendo su experiencia y formación, que operen en España, tanto si actúan dentro de una institución de mediación como si lo hacen al margen de las mismas, el tipo de mediación que lleven a cabo y el seguro de responsabilidad del que han de disponer.

La mediación que consista en una reclamación de cantidad que no exceda de 300 euros se desarrollará por medios electrónicos, salvo que el empleo de éstos no sea posible para alguna de las partes.

La Ley Orgánica del Poder Judicial.

Una de las principales novedades que aporta la reforma de las herramientas extrajudiciales de resolución de conflictos es el cambio en la asignación de los órganos judiciales competentes en relación con el arbitraje . Serán las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) las que nombren a los árbitros judiciales, y la competencia para conocer el exequátur de los laudos extranjeros se atribuye a las Salas de lo Civil de los TSJ. Los tribunales de instancia atenderán el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras y las solicitudes de homologación y ejecución de acuerdos de mediación, incluidos los extranjeros, cuando se trate de títulos ejecutivos de su especialidad.

De todo ello se encarga el Anteproyecto de Ley complementario que retocará la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fuente: Almudena Vigil Hochleitner www.eleconomista.es

 

Publicado 15 junio 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados, Consumo, Procesal

CUIDADO CON LOS NUEVOS SERVICIOS DE MOVISTAR.

Desde hace unos días Movistar esta activando un nuevo servicio de “Aviso de Llamadas Perdidas”.

Hasta ahora, cuando llamabas a un Movistar y tenía el Buzón activado, este saltaba y te cobraban mínimo el establecimiento de llamada, además de la  tarificación que correspondiera según el tiempo que estuvieras dejando el mensaje. Por eso la mayoría de la gente desactivaba el Buzón de Voz.

 Hacedlo circular entre todos vuestros contactos, para evitar el robo a mano armada que nos infligen.

Si al Movistar que llamabas no tenía el buzón activado, seguía sonando hasta que se cortaba (por supuesto sin cobrarte nada) y el destinatario recibía un SMS: “LLAM. PERDIDAS mie,02 – 16:26 1 llamada de XXXXXXXXX” sin ningún coste para nadie.

Con este nuevo “Servicio” cuando llamas a un Movistar sin buzón, tras unos cuantos tonos de llamada, salta una locución que te dice que puedes dejar  un mensaje de voz que le llegará al destinatario traducido a texto en forma de SMS (por cierto muy bien conseguido, con sus puntos, comas,  interrogaciones… según la entonación de tu voz). Lo que no avisan es que  te cobran como cualquier llamada (establecimiento más tarificación en segundos). Es decir sin avisarte, ni comerlo ni beberlo, te colocan un Buzón de Voz para seguir recaudando sin tu consentimiento.

Para desactivarlo hay que llamar al 22217. Con la opción 1º se deja el “Servicio de Aviso de Llamadas Perdidas” como siempre, sin permitir al que  te llama que deje un mensaje de voz que se recibe como SMS, pero que le cobran como establecimiento + tarificación. Inmediatamente recibes un mensaje del 22221: “El servicio de Aviso de Llamadas Perdidas ha sido activado. Gracias por utilizar este servicio.”

 Hacedlo circular entre todos vuestros contactos, para evitar el robo a mano armada que nos infligen.

 

 

 

Publicado 23 abril 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Consumo

CONSUMO-RESPUESTAS EN UN MINUTO Y GRATIS

Diario ABC-Madrid

Así serán los servicios de atención al cliente:

Aunque aún está pendiente de su trámite parlamentario el Consejo de Ministros dio el primer paso para que las grandes compañías eliminen los contestadores automáticos que atienden las líneas telefónicas dedicadas a reclamaciones y quejas  de los consumidores. La Ley por la que se regulan los servicios de atención al cliente obliga a las empresas “de interés general” a establecer líneas de teléfono gratuitas para atender estos servicios y cualquier tipo de información, avería o incidencia. La medida afecta a las entidades suministradoras de telefoía, agua, gas y electricidad; a las de servicios de transporte, asistenciales y sanitarios; a los medios audiovisuales y a las entidades de servicios financieros y de seguros.

Según el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, este texto “sale al paso de una situación que todo el mundo conoce” y sufre con compañías cuyos servicios de atención al cliente y de reclamaciones “dejan mucho que desear”. A partir de ahora, estas compañías pondrán empeño en facilitar un servicio más ágil y rápido. Por ello, responderán las llamadas en menos de un minuto evitando así las largas esperas que colman la paciencia de muchos consumidores cuando reclaman. Y no aprovecharán la oportunidad para ofrecer productos y ofertas comerciales. En estas empresas que prestan servicios básicos (telefonía, electricidad, gas y agua) se cuidará al cliente durante las 24 horas y los 365 días del año.

ADIÓS A LA LETRA PEQUEÑA.

La nueva Ley también acaba con la letra pequeña y las cláusulas “draconianas” que existen en algunos contratos con estas empresas. Se las obliga a que los documentos que firme el cliente sean transparentes y claros.

La Ley obliga a que en el plazo de un mes la empresa responda a cualquier queja. El texto incide también en la necesidad de mejorar la calidad de los servicios de atención al consumidor, sobre las que se realizará un seguimiento con una puntuación. Por ejemplo, establece que toda queja tenga asignado un número o clave indentificativa de tal manera que se tenga constancia en todo momento del estado de su tramitación.

 

Publicado 4 abril 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Consumo

VIOLENCIA DE GENERO-PREVENCIÓN

¿SABÍAS QUE?:

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 1:

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados de razón y conciencia”.

Artículo 3:

“Todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona”.

Artículo 5:

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Declaración de Beijing relativa a la Violencia contra las Mujeres:

La expresión “violencia contra las mujeres” se refiere a todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño de naturaleza física, sexual o psicológica que incluya amenazas, coerción, o privación arbitraria de la libertad para las mujeres.

SI LA PAREJA CON LA QUE ESTÁS ACTUALMENTE

-Te falta al respeto continuamente.

-Menosprecia tu aspecto o tus opiniones.

-monta escándalos en público o en privado por lo que dijiste o por como actuaste.

-Controla y vigila todas las actividades y movimientos que tu haces.

-Es celoso.

-Provoca deliberadamente discusiones violentas donde te insulta y te falta al respeto.

-Controla la economía familiar sin contar con tu opinión.

-No está de acuerdo con que trabajes o desenvuelvas cualquier actividad laboral.

-Busca artimañas para tener relaciones sexuales cuando no quieres.

-Te quita autoridad delante de tus hijas y/o hijos.

-Amenaza con abandonarte si no haces lo que él desea.

-Te amenaza tanto a ti como a vuestras hijas y/o hijos.

-Te dio algún golpe, empujón o amenaza con hacerlo.

TEN EN CUENTA QUE:

Estás en riesgo o estás sufriendo violencia de género.

La violencia comienza por conductas con las que aquí se describen y que indican una situación de clara desigualdad.

Las consecuencias son que:

-Tu integridad física puede verse seriamente afectada.

-También psicológicamente te puedes ver muy afectada: miedo, tensión, ansiedad, desmotivación, depresión, etc.

-Tus hijas y /o hijos también se pueden ver afectados y pueden sufrir graves secuelas; piensa que puede provocarles transtornos de la conducta, del aprendizaje, etc.

Debes tener en cuenta que puedes denunciar aunque no sufrieses lesiones físicas.

Recuerda: nada justifica la violencia ni legitima la agresión. Es un delito grave que atenta contra tu persona.

TELÉFONOS DE INTERÉS

-Atención a las mujeres: 016 (no aparece registrado en la factura telefónica), (900 400 273- Xunta de Galicia.)

-Guardia Civil: 062

-Policía Nacional: 091

-Policía Local: 092

-Bomberos: 080

-Emergencias: 112

-Uergencias: 061

-Programa de hombres (Xunta de Galicia): 981 54 53 66

TIENES DERECHO A DENUNCIARLO, LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SE PRODUCE EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO PRIVADO, SIN NINGÚN TESTIGO; POR ESO ESTÁ EN TI ROMPER TU SILENCIO. HABLA CON PERSONAS DE TU CONFIANZA O BIEN CON PROFESIONALES.

 Y AQUÍ

Publicado 23 marzo 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Familia, Penal

LIBRE ELECCIÓN DE NOMBRE

LIBERTAD DE ELECCIÓN:

Casi todos los nombres son hoy posibles. Lola, Concha, Pepe o Manola han deja de ser sólo apelativos familiares para convertirse en nombres propios que se inscriben como tales en el Registro Civil.


LOS PADRES TIENEN UNA AMPLIA LIBERTAD Y EN EL REGISTRO SE INSCRIBIRÁ EL NOMBRE ELEGIDO.

Solamente serán rechazados aquellos nombres que infrinjan algunas de las prohibiciones establecidas en la legislación.

LIMITACIONES:

-No pueden imponerse más de dos nombres simples o de uno compuestoo. En este caso, los dos nombres se unirán por medio de un guión.

-El nombre no puede perjudicar objetivamente a la persona. Por ello, se excluyen los que resulten, por sí o en combinación con los apellidos, deshonrosos, humillantes, denigrantes, etc.

-No se admiten los nombres que hagan confusa la identificación (por ejemplo, un apellido convertido en nombre).

-Tampoco se admiten los que induzcan en su conjunto a error sobre el sexto (Juan a una mujer o Juana a un hombre).

-No se puede atribuir a un hermano el nombre de otro hermano vivo.

EXTRANJEROS QUE ADQUIEREN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

En la inscripción de nacimiento se tiene que consignar el nombre que aparezca en la certificación extranjera, salvo que se pruebe la utilización habitual de un nombre distinto.

Si el nombre que consta en la certificación extranjera o el usado habitualmente está incluido en alguna de las limitaciones establecidas deberá ser sustituido, conforme a las normas españolas, por el elegido por el interesado o su representante legal y, en último término, por uno impuesto de oficio.

En el caso de nombres propios que consten en el sistema de escritura distinto al nuestro (chino, japonés, árabe, ect.) se consignarán mediante su transcripción o transliteración, de manera que se consiga una adaptación gráfica y una equivalencia fonética. También en nombres propios escritos con caracteres latinos cabría hacer adaptaciones ortográficas a petición del interesado para facilitar su escritura y fonética.

CAMBIO DE NOMBRE PROPIO:

También es posible cambiar el nombre:

-Cuando lo solicite el interesado por usar habitualmente un nombre distinto del que consta en la inscripción de nacimiento o por otra justa causa.

-Cuando el nombre se hubiese impuesto con infracción de las normas establecidas.

-Cuando se trate de la traducción de un nombre extranjero.

-Cuando se trate de la traducción o adaptación gráfica o fonética a las lenguas españolas.

-Cuando se rectifique la mención registral del sexo.

Por el contrario, no procede el cambio de nombre propio por fata de  justa causa, cuando se pretendes cambios insignificantes de nombres propios (Esther por Ester, Débora por Déborah, Cristina por Kristina, Vanesa por Vanessa, o a la inversa) Sólo son admisibles estos cambios cuando tienen por fin corregir ortográficamente el nombre propio incorrectamente inscrito.

REQUISITOS COMUNES A TODOS LOS CAMBIOS DE NOMBRE:

-Ha de concurrir justa causa y no seguirse perjuicio para terceras personas.

-El cambio de nombre se realiza, previo exprediente, por el encargado del Registro Civil del domicilio del interesado.

-En el caso de que la causa del cambio se el uso de nombre distinto del inscrito y no resulte probado el uso habitual de ese nombre, corresponde la competencia al Ministro de Justicia y, por delegación, a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

La inscripción del cambio de nombre se realiza en el Registro donde conste la inscripción de nacimiento. Puede solicitarse en el Registro Civil del domicilio del interesado para que se remita al lugar de nacimiento. 

 

Publicado 23 marzo 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Civil

vanesateijeiroabogada.wordpress.com NOMINADO A MEJOR BLOG JURÍDICO 2010

Es un placer y un honor para mí que mi blog jurídico cuya primera y única ambición es la de acercar el mundo del derecho a la gente de a pie, lega en derecho, haya sido nominado junto a los blogs de otros compañeros de tanta calidad y que tanto empeño han puesto en ellos, al PREMIO AL MEJOR BLOG JURÍDICO 2010 promovido por la página web DERECHO EN RED y la EDITORIAL JURÍDICA BOSCH. (Mil gracias a ellos por la nominación)

Los candidatos para los premios Derecho en Red a la mejor bitácora jurídica 2010 y al mejor post jurídico 2010.

Los candidatos a mejor blog jurídico 2010 son:

1. El Blog de Sevach: www.contencioso.es

2. Derecho Mercantil:  derechomercantilespana.blogspot.com

3. Abonauta:  blogs.lavozdegalica.es/victorsalgado

4. Vanesa Teijeiro Núñez: vanesateijeiroabogada.wordpress.com

5. Derecho e internet: www.derechoeinternet.com

Los candidatos a mejor post jurídico 2010 son:

1.Ser abogado en el Siglo XXI ( I y II)

2.Derecho a la huelga vs estado de alarma

3.Atipicidad de los enlaces

4.Como ganar un juicio contencioso administrativo, 20 reglas de oro

5.El programa Ad-Words ante el Tribunal de la UE


Se ha procedido a remitir los candidatos al jurado compuesto en esta ocasión por:

Sergio Carrasco como presidente de Derecho en Red

Santiago Gales representado a Editorial Bosch

Rafael Sánchez Aristi

José Carlos Erdozain

El día 20 de marzo se procederá a la proclamación de los ganadores y el día 29 celebraremos la entrega de premios en la Libreria “Tipos Infames” (San Joaquín, 3) de Madrid.

Enhorabuena y suerte a los nominados!


Publicado 10 marzo 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados

REGISTRO DE CONTRATOS DE SEGUROS DE COBERTURA DE FALLECIMIENTO

El certificado de Contrato de Seguro de Fallecimiento es el documento que acredita si una persona fallecida tenía suscrita alguna póliza. Informa de la entidad aseguradora a la que los beneficiarios deben reclamar la prestación derivada del contrato. Los datos están disponibles en el Registro del Ministerio de Justicia durante un PERIODO DE 5 AÑOS desde la fecha de defunción del asegurado.

CÓMO SOLICITARLO

Se puede solicitar, transcurridos 15 días hábiles desde el fallecimiento, por cualquier persona que aporte el certificado de defunción original expedido por el Registro Civil junto al IMPRESO DE SOLICITUD 790 debidamente cumplimentado y liquidada la correspondiente tasa.

El impreso 790 se puede obtener en:

-Las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.

-Registros Civiles de toda España.

-Oficina Central de Atención al Ciudadano de Justicia (Plaza Jacinto Benavente, 3, 28012, Madrid)

-A través de Internet en http://www.mjusticia.es, en el apartado “trámites personales” de la Sección “Atención al ciudadano”

La liquidación del impreso se puede efectuar en cualquier entidad financiera colaboradora de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. También se puede liquidar por vía telemática si se dispone de certificado digital.

¿QUÉ MÁS HAY QUE SABER?

Solamente se pueden solicitar los certificados relativos a los seguros de vida con cobertura de fallecimiento y seguros de accidente donde esté cubierta la contingencia de la muerte del asegurado, independientemente de si se trata de pólizas individuales o colectivas.

Además, el Ministerio de Justicia:

-Expide certificados solicitados por la Administración desde fuera de España.

-Legaliza los que vana surtir efecto en el extranjero.

-Emite notas informativas a cualquier persona que se acredite con su DNI para saber si su contrato ha sido registrado.

-Autoriza por vía telemática a los notarios que los soliciten a través del sistema de información corporativo del Consejo General del Notariado.

Las Notas Informativas pueden solicitarse también a través del RESEVI on line. Información en http://www.mjusticia.es.

¿Y SI NO SE ESTÁ DE ACUERDO CON ALGÚN DATO REGISTRADO?

Si los datos de un certificado son inexactos, incorrectos, inadecuados o excesivos, el asegurado podrá ejercer el derecho de rectificación y cancelación ante las compañías aseguradoras. El Registro emitirá un nuevo certificado, siempre y cuando en el plazo de 3 MESES desde que se expidió el primero tuviera conocimiento de nuevos datos o modificaciones.

 

Publicado 4 marzo 2011 por VanesaTeijeiroAbogada en Civil

NUEVA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Ley Orgánica 5/2010

El pasado 23 de Junio se publicó en el BOE la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en entrará en vigor a los seis meses desde su publicación es decir el 23 de de diciembre de 2010.

TEXTO ÍNTEGRO de la LO 5/2010, de 22 de junio por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal  AQUÍ

Para los legisladores la reforma representa una respuesta penal ante nuevas formas de criminalidad, como las derivadas de las nuevas tecnologías o el acoso laboral, y ante la demanda social de un tratamiento individualizado para los delincuentes responsables de delitos sexuales y terrorismo, así como una mayor protección de los menores frente a los delitos sexuales.

Las claves del nuevo código penal (el texto, en total, ha sido modificado en 150 artículos)

  • Lucha contra la corrupción. Se tipifica como delito el soborno entre particulares y aumentan las penas para los cargos públicos condenados por delitos de corrupción, que tendrán siempre condenas de cárcel y no sólo de multa o inhabilitación, y para los delitos urbanísticos, castigando con hasta cuatro años de prisión las obras ilegales y a las autoridades que las amparen.
  • Más control tras la condena. El proyecto establece una serie de medidas de control extraordinarias para terroristas y delincuentes sexuales -especialmente pederastas-, entre las que se incluye la libertad vigilada de hasta diez años revisable una vez cumplida la condena. La medida incluye el seguimiento telemático del delincuente, que estará siempre localizado, y la prohibición de aproximarse a sus víctimas.
  • Delitos que no prescriben. Se contempla la “imprescriptibilidad” de los asesinatos terroristas, y los pederastas y terroristas condenados a más de cinco años de cárcel no podrán acceder al tercer grado hasta cumplir la mitad de la condena.
  • Mano dura contra la pederastia. Para aumentar la protección de las víctimas se endurecen las penas por abusos a menores, que llegarán a los quince años de prisión, y se introduce la posibilidad de que privar de la patria potestad a los padres para proteger al menor. También se tipifica como delito la captación de niños para participar en espectáculos pornográficos.
  • Sin prisión para el ‘top manta‘. La reforma suprime las penas de prisión para delitos de venta de material audiovisual ilegal -el “top manta”- cuando el beneficio no supere los 400 euros.
  • Más dureza contra la ocupación y el grafiti. Las ocupaciones violentas de bienes inmuebles podrán castigarse con prisión de uno a dos años, cuando hasta ahora sólo tenían multa económica, y se penará con localización permanente de dos a seis días o trabajos en beneficio de la comunidad a quienes hagan pintadas o “grafitis” en bienes muebles de dominio público o privado.
  • Fin de la impunidad para la reincidencia en los hurtos. Se endurece el castigo para los hurtos reiterados, de tal forma que los autores de pequeños robos -de menos de 400 euros- reincidentes podrán ser condenados a penas de cárcel a cumplir durante el fin de semana. Además, se contempla la creación de un registro de este tipo de faltas.
  • Prisión para los conductores imprudentes. Conducir por encima de la velocidad permitida en 60 kilómetros por hora en vías urbanas o en 80 en interurbanas, o bajo los efectos de alcohol o drogas, se castigará con penas de prisión y decomiso del vehículo de tres a seis meses, con multa de seis a doce meses o con trabajos en beneficio de la comunidad.
  • Elegir pena en delitos de tráfico. La posibilidad de elegir entre tres penas distintas pretende evitar tanto la masificación de las cárceles por el aumento de los delitos de tráfico como la prescripción de los mismos.
  • Nuevos delitos. Las labores de captación, adoctrinamiento, adiestramiento y cualquier forma de financiación del terrorismo, el acoso laboral e inmobiliario (hasta tres años de cárcel), los sobornos y fraudes en el deporte, los ataques informáticos y el tráfico ilegal de órganos se consideran delito en la reforma.
  • 15 años de prisión para los piratas. En el caso de la piratería, apoderarse de un barco o de un avión se castigará con hasta 15 años de prisión.
  • Protección del medio ambiente. En materia de medio ambiente, el traslado ilegal de residuos, la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa y la destrucción de grave alteración del hábitat por la caza o la pesca de especies amenazadas se considerarán delito.
  • Castigo para los que exploten a sus semejantes. Se tipifica de forma específica la trata de personas y se refuerza la protección penal a las mujeres y a los “niños soldado” en los conflictos armados, castigando expresamente a quienes atenten contra la libertad sexual de una persona protegida o recluten o alisten a menores para participar en esos conflictos.
  • Localización permanente. Para evitar la “desocialización”, se introduce la posibilidad de sustituir las penas privativas de libertad de corta duración -hasta seis meses de cárcel- por la de localización permanente.

-DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL En relación con la Propiedad Intelectual la principal novedad del texto radica en la decisión de rebajar las penas para las infracciones a pequeña escala de la misma, como por ejemplo el conocido “top manta” para lo que se ha modificado el ARTÍCULO 270 añadiéndole un nuevo párrafo y dejándolo como sigue:

«No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo siguiente, el Juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. En los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta del artículo 623.5.»


-DELITOS INFORMÁTICOS- Además de estos cambios respecto de la protección penal de la propiedad intelectual, otro aspecto con importante presencia en la reforma tiene que ver con lo que la propia reforma denomina “Delitos informáticos”.

“En el marco de los denominados delitos informáticos, para cumplimentar la Decisión Marco 2005/222/JAI, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información, se ha resuelto incardinar las conductas punibles en dos apartados diferentes, al tratarse de bienes jurídicos diversos. El primero, relativo a los daños, donde quedarían incluidas las consistentes en dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos o programas informáticos ajenos, así como obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema informático ajeno. El segundo apartado se refiere al descubrimiento y revelación de secretos, donde estaría comprendido el acceso sin autorización vulnerando las medidas de seguridad a datos o programas informáticos contenidos en un sistema o en parte del mismo.”

Así se introduce un nuevo ARTÍCULO 197.3 que establece:

“El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33″

  • -Delitos informáticos: Defraudaciones

También se añade al Código Penal un apartado en el ARTÍCULO 248.2:

“1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

2. También se consideran reos de estafa:

a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.

b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.

Este añadido penaliza la programación de aplicaciones que permitan la comisión de las estafas, así como su difusión e incluso su mera tenencia, aun cuando la aplicación no haya sido utilizada. Eso si, los programas deben reunir el requisito de estar específicamente destinados a tal fin, en la medida en que sirvan para otros fines o usos, la conducta no será punible, al igual que sucede con los chips de las consolas, por ejemplo.

  • -Delitos Informáticos: Daños

Se modifica el ARTÍCULO 264 para recoger los daños provocados en los sistemas informáticos:

“1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

2. El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis meses a tres años.”

Este delito castiga tanto la destrucción de información como los ataques que impiden que un sistema pueda funcionar correctamente, tipo DoS

. [En seguridad informática, un ataque de denegación de servicio, también llamado ataque DoS (de las siglas en inglés Denial oService), es un ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Normalmente provoca la pérdida de la conectividad de la red por el consumo del ancho de banda de la red de la víctima o sobrecarga de los recursos computacionales del sistema de la víctima.]

Sí que era evidente la necesidad de que estos delitos se recogiese de alguna manera ya que los daños por ataues de este tipo si pueden ser muy importantes. La única cuestión radica en cuando se estará ante un resultado grave, ya que la prueba de ello puede ser dificil y al quedar unicamente a criterio del juez sin mayores referencias que la prueba que pueda practicar la parte y sus alegaciones puede hacer que no siempre el resultado sea adecuado.

 

ENTRE OTRAS NOVEDADES también destaca la persecución de una mayor y más efectiva RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, traduciéndose esto en un incremento de penas, una ampliación de medidas a adoptar, para garantizar la responsabilidad de la sociedad, el fraccionamiento de las multas para evitar el perjuicio de los trabajadores, y la ejecución de las multas y la responsabilidad cicil por el procedimiento administrativo de apremio.

Como dice la exposición de motivos, para la fijación de la responsabilidad de las personas jurídicas se ha optado por establecer una doble vía. Junto a la imputación de aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder de representación en las mismas, se añade la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados, naturalmente con la imprescindible consideración de las circunstancias del caso concreto a efectos de evitar una lectura meramente objetiva de esta regla de imputación.
Se suprime el art. 31.2 con lo que a partir de ahora no será necesario que se individualice la conducta ilícita en un a persona física para determinar la responsabilidad de la sociedad.
Se introducen las multa por cuotas y proporcional y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social.
Igualmente, se tiene en cuenta el posible fraccionamiento del pago de las multas que les sean impuestas a las personas jurídicas cuando exista peligro para la supervivencia de aquellas o la estabilidad de los puestos de trabajo, así como cuando lo aconseje el interés general.
Se establecen criterios dirigidos a evitar la disolución encubierta de las empresas, presumiendo la subsistencia de la persona jurídica cuando la actividad económica continúe bajo otra figura empresarial manteniendo la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, trasladándose en aquellos casos la responsabilidad penal a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y extendiéndose a la entidad o entidades a que dé lugar la escisión.

-En el ámbito de los DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL se ha producido un endurecimiento de las penas y se pretende que el cumplimiento de las penas sea más efectivo con el auxilio de los servicios de la Administración Tributaria para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que se llevará a efecto por la vía del procedimiento administrativo de apremio (ARTÍCULO 305.5).
En lo que respecta al fraude de subvenciones, se unifica con respecto al delito fiscal la cuantía para considerar delictivos los hechos y se establece que para la determinación de la cantidad defraudada se tomará como referencia el año naturaldebiendo tratarse de subvenciones obtenidas para el fomento de la misma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintas Administraciones o entidades públicas.

EN RELACIÓN A LOS DELITOS DE TERRORISMO: el nuevo ARTÍCULO. 571 sanciona:

  • La promoción, constitución, organización, coordinación o dirección de una organización o grupo terrorista.
  • La participación activa o la pertenencia a la organización o grupo, formando parte de la misma o aun sin formar parte de la misma

Para definir organización o grupo terrorista es necesario acudir a la definición establecida en el art. 570 bis y ter en relación a las organizaciones y grupos criminales. Y así el 570 bis establece que será organización criminal “la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones, con el fin de cometer delitos”. Y el art. 570 ter establece que será grupo terrorista “la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal, tenga por finalidad la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas”. Se delimita, pues, entre grupo y organización atendiendo a la más o menos estabilidad o estructuración del mismo.

La nota de diferenciación entre organización y grupo terrorista y organización y grupo criminal es la finalidad. Se constituye la organización o el grupo con el fin o el objeto de “subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública”. Pero además se exige que dicho fin se pretenda realizar mediante la perpetración de cualquiera de los delitos que a continuación se regulan en el Código Penal.

Se aprecia cómo el legislador ha ampliado ad infinitum el arco de conductas posibles en relación con una organización o grupo terrorista: cualquier acto de participación “activa” se considerará como integración. Y por otro lado, cualquier grupo humano, de cualquier estructura, e incluso sin estructura, será considerado grupo terrorista atendiendo a los fines u objeto desarrollado por tal unión de personas. Se facilita extraordinariamente, por tanto, la penalización de las uniones que, desestructuradas y amorfas, son tan características de las células yihadistas. No será necesario, pues, forzar el concepto de asociación ilícita para castigar la integración, la participación o la colaboración.

Destacar, por último, que si bien para las organizaciones y grupos criminales “comunes” se establecen diferentes penas en función de si son organización o grupo, la integración en las organizaciones y grupos terroristas se castiga con las mismas penas, independientemente de que se considere a la célula grupo u organización.

La captación, adoctrinamiento o formación:

En el art. 576, se penaliza expresamente “cualquier actividad de captación, adoctrinamiento, adiestramiento o formación dirigida a la incorporación de otros a una organización o grupo terrorista o a la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este Capítulo”.

Ya en el párrafo anterior se castiga expresamente cualquier acto de colaboración, como ”información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones, construcción, acondicionamiento, cesión o utilización de alojamientos o depósitos, la ocultación o traslado de personas vinculadas a organizaciones o grupos terroristas; la organización de prácticas de entrenamiento o la asistencia a ellas, y en general, cualquier otra forma de cooperación”.

Ahora se añaden expresamente las actividades de captación, adoctrinamiento, adiestramiento o formación:

  • Provocación a la comisión de un delito de terrorismo: la distribución o difusión pública, por cualquier medio, de mensajes destinados a inducir a la comisión de cualesquiera de los delitos enumerados en el ARTÍCULO 1, independientemente de que promueva o no directamente la comisión de delitos de terrorismo, conlleve el riesgo de comisión de uno o alguno de dichos delitos”.
  • Captación de terroristas: la petición a otra persona de que cometa cualesquiera de los delitos enumerados.
  • Adiestramiento de terroristas: impartir instrucciones sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre otros métodos o técnicas específicos, con el fin de cometer cualesquiera de los delitos enumerados en el art. 1, a sabiendas de que las enseñanzas impartidas se utilizarán para dichos fines.

__________

Además de todo ello:

El Código establece medidas de control extraordinarias para terroristas y delincuentes sexuales, especialmente pederastas, entre las que se incluye la libertad vigilada de hasta diez años revisable una vez cumplida la condena.

Incluye, además, el seguimiento telemático del delincuente, que estará siempre localizado, y la prohibición de aproximarse a sus víctimas.

Para aumentar la protección de los menores, se endurecen las condenas, que llegarán a los quince años de prisión, y se introduce la posibilidad de privar de la patria potestad a los padres si fuera necesario.

La captación de niños para participar en espectáculos pornográficos también será considerada delito a partir de ahora.

En cuanto a los casos de corrupción, el texto considera delito el soborno entre particulares.

Además, aumentan las penas para los cargos públicos condenados por delitos de corrupción, que serán siempre de cárcel y no sólo de multa o inhabilitación, y para los delitos urbanísticos, castigando con hasta cuatro años de prisión las obras ilegales y a las autoridades que las amparen.

Se incluyen como nuevos delitos la piratería marítima y aérea, el acoso laboral e inmobiliario, los sobornos y fraudes en el deporte y el tráfico ilegal de órganos.

En el caso de la piratería, apoderarse de un barco o de un avión se castigará con hasta quince años de prisión, mientras que el acoso laboral o inmobiliario llevará aparejada una pena de hasta tres años de cárcel.


La nueva reglamentación incluye también delitos medioambientales como el traslado ilegal de residuos, la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa y la destrucción de grave alteración del hábitat por la caza o la pesca de especies amenazadas.

Se tipifica de forma específica la trata de personas y se refuerza la protección penal a las mujeres y a los “niños soldado” en los conflictos armados, castigando expresamente a quienes atenten contra la libertad sexual de una persona protegida o recluten o alisten a menores para participar en esos conflictos.


Publicado 26 noviembre 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Penal, Procesal

EL ABOGADO Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

En pleno siglo XXI, la utilización de las nuevas tecnologías se presenta como un aspecto fundamental en el desarrollo de los cometidos profesionales en sus respectivos ámbitos o sectores en el presente post se abarcará cómo el abogado se enfrenta al avance de las nuevas tecnologías.


1. CAMBIOS: Los cambios económicos producidos son inmensos, sobretodo por la maquinaria que los propios abogados y los ayudantes de éstos emplean en sus despachos y oficinas para llevar a cabo una labor más sencilla y rápida; por tanto a pesar de ser una tarea simplificadora y aunque representa el mismo rasgo o carácter de monotonía, todo esto conduce a que el profesional vea atenuada su ocupación jurídica. Los procesadores de textos para la redacción de documentos diversos eran instrumentos completamente impensables 25 ó 30 años antes, en el que la máquina de escribir y los continuos errores, por parte del escribiente, se encontraban a la orden del día, pero con los medios actuales, dichas equivocaciones apenas tienen lugar. Se produce en todo caso un trabajo con menor posibilidad de comisión de errores y una mayor garantía de una labor bien realizada.


2.- CAUSAS: El surgimiento de las nuevas tecnologías es algo evidentemente ineludible, podemos estar a favor o bien contemplarlo como si se tratase de nuestro peor enemigo, pero de lo que sí estamos todos seguros, es que la persona en general y el profesional en particular, deben de ir de forma paralela con el avance de los tiempos. Se trata de una cuestión predominantemente social, más que jurídica: redes sociales en las que la gente interactúa y plantean sus problemas, redes sociales jurídicas específicas (como www.pleiteando.com ), Foros donde los propios abogados interactúan para cooperar y colaborar entre ellos en la solución de dudas, clientes que dejan ya de lado los viejos directorios telefónicos en papel y cada vez más utilizan las páginas web para buscar el profesional que más les conviene lo que ahorra tiempo y dinero son entre muchas nuevas situaciones que lejos de demonizarlas deberíamos utilizarlas eso sí siempre con la cautela de no saber con quién hablamos al otro lado de la red.


3.- REPERCUSIONES: Las consecuencias es que el abogado en principio, se encuentra en un terreno, completamente desconocido; es algo evidente, porque sabe que tiene que realizar una serie de cambios, que no solo son trascendentales para su propio desenvolvimiento, sino que contempla la dificultad de su pronta implantación en el menor tiempo posible.


4.- OBJETIVOS: Opino en este caso que el objetivo general es la consecución total de los planes que los gobiernos establecen para el impulso de la Sociedad de la Información y del Conocimiento. La actividad del derecho en modo alguno puede estar ajena a ello y se muestra un gran interés también por parte de los colegios profesionales para un mayor acercamiento entre tecnología y derecho, pretendiendo a su vez la correspondiente equiparación entre despachos pequeños, medianos y grandes, como también las alianzas de profesionales; todos deben disfrutar de las nuevas tecnologías, que no sea una materia exclusiva para los mas pudientes, entre otras cosas, no como premio que se concede, sino como elemento primordial para la llevanza a cabo de sus obligaciones laborales.

En la presente década y en las venideras, el jurista se irá enfrentando a las nuevas tecnologías con mayor seguridad. Comprendemos que su uso, puede acarrearle tal vez mayores beneficios que perjuicios (es lo que se espera, como siempre sucede en una revolución), pero todo depende del empleo que de las mismas se den. Las nuevas tecnologías no son ni buenas ni malas, es la configuración que se establece de ellas lo que convierte de cara a la sociedad el hecho, como positivo o negativo.
Pero esa seguridad de la que hago referencia es bajo mi perspectiva, el punto de inflexión al menos en una parte de las políticas de trabajo en los gabinetes jurídicos, debido a dos cuestiones diferenciables aparentemente:
A.- la labor de adecuación de cuestiones ulteriores a la inercia de la informática.

B.- la tarea de informatización de expedientes, dictámenes y demás documentación. A todos los problemas jurídicos que plantean estas nuevas herramientas se suman, desde el punto de vista del abogado, unas exigencias propias de su profesión, como son las que derivan del deber de secreto profesional y del sometimiento a las normas deontológicas. Se hace necesario, por tanto, de un lado, un entorno de seguridad que ofrezca las mismas garantías que el desempeño tradicional de la abogacía y que asegure que es abogado quien dice serlo; y de otro, una adecuada regulación que garantice el cumplimiento de las exigencias deontológicas.

Otra de las cuestiones que pueden pensarse es en términos de marketing. Muchas veces, los criterios para seleccionar abogados se basa en percepciones o intuiciones de las personas más que en los conocimientos teóricos y de la praxis jurídica propiamente dichos, con lo que la puesta en escena es verdaderamente relevante debido a que el cliente o potencial consumidor puede llegar a establecer la relación tecnología-calidad, a mayor tecnología, por tanto mayor calidad, porque es de suponer que de forma previa ha habido una fuerte inversión económica en mobiliario e instrumentos técnicos y consecuentemente esto solo podrían hacerlos aquellos con un determinado status, pero creo que esto está cambiando, que hay que ser optimistas y por tanto si existe intención como mencioné antes de igualar en medios tecnológicos tanto a despachos unipersonales como a grandes consultorías, el comentario anterior pierde razón de ser en todos los sentidos.

Es una realidad que los constantes avances tecnológicos de la sociedad provocan en los abogados, ya sea como ciudadanos, ya sea como colaboradores del servicio de Administración de Justicia, una necesidad de inserción real y concreta al fascinante mundo de las nuevas tecnologías, las cuales suponen una serie de ventajas para la profesión y la obligación de búsqueda de la Justicia y la equidad.

Sin embargo, y frente a esta postura, se alzan voces que consideran a las nuevas tecnologías como un instrumento innecesario y adictivo y acusan a las aplicaciones construidas para el aprovechamiento de las autopistas de la información como algo no necesariamente imprescindible para el ejercicio de nuestra profesión.

El mundo evoluciona a tal velocidad que corremos el riesgo de quedarnos en el pasado desde el mismo momento en que empezamos a caminar. No basta con saber que la tecnología es necesaria, hay que interiorizar esa idea y hacerla nuestra, para no quedarnos al margen de esa continua revolución que se desarrolla a nuestro alrededor.

EL MIEDO COMO HERRAMIENTA DEL PROGRESO

Existe una realidad incontrastable que viene de los confines de la historia, que implica que el ser humano tiende a hacerse fuerte en las situaciones y ante las circunstancias que le resultan cómodas. Todo ello es trasladable a cualquiera de los ámbitos de nuestra vida, en general, y al ámbito profesional, en particular. Por otra parte, el hombre ante lo novedoso, reacciona con cierta prevención, e inclusive rechazo, sobre todo si es algo que no comprende.

Para muchos abogados las nuevas tecnologías significan algo desconocido, propias de otras ramas del saber. Saben que sirven, pero no comprenden cómo funcionan, y adentrarse en ellas les parece terriblemente complicado. De tal modo que al final llegan a la conclusión de que lo que no es fácil de explicar no es atractivo y a lo poco atractivo deben acercarse lo menos posible.

Imaginar las utilidades de las nuevas tecnologías significa aceptar el esfuerzo y el sacrificio que supone dedicar tiempo a aprender su manejo y las posibilidades que ofrecen y a aceptar que a partir del momento en que se aprendan a usar todo va a cambiar, y es eso lo que retrae. Temen que la situación profesional de la que han vivido, sabiendo lo que hay que hacer en cada momento, con un modelo definido, vaya a desaparecer, y el temor a lo que pueda venir crea confusión y miedo a lo nuevo.

Estamos tranquilos sabiendo cuales son las herramientas que utilizamos, cuales son los tribunales que recorremos, cuales son los libros a los que recurrimos. Tenemos miedo a no saber, y ese miedo es peor que la propia ignorancia, porque paraliza e impide progresar, olvidando y negando que las nuevas tecnologías no significan otra cosa que evolución y progreso, y éste siempre acaba yendo en nuestro beneficio.

La cuestión es adquirir conciencia de ello.

 

Publicado 1 noviembre 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados

EL ABOGADO Y EL SECRETO PROFESIONAL

El secreto profesional es la obligación legal que tienen ciertas profesiones de mantener en secreto la información que han recibido de sus clientes. Al contrario de lo que ocurre con otros tipos de deberes de confidencialidad,  el secreto profesional se mantiene incluso en un juicio.

Entre estos profesionales, cabe citar como casos más típicos el abogado, el médico, el psicólogo, el periodista o el trabajador social. Sin embargo, también puede haber otros casos de asesores o servicios que tengan ese tipo de obligación, como por ejemplo los asesores fiscales (a veces incluidos dentro de los abogados) o las compañías de seguros.

Violación del secreto profesional:

El secreto profesional se vulnera en los siguientes casos:

  • Se puede producir daño en forma directa, es decir en forma consciente y premeditada.
  • Se vulnera en forma intencional pero indirecta.
  • A través de una confidencia a otra persona.
  • A través de una conversación informal, con ligereza.

El abogado:

¿Puedo estar seguro de que mi Abogado me guardará el secreto de los asuntos que yo le encomiende? ¿Cómo está garantizado para mi como cliente que así lo hará?

Los Abogados tenemos la obligación del secreto profesional sobre todos los asuntos que nos encomienden nuestros clientes. El cómo garantizarlo depende, y en mucho, de la confianza entre usted como cliente y su Abogado, lo cual es un requisito imprescindible que debe darse entre los dos.
El Código Deontológico de la Abogacía Española (es decir el que marca las pautas de ética y de buen comportamineto en nuesto ejercicio profesional), establece entre otras cosas lo siguiente:

Artículo 5.- Secreto profesional.

1. La confianza y confidencialidad en las relaciones entre cliente y Abogado, ínsita en el derecho de aquél a su intimidad y a no declarar en su contra, así como en derechos fundamentales de terceros, impone al abogado el deber y le confiere el derecho de guardar secreto respecto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, sin que pueda ser obligado a declarar sobre los mismos como reconoce el artículo 437.2 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. El deber y derecho al secreto profesional del Abogado comprende las confidencias y propuestas del cliente, las del adversario, las de los compañeros y todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya recibido por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.

3. El Abogado no podrá aportar a los tribunales, ni facilitarle a su cliente las cartas, comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte, salvo expresa autorización del mismo.

4. Las conversaciones mantenidas con los clientes, los contrarios o sus Abogados, de presencia o por cualquier medio telefónico o telemático, no podrán ser grabadas sin previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes y en todo caso quedarán amparadas por el secreto profesional.

5. En caso de ejercicio de la Abogacía en forma colectiva, el deber de secreto se extenderá frente a los demás componentes del colectivo.

6. En todo caso, el Abogado deberá hacer respetar el secreto profesional a su personal y a cualquier otra persona que colabore con él en su actividad profesional.

7. Estos deberes de secreto profesional permanecen incluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente, sin que estén limitados en el tiempo.

8. El secreto profesional es un derecho y deber primordial de la Abogacía. En los casos excepcionales de suma gravedad en los que, la obligada preservación del secreto profesional, pudiera causar perjuicios irreparables o flagrantes injusticias, el Decano del Colegio aconsejará al Abogado con la finalidad exclusiva de orientar y, si fuera posible, determinar medios o procedimientos alternativos de solución del problema planteado ponderando los bienes jurídicos en conflicto. Ello no afecta a la libertad del cliente, no sujeto al secreto profesional, pero cuyo consentimiento por sí solo no excusa al Abogado de la preservación del mismo.

Artículo 4.- Confianza e integridad.

1. La relación entre el cliente y su Abogado se fundamenta en la confianza y exige de éste una conducta profesional íntegra, que sea honrada, leal, veraz y diligente.

2. El Abogado, está obligado a no defraudar la confianza de su cliente y a no defender intereses en conflicto con los de aquél.

3. En los casos de ejercicio colectivo de la abogacía o en colaboración con otros profesionales, el Abogado tendrá el derecho y la obligación de rechazar cualquier intervención que pueda resultar contraria a dichos principios de confianza e integridad o implicar conflicto de intereses con clientes de otros miembros del colectivo.

A nivel internacional se encuentra recogido este secreto en la declaración de Perugia sobre principios deontológicos de la Abogacía de la Comunidad Europea de 16 de septiembre de 1977, donde se afirma  que el secreto profesional es el derecho y deber fundamental y primordial de la profesión ya que forma parte de la naturaleza de la función del abogado al ser depositario de secretos de su cliente y destinatario de comunicaciones confidenciales, siendo esencial el secreto por la confianza que exige el ejercicio de la profesión.

Del mismo modo este derecho y deber se encontraba en el “Código de Deontología de los Abogados de la Comunidad Europea” de 28 de octubre de 1988, asumido por el Consejo general de la Abogacía española, el 22 de septiembre de 1989, donde se afirmaba que “forma parte de la naturaleza misma de la misión del abogado que éste sea depositario de los secretos de su cliente y destinatario de comunicaciones confidenciales. Sin la garantía de la confidencialidad no puede haber confianza.

El secreto profesional está, pues, reconocido como derecho y deber fundamental y primordial del abogado (2.3.1). El abogado debe respetar el secreto de cualquier información confidencial transmitida a él por su cliente o a terceros en el marco de los asuntos de su cliente.

Esta obligación no está limitada en el tiempo. El abogado hará respetar el secreto profesional a su persona y a cualquier persona que colabore con él en su actividad profesional”.

Recientemente, el Conseil Consultatif des Barreaux Européens (CCBE), máximo órgano representativo de la abogacía ante las instituciones de la Unión Europea, en la sesión plenaria celebrada en Lyón el 28 de noviembre de 1998, ha aprobado el nuevo Código Deontológico Europeo, cuya finalidad es la de establecer unas normas de actuación para el abogado en el ejercicio profesional transfronterizo.

Sin embargo con respecto a LOS ABOGADOS DE EMPRESA NO EXISTE EL SECRETO PROFESIONAL

La noticia surgió hace unos cuantos meses y ahora ha sido ratificada con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), dicha sentencia dictamina que las conversaciones dentro de la empresa con un abogado en plantilla, no están sujetas a la confidencialidad de la relación abogado-cliente.

Esta decisión se basa en que un abogado que pertenezca a la plantilla de la empresa, carece de la independencia de un bufete externo, ya que está sometido a la disciplina, política y estrategias que disponga la propia empresa, por lo que éstas limitan su capacidad de actuación.

En el caso tratado, la empresa Akzo Nobel defendía la confidencialidad de dos correos electrónicos enviados a uno de sus abogados en plantilla. La empresa y su filial Akcros Chemicals, habían sido requeridas a aportar pruebas en un proceso abierto contra ellas por un caso de prácticas anticompetitivas.

La Comisión Europea, primero, y ahora el TUE han desestimado el recurso de la empresa que alegaba que esos correos electrónicos no podían constituir una prueba contra ella ya que eran confidenciales, atendiendo al secreto profesional que ampara las comunicaciones entre un letrado y su cliente.

Si embargo, ni la Comisión ni el Tribunal han admitido que dicha confidencialidad pueda ser aplicada en este tipo de casos, independientemente de que el abogado esté colegiado.

Por tanto debemos de considerar que, en el seno de la empresa, la relación entre la propia empresa y un abogado en plantilla no tiene la consideración de relación profesional, sino que es eminentemente laboral, por tanto las comunicaciones entre ambos no son distintas a las mantenidas con cualquier otro empleado.

Publicado 29 octubre 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Abogados

MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO MONITORIO

NOTA ACTUALIZADA: Con la nueva ley de agilización procesal: Supresión del límite máximo de 250.000 € en el Proceso Monitorio.

Con motivo de la aprobación el pasado 15 de octubre de 2009 del Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la implantación de la Nueva Oficina Judicial y el Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la L.O.P.J. se reforman e introducen 2 cambios relevantes en las normas reguladoras de la jurisdicción civil, una en beneficio de los ciudadanos -facilitando su acceso a la Justicia- y otra en perjuicio de los mismos (dificultando ese acceso):

Respecto al proceso monitorio, se eleva su cuantía de 30.000 a 250.000 euros. Se persigue dar más cobertura a un proceso que se ha mostrado rápido y eficaz para el cobro de deudas dinerarias vencidas, exigibles y documentadas. La sencillez del procedimiento y su utilidad como forma de protección del crédito ha provocado una utilización masiva del mismo que, por sí sola, justifica ampliar su ámbito de aplicación; es el proceso más utilizado para la reclamación de cantidades. Por otro lado, se ha mostrado como una vía para evitar juicios declarativos contradictorios, con la consiguiente descarga de trabajo para los órganos jurisdiccionales; más del cincuenta por ciento de los procesos monitorios evita el consiguiente declarativo, al finalizar el procedimiento bien mediante el pago voluntario por el deudor, bien por ejecución del título base de la petición inicial.
Se regula también un depósito y previo a la interposición del recurso, cuyo fin principal es disuadir a quienes recurran sin fundamento jurídico alguno, para que no prolonguen indebidamente el tiempo de resolución del proceso en perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes personadas en el proceso. Los ingresos que se puedan generar por el uso abusivo del derecho a los recursos se vinculan directamente al proceso de modernización de la justicia, a la creación y mantenimiento de una plataforma de conectividad entre las distintas aplicaciones y sistemas informáticos presentes en la Administración de Justicia y a financiar el beneficio de justicia gratuita. Estos ingresos se distribuyen entre el Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia.

Poder Judicial
  • Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. AQUÍ
Legislación procesal
  • Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. AQUÍ
  • NOTA ACTUALIZADA: Con la nueva ley de agilización procesal: Supresión del límite máximo de 250.000 € en el Proceso Monitorio.

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Publicado 23 septiembre 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Civil, Procesal

LA PREVARICACIÓN

La prevaricación es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta. Creerse con tanta autoridad como para estar por encima de la ley sin ser así.
Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia Administración.
Requisitos

La prevaricación tiene los siguientes requisitos:
La persona que realiza la prevaricación debe ser una autoridad o funcionario.
En el ejercicio de su cargo.
Que la resolución injusta se dicte sabiendo que lo es. Debe existir dolo.

Al igual que ocurre con las negociaciones prohibidas el cohecho, las negociaciones prohibidas, apropiaciones indebidas, estafas o  insolvencias punibles, el tráfico de influencias y la malversación, la investigación de cualquier presunta prevaricación es siempre muy difícil, ciertamente arriesgada, porque los abogados fiscales jueces y magistrados casi nunca están de acuerdo entre sí sobre lo que es prueba necesaria y suficiente, y lo que no lo es, y más aún, en la evidente existencia de muchas denuncias falsas. Lo que la criminología entiende como CIFRA NEGRA, que son los delitos cometidos pero nunca denunciados, en el caso de las prevaricaciones, alcanza límites insospechados.

TÍTULO XIX.
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
CAPÍTULO I.
DE LA PREVARICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y OTROS COMPORTAMIENTOS INJUSTOS.
Artículo 404.

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.

Artículo 405.

A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Artículo 406.

La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles.


A continuación se citan los artículos relativos a las prevaricaciones, seguidos de algunas noticias ciertamente curiosas.

Noticias sobre prevaricación

LA VERDAD, 01/11/2008
Un jefe de Medio Ambiente, imputado por prevaricación Un Juzgado de León ha citado a declarar como imputado al jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, Luis Blanco, tras una denuncia por un supuesto delito de prevaricación ambiental al permitir por omisión la actividad en la mina del Feixolín en Villablino (León).

EL PAÍS, 28/10/2008, MARÍA FABRA
La Fiscalía recusa al presidente de la Audiencia de Castellón
Su sección se contradijo en un caso de corrupción urbanística
La Fiscalía de Castellón ha recusado al presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, en un caso de corrupción urbanística, ante la existencia de dos autos contradictorios dictados por la sección que preside. En esos autos, por una parte se confirma la postura del juzgado sobre la existencia de indicios de un presunto delito de prevaricación mientras que, por otra, se sostiene que el mismo asunto debe sobreseerse. El primer auto, que dio el visto bueno para la apertura de juicio oral y consideró que había indicios de prevaricación, fue dictado por un tribunal que presidía el magistrado Esteban Solaz, cuya recusación también ha pedido la Fiscalía, y el segundo, por un tribunal presidido por el propio Domínguez, que consideró que no había indicios de prevaricación.
El caso se abrió por las licencias otorgadas para construir en Oropesa dos edificios de 600 apartamentos sobre suelo calificado de terciario para cámping.
La Fiscalía pidió la nulidad de ambas resoluciones, por su carácter contradictorio, y ahora ha recusado a ambos magistrados. Sobre la recusación tendrá que decidir el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano. El escrito de la Fiscalía hace referencia a que ambos están ‘contaminados’ para decidir sobre la nulidad. Además, indica que el resto de integrantes de los tribunales también están afectados por causa de imparcialidad objetiva.
El primero de los dos autos contradictorios, dictado en abril, rechazó un recurso presentado por el arquitecto imputado en el caso y decidía la apertura de juicio oral, ya que el caso concurrían ‘los tres elementos que se requieren para la existencia del delito genérico de prevaricación administrativa’. Y hacía referencia al hecho de que las licencias se otorgaron pese a que en el expediente constan los informes en contra de la secretaria municipal, del técnico de la administración general y del propio Colegio de Arquitectos, así como el dictamen del jefe del Servicio Territorial de Urbanismo, que expone la existencia de un escrito del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana que ratificaba que el proyecto no cumplía con el uso permitido en la parcela.
Este primer auto, dictado por el tribunal que presidía Esteban Solaz, difiere del emitido en respuesta al recurso presentado por el ex alcalde y los concejales que aprobaron las licencias, también imputados. En este segundo, con fecha de julio, el presidente de la Audiencia minimiza la legitimidad de los autores e instituciones que elaboraron los informes negativos y destaca el valor del emitido por el arquitecto municipal. Además, sostiene que la construcción de los 600 apartamentos no afecta a la ordenación del territorio, mientras que apunta a que los concejales no tenían conciencia de la ilegalidad. De esta manera, atiende la postura de los ediles de que la decisión municipal adoptada podría considerarse, en todo caso, como un tema administrativo que, por lo tanto, debería dirimir un tribunal de lo contencioso administrativo y no penal.

ABC, 21/03/2007
El fiscal pide para Delgado ocho años de inhabilitación por presunta prevaricación
A. MUÑOZ CÓRDOBA. La vuelta al ruedo público del ex alcalde de Priego, Tomás Delgado, puede ser más breve de lo que él y sus acólitos se podían imaginar.La justicia vuelve a cruzarse en el camino.
La justicia vuelve a cruzarse en el camino del, posiblemente, político más influyente de la comarca y hombre fuerte del PSOE hasta su salida de la Alcaldía en mayo de 2003. El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Priego acaba de dictar un auto ordenando la apertura de juicio oral contra el también ex senador socialista por la comisión de un presunto delito de prevaricación, según informó el letrado cordobés Rafael Valverde que representa a José Castilla Bermúdez.

Canarias 7 jue, 15/03/2007
EFE Las Palmas de Gran Canaria
Caso Eólico: El fiscal mantiene la acusación contra siete imputados, entre ellos Celso Perdomo. Solicitó el sobreseimiento de las actuaciones para Jesús González, Francisco Sánchez Ortega y Héctor Carrasco
El fiscal anticorrupción Luis del Río pidió hoy al juez Miguel Angel Parramón que mantenga las imputaciones contra siete de los implicados en el “caso eólico”, entre ellos el principal acusado Celso Perdomo, ex director general de Industria del Gobierno de Canarias.
Durante la comparecencia judicial de los diez imputados celebrada hoy, el fiscal solicitó también el sobreseimiento de las actuaciones para Jesús González, tesorero de la Caja Insular de Ahorros; y los empresarios Francisco Sánchez Ortega y Héctor Carrasco, que habían sido también imputados en esta causa sobre supuestas irregularidades en la convocatoria de un concurso sobre energía eólica.
Los abogados de los siete implicados para los que el fiscal mantiene los cargos solicitaron el sobreseimiento, así como la práctica de nuevas pruebas.
A las peticiones del fiscal se adhirieron las acusaciones particulares que ejercen el Gobierno canario y la empresa Clean Electric, que fue la que presentó el recurso contencioso administrativo contra el citado concurso que posteriormente fue declarado nulo.
Las acusaciones populares ejercidas por PP, PSOE y el empresario que denunció el caso, no comparecieron ante el Juzgado de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo titular tiene un plazo de cinco días para resolver las cuestiones planteadas.
Según el acta de la comparecencia, a la que tuvo acceso Efe, el fiscal considera que Perdomo se valió de la información que tenía por su cargo y facilitó información que no debía ser divulgada a diversas personas que tenían interés en el concurso convocado por el Gobierno de Canarias para la asignación de potencia eólica.
Perdomo, según el acta, remitió diversos correos electrónicos en los que facilitaba información relativa al concurso como un borrador de la orden del mismo, relación de terrenos y contactos públicos y privados para la instalación de parques eólicos.
Además, cuando se convocó el concurso eólico Perdomo mantuvo múltiples contactos con diversas personas que representaban a varias sociedades para favorecerles en la adjudicación de parque eólicos a cambio de obtener dinero.
Así, el ex director general de Industria contactó con el empresario Enrique Guzmán, imputado en la causa, y con los empresarios José Ignacio Esquivel Astelarra y José Luis de Santiago Gorrochategui, que representaban los intereses de otra sociedad, de la que era secretario Alfredo Briganti, todos ellos también imputados.
El fiscal sostiene también que Perdomo, una vez que cesó en su cargo, contactó con el jefe de área de la Consejería de Industria Honorato López, también imputado, con el fin de que favoreciera los proyectos de esos empresarios a cambio de ser compensado económicamente.
Según el fiscal, el ex director general de Industria recibió diversos pagos de las personas citadas, y su novia, Mónica Quintana, también imputada en la causa, participó activamente en las labores de intermediación lucrativa efectuadas por Perdomo en favor de esas sociedades mercantiles para el cobro de cantidades.
El fiscal sostiene además que Perdomo cuando era director de Industria actuó de acuerdo con Quintana y, con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito adquirió diversos libros para uso personal con dinero de la Consejería de Industria.
Los cargos que se le imputan al ex director general de Industria son los de prevaricación, revelación de información, tráfico de influencias, malversación de dinero público y cohecho, mientras que a su novia sólo los tres últimos.
A Honorato López se le atribuyen delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información, mientras que a los otros cuatro imputados cohecho y tráfico de influencias.

INFORMACIÓN, jue, 15/03/2007
Vega Baja, TORREVIEJA, E.DE GEA
Mateo tacha de «gajes del oficio» su imputación por supuesta prevaricación
El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, calificó ayer como de un «gaje del oficio» la citación por la cual tendrá que declarar hoy ante el Juzgado de Instrucción número 2 de esta ciudad en calidad de imputado por un supuesto delito continuado de prevaricación, por los pagos realizados mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Europa Press, 14/03/2007
CASTILLA LA MANCHA .- PSOE Toledo destaca la ‘honestidad’ del alcalde de Carranque, imputado por un presunto delito de prevaricación
TOLEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS)
La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Toledo destacó hoy su “respaldo” al alcalde de Carranque, Alejandro Pompa Mingo, imputado por un presunto delito de prevaricación, “cuya honestidad en el desempeño de sus funciones está fuera de toda duda, ya que sus acciones han estado siempre encaminadas a conseguir el bien común de los vecinos de la localidad”.

HERALDO DE ARAGÓN, sáb, 10/03/2007, L. FACI Zaragoza
La alcaldesa de Tarazona declarará como imputada por presunta prevaricación. Ana Cristina Vera (PSOE) deberá testificar tras la denuncia de vecinos de La Faceda. Uno de los procesos judiciales abiertos contra el Ayuntamiento de Tarazona por presuntas irregularidades urbanísticas en La Faceda llevará a la alcaldesa, Ana Cristina Vera (PSOE), a declarar como imputada por presunta prevaricación. El 2 de abril, la también diputada autonómica testificará en el Juzgado de Instrucción nº1 de Tarazona. Éste supone un nuevo capítulo en la polémica promoción de viviendas en el mencionado barrio, que se inició hace años con las quejas de los vecinos por el sinfín de desperfectos en los pisos y que continuó con una sentencia desfavorable al Consistorio por el incumplimiento del planeamiento del sector. El fallo fue recurrido por la corporación municipal.

Diario de Mallorca, vie, 09/03/2007, MARISA GOÑI. PALMA.
El Govern paralizó la denuncia de una posible prevaricación en Andratx detectada en 2005
SECUENCIA DE UNA CASA DENUNCIADA. Un agente de medio ambiente detectó en 2004 el pintado de los cimientos de una nueva casa en una finca de Andratx, con una antigua y pequeña construcción. Comprobó que la obra tenía licencia de ampliación, que no se ajustaba a los trabajos realizados y apuntó que el Ayuntamiento podía haber incurrido en prevaricación al concederla. En 2005 constató que las obras seguían. Su denuncia, con fotografías que reproduce este diario, se retuvo en la Conselleria, según denunció CCOO.
La conselleria de Medio Ambiente paralizó durante más de un año el envío a la Fiscalía de la denuncia de un agente de su departamento, que alertó de una posible prevaricación administrativa del ayuntamiento de Andratx por unas obras realizadas en el municipio. Se trata de una nueva casa que se levantó en el Camí de So na Vidala, en una zona protegida como Área Natural de Especial Interés (ANEI).
La obra la promovió la empresa con una licencia municipal para reforma y ampliación. Un agente de medio ambiente visitó la zona y levantó un acta de inspección en septiembre de 2004. Constató que no había placa de obras y advirtió que en realidad se estaba construyendo una nueva vivienda unifamiliar aislada, desplazada de la pequeña construcción antigua de la finca, y que suponía una ampliación de la superficie edificada de más del 500%. Cinco meses después, el 18 de febrero de 2005 el agente volvió y vio que continuaban las obras, que ya se había colocado la placa de obras, donde decía que la ordenanza aplicable era la de Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP). El 23 de febrero de 2005 elaboró un oficio de denuncia, cuya portadilla ya recogía una “posible infracción del artículo 320 del Código Penal”, el relativo a prevaricación administrativa. “La licencia otorgada para construir en ARIP no es correcta y el ayuntamiento de Andratx es presumiblemente infractor del artículo 320 del Código Penal (prevaricación) por otorgar una licencia de obras que permite construir en ANEI una vivienda unifamiliar”, apuntó el funcionario, que además identificó al propietario de la parcela. En las conclusiones, además de la prevaricación, señaló que los hechos podrían constituir una infracción de la Ley de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las áreas de especial protección y de sus modificaciones, en especial de las Directrices de Ordenación del territorio (DOT), que prohíben construcciones de viviendas unifamiliares en ANEI.
Un año después de realizarse este oficio de denuncia, en concreto en abril del pasado año, Francesc Lillo, responsable del departamento de Medio Ambiente de CCOO, escribió una carta al fiscal del ramo, Adrián Salazar, informándole de ésta y otras cinco denuncias de los agentes de Medio Ambiente que la Conselleria no hacía llegar a la Fiscalía. Esta era la segunda carta, que incidía sobre los mismos hechos denunciados en otra anterior de abril de 2005. Salazar admitió el pasado diciembre que el Govern no le remitía las denuncias y que se buscaron vías alternativas para que llegara la información a la Fiscalía. El despliegue de la ´Operación Voramar´ activó la colaboración y la Conselleria envió la documentación de varios casos retenidos durante meses en instancias autonómicas.

Enchufe - cargo de confianza

PREVARICACIÓN POR OMISIÓN
Existe también delito de prevaricación en comisión por omisión, según la Sentencia del Tribunal Supremo STS 674/1998, de 9 de junio, de la que fue ponente el actual Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y en la que puede leerse “…ha de recordarse que la sentencia de esta Sala de 2 de Julio de 1997, recogiendo lo ya expresado por las sentencias de 28 de Octubre de 1993, 29 de Octubre de 1994 y 27 de Diciembre de 1995, así como por el acuerdo de unificación de criterios adoptado por el Pleno en su reunión del 30 de Junio de 1997, estima que cabe incurrir en responsabilidad por prevaricación en comisión por omisión, cuando es imperativo realizar una determinada actuación administrativa, y su omisión tiene efectos equivalentes a una denegación”.

 

Publicado 21 septiembre 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Penal

LA NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 23 de la LOPJ Y SU ENGARCE CON EL ARTÍCULO 131 del CÓDIGO PENAL, TRAS LAS REFORMAS OPERADAS EN 2009 y 2010.

A todos nosotros, como operadores jurídicos, no nos pueden resultar ajenas las recientes reformas legislativas que en escasos meses han venido modificando tres cuerpos normativos vitales para todo penalista, a saber: el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ha venido a ser parcialmente modificada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio; y que fue publicada el pasado día 23 de junio de 2010, en el BOE número 152. La Disposición Final 7ª de la Ley establece un periodo de vacatio legis de seis meses a contar desde su publicación, por lo que la misma no entrará en vigor y surtirá efecto hasta la víspera de esta próxima Nochebuena.

Por otro lado, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ha quedado redactada conforme a los términos contenidos en la vigente Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y que se publicó el 4 de noviembre de 2009, en el BOE número 266.

Un comentario exhaustivo de las reformas introducidas por las presentes Leyes, conllevaría un análisis pormenorizado de cada uno de sus preceptos, sin pretender ser tan ambiciosa la intención de este breve artículo. Es de destacar, la novedosa inclusión en el Código Penal de tipos penales que obedecen a formas de delincuencia preexistentes y que carecían de tipificación, como por ejemplo: la trata de seres humanos, ubicada en el nuevo Título VII bis, del Libro II, los abusos y agresiones sexuales a menores de trece años, contempladas en el Capítulo  II bis, Título VIII, del Libro II, y la piratería, inserta en el Capítulo  V, Título XXIV, del Libro II.

Por ello, y sin perjuicio de que hagamos unas consideraciones previas que nos ayuden a aterrizar someramente en el contexto socio-político en el que se enmarcan las citadas reformas, nos centraremos únicamente en el análisis de la nueva redacción del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y su engarce con el artículo 131 del Código Penal.

El legislador español, abogando por un paralelo avance en materia de libertad y de seguridad, y queriendo dar cabida a las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España, (especialmente en el ámbito de la armonización jurídica europea), ha llevado a cabo mediante las meritadas reformas estas adaptaciones que pasan a quedar incorporadas en el panorama legislativo español.

Con motivo del Debate del estado de la Nación de 2009, se realizó un cambio en el tratamiento de lo que ha venido en llamarse la «jurisdicción universal», a través de la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para, de un lado, incorporar tipos de delitos que no estaban incluidos y cuya persecución venía amparada en los convenios y costumbre del Derecho Internacional, como son los de lesa humanidad y crímenes de guerra. Pero de otro lado, a nuestro juicio, la reforma ha permitido adaptar y clarificar el precepto de acuerdo con el principio de subsidiariedad y la doctrina emanada del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, define la extensión y límites de la jurisdicción penal española, conociendo los jueces y tribunales españoles de los conflictos penales bajo los siguientes principios: territorialidad, personalidad, real o de protección, justicia mundial o universalidad.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial viene a incidir en el principio de universalidad. Sin perjuicio de lo manifestado, tradicionalmente, los Juzgados Centrales de Instrucción y la Audiencia Nacional han conocido de la instrucción y el enjuiciamiento, respectivamente, de las causas por terrorismo por varios motivos como los que enumeramos a continuación: por el mandato imperativo de la Ley, por la innata complejidad del tipo penal, por la necesidad de preservar la libertad, independencia y seguridad del juzgador en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, para garantizar la aplicación de la justicia, etc, …               A pesar de todo ello, y de que en la actualidad muchas de estas razones/justificaciones no tengan tanta razón de ser como en tiempos anteriores, -tal y como han apuntado recientemente algunos dirigentes políticos o un miembro de la vocalía del CGPJ-, la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, que ha modificado en una perspectiva interesante y sumamente criticable el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no ha suprimido la letra b) del apartado 4, por lo que llegar a pensar,- como algunos hacen-, en la erradicación de los Juzgados Centrales de Instrucción y la Audiencia Nacional, cediéndose así estas competencias a órganos (Juzgados de Instrucción y Audiencias Provinciales) ubicados en País Vasco, continúa siendo una mera quimera y especulación.

De otro lado, y como consecuencia de la reforma del Código Penal, se añade un párrafo cuarto al apartado 4 del artículo 131 del Código Penal, que reza así: “Tampoco prescribirán los delitos de terrorismo, si hubieren causado la muerte de una persona”. De esta manera, el delito de terrorismo, por primera vez, se erige junto con los delitos de lesa humanidad, los de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, como delitos imprescriptibles.

El fundamento de la institución de la prescripción se halla vinculado en gran medida a la falta de necesidad de aplicación de la pena tras el trascurso de cierto tiempo. La reforma se fundamenta en este punto en que tal premisa no puede cumplirse frente a conductas delictivas que presentan las características de los tipos mencionados.

La imprescriptibilidad del delito de terrorismo, -más allá de pretensiones de ciertos grupo minoritarios que con esta reforma pretendían que la comisión del mismo fuese penada con cadena perpetua o incluso pena de muerte-, supone desde luego todo un avance en la persecución de esta lacra que viene acompañando a nuestro país desde decenios. Este adelanto, propiciado por la demanda de una sociedad cada vez más concienciada contra la lucha del terrorismo y sus formas, habría alcanzado plena efectividad desde nuestro punto de vista, si el carácter imprescriptible del terrorismo se hubiese hecho extensible no sólo cuando se causare la muerte de una persona sino también para otros supuestos de ejecución imperfecta; esto es, tentativa y tentativa frustrada de muerte.

En definitiva, las reformas aprobadas por las Cortes Generales en menos de un año son tan o más ambiciosas que las anteriores. Sin embargo, el legislador no debe de olvidar que lo que la sociedad pide no es que se legisle al son de las nuevas melodías, sino con criterio, mucho sentido común y prudente acierto.

(Por Victor Manuel Carvajal en LEGAL TODAY.)

 

Publicado 27 julio 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Penal, Procesal

EL NUEVO REGISTRO CIVIL

Se ha enviado a las Cortes Generales el Proyecto de Ley del Registro Civil. Supone un cambio profundo del actual modelo registral. Los libros físicos serán sustituidos por una base de datos electrónica común, de tal manera que el ciudadano podrá realizar sus trámites en cualquiera de las oficinas del país. No tendrá que ir personalmente al Registro, ya que la gran mayoría de los trámites se realizarán directamente por las administraciones públicas, como por ejemplo el envío electrónico de la información necesaria para las inscripciones por parte de los hospitales (nacimientos, defunciones…), de los ayuntamientos (matrimonios), de los juzgados o de las notarías. Por otra parte, las certificaciones podrán solicitarse y recibir por Internet.

El Nuevo Registro se configura como registro individual, con una ficha personal única, donde figurará el historial civil de cada persona desde su nacimiento.

A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, cada inscripción de nacimiento irá acompañada de un Código Personal de Ciudadanía(CPC), correspondiente a una secuencia alfanumérica, que servirá para todos los trámites que el usuario precise realizar con el Registro Civil.

Igualmente, con la nueva Ley dejarán de expedirse Libros de Familia, que serán sustituidos por certificaciones registrales. Éstas podrán solicitarse personalmente o a través de Internet. En todo caso, las administraciones y los funcionarios públicos tendrán acceso a la información registral y no necesitarán pedir certificaciones a los ciudadanos, lo cual comportará una reducción de cargas administrativas y convertirá en algo extraordinario la necesidad de acudir personalmente al Registro.

Por otra parte, la modernización del Registro Civil hace necesaria su desjudicialización,en contra de lo que deseaban los jueces por lo que pasa a configurarse como órgano administrativo, dependiente del Ministerio de Justicia y gestionado por funcionarios públicos, cuyas decisiones, lógicamente, estarán sometidas a control judicial.

Otro aspecto significativo del nuevo Registro Civil es que refuerza el papel de los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, que, en este sentido, actuarán no sólo como receptores y emisores de solicitudes dirigidas al Registro, sino también como actores en la tramitación de expedientes y la celebración de matrimonios civiles.

Por otra parte, se configura, por primera vez en nuestro Derecho, un catálogo de derechos y de obligaciones de los ciudadanos respecto al Registro Civil y se modifica la LEC para aquellos casos en los que los ciudadanos tengan que acudir a los tribunales en un procedimiento judicial sobre su estado civil (filiación, validez matrimonial, etc.), estableciendo un procedimiento sencillo y rápido.

El Consejo de Ministros también ha aprobado un proyecto de Ley Orgánica, complementaria de la Ley del Registro Civil, por el que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar la regulación de las atribuciones de los juzgados y Tribunales en relación con el Registro Civil a la nueva normativa.

Aspectos fundamentales

  • Los libros en los que se registran hechos (nacimientos, matrimonios, fallecimientos, etc.) dan paso a un registro individual para cada persona, vinculado a un Código Personal de Ciudadanía.
  • Se configura como una base de datos única que garantiza la unidad y seguridad de la información y la eficacia en la gestión. Se podrán realizar los trámites en cualquier oficina del Registro Civil del país.
  • Los asientos serán informáticos y la firma electrónica se convierte en elemento esencial en la gestión y custodia del Registro Civil. Los ciudadanos podrán acceder al Registro para solicitar certificaciones, consultar datos e instar expedientes por  Internet.
  • Los centros sanitarios, los ayuntamientos o los órganos judiciales remitirán al Registro Civil por vía informática la documentación necesaria para inscribir los nacimientos, los matrimonios, los divorcios, las defunciones, etc.
  • Los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso a la información que obra en el Registro por lo que no necesitarán solicitar certificaciones a los ciudadanos.
  • Se amplía la relación de actos que han de ser objeto de asiento para acomodarse al Derecho civil autonómico, como las autotutelas, apoderamientos preventivos o especialidades en materia de régimen económico del matrimonio.

Publicado 27 julio 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Civil

LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUÍTA Y EL ABOGADO DE OFICIO

¿Qué es la justicia gratuita?

Es el derecho a litigar de forma gratuita reconocido por la Constitución a aquellos que carecen de recursos económicos.

¿A quiénes se les reconoce este derecho?

Dentro de los límites establecidos en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita así como en los tratados y convenios internacionales celebrados por España, se reconoce el derecho a laasistencia jurídica gratuita a:

  • Los ciudadanos españoles, a los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y a los extranjeros que residan legalmente en España, siempre que acrediten insuficiencia de recursos económicos para litigar.
  • Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la SeguridadSocial.
  • Las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones cuando carezcan de recursos económicos para litigar.
  • En el orden jurisdiccional social, se reconoce tanto a los trabajadores como a losbeneficiarios del sistema de Seguridad Social.
  • En el orden jurisdiccional penal, a los extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos, aunque no residan legalmente en España.
  • En el orden contencioso-administrativo así como en la vía administrativa previa, a los ciudadanos extranjeros que carezcan de recursos aunque no residan legalmente en territorio español, en todos aquellos procesos relativos a su solicitud de asilo.

La carencia de recursos económicos

Se entiende que carecen de recursos económicos suficientes aquellas personas cuyos recursos e ingresos y los de su familia, no superan el doble del SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL.

Para comprobar si el solicitante carece de recursos económicos suficientes, se tendrán en cuenta las rentas que perciba, los bienes que posea, sus circunstancias, así como todos aquellos signos externos que puedan manifestar su capacidad económica real (como nivel de vida, vehículos… etc.)

Por tanto, se podrá negar el derecho a aquellas personas que, siendo su nivel de ingresos inferior al salario mínimo interprofesional, poseen propiedades, o de su nivel de vida se deducen unos recursos económicos que le permiten asumir los gastos de la defensa de sus intereses en un juicio.

¿Qué comprende el derecho de asistencia jurídica gratuita?

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones:

  • El asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso para quienes pretendan ejercitar sus derechos ante los Juzgados y Tribunales.
  • La asistencia al detenido o preso que no hubiera designado abogado, para cualquier diligencia policial que no provenga de un procedimiento penal en curso, en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional.
  • La defensa y representacióngratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea obligatoria o, cuando aunque no lo sea, se requiera por el Juzgado o Tribunal para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
  • La inserción gratuita de anuncios o edictos en periódicos oficiales, durante la tramitación del procedimiento.
  • El beneficiario del derecho está exento del pago de los depósitos necesarios cuando éstos se exigen con carácter previo a la interposición de los recursos.
  • La asistencia pericial gratuita en el proceso.
  • Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los términos previstos en el Reglamento Notarial.
  • A una reducción del 80 % de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales, cuando tengan relación directa con el proceso y sean solicitados por el órgano judicial que está tramitando el procedimiento.
  • A una reducción del 80 % de los derechos que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el juzgado o tribunal que esté conociendo del procedimiento.El solicitante no tendrá que abonar los derechos arancelarios si los ingresos que percibe son inferiores al salario mínimo interprofesional.

El derecho a la justicia gratuita debe ser reconocido en cada procedimiento judicial, lo que supone que la concesión de este beneficio se agota cuando termina el procedimiento para el que ha sido otorgado.

Por otro lado, no se reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita al actor o demandante, una vez presentada la demanda, o al demandado después de haber presentado su contestación, salvo que cuando realicen la petición, en su solicitud, acrediten ante la Comisión de Asistencia Jurídica
Gratuita que las circunstancias y condiciones necesarias para obtener el beneficio de asistencia jurídica gratuita se han originado después de que se presentase esta demanda o, en su caso, contestación.

¿Qué es la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita?

Es el órgano responsable de reconocer el derecho a recibir asistencia jurídica gratuita dentro del territorio en el que tiene competencia.

Existe una Comisión en cada capital de provincia, en las ciudades de Ceuta y Melilla y en cada isla en la que existan uno o más partidos judiciales.

¿Quiénes componen las comisiones de asistencia jurídica gratuita?

Están presididas por un miembro del Ministerio Fiscal, designado por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Provincial correspondiente, y las integranademás el Decano del Colegio de Abogados y el del Colegio de Procuradores, o el Abogado o el Procurador que ellos designen, y dos miembros nombrados por las Administraciones Públicas de las que dependen, actuando uno de ellos como Secretario.

La solicitud de asistencia jurídica gratuita

Puede realizarse:

  • A instancias del propio interesado.
  • A petición del juez o tribunal en el curso de un procedimiento: Si, según el procedimiento de que se trate, el órgano judicial que está conociendo del proceso estima que, por las circunstancias o la urgencia del caso, es necesario asegurar inmediatamente los derechos de defensa y representación de las partes, y alguna de ellas manifiesta que carece de recursos económicos, dictará una resolución (auto) requiriendo a los Colegios profesionales para que nombren a un abogado y un procurador de oficio.

En ambos casos, la solicitud del derecho a la asistencia jurídica gratuita se tramitará de la misma forma:

a) El procedimiento

Los interesados deben solicitar que les sea reconocido en derecho a la asistencia jurídica gratuita en el Colegio deAbogados del lugar en que se encuentre el Juzgado que vaya a conocer del asunto o ante el Juzgado de su domicilio.

En el caso de que sean varios los demandantes, la solicitud debe formularseindividualmente.

b) Los requisitos de la solicitud

En la solicitud se deben hacer constar los datos que reflejen la situación económica del solicitante y de su familia, sus circunstancias personales, la pretensión que quiere ejercitarse y contra quiénes se dirige. También deben acompañarse los documentosacrediten la situación económica que se alega.

Si el Colegio de Abogados aprecia que existen deficiencias en la solicitud o que la documentación que se ha presentado es insuficiente, debe requerir al solicitante que, en el plazo de 10 días, subsane la solicitud. Si no lo hace, se archivará la petición.

c) Las designaciones provisionales

Si de la solicitud y de los documentos que se aportaron se desprende que el solicitante se encuentra entre las personas que pueden ser beneficiarias de la concesión de la justicia gratuita, el Colegio de Abogados procederá a la designación provisional de abogado y, en su caso, de procurador.

En el caso de que el Colegio de Abogados estime que el peticionario no cumple lascondiciones para que se le conceda el derecho a litigar de forma gratuita, o que la acción que pretende ejercitar es insostenible o no tiene fundamento, deberá notificar al solicitante que no va a realizar el nombramiento del abogado y del procurador de oficio.

El Colegio de Abogados debe remitir el expediente correspondiente así como las designaciones provisionales o la denegación de las mismas a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que las verifique y resuelva.

La Comisión podrá comprobar si los datos económicos que el solicitante ha manifestado en la solicitud son o no ajustados a la realidad y para ello podrá requerir información a la Administración Tributaria e incluso, en los casos en los que se considere necesario, preguntar a aquella parte contra la que se presenten dirigir las actuaciones, sobre lasituación económica real del solicitante.

d) La resolución

Realizadas las comprobaciones, la Comisión dictará resolución reconociendo o denegando el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

En el caso de que se conceda el derecho, se confirmarán las designaciones provisionalesde abogado y procurador que, en su caso, se hubiesen efectuado.

La resolución debe notificarse al solicitante, al Colegio de Abogados y, en su caso, al Colegio de Procuradores, a las partes interesadas y al Juzgado o Tribunal que esté conociendo del proceso, o al Juez Decano de la localidad si el proceso no se hubiese iniciado aún.

Si la Comisión no se pronuncia sobre la petición de asistencia en un plazo de 30 díasdesde que terminase la instrucción del expediente con las comprobaciones oportunas, se entenderá que se concede el derecho a litigar de forma gratuita.

e) La impugnación de la resolución

Las resoluciones que se pronuncien sobre la concesión del derecho a la asistencia jurídica gratuita pueden ser impugnadas en el plazo de 5 días ante el Secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita quien remitirá el expediente al Juzgado correspondiente para que resuelva.

El Juez o Tribunal citará a una comparecencia a las partes y al Abogado del Estado o al Letrado de la Comunidad Autónoma de la que dependa la Comisión.

Se puede practicar la prueba que se considere necesaria y el procedimiento finaliza con una resolución (auto) en la que deberá mantener o revocar la resolución que se impugna.

Contra este auto no podrá interponerse ningún tipo de recurso.

El juez también podrá sancionar con una multa de hasta 50.000 Ptas. (300,51 €) a quien hubiese actuado abusando de su derecho a solicitar la concesión del beneficio de asistencia jurídica gratuita.

Los efectos de la concesión de la asistencia jurídica gratuita

Destacan, entre otros, los siguientes:

  • El reconocimiento del derecho implica la realización o la confirmación de lasdesignaciones de abogado y de procurador efectuadas provisionalmente por los Colegios profesionales.
  • En ningún caso pueden actuar de forma simultánea un abogado designado de oficio y un procurador libremente elegido, o viceversa, salvo que el profesional que no sea designado de oficio renuncie por escrito a percibir sus honorarios ante el Colegio profesional al que pertenezca.
  • Si la Comisión desestima la pretensión, las designaciones profesionales se revocarány el solicitante deberá abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención del abogado y del procurador.Así, aunque el abogado y el procurador sean nombrados de oficio, existe la obligación de satisfacer los honorarios que se deriven de su intervención profesional, salvo que se reconozca expresamente el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
  • La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso.Sin embargo, para evitar que el transcurso de los plazos pueda perjudicar a cualquiera de las partes, el juez, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, podrá decretar que se suspenda el procedimiento hasta que se decida sobre la concesión del derecho a la asistencia gratuita o se produzca la designación de abogado y procurador de oficio, en los casos en los que ésta fuera obligatoria o necesaria para asegurar la igualdad de las partes en el procedimiento.
  • Si la petición fuese desestimada y se apreciase por el juez o tribunal que se formuló con mala fe para dilatar los plazos del procedimiento, éste podrá acordar que se computen los plazos estrictamente independientemente de los perjuicios que ello le ocasione.

¿Puede renunciarse a la designación de abogado y procurador efectuada de oficio?

Quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita pueden renunciar a la designación de abogado y procurador de oficio, sin que ello suponga la pérdida de los demás beneficios que conlleva este derecho.

Esta renuncia debe comunicarse tanto al abogado y procurador designados de oficio como a sus Colegios profesionales y a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

¿Puede revocarse la concesión del derecho a la asistencia jurídica gratuita?

La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita revocará el derecho cuando, en su solicitud, el interesado hubiese manifestado datos que son erróneos o falsos o incluso los hubiese ocultado, si éstos datos fueron determinantes para que se le concediera la asistencia jurídica gratuita.

En estos casos, el solicitante estará obligado a pagar los honorarios de abogado yprocurador devengados desde la concesión del derecho, así como el coste de todos los servicios de los que se hubiese beneficiado por el reconocimiento del mismo, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que, en su caso, le sean exigibles.

El pronunciamiento en costas contenido en la Sentencia

La sentencia que ponga fin al procedimiento judicial, podrá contener cualquiera de los siguientes pronunciamientos con relación a las costas causadas en el mismo:

  • Si el pronunciamiento sobre costas es favorable a la persona que tiene reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, la parte condenada a su pago por la Sentencia deberá abonarlas. En este caso, el beneficiario no puede apropiarse de esta cantidad sino que está obligado a ponerla a disposición de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
  • Si el condenado a pagar las costas del procedimiento es el beneficiario del derecho a la asistencia jurídica gratuita, sólo estará obligado a pagar estas costas además de los gastos que haya ocasionado su defensa, si en el plazo de tres años contados a partir de la terminación del proceso, mejora su situación económica.
  • Si la sentencia que pone fin al procedimiento judicial no se pronuncia expresamente sobre las costas y el beneficiario del derecho a la justicia gratuita vence en el juicio, está obligado a pagar los gastos que originó su defensa siempre que éstos no superen la tercera parte de lo que él obtuvo en la sentencia.
  • Si, en los casos en los que corresponda, la sentencia aprueba a favor del beneficiario de la justicia gratuita alguna cantidad en concepto de “litisexpensas“, esto es, para cubrir los gastos del juicio, el letrado y el procurador que hayan intervenido, pueden solicitar el pago de sus honorarios con el límite de la cantidad reconocida en esta Sentencia.

El cálculo de los honorarios y derechos del abogado y del procurador, se realizará según las normas de honorarios y aranceles vigentes para cada colegio profesional en el momento en que se tramita el proceso judicial.

 

Y SI DETIENEN A MI CLIENTE ¿QUÉ HAGO?

Es poco probable alguien lleve en la agenda de su móvil el número de un penalista, de modo que si ocurre lo que él nunca imaginó que podía ocurrir y llega el momento que entre esposas y barrotes un policía le pide que designe un abogado, lo más fácil es que el primer nombre que se le venga a la cabeza sea el tuyo. El del abogado que con tan buen hacer le solventó aquel problema con sus socios, su divorcio o aquel enredo con la Agencia Tributaria.

Si es así, tu cliente te está designando como abogado para su asistencia durante la detención. La cuestión es ¿Qué hacer en este caso? Si por la razón que sea te ves obligado a acudir a la comisaria ahí van algunos consejos de cómo asistir a un detenido y no morir en el intento.

Lo primero que tienes que saber es que la Ley no ampara una entrevista reservada con tu cliente antes de la declaración que deberá prestar ante la Policía, de modo que tu primer encuentro con el cliente será justamente en la mesa del Instructor.

Lo segundo, es que aún no tendrás una copia del atestado policial con el contenido de la imputación y los indicios que han llevado a ella. Aquí se toca de oído. De modo que tu cliente declarará (o no) sin que tú como letrado tenga conocimiento exhaustivo de los hechos y las pruebas que hay en su contra.

Es más, existe una creencia generalizada de que la presencia del abogado en la asistencia en comisaria se limita a mero fedatario de que durante la tramitación de la declaración no se conculquen los derechos constitucionales del detenido. Esta es una falsa creencia cuyo origen está en el papel desempeñado por los penalistas en los orígenes de la democracia amparada en la escueta redacción del art. 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pues bien, esto no es así. El abogado no es un notario y la labor de defensa de su cliente empieza desde el minuto uno. La cuestión es ¿Cómo podemos desarrollar esa defensa en condiciones tan limitadas?

Lo primero que debemos hacer es constatar que al detenido se le han leído los derechos constitucionales que le asisten, interesando que se les vuelva a leer en nuestra presencia. Estos derechos, art. 520.2 de la LECr., son:

  1. Derecho a guardar silencio o a no contestar alguna de las preguntas o a manifestar que sólo declarará ante el juez.
  2. A no declarar contra sí mismo o a no declararse culpable.
  3. A designar abogado o a tener uno de oficio.
  4. A que se comunique su detención a un familiar.
  5. A ser asistido por intérprete si no conoce el idioma.
  6. A ser reconocido por un Médico.

Y por encima de todos estos derechos, está el derecho a ser informado de los hechos que se le imputan de modo que le sea comprensible (art. 520.2 LECr.) Por supuesto, esa información también se nos debe transmitir a nosotros como abogados defensores. Como ya hemos dicho no podemos tener copia del atestado (El Tribunal Supremo en varias ocasiones se ha pronunciado en contra de esta posibilidad) pero sí que se nos debe informar verbalmente de la imputación.

Es cierto que no podemos entrevistarnos de forma reservada con nuestro cliente antes de la declaración pero nada impide, aún en presencia del agente instructor, que le asesoremos respecto a la forma en que puede hacer valer sus derechos. Esto puede crear fricciones en algunos casos ya que la creencia de que la presencia del letrado es meramente testimonial en esta fase está muy extendida.

Especialmente importante es que preguntemos al detenido si durante su detención ha sido objeto de trato inadecuado, si ha sido interrogado o preguntado sobre los hechos antes de la llegada del letrado, si ha sido inducido o indicado sobre el contenido de la declaración, sobre la conveniencia o  no de declarar o incluso sí se le ha prometido su inmediata libertad si declara. En caso de que la respuesta a alguna de estas cuestiones sea afirmativa deberemos hacerlo constar en el acta al finalizar la declaración (520.6 b de la LECr) e instaremos al detenido a que actúe únicamente conforme a nuestros clientes. Todo ello sin perjuicio de poner en conocimiento de la autoridad judicial las posibles irregularidades.

El letrado aconsejará al detenido sobre la conveniencia de declarar o manifestar que lo hará en el Juzgado en función de cada caso. No se puede establecer una regla general sobre como aconsejar al respecto, pero debemos ser siempre conscientes que nuestra principal misión en ese momento es evitar una autoinculpación directa o por contradicciones del detenido que arrastremos como una losa durante todo el proceso. Por tanto, sólo debemos aconsejar a nuestro cliente declarar sí estamos seguros de que de esa declaración no saldrá una inculpación.

Si finalmente presta declaración podremos participar de forma activa ofreciendo asesoramiento técnico durante el interrogatorio, solicitando aclaración de preguntas, haciendo observaciones que sean necesarias, impidiendo interrogatorios coactivos, y sobretodo indicando al detenido su derecho a no responder a algunas preguntas, en especial aquellas de las que pudiera derivarse una inculpación.

Seamos siempre conscientes que esa acta de declaración quizá acabe siendo la única prueba de cargo en el juicio. Nuestra misión es evitar que esto ocurra.

Tras el interrogatorio, podremos realizar las preguntas que creamos. ¡Cuidado con lo que preguntamos! Más que preguntas yo apuesto más por la técnica de pedir aclaraciones a respuestas ya dadas y no satisfactorias para los intereses de nuestro cliente. Ya habrá tiempo de hacer una defensa más proactiva.

Si durante el transcurso de la declaración se ha producido alguna incidencia la haremos constar también en el acta de declaración

Una vez se ha cerrado el acta de declaración el letrado y su cliente, ahora sí, podrán mantener una entrevista reservada. Es el momento de preparar la comparecencia ante el Juez.

(Por Miguel Ángel Montoya).

 

Publicado 28 mayo 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Penal

NUEVA LEY DE SEGURIDAD VIAL ( TRÁFICO )

OJO DESDE MAYO DE 2014 EXISTE NUEVA LEGISLACIÓN: MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

 

Hoy 25 de mayo entra en vigor la nueva Ley de Tráfico y Seguridad Vial que introduce numerosos cambios para los más de veinticinco millones de conductores censados en España.

La puesta en marcha en julio de 2006 del sistema de Permiso por Puntos ha supuesto, por una parte, un cambio de conducta entre los conductores que se ha visto reflejado en una reducción significativa de la mortalidad en las carreteras y por otra la necesidad de llevar a cabo un reforma integral del procedimiento sancionador –elemento básico y fundamental en la política de Seguridad vial- de modo que sea más eficaz, más justo y sencillo para el ciudadano.

Por este motivo y para atender al carácter masivo de las infracciones de tráfico (15 millones de expedientes sancionadores al año en España, de los cuales 11 millones corresponden a los ayuntamientos) se crea un procedimiento especial, diferente del procedimiento general establecido para el resto de sanciones administrativas, donde se tiene en cuenta las especialidades del Tráfico.

El objetivo principal de esta reforma de la Ley es mejorar la seguridad en las carreteras, evitando la impunidad de aquellos conductores que constantemente incumplen las normas. Para ello, la Ley reduce el plazo entre infracción y sanción con el fin de dotar al procedimiento sancionador de un carácter pedagógico y eficaz y reduce también la litigiosidad por motivos de forma, no de fondo, teniendo en cuenta que el 95% de las alegaciones y recursos presentados por los infractores se resuelven a favor de la Administración. Diferentes experiencias realizadas en países de nuestro entorno como Francia o Portugal, ponen de manifiesto que una adecuada gestión del procedimiento sancionador influye de modo directo en la reducción del número de víctimas por accidente.

Además, la nueva norma intenta dar respuesta a las necesidades derivadas de la incorporación de las nuevas tecnologías para el control automático de la disciplina del tráfico.

Infracciones y cuantías

En el capítulo de las infracciones, la Ley incluye nuevas infracciones graves como la de programar el navegador conduciendo o que el titular de un vehículo permita que sea conducido por una persona que nunca ha obtenido el permiso de conducción.

Se introduce también, un nuevo catálogo de infracciones muy graves como no instalar las señalización de obras o hacerlo incorrectamente, poniendo en grave riesgo la seguridad vial o conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia y control del tráfico con una sanción de 6.000 euros. Además, a los responsables de actividades industriales contrarias a la seguridad vial se les sancionará por la instalación en los vehículos de este tipo de aparatos con multas entre 3.000 y 20.000 euros.

Asimismo, se eleva de leve a grave la infracción de estacionar en el espacio reservado a los discapacitados y disminuyen de graves a leves, determinadas conductas sin relevancia para la seguridad vial como por ejemplo no hacer el cambio de titularidad del vehículo en plazo.

Respecto a las sanciones, la nueva norma establece una cuantía fija y única para cada infracción que será de aplicación obligatoria para todas las administraciones. De este modo, el conductor conocerá cuál es la sanción que se le aplica por infringir una norma determinada, independientemente de donde cometa dicha infracción o cuál sea la administración que impone la multa.

Hasta ahora, la cuantía económica de las multas era variable. Las leves hasta 90 euros, las graves entre 91 y 300 euros y las muy graves de 301 a 600 euros. Esto provocaba que cada Administración estableciese su propio cuadro de sanciones, de modo, que conducir por ejemplo, con un teléfono móvil podía ser sancionado por un ayuntamiento por 91 euros y con 300 por otro.

Con la nueva Ley, las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros, las graves, con multa de 200 euros y las muy graves con multa de 500 euros, excepto las infracciones referidas a no respetar los límites de velocidad, que conllevarán como sanción la cuantía prevista en el Anexo IV de dicha Ley. En dicho anexo, se fijan y unifican las sanciones por dicho concepto, de modo que se establece una cuantía fija y única dependiendo del exceso cometido que será aplicable obligatoriamente por todas las administraciones con competencia sancionadora.

Respecto a la no identificación del conductor que ha cometido una infracción, la Ley es más estricta y la sanción por no identificarle será el doble de la cuantía prevista para la infracción originaria que la motivó en el caso de infracciones leves y el triple de la cuantía en el caso de las infracciones graves y muy graves.

Sujetos responsables: el conductor habitual

El principio general de que el sujeto responsable de la infracción es el autor del hecho, se mantiene en la nueva Ley. Por este motivo, a la obligación del titular de identificar a la persona que conducía el vehículo en el momento de la comisión de una infracción, se suma también, la obligación de que el titular del vehículo impida que éste sea conducido por quien carezca de la autorización administrativa correspondiente.

Otra de las novedades es la figura del conductor habitual. Los titulares de los vehículos y las empresas de arrendamiento a largo plazo podrán comunicar al Registro de Vehículos, a partir del 25 de noviembre de 2010, quien es el conductor habitual, de modo, que trasladen a este último las obligaciones anteriormente citadas de identificación.

Procedimiento sancionador: más ágil y sencillo

Los cambios más importantes de la Ley se refieren al Procedimiento Sancionador.

Tres son las novedades más importantes:

  • La creación de un procedimiento abreviado,
  • La terminación de oficio del procedimiento ante la falta de actuaciones por parte del infractor.
  • El diseño de un nuevo protocolo de notificaciones en donde se incluyen los nuevos sistemas telemáticos de comunicación (correo electrónico, móvil…)

El Procedimiento abreviado es en forma, similar al juicio rápido penal. Se trata de ofrecer al infractor la posibilidad de suscribir un pacto con la Administración sancionadora que le permita cumplir rápidamente la sanción impuesta a cambio de una reducción importante en ésta. De este modo, se vuelve al principio de la sanción como elemento de seguridad activa: el conductor percibe una justicia vial administrativa inmediata y el efecto pedagógico de la sanción es mayor.

Si el conductor no está de acuerdo con la sanción o la considera injusta, puede alegar. Pero los conductores que se quieran acoger al procedimiento abreviado disponen de un plazo de 20 días naturales, desde el día siguiente a la notificación de la infracción, para pagar la sanción, obteniendo un 50% de reducción en el importe de la misma. Acogerse a este tipo de procedimiento, supone dar por concluido el proceso sancionador y renunciar a formular alegaciones.

En el caso específico de la entrega de la denuncia en mano, ésta se considera ya notificada a los efectos legales, momento a partir del cual el conductor puede pagar o iniciar las alegaciones oportunas.

Los infractores que decidan recurrir, no podrán acogerse al descuento del 50% del importe de la sanción y seguirán el procedimiento ordinario, donde dispondrán de un plazo de 20 días naturales para formular las alegaciones, pruebas y recursos oportunos. Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo establecido, la Ley castiga su inactividad y será la Administración la que ejecutará la sanción en el plazo de 30 días naturales desde la notificación de la denuncia.

Además, se sustituye el recurso de alzada por el de reposición, más acorde con el hecho de que el 95% de las denuncias se confirman a favor de la Administración; de modo que la interposición de este recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción. En caso de que la infracción llevara aparejada pérdida de puntos estos se detraerán una vez notificada la resolución.

Notificaciones telemáticas

Otra de las novedades de la nueva Ley, que entrará en vigor el 25 de noviembre de 2010 es la Dirección Electrónica Vial (DEV) y la notificación electrónica con efectos legales para las personas jurídicas titulares de vehículos y voluntaria para las personas físicas.

Este nuevo sistema permitirá via e-mail acreditar la fecha y la hora en la que el denunciado dispone de la notificación de la sanción a efectos legales. Además, podrá recibir avisos de la DGT sobre la caducidad de su permiso de conducir, la revisión de la ITV y el seguro del coche, entre otras cosas. No obstante, todos los conductores seguirán recibiendo las notificaciones en sus domicilios.

Cuando las notificaciones no puedan practicarse en el domicilio se remitirán al Tablón Edictal de Sanciones (TESTRA), web certificada de nueva creación para notificación de todas las sanciones, en sustitución de los actuales edictos que se publican en los Boletines Oficiales de la Provincia o Comunidad que implicaban una inseguridad para el infractor.

Ejecución de sanciones

Con objeto de evitar la impunidad y garantizar la seguridad vial en la circulación, la nueva norma establece para aquellos infractores que no cumplan con la sanción, una serie de medidas provisionales como la inmovilización del vehículo en determinados casos, la retirada y depósito del mismo, el tratamiento residual del vehículo y la limitación para realizar determinadas autorizaciones administrativas. De este modo, los conductores que tengan cuatro o más sanciones graves o muy graves firmes sin pagar, no podrán hacer ningún trámite con el vehículo.

Además, se amplia de uno a cuatro años el periodo para exigir el importe de la multa no abonada; la ejecución para los impagados es el establecido por la Ley General Tributaria y se establece, con excepciones, la responsabilidad subsidiaria del titular del vehículo para aquellos casos de impago de multa impuesta al conductor.

Detracción de puntos

La nueva Ley simplifica el cuadro de infracciones que detraen puntos, pasando de 27 a 20, con el fin sancionar únicamente conductas graves y muy graves. La detracción de puntos por exceso de velocidad viene recogido en el anexo IV.

También se amplia de 4 a 6 los puntos que un conductor puede recuperar cuando ha perdido parte del crédito inicial, al realizar el curso de recuperación de puntos.

Otras modificaciones

La Norma también contempla la creación del Registro Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico y que el importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones de tráfico, en el ámbito de la Administración General del Estado, se destine íntegramente a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, a la prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas.

Ya en vigor

La nueva Ley recoge modificaciones que favorecen a conductores infractores contra los que se instruyen expedientes, por este motivo, la entrada en vigor de dichos cambios (supresión de la suspensión temporal del permiso por sanciones graves o muy graves relacionadas con la seguridad vial e infracciones que ya no detraen puntos) se produjo al día siguiente de publicarse la Ley en el Boletín Oficial del Estado el 24 de noviembre de 2009.

Más información:
www.dgt.es

VER MÁS SOBRE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD VIAL AQUÍ 

 

Publicado 25 mayo 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Penal, Tráfico

REFORMA LEY ORGÁNICA DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.

A mediados de Octubre de 2009, las Cortes Generales la Ley de Reforma de la Legislación Procesal y la Ley Orgánica complementaria que hará efectiva la implantación de la Nueva Oficina Judicial. Esto tiene sus consecuencias, en forma de modificaciones de la legislación vigente. Dichas reformas se basan, en lo que al abogado incumbe, en tres hitos:

  • Una transformación del funcionamiento de la Administración de Justicia que incorpora plenamente la tecnología.
  • Reserva al Juez o Magistrado de las funciones estrictamente ceñidas a juzgar y hacer cumplir lo juzgado, derivando el resto al Secretario Judicial, que será el responsable de la Oficina Judicial a todos los efectos.
  • Un nuevo sistema de señalamientos de los juicios a través de una agenda programada, gestionada por el Secretario Judicialsiguiendo las directrices que determine el titular del órgano. También se incluye una nueva regulación en materia de fe pública judicial mediante la incorporación de sistemas de firma electrónica en la grabación de las actuaciones judiciales.

El texto de la Ley de Reforma de la Legislación Procesal tiene quince artículos, que pueden esquematizarse de este modo:

  • El artículo 1 modifica en doce apartados la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881, en lo relativo a la conciliación previa al juicio, materia que mantuvo vigente la disposición derogatoria única de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, hasta que se produjera la entrada en vigor de una nueva Ley sobre Jurisdicción Voluntaria.
  • El artículo 2 modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 14 de septiembre de 1882, en un total de ciento noventa y cuatro apartados.
  • El artículo 3 modifica en doce apartados la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946.
  • El artículo 4 se centra en la Ley sobre hipoteca mobiliariay prenda sin desplazamiento de posesión, de 16 de diciembre de 1954, y la reforma comprende dos apartados.
  • El artículo 5 modifica la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva, en cinco apartados.
  • El artículo 6 reforma en un único apartado la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque.
  • El artículo 7 modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, en dos apartados.
  • El artículo 8 modifica el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, en ciento sesenta y seis apartados.
  • El artículo 9 reforma la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, en un único apartado.
  • El artículo 10 modifica en cinco apartados la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
  • El artículo 11 modifica la Ley 7/1998, sobre Condiciones Generales de la Contratación, en un único apartado.
  • El artículo 12 reforma la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en sesenta apartados.
  • El artículo 13 modifica en un total de trescientos ochenta y seis apartados la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, constituyendo la reforma más importante, no sólo por su extensión, sino por la trascendencia que tiene esta Ley como ley procesal general de aplicación supletoria a los demás procesos.
  • El artículo 14 reforma la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en cuarenta y siete apartados.
  • El artículo 15 modifica en tres apartados la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

Ley de Enjuiciamiento Civil

Hoy vamos a echar un vistazo a las novedades de la LEC en lo que respecta a papel general del Secretario y nuevos recursos que nacen en consecuencia a este nuevo “guardia de circulación” de los documentos. El Secretario pasa de ser un Fedatario a ser un impulsor de las fases, y eso hace articular toda una estructura de preceptos sobre sus acciones.

Nos referiremos en dos ocasiones más a las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así que en esta primera vamos a fijar el quicio general de la reforma: la escisión de dos mundos en el juzgado.

  • Lo jurisdiccional -básicamente dictar la Sentencia-, a Jueces y Magistrados.
  • El impulso administrativo del proceso -el resto que las actuaciones que no sean celebrar la vista y dictar sentencia-, a Secretarios Judiciales como responsables del nuevo órgano que se crea, la Oficina Judicial.

Los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que confían al Secretario Judicial los señalamientos y en ocasiones también las citaciones son numerosos.

Cabe indicar, en relación a señalamientos de juicios y vistas, los arts. 14.2.3ª, 182, 183, 193.3, 235.4, 260.1, 422.2, 423.3, 429.2, 3 y 7, 440.1, 441.4, 464.1 y 2, 486.1, 558.2, 560, 657.2, 675.3, 734.1, 747.1, 794.4, 809.2, 811.5, 818.2 y 826.

Respecto a audiencias, art. 414.1.

En lo que concierne a comparecencias, arts. 22.2, 110.1, 127.1, 234.1, 393.3, 540.3, 640, 678.2, 695.2, 768.3, 771.2 y 3, 772.2, 773.3 y 4, 787.3, 801.2, 810.3 y 811.3.

Para la práctica de pruebas con anterioridad al juicio, arts. 290 y 294.2; del reconocimiento judicial se ocuparía el art. 353.3; y de pruebas como diligencias finales, el art. 436.1.

¿Y si no estamos conformes con las resoluciones del Secretario Judicial? Recurso

Eche un vistazo al art. 448.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pone que Contra las resoluciones judicialesque les afecten desfavorablemente, las partes podrán interponer los recursos previstos en la ley. Con la reforma, dirá Contra las resoluciones de los Tribunales y Secretarios Judiciales que les afecten desfavorablemente, las partes podrán interponer los recursos previstos en la Ley. Así que se abren frentes.

Pero no son recursos jurisdiccionales, sino administrativos: de reposición ante el mismo Secretario, que se resuelve por decreto, y de revisión ante el Juez o Tribunal que esté conociendo, que se resuelve por auto.

Al ser algo completamente nuevo, el Capítulo que antes desarrollaba el recurso de reposición -para autos y providencias no definitivos- ahora cambia de arriba abajo porque tiene que regular ese recurso de reposición además de para los autos y providencias ante el Juez, para las diligencias de ordenación y decretos no definitivos del Secretario. Ello está especificado en los artículos 451 al 454.

Además, se añade el 454 bis que regula el recurso de revisión para los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuación (y cuando la Ley lo especifique). De todos modos, la admisibilidad del recurso de revisión ante el Juez o Magistrado la revisa el propio Secretario (454 bis 2), aunque acerca de ello se pronuncie el juez por auto.

Este nuevo orbe de recursos aconseja que usted se haga ayudar de un buen Procurador.

La nueva Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial la encontréis pinchando AQUÍ  

Publicado 9 abril 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Civil, Procesal

NUEVO DEPÓSITO JUDICIAL PARA INTERPONER RECURSOS

El pasado día 4 de noviembre se publicó en el BOE la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, entrando en vigor un día después.

Entre los muchos aspectos tratados en esta Ley, resulta especialmente interesante la inclusión de una nueva disposición adicional decimoquinta en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que regula el denominado Depósito para recurrir.

Así, a partir de ahora será necesario constituir un depósito para interponer recursos ordinarios y extraordinarios, así como para instar la revisión y la rescisión de sentencias firmes a instancia del rebelde, en los siguientes supuestos y circunstancias:

a) Jurisdicción civil: No se aplicará en la interposición del recurso de revisión.
b) Jurisdicción social: en el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales, sólo se exigirá el depósito a quienes no tengan la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social. No se aplicará en la interposición de los recursos de suplicación o de casación.
c) Jurisdicción contenciosa-administrativa: siempre.
d) Jurisdicción penal: sólo se exigirá el depósito a la acusación popular.

¿Cuál es la cuantía del depósito?

Está estipulada de la siguiente manera:

i) En los recursos contra sentencias o autos que pongan fin al proceso o impidan su continuación, la cuantía será:

a) 30 euros, si se trata de recurso de queja.
b) 50 euros, si se trata de recurso de apelación o de rescisión de sentencia firme a instancia del rebelde.
c) 50 euros, si se trata de recurso extraordinario por infracción procesal.
d) 50 euros, si el recurso fuera el de casación, incluido el de casación para la unificación de doctrina.
e) 50 euros, si fuera revisión.

ii) En los recursos contra resoluciones dictadas por el Juez o Tribunal que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación en cualquier instancia, la cuantía será de 25 euros.

iii) En los recursos en revisión de las resoluciones dictadas por el Secretario Judicial, la cuantía será de 25 euros.

Excepciones:

No deben consignar el depósito: El Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos.

6. Al notificarse la resolución a las partes, se indicará la necesidad de constitución de depósito para recurrir, así como la forma de efectuarlo.

¿Dónde se puede consignar el depósito?

En la entidad de crédito y en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” abierta a nombre del Juzgado o del Tribunal. Este hecho, que deberá ser acreditado, se verificará por el Secretario, que dejará constancia de ello en los autos.

¿Qué pasa si no se constituye el depósito?

Pues que no se admitirá a trámite el recurso. De todas formas, se concederá al recurrente un plazo de dos días para la subsanación del defecto. Si no se subsana, se dictará auto poniendo fin al trámite del recurso, o inadmitiendo la demanda, quedando así firme la resolución impugnada.

¿Cuándo procede recuperar el depósito?

Cuando se estime total o parcialmente el recurso, la revisión o la rescisión de sentencia. En caso contrario, el recurrente pierde el depósito, que se destinará a sufragar los gastos correspondientes al derecho a la asistencia jurídica gratuita, y a la modernización e informatización integral de la Administración de Justicia.

¿Pueden variar las cantidades indicadas para el depósito?

Si. Está previsto que su cuantía pueda revisarse y actualizarse cada año mediante un Real Decreto.

En conclusión, tal y como se explica en el propio preámbulo de la Ley, se trata de una medida que deberá disuadir a quienes pretendan recurrir sin fundamento jurídico alguno, para que no prolonguen indebidamente el tiempo de resolución del proceso dañando así el derecho a la tutela judicial efectiva de las otras partes.

Publicado 8 abril 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Procesal

NI CONTIGO NI SIN TI. LA CUSTODIA DE LOS HIJOS COSA DE DOS.

Artículo publicado en elconfidencial.com  Por Juan Perea.

Mar, 22/12/2009.

La mitología griega cuenta que Hefesto, dios del fuego y la forja, no tuvo padre. Su nacimiento es misterioso y según distintos autores, su madre, Hera, lo alumbró sin contacto sexual con su pareja, el gran dios Zeus, en un acto de “autogamia” divina y como venganza por las continuas golferías e infidelidades de su marido. La diosa demostraba así que no necesitaba a dios u hombre alguno para dejar descendencia aunque para entonces ya tenía tres hijos de su consorte: Ares, Hebe e Ilitía. Hefesto era además de lisiado muy feo, incluso para su madre. La diosa no aguantó el producto de su autoreproducción y lo arrojó del Olimpo violentamente.

Difícil destino el del protagonista de este mito. Sin padre y despreciado por su cruel progenitora, nada más y nada menos que ¡la diosa del matrimonio y de las mujeres casadas! Posteriormente fue servidor y bufón de los dioses del Olimpo. Zeus le entregó como mujer a la pasional Afrodita, diosa no muy partidaria de la castidad y fidelidad dentro de la pareja. De hecho, el belicoso y demente Ares se acostaba continuamente con ella y le hizo varios hijos: Harmonía, Deimo (Pánico) y Fobo (Miedo).

No tan dramático pero sí complicado ha sido el destino de Álvaro, un niño de cinco años hijo de Enrique y resultado de la relación que mantuvo con una mujer y que finalizó abruptamente al quedarse ella embarazada. Él no quiso casarse, y ella, como venganza ante la ofensa, decidió no reconocer paternidad alguna para su hijo y negarle a que conociese a su padre. Hace pocos días Enrique le vio por primera vez.

Todos los intentos por llegar a un acuerdo amistoso fueron en vano y el tiempo pasó sin que Enrique pudiese ver al niño. Finalmente, y aunque siempre pensó que recurrir a la vía legal sería, además de perjudicial para su hijo, el inicio de un camino penoso, presentó una demanda de filiación en 2007. Pero el proceso fue mucho más tortuoso de lo que él nunca imaginó. Como sabiamente reza la maldición gitana contenida en “tengas pleitos y los ganes”, Enrique ha sufrido un castigo muy duro.

La demanda pasó por numerosas vicisitudes hasta superar el registro de entrada: huelgas y el ya proverbial retraso de nuestra justicia. Un año después de que la prueba biológica que demostraba la paternidad de Enrique obrase en poder del juez, se celebró el juicio y tres meses más tarde se dictó sentencia. Pero en ésta no se regulaban las relaciones paterno-filiales (cosa del juzgado de familia) por lo que Álvaro seguía ‘huérfano de padre’. Paradójicamente, la demanda se sustanció en un juzgado de lo civil y se le dio el mismo trato que por ejemplo a un desahucio o a una reclamación de cantidad, sin tener en cuenta la importancia que tiene el que un niño tenga contacto con su padre sin dilación. Al asunto no se le dio ninguna prioridad.

Les ahorraré el relato de los distintos vericuetos del laberinto de la justicia. Sólo una pregunta, ¿qué ocurriría con una persona que no tuviera los recursos para acometer este proceso? El feliz resultado para Enrique no elimina el grave perjuicio causado a un menor que no sólo no ha conocido a su padre hasta los cinco años sino que tardará un largo tiempo en ‘normalizar’ su relación con él. El retraso de la justicia se convierte así en la mayor de las injusticias.

Los perjudicados son siempre los menores

Siempre es difícil ser padres y educar a los hijos, máxime cuando se trata de personas separadas. Y se hace imposible cuando la relación entre quienes antes eran pareja es mala o inexistente y no hay comunicación referente a los hijos. Los perjudicados son los menores. Escuchamos a miembros de uniones mal avenidas manifestar que no rompen pues sería muy dañino para sus hijos. La mayoría de las veces este alegato encubre el miedo a dar el paso, a la soledad posterior a la ruptura, a superar creencias profundas sobre la indisolubilidad del vínculo o a los perjuicios económicos. Sin embargo, si tras la separación los progenitores llegan a ser más felices, los hijos (que en el tema de la dicha suelen aprender por imitación) también lo serán aunque tarden un tiempo, a veces largo, en acostumbrarse a la nueva situación. Esto último se facilita en grado sumo si los antiguos compañeros consiguen mantener una buena relación o cuando menos un trato sin continuas disputas.

Nos separamos de nuestra pareja, no de los hijos fruto de esa unión. Y deben protegerse los derechos de los menores y entre ellos el de conocer a quienes le han dado la vida. Un padre (o una madre; aunque ello sea menos frecuente) desaparecido en el combate no es la mejor solución. Las sentencias que adjudican la custodia a uno de los dos adultos (casi siempre favorable a la madre) podrán ser salomónicas en tanto en cuanto no se parte al niño en dos mitades. Pero muchas veces carecen de sabiduría.

Al fin y al cabo no se trata de una disputa entre dos mujeres por el reconocimiento de su maternidad sino entre el padre y la madre de la criatura. ¿Por qué tratamos al menor como un balón con el que meter gol en la portería contraria, la de su otro progenitor? En el fondo, hacer esto significa que no aceptamos la parte que del otro hay en nuestro descendiente. En esta salomónica sentencia queremos dividir algo inseparable, cuya naturaleza viene en un porcentaje igual del padre y de la madre. Por muy malo que podamos juzgar a uno u otro, el niño tiene derecho a conocer de dónde viene.

El síndrome de alienación parental

Los psicólogos llaman ‘síndrome de alienación parental’ al daño que un hijo recibe cuando uno de sus antecesores directos le predispone contra el otro. Aunque no exista en los manuales médicos, se observa cada día más. Javier Urra, psicólogo y antiguo Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, lo definió como un “lavado de cerebro” del niño que piensa que el “no conviviente” no le quiere. Los daños psicológicos posteriores son muy graves. Los padres utilizan a sus hijos como arma de destrucción psicológica y venganza. Son las madres las que manipulan más a los hijos, según los expertos. No es menos cierto que la mayoría de las veces, la mujer es la que más da y más se da en la relación con los menores, sobre todo cuanto más pequeños son estos. Los mayores abusan de este síndrome para ganar la custodia ante un juez.

Los indios huicholes de México piensan que la pareja de la mujer debe compartir el dolor y el placer de dar a luz. Por eso, durante el parto, el marido está sentado en una viga situada encima de ella con una cuerda atada a los testículos. Cada vez que tiene una contracción la parturienta tira de la cuerda. Tras el feliz alumbramiento, el marido siente tanta alegría como la mujer. Yo diría que más, pero claro, arrimo el ascua a mi sardina. Confío en que no tengamos que llegar a este extremo para poder demostrar que los hombres a los que nos hace muy felices ser padres y convivir con nuestros hijos somos mayoría.

Además de felicitarles las fiestas, les deseo lo mejor para 2010 y que les auspicie Harmonía, aquella hija de Aresy Afrodita, diosa de la concordia. Que Deimo y Fobo no les dominen. No se dejen arrastrar por el miedo que tratan de inocularnos. Paz y armonía para todos y que disfruten de todo lo que nos trae la vida con salud y una mirada amorosa. Y si puede ser con menos agobios económicos, mucho mejor.

Juan Perea – 22/12/2009

Publicado 17 marzo 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Civil, Familia

NUEVO DESAHUCIO EXPRÉS

El pleno del Congreso ha aprobado con fecha 29 de octubre una nueva regulación sobre el conocido “desahucio exprés”, Ley de Medidas de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética, facilitando así los trámites judiciales que debe afrontar el propietario de una vivienda para poder desahuciar a los arrendatarios que tengan rentas pendientes.

Esta medida que intenta impulsar el mercado del alquiler, modifica tres leyes: la ley de arrendamientos urbanos, la ley de enjuiciamiento civil y la ley de propiedad horizontal.

Como cambios destacables encontramos:
• La reducción de dos a un mes el período para que el arrendador presente una demanda tras requerir el pago de las mensualidades atrasadas.
• Tras la sentencia judicial correspondiente, el desahucio se realizará en un plazo no superior a 15 días y sin ulteriores trámites.
• Siempre que figure en el documento, el arrendador podrá rescindir el contrato si precisa disponer del piso para uso propio o de familiares directos, en los que se incluyen a padres, hijos o ex cónyuge, en caso de sentencia firme de divorcio o nulidad.
• La norma admite que todas las acciones relativas al desalojo de los inquilinos, tanto de desahucio como de reclamación de rentas, se tramiten en juicio verbal.
• Las comunidades de propietarios pueden aprobar las obras de mejora de la eficiencia energética con el voto favorable de tres quintas partes de los vecinos. 

MAS  SOBRE  DESAHUCIO AQUÍ

 

 

 

JUICIOS RÁPIDOS.

Introducción

La experiencia cotidiana de muchos Juzgados de Instrucción demuestra que un amplio número de conductas aparentemente delictivas es susceptible de una investigación relativamente sencilla. Con este objetivo surgen los juicios rápidos que pretenden lograr una celeridad en los procesos.

Qué son

Los juicios rápidos y juicios inmediatos de faltas regulados en la Ley 38/2002 y la Ley Orgánica 8/2002, ambas de 24 de octubre, son procesos de corta duración que tienen como objetivo evitar demoras en la tramitación de asuntos por infracciones penales de menor gravedad, ofreciendo una protección más directa y ágil a las víctimas

Tipos

En el caso de tratarse de delitos, existe un proceso especial para el enjuiciamiento rápido de los mismos, que en ciertos casos permite su enjuiciamiento inmediato. Asimismo y con respecto a las faltas se crea el procedimiento para el enjuiciamiento inmediato de determinadas faltas (hurtos flagrantes, lesiones, amenazas, coacciones, injurias o vejaciones injustas de carácter leve entre personas con relaciones de parentesco o análogas).

Características

1.- Estos nuevos procedimientos se basan en la concentración de actuaciones ante el Juzgado de Guardia, de manera que en un corto periodo de tiempo las faltas deben ser enjuiciadas y los delitos han de quedar íntegramente instruidos y preparados para el juicio, que tendrá lugar dentro de un plazo máximo de quince días.

2.- Aceleración, no solo de la investigación y enjuiciamiento de los delitos, sino también el enjuiciamiento inmediato de las faltas. En aquellos casos en que se aplican estos procedimientos, la Policía Judicial y la Administración de Justicia deben llevar a cabo actuaciones rápidas en la investigación, reuniendo todas las pruebas necesarias para que el delito o la falta se puedan enjuiciar con celeridad, y asegurando a la vez que el denunciado en todo momento conozca sus derechos, esté asistido legalmente, y en definitiva, pueda desarrollar una completa defensa.

3.- Se trata de una nueva forma de actuar de la Policía Judicial y la Administración de Justicia, de aplicación en todos los Juzgados de España, donde destaca el reforzamiento de las actuaciones de la Policía Judicial.

4.- Fortalecimiento de la protección y defensa de las víctimas con información obligatoria y más exhaustiva de sus derechos.

Ámbito de aplicación

A continuación vamos a ver el ámbito de aplicación de los juicios rápidos para determinados delitos (1) y de los juicios inmediatos de faltas (2) :

1.- Enjuiciamiento rápido de determinados delitos

Cuándo se aplica:
Sólo se conocerán por el trámite de los juicios rápidos, los procesos penales relativos a delitos que se incoen en las siguientes condiciones:

Que se trate de delitos castigados con pena privativa de libertad que no excedan de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía.
Que el proceso se inicie por atestado policial en el que el denunciado esté identificado y detenido (para su puesta a disposición del Juzgado) o haya podido estar citado ante el Juzgado de Guardia, y, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:
1. Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.
2. Que se trate de alguno de los siguientes delitos tipificados en el Código Penal:
Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las siguientes personas: quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.
Delitos de hurto.
Delitos de robo.
Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.
Delitos contra la seguridad del tráfico.
Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.
Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal.
Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.
3. Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla.

Cuándo no se aplica:
A la investigación y enjuiciamiento de aquellos delitos que fueran conexos con otro u otros delitos no enumerados anteriormente.
En aquellos casos que sea procedente acordar el secreto de las actuaciones.

2.- Enjuiciamiento inmediato de faltas
Cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de falta de:

Lesiones no constitutitas de delito y supuestos en que se golpee o maltrate de obra a otro sin causarle lesión. (Art. 617 C.P.)
Amenazas, coacciones, injurias o vejaciones injustas de carácter leve (Art. 620 C.P.), siempre y cuando el ofendido sea alguna de las siguientes personas: sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.
Hurto, cuando sea flagrante, cuyo enjuiciamiento corresponda al Juzgado de Instrucción al que se debe entregar el atestado o a otro del mismo partido judicial. (Art. 623.1 C.P.)
Estos hechos también se podrán denunciar directamente ante el Juzgado de Guardia, el cual valorará si se dan las circunstancias para la celebración inmediata de juicio rápido de faltas.

Publicado 1 febrero 2010 por VanesaTeijeiroAbogada en Penal, Procesal

COBRO DE IMPAGADOS.

NOTA ACTUALIZADA: Con la nueva ley de agilización procesal: Supresión del límite máximo de 250.000 € en el Proceso Monitorio.

Uno de los grandes problemas con los que a menudo [máxime con la crisis que nos acompaña] se enfrentan las empresas es la dificultad de cobrar, consiguiendo un flujo de cobros que les permita desenvolver su actividad equilibradamente y sin sufrir pérdidas por la morosidad o insolvencia de sus deudores.

RECLAMACIÓN JUDICIAL DE IMPAGADOS

Una vez realizadas las correspondientes gestiones y requerimientos de pago, si se considera que el deudor/a no procederá al pago, su abogada analizará al detalle la documentación relativa la deuda, así como la solvencia del deudor/a y valorará las expectativas de cobro del impagado en vía judicial.

En caso de considerar necesaria la vía judicial para el cobro del impagado en las reclamaciones judiciales, cabe diferenciar:

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-PROCEDIMIENTO MONITORIO-

VTN ABOGADA tramita los impagados de su empresa de 500 € hasta 30.000 €*(AHORA 250.000 €) de la manera más cómoda, económica y eficaz, mediante el proceso monitorio.

Este procedimiento judicial tiene un elevado éxito tanto en la recuperación de deudas, como en la iniciación de ejecución o embargo, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Según la información publicada por el Consejo General del Poder Judicial, el porcentaje de monitorios presentados respecto del total de asuntos judiciales iniciados en España, alcanza el 27%, con un índice de resolución de los mismos que alcanza, el 43 % del total presentado y que únicamente se oponen al mismo un 16% acabando con el pago de la deuda en un 45 %. Estos datos son muy esperanzadores, para llevar a cabo una reclamación por esta vía, por ser barata y rápida

Con un coste de tramitación mínimo podrá realizar todo el procedimiento judicial, al incluirle:

  • Escrito de solicitud de Proceso Monitorio realizado porsu abogada.
  • Notificación al deudor del inicio del Proceso Monitorio.
  • Honorarios del Procurador de los Tribunales, que presentará la demanda monitoria en su nombre.
  • Presentación en el Juzgado de Primera Instancia donde el deudor/a tenga su domicilio, control y seguimiento del proceso.
  • Requerimiento de pago por veinte días, realizado por el Juzgado al deudor.
  • Con cobertura en todo el territorio español.

*Con motivo de la aprobación el pasado 15 de octubre de 2009 del Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la implantación de la Nueva Oficina Judicial y el Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la implantación de la Nueva Oficina Judicial. VER MAS AQUÍ

¿Qué necesitamos?

Para interponer un proceso monitorio, únicamente nos deberá facilitar:

  1. Copias de los documentos acreditativos de la deuda (facturas, contratos, certificaciones, etc.)
  2. El otorgamiento de una escritura de poderes generales para pleitos (con un coste aproximado de 50 €).

¿Qué es el procedimiento monitorio?

En el año 2000, se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo tipo de proceso, denominado proceso monitorio, con el objetivo de que el crédito dinerario líquido de las pequeñas y medianas empresas y profesionales tenga una protección rápida y eficaz. A diferencia de lo que sucede con otros países en los que el proceso monitorio funciona desde hace años y no existe límite en cuanto a la cuantía reclamada, nuestro sistema procesal ha considerado más prudente limitar la cuantía a una cifra razonable, permitiendo la tramitación de aquellos créditos cuya cuantía no exceda de treinta mil euros. Procedimiento que aparece regulado en el capítulo I del Título III del Libro IV de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, ubicado dentro de los procesos especiales.

En síntesis, el procedimiento se inicia mediante solicitud o demanda que se dirige al Juzgado de Primera Instancia del domicilio del deudor. Lo determinante es acompañar con esta solicitud documentos que justifiquen la realidad de la deuda, llevando a cabo la ley una enumeración abierta. Si se trata de documentos que permiten al juzgador constatar la realidad jurídica de la deuda, el deudor es inmediatamente compelido a pagar o a oponerse alegando las razones por las que entiende que no debe en todo o en parte la cantidad reclamada.

Una vez recibido e requerimiento por el deudor, pueden darse las siguientes circunstancias:

1.-Que el deudor le abone la deuda en cuyo caso finaliza el pleito. En el momento en que el deudor acredite el pago, se le hará un justificante y se archivarán sin más trámite las actuaciones.

2.- Que el deudor no le pague ni dé razones por escrito para no pagar. En este caso el Juzgado dictará auto de ejecución contra el deudor para el pago de la deuda y los intereses generados.

3.-Que el deudor se oponga por escrito al pago. En este supuesto se deberá iniciar un procedimiento verbal u ordinario (dependiendo de la cuantía reclamada)

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En caso de resultar infructuosas las gestiones extra judiciales, les remitiremos vía mail un breve informe sobre los costes de proceder con la vía judicial, así como de las expectativas reales de poder cobrar el expediente iniciando la vía judicial.

Este Despacho con un sistema de remuneración, basado en gran parte en el éxito alcanzado en cada reclamación, le ofrece la posibilidad de interponer la demanda judicial de reclamación de cantidad, sufragando unos gastos iniciales mínimos. La reclamación judicial dependiendo de como este documentada la deuda, se sustanciará por los trámites del procedimiento ordinario o cambiario.

-JUICIO ORDINARIO-

En los casos que el importe de lo reclamado exceda de 3.000 € y siempre sea cual sea la cuantía las contenidas en el Art. 249 de la LEC.

Una vez presentada la demanda se le concede un plazo de 20 días al demandado para que presente su contestación o la reconvención en su caso. Una vez presentada la pertinente contestación se cita a las partes para una Audiencia Previa en la que se podrán solicitar según lo establecido en la LEC nuevas pruebas, así como los testigos para el juicio.

Finalmente se celebrará el juicio donde se practicaran las pruebas admitidas, se procederá al interrogatorio de los testigos y a las conclusiones finales de las partes. Una vez terminado el juicio se deberá dictar sentencia en un plazo de 20 días. Indicar que en la legislación española las sentencias se pueden ejecutar y no es necesario esperar a que se resuelva un posible recurso presentado por la otra parte, por lo que una vez establecida la sentencia su ejecución es inmediata, aunque con carácter provisional.

-JUICIO CAMBIARIO

Si la deuda reclamada es por causa de una letra, pagaré o cheque impagados se deberá acudir al JUICIO CAMBIARIO donde se requerirá al deudor para que pague en el plazo de 10 días y a su vez se ordena el embargo preventivo inmediato de los bienes del deudor por la cantidad adeudada. Si no contesta o se allana se dicta resolución de inmediato que es ejecutiva. Si se opone, continúa la tramitación por el juicio verbal. Una vez sustanciado los anteriores procedimientos por todos sus trámites y una vez obtenida la sentencia favorable o el título ejecutivo, su abogada interpondrá la correspondiente demanda ejecutiva, siguiendo el procedimiento de ejecución por todos sus trámites hasta recibir el pago de la deuda.

Una vez valorado por ustedes el informe sobre las gestiones de cobro, expectativas reales de cobro y precisado los costes, con su expreso consentimiento, interpondré la correspondiente reclamación judicial en el Juzgado de Primera Instancia competente, utilizando el cauce procesal oportuno en cada caso para recuperar la deuda.

NOTA ACTUALIZADA: Con la nueva ley de agilización procesal: Supresión del límite máximo de 250.000 € en el Proceso Monitorio.


CONTACTE

Vanesa Teijeiro Núñez ABOGADA

Rúa da Cruz, 20, 2ºA, 27001, Lugo
Telf. 982 24 18 84
Fax.
982 24 18 84
v.teijeiro@avogacia.org

Publicado 24 junio 2009 por VanesaTeijeiroAbogada en Civil, Procesal

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